Nacionales
Uso de la fuerza: Daniel Noboa pide cumplir ley que está vigente desde hace dos años
Una vez más, el presidente Daniel Noboa decidió utilizar un decreto ejecutivo para pedir a los funcionarios públicos que hagan su trabajo y que cumplan con las leyes vigentes. Esta vez le tocó el turno a los policías y los militares.
Con el Decreto Ejecutivo No. 371, del 25 de agosto de 2024, el Mandatario ordenó a las fuerzas públicas que actualicen sus manuales operativos para la aplicación de la Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza y su Reglamento.
Pero se trató de una orden innecesaria, de un procedimiento que ya sucede o debe suceder sin necesidad de las órdenes presidenciales. Y sus mismos ministros lo confirmaron durante un evento en Manta.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, contó lo evidente: las Fuerzas Armadas siempre tienen actualizados sus manuales operativos y lineamientos. El funcionario dijo que es una práctica usual, que con cada decreto que los involucra realizan los cambios o ajustes internos necesarios.
Mientras que la ministra del Interior, Mónica Palencia, explicó que el decreto no es más que «una ratificación política clara del señor Presidente». Y agregó que, con ese documento, el Mandatario les está diciendo a los uniformados que «pueden hacer uso de la fuerza letal», dentro del marco legal.
Es lo que sucede, o debería suceder en un Estado de derecho, cada vez que se aprueba una nueva ley o reforma legal, todo el ordenamiento jurídico de menor rango debe adecuarse a las nuevas disposiciones. Por lo tanto, también deben hacerlo las instituciones y funcionarios públicos.
Precisamente, la Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza está en vigencia desde hace dos años. Fue publicada en el Registro Oficial en agosto de 2022. Mientras que su Reglamento fue expedido por el expresidente Guillermo Lasso en junio de 2023. Y, desde entonces, no ha habido reformas.
El Reglamento que regula el uso legítimo de la fuerza rige desde hoy. Es una guía clave para que @PoliciaEcuador y @FFAAECUADOR puedan hacer su trabajo con mayor seguridad jurídica. El absurdo de que el policía debe esperar a que el delincuente le dispare o dispare a un ciudadano… pic.twitter.com/Lq9XP4FcGd
— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) June 1, 2023
Además, el decreto 371 tampoco establece nuevos lineamientos para las fuerzas del orden. El documento firmado por el presidente Noboa se limita a copiar dos veces las excepciones para el uso letal de la fuerza, que establece la Ley en la materia.
Bajo la visión de Carondelet, los ministerios del Interior y de Defensa tienen cinco días de plazo para que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actualicen sus procedimientos internos para cumplir con una Ley que está en vigencia desde hace 736 días.
De todas formas, Palencia dijo que revisarán «cuál es la situación actual, a nivel de delincuencia criminal(…) y vamos a tener indicadores claros sobre el cumplimiento del uso progresivo de la fuerza». Y, pese al tiempo de vigencia de las normas al respecto, insistió que el manual serviría para que «todo policía sepa cuáles son las reglas claras».
Un decreto que aterriza en tiempos de campaña
Aunque oficialmente la campaña presidencial empezará el 5 de enero de 2025, los 17 aspirantes a Carondelet ya buscan ir sumando simpatizantes y posibles votos. Entre ellos está el presidente Daniel Noboa y su gabinete lo respalda.
Por eso, pese a que el decreto 371 no implica ningún cambio en la lucha contra el crimen organizado, ni en el trabajo de las fuerzas del orden, el ministro Loffredo llamó a los ciudadanos a no premiar con su voto a quienes obstaculizan el trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Y habló directamente de las próximas elecciones y dijo que «tenemos la oportunidad de dar nuestro voto a quienes sean representantes de esa voluntad popular», refiriéndose al aumento de penas planteado por el Primer Mandatario en la consulta popular de abril.
¿Qué dicen la Ley y el Reglamento?
Tanto policías como militares pueden utilizar armas de fuego con munición letal o de impacto cinético (balas de goma) en cuatro escenarios, pero solo en caso de que exista una amenaza o peligro inminente de muerte o lesiones graves:
En defensa propia o de otras personas, en cumplimiento del deber legal.
Con el propósito de evitar la comisión de un delito o una situación que entrañe amenaza o peligro.
Con el objeto de detener a una persona que oponga resistencia a la autoridad.
Para impedir la evasión o fuga de una persona y solo en caso de que resulten insuficientes las otras medidas menos extremas.
La Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza y su Reglamento establece además que los uniformados, ante una amenaza, deben en primer lugar y «en la medida de lo posible», usar medios no violentos como la negociación y verbalización antes del empleo de la fuerza física, armas no letales o armas letales.
También plantea que de manera «excepcional y diferenciada», pueden hacer uso de la fuerza o de instrumentos de coerción. Además, entre otros temas, delimita el control dentro de las cárceles y el uso de animales en las fuerzas públicas.
Uno de los conceptos que clarificó el Reglamento es la materialización del acto ilícito. Es decir, cuándo un uniformado puede empezar a hacer el uso legítimo de la fuerza.
También establece un principio de precaución en las operaciones. Esto significa que cuando un uniformado, antes de iniciar algún procedimiento, detecte amenazas que prevean un riesgo alto, puede replegarse, sin que esto se considere una omisión de funciones.
Antes de usar armas de fuego en un operativo, los uniformados deben identificarse y advertir que van a disparar. Salvo cuando esta advertencia suponga un riesgo de muerte o lesiones graves a terceras personas, ponga en riesgo a los agentes o sea inútil por las circunstancias.
El Reglamento faculta a policías y militares a portar y usar sus armas de fuego y municiones de dotación, fuera del horario de trabajo. Fuente: Primicias
Dos llamadas realizó el sargento segundo Eduardo Castro Vásquez, de 40 años, antes de suicidarse en la casa de su mamá en Pascuales, norte de Guayaquil. Una fue a su cuñada, para pedirle perdón y que cuide a sus hijos. La otra, a su hija, una joven que compartió en redes sociales fotos con él y los últimos mensajes.
Castro se disparó en la cabeza dos horas después de asesinar a su pareja, Solange Arellano, en el Puente de la Unidad Nacional que conecta Guayaquil con Samborondón y Durán. Ella trabajaba en la Agencia de Tránsito de Durán y él, en el área jurídica de la Policía en el cantón El Carmen, en Manabí.
La Policía confirmó el femicidio de Solange y el suicidio de Castro. Un caso que no es aislado en Ecuador. Según registros periodísticos, entre 2022 y 2026 se han registrado al menos nueve femicidios perpetrados por miembros de la Policía Nacional. De esos casos, tres terminaron en un suicidio y el resto, con la sentencia de los uniformados implicados.
El año pasado, Andy Sebastián V.S., fue señalado como responsable de la muerte de Nicole de 21 años en Santa Rosa, en Tungurahua. La joven falleció de un disparo con un arma de dotación en una habitación. El principal sospechoso declaró que ocurrió cuando supuestamente estaban jugando. Pero sus declaraciones fueron contradictorias y eso generó las sospechas de los uniformados.
En 2024 hubo dos casos de femicidio que conmocionaron al país y en los que estuvieron implicados policías. Uno fue en junio, en la provincia de Imbabura.
El mayor Carlos Rodríguez mató a Dayana Lamiña, otra uniformada de la institución, al pie de la Unidad Policial de Atuntaqui. Tras sorprenderla y atacarla, Rodríguez se disparó en la cabeza y quedó tendido en el piso.
El oficia fue llevado hasta un hospital en Ibarra, donde falleció al día siguiente. La Fiscalía tomó las versiones de testigos y ordenó otras diligencias entorno al caso. Se conoció que el agresor usó su arma de dotación para asesinar a Dayana, quien era el segundo compromiso del uniformado y además tenía una niña de seis años.
Ese mismo año, pero en diciembre, hubo otro femicidio y suicidio cometido por un policía. Un sargento segundo fue hasta unas oficinas en el sector de Urdesa, norte de Guayaquil, donde trabaja su esposa y le disparó.
Además de atacarla, hirió a su hija, que recibió disparos en el tórax y el brazo. Posteriormente, el uniformado se suicidó.
En 2023 y 2022 ocurrieron los casos más estremecedores. En mayo de 2023, Paola Ortega murió tras recibir 13 puñaladas cuando estaba dentro de su auto en el sector de Sangolquí, en Pichincha. Ocurrió cuando su esposo (Cristian N.) se bajó a comprar comida, en ese momento, unos delincuentes se acercaron y la asesinaron por robarle USD 600 y una cadena de oro.
Cristian N. fue sentenciado a 34 años y ocho meses de prisión. Minutos después del crimen, él se transfirió USD 2 000 desde la cuenta de su esposa. Las grabaciones de cámaras de vigilancia en la zona revelaron también que él dio varias vueltas antes de acercarse al auto donde estaba Paola y tampoco la llevó al hospital que estaba cerca.
Otro caso se reportó en mayo de 2023. Katherine C. conducía su vehículo cuando su esposo le disparó y se chocaron contra un muro en el sector El Inca, en el norte de Quito. El uniformado Jonathan T. fue el principal sospechoso y posterior sentenciado por femicidio.
Pero su versión no pudo ser corroborada. En el juicio, la Fiscalía detalló que Katherine había sido víctima de reiteradas agresiones y el día de su asesinato, Jonathan dejó su oficina en la Comandancia de Policía para irla a buscar. Recibió una condena de 34 años y ocho meses.
En septiembre de 2023, la comunidad de Tena intentó linchar a un policía que apuñaló y mató a su expareja Ledy, de 30 años.
María Belén Bernal, asesinada dentro de la Escuela de Policía
María Belén Bernal llegó a la Escuela Superior de la Policía en el norte de Quito, donde fue vista con vida por última vez. Iba a ver a su esposo, el teniente Germán Cáceres. Fue en septiembre de 2022 y después, desapareció.
11 días después, sus restos fueron hallados en el cerro Casitagua. María Belén Bernal era abogada, tenía 34 años y un hijo de 13 años. En 2017 se había casado con Cáceres, a quien sorprendió la noche de su desaparición con una cadete.
Eso motivó una discusión que terminó en gritos de auxilio. La Fiscalía investigó el caso y recabó una versión en la que un cadete aseguró haber visto a Cáceres subiendo un bulto en el auto esa madrugada. En su habitación, se encontraron manchas de sangre en el colchón y la huella de una mano en la pared.
Cáceres estuvo prófugo algunos meses hasta diciembre de 2022, cuando fue capturado en Colombia. Recibió una sentencia de 34 años y ocho meses, la cual apeló, pero el recurso fue rechazado. El caso generó indignación y motivó multitudinarias manifestaciones en Quito, Guayaquil y Cuenca pidiendo justicia por ese y decenas de femicidios en Ecuador.
Uniformados deben ser valorados psicológicamente de forma constante, advierte especialista
La exposición a niveles de violencia, consumo de alcohol, drogas y hasta horarios laborales extremos de los uniformados, son algunos de los factores que pueden afectar la salud mental de los agentes. Así lo explicó la psiquiatra Julieta Sagnay, que conversó con Ecuavisa.com.
Sagnay explicó que el perfil de los agresores incluye rasgos de personalidad narcisista, con necesidad de dominio y superioridad. La especialista indicó que también siguen patrones relacionados con lo que viven en la formación y su trabajo, el ser subordinados o humillados, y eso traspasa al entorno familiar.
Por eso, Sagnay agregó que se deberían realizar valoraciones psicológicas a los uniformados para detectar índices o patrones, de forma preventiva, y así reducir el riesgo de este tipo de casos. Comentó también que los uniformados tienen un riesgo mayor, que es la facilidad para acceder a armas de fuego. Debido a eso, se debe considerar la atención especializada.
Ecuador recibirá un nuevo desembolso de USD 394 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Es el primero que recibirá en este 2026.
La aprobación se realizó este miércoles, 22 de abril, por parte del directorio del FMI. Es la quinta revisión de metas dentro del programa de crédito que alcanza un monto de USD 5.000 millones.
Representantes del FMI mantuvieron conversaciones con autoridades ecuatorianas entre el 26 de febrero y 6 de marzo en Quito. Posteriormente, estuvieron en Washington, entre el 16 y 27 de marzo.
Programa de crédito del FMI
Con el nombre de Servicio Ampliado del FMI, el programa de crédito es de 48 meses. Comenzó en mayo de 2024 y terminará en 2028.
Hasta el momento se han recibido USD 3.330 millones del FMI.
Medidas tomadas por Ecuador
El FMI ha destacado que la economía ecuatoriana sigue superando las expectativas iniciales. Entre los hitos positivos están el fortalecimiento de las reservas internacionales, lo que llevó a que Ecuador retorne a los mercados internacionales de capital en enero de este año.
El equipo del FMI, encabezado por Patricia Tumbarello, sostuvo que el Gobierno ha cumplido con sus objetivos como la lucha contra el lavado de activos y el régimen fiscal minero; la racionalización de los gastos tributarios, la eficiencia del gasto y las reformas mineras.
“Las autoridades ecuatorianas siguen demostrando un firme compromiso con su programa económico”, señaló Nigel Clarke, subdirector gerente del FMI.
La reciente decisión de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador de conceder la extradición de Darío Javier Peñafiel Nieto, alias “Topo”, vuelve a poner en el foco a uno de los nombres clave dentro de la estructura criminal de Los Choneros.
Peñafiel Nieto inició su actividad delictiva en 2016, cuando tenía 26 años. De profesión topógrafo —origen de su alias— fue vinculado al secuestro de un ciudadano austriaco en Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos.
Ese mismo año fue capturado y, en 2017, sentenciado a 11 años de prisión por secuestro y a 3 años adicionales por asociación ilícita. Fue recluido en la Cárcel Regional del Guayas.
Con el tiempo, se convirtió en una persona de confianza dentro de la estructura y asumió el liderazgo de “Los Fatales”, una facción vinculada a actividades de sicariato, a la par que «Fito» se consolidaba como líder de «Los Choneros» tras el asesinato de Zambrano González en una cafetería del centro comercial Mall del Pacífico, en Manta, el 28 de diciembre de 2020.
En 2022, «Topo» inició el trámite para acceder a beneficios penitenciarios y el 3 de junio de 2023 obtuvo el régimen semiabierto, tras cumplir la totalidad de la pena por asociación ilícita y el 60% de la condena por secuestro. Ese proceso derivó en su liberación.
Ya en libertad, su rol dentro de la organización se fortaleció en un contexto marcado por la disputa entre Los Choneros y otras bandas como Los Lobos.
En ese escenario, “Topo” participó en la expansión hacia economías ilegales como la minería ilegal, especialmente en la provincia amazónica de Sucumbíos, donde «Los Choneros» protagonizaron enfrentamientos enfrentamientos con los «Comandos de la Frontera», una disidencia de las FARC.
En septiembre de 2025 fue nuevamente detenido en la provincia de Napo por presunto tráfico de armas. Para entonces, también tenía vigente una orden de captura por el asesinato de un policía en 2024, además de antecedentes por asociación ilícita, secuestro extorsivo y otros delitos. En algunos procesos fue liberado con medidas sustitutivas.
Actualmente se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad conocida como “La Cárcel del Encuentro”, situada en la provincia costera de Santa Elena.
“Este angelito le hará compañía a Fito»
Alias “Topo” es requerido por el Tribunal del Distrito Este de Nueva York por presunto tráfico de drogas a gran escala y uso de armas de fuego.
El 22 de abril de 2026, tras una audiencia de extradición pasiva, la Corte Nacional autorizó su entrega a Estados Unidos, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos legales y recibir las garantías diplomáticas correspondientes.
El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que el objetivo del Gobierno es que la extradición se concrete “muy pronto”, para que el procesado enfrente a la justicia estadounidense, donde ya se encuentra José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de Los Choneros, extraditado en 2025.
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