La Universidad Técnica Particular de Loja, anuncia la próxima presentación del libro Ángel Felicísimo Rojas. Contexto, crítica y vanguardismo en la literatura ecuatoriana, obra del doctor Cristhian Sarango Jaramillo, docente, investigador de la UTPL. El evento se llevará a cabo el jueves 27 de noviembre de 2025, a las 10h00, en la Sala Magna de esta institución académica.

Durante una entrevista concedida al noticiero de Diario El Amazónico, el Dr. Sarango explicó los fundamentos académicos de esta investigación, que toma como eje central la vida, la obra y la contribución literaria del destacado escritor ecuatoriano Ángel Felicísimo Rojas, figura clave del realismo social en el país. La obra propone una lectura crítica y actualizada del autor, incorporando perspectivas teóricas provenientes del marxismo y el neomarxismo, con el fin de profundizar en las representaciones sociales, políticas y culturales presentes en su producción narrativa.

Una investigación de alto rigor académico
El autor detalló que la investigación examina cuatro novelas emblemáticas de Rojas:
1. Banca (1940), obra que retrata la revolución juvenil protagonizada por estudiantes del colegio Bernardo Valdivieso de Loja.
2. El éxodo de Yangana (1949), publicada en Buenos Aires, que narra el desplazamiento forzado de comunidades campesinas debido a la explotación y despojo territorial ejercidos por terratenientes entre 1930 y 1940.
3. Curipamba, novela que, aunque publicada en 1983, se sitúa en el contexto de las problemáticas mineras del Ecuador entre 1940 y 1950, describiendo procesos extractivos marcados por inequidades, abusos y corrupción.
4. El club de los machoros, texto en el que Rojas combina humor y crítica social para describir tensiones históricas, políticas y sociales presentes en la realidad ecuatoriana.

El Dr. Sarango enfatizó que la obra de Rojas constituye “una radiografía de la sociedad ecuatoriana de inicios del siglo XX”, tanto por su compromiso social como por su capacidad de retratar la idiosincrasia del sujeto lojano y ecuatoriano. En El éxodo de Yangana, por ejemplo, se analizan elementos identitarios como el habla local, el uso de vocablos propios del territorio y referencias a la gastronomía tradicional, entre ellos el tamal, el repe, la cecina y el café.

Aportes a la crítica literaria ecuatoriana y latinoamericana
El libro también redefine el lugar de Ángel Felicísimo Rojas dentro del canon literario ecuatoriano y latinoamericano, al destacar su versatilidad como novelista, cuentista, periodista y ensayista. Según el investigador, su narrativa no solo testimonia los conflictos sociales de su tiempo, sino que dialoga con problemáticas contemporáneas como la minería, la migración, la desigualdad y la corrupción.

La obra, publicada por la editorial EUNSA, adscrita a una universidad española y reconocida por su exigente proceso de revisión por pares, es el resultado de más de cinco años de trabajo académico riguroso.

Invitación a la comunidad académica y cultural
El Dr. Sarango, orgulloso de sus raíces en la provincia de Zamora Chinchipe, extendió una invitación abierta a docentes, estudiantes, investigadores, gestores culturales y ciudadanía en general interesada en la literatura ecuatoriana y en los estudios críticos sobre la narrativa nacional.

“Los invito cordialmente a la presentación del libro el 27 de noviembre, a las 10 de la mañana, en la Sala Magna de la UTPL. Este texto busca aportar a la comprensión de procesos históricos y sociales del Ecuador a través de la mirada crítica de Ángel Felicísimo Rojas”, expresó el autor.

El docente e investigador de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Dr. Jorge Benítez Hurtado, desarrolló un análisis sobre la corrupción en el país, destacando la necesidad de comprender este fenómeno como un sistema complejo que supera la mera expedición de normas y sanciones tradicionales. Sus declaraciones se dieron en un espacio de diálogo en Diario El Amazónico, donde expuso una visión interdisciplinaria sustentada en las ciencias de la complejidad, la psicología social y la teoría jurídica contemporánea.

La corrupción como sistema complejo
El académico explicó que la corrupción no puede combatirse únicamente con más leyes, tratados o endurecimiento de penas. Señaló que Ecuador es uno de los países con mayor número de instrumentos internacionales suscritos contra la corrupción, pero continúa ubicado alrededor del puesto 121 entre los países más corruptos del mundo.

Benítez enfatizó que las normas representan apenas el «primer escalón de un andamio mucho más grande», donde intervienen actores institucionales, prácticas sociales y patrones culturales arraigados. En este sentido, la corrupción, como sistema adaptativo, muta, se reorganiza y genera dinámicas difíciles de contener desde un derecho concebido solo como un mecanismo punitivo.

Psicopatía, sociopatía y conducta social: factores determinantes
El docente explicó que un análisis profundo revela que la corrupción se relaciona directamente con rasgos psicopáticos y sociopáticos presentes en individuos que integran instituciones públicas y privadas. Según su investigación, estas conductas se gestan en el seno familiar, donde desde edades tempranas se reproducen prácticas como la mentira, el engaño o la manipulación.

Benítez detalló que, de acuerdo con estudios y clasificaciones como el DSM-5, un porcentaje significativo de la población presenta rasgos asociados a la trampa, el beneficio personal y el uso del poder para intereses individuales. Estas características, afirmó, se manifiestan con claridad en espacios como el sistema penitenciario y en múltiples instituciones públicas.

Crítica a la respuesta institucional tradicional
El experto cuestionó la eficacia de crear nuevos comités, comisiones o entidades anticorrupción cuando dichas estructuras operan dentro del mismo sistema que posibilita los actos ilícitos. Ejemplificó esto señalando que incluso la Contraloría General del Estado, ente encargado del control, ha mostrado permisividad frente a irregularidades cometidas por funcionarios públicos.

Igualmente, puntualizó casos paradigmáticos que evidencian la gravedad del problema: un expresidente del Consejo Nacional de la Judicatura en prisión, un exvicepresidente procesado, y altos funcionarios prófugos.

Propuesta: una transformación cultural desde la sociedad civil
Frente a este panorama, el Dr. Benítez propuso que la lucha contra la corrupción debe surgir desde la ciudadanía organizada. La solución, sostuvo, no puede depender exclusivamente de instituciones estatales, pues estas también son permeables a prácticas corruptas.

Entre sus recomendaciones destacan:
• La creación de mingas de honestidad y observatorios ciudadanos anticorrupción.
• La articulación de colectivos ciudadanos que impulsen la transparencia y la vigilancia social.
• Un proceso de transformación personal y familiar, revisando rasgos como la mentira, la manipulación y el abuso de poder.
• La promoción de una psiquiatría y terapia social, que aborde los trastornos conductuales de forma comunitaria y no solamente individual.
• El fomento de la ética pública, la educación en valores y la coherencia entre el discurso y las acciones cotidianas.

Asimismo, invitó a la población a reconocer sus propios rasgos negativos como un primer paso hacia el cambio. “Una vez que yo cambio, puedo influir en mi grupo, en mi familia y en mi comunidad”, afirmó.

La academia como eje transformador
El docente subrayó el compromiso de la UTPL en la formación de profesionales íntegros y críticos. Comentó que su labor académica se basa en la rigurosidad y la responsabilidad: “Yo estudio diez horas diarias para no engañar a mis estudiantes. Conmigo saldrán dolidos, pero no engañados”.

Finalmente, destacó la importancia de la dialéctica de la sabiduría —saber, querer, poder, hacer, esperar y, para quienes son creyentes, orar— como guía ética para la vida personal y profesional.

En un Estado constitucional de derechos y justicia como el ecuatoriano, todos los ciudadanos deberíamos gozar, en igualdad de condiciones, de las garantías previstas en la Constitución y en la Ley. Sin embargo, en la práctica, los procedimientos administrativos dentro del sistema penitenciario revelan profundas inconsistencias que afectan la aplicación de los denominados beneficios penitenciarios, mecanismos legales destinados a promover la reinserción social de las personas privadas de libertad (PPL) que cumplen condenas por delitos de menor gravedad.

El régimen semiabierto, por ejemplo, permite que una persona condenada por un delito culposo —como la muerte por accidente de tránsito—, y que cumple su sentencia en prisión, pueda acceder a un régimen de libertad parcial una vez cumplido el 60% de su condena. Esto implica que el 40% restante puede ejecutarse fuera del centro carcelario, bajo condiciones establecidas por la ley: residir en un lugar determinado, presentarse periódicamente ante la autoridad penitenciaria, mantener un trabajo u oficio y no salir del país, entre otras obligaciones.

Para acceder a este beneficio, el PPL debe solicitar formalmente al director del centro penitenciario el inicio del trámite. Una vez recopiladas las certificaciones y documentos pertinentes, el expediente se remite a la Comisión de Beneficios Penitenciarios, Cambios de Régimen, Indultos y Repatriaciones, con sede en Quito. Dicha comisión —integrada por tres funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI)— evalúa el cumplimiento de los requisitos y emite un informe de verificación, el cual posteriormente es remitido al juez de garantías penitenciarias, quien tiene la competencia exclusiva para aprobar o negar el beneficio.

No obstante, la realidad dista mucho de lo que establece la normativa. El caso de Bray, una persona privada de libertad en Loja, evidencia graves retrasos administrativos y posibles irregularidades en el tratamiento de los expedientes. Su solicitud para acceder al régimen semiabierto fue enviada a la Comisión de Beneficios Penitenciarios el 26 de mayo de 2025; sin embargo, después de más de cuatro meses, el expediente aún no ha sido revisado ni firmado.

A pesar de los reiterados oficios y requerimientos realizados por la jueza de garantías penitenciarias y por la defensa técnica del PPL, la respuesta del SNAI ha sido vaga y repetitiva: “El expediente aún se encuentra en análisis; estamos haciendo todo lo posible para despachar en el menor tiempo posible”. Una justificación que contrasta con lo dispuesto por el Código Orgánico Administrativo, el cual establece que las instituciones públicas deben responder a las solicitudes de los administrados en un plazo máximo de treinta días.

Lo más sorprendente se descubre al revisar el sistema público E-SATJE, donde otro expediente, el No. 11282-2025-02508, correspondiente a un caso similar, fue remitido a la Comisión tres meses después —el 25 de agosto de 2025—, y en tan solo dos meses (para el 27 de octubre de 2025) ya contaba con el informe favorable emitido por la Comisión. Este hecho plantea un grave cuestionamiento: ¿por qué algunos expedientes avanzan con rapidez, mientras otros permanecen estancados durante meses, sin respuesta?

¿Será que algunos PPL tienen “suerte”, influencias o contactos dentro del sistema? ¿O acaso existen incentivos ocultos que determinan la prioridad de ciertos trámites sobre otros? Son preguntas que el SNAI debería responder ante la opinión pública, pues la discrecionalidad en la administración penitenciaria no solo vulnera derechos, sino que debilita la confianza ciudadana en la justicia.

El principio de igualdad ante la ley exige que los procesos administrativos sigan un orden cronológico y objetivo. Si dos solicitudes cumplen con los mismos requisitos, ambas deben recibir el mismo trato y resolución en los plazos establecidos. Sin embargo, los hechos revelan una gestión arbitraria y opaca que requiere urgente fiscalización.

El Ecuador no puede seguir tolerando que la burocracia o los favoritismos administrativos se interpongan entre la ley y la justicia.