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Uso de la fuerza: Daniel Noboa pide cumplir ley que está vigente desde hace dos años

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Una vez más, el presidente Daniel Noboa decidió utilizar un decreto ejecutivo para pedir a los funcionarios públicos que hagan su trabajo y que cumplan con las leyes vigentes. Esta vez le tocó el turno a los policías y los militares.

Con el Decreto Ejecutivo No. 371, del 25 de agosto de 2024, el Mandatario ordenó a las fuerzas públicas que actualicen sus manuales operativos para la aplicación de la Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza y su Reglamento.

Pero se trató de una orden innecesaria, de un procedimiento que ya sucede o debe suceder sin necesidad de las órdenes presidenciales. Y sus mismos ministros lo confirmaron durante un evento en Manta.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, contó lo evidente: las Fuerzas Armadas siempre tienen actualizados sus manuales operativos y lineamientos. El funcionario dijo que es una práctica usual, que con cada decreto que los involucra realizan los cambios o ajustes internos necesarios.

Mientras que la ministra del Interior, Mónica Palencia, explicó que el decreto no es más que «una ratificación política clara del señor Presidente». Y agregó que, con ese documento, el Mandatario les está diciendo a los uniformados que «pueden hacer uso de la fuerza letal», dentro del marco legal.

Es lo que sucede, o debería suceder en un Estado de derecho, cada vez que se aprueba una nueva ley o reforma legal, todo el ordenamiento jurídico de menor rango debe adecuarse a las nuevas disposiciones. Por lo tanto, también deben hacerlo las instituciones y funcionarios públicos.

Precisamente, la Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza está en vigencia desde hace dos años. Fue publicada en el Registro Oficial en agosto de 2022. Mientras que su Reglamento fue expedido por el expresidente Guillermo Lasso en junio de 2023. Y, desde entonces, no ha habido reformas.

Además, el decreto 371 tampoco establece nuevos lineamientos para las fuerzas del orden. El documento firmado por el presidente Noboa se limita a copiar dos veces las excepciones para el uso letal de la fuerza, que establece la Ley en la materia.

Bajo la visión de Carondelet, los ministerios del Interior y de Defensa tienen cinco días de plazo para que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actualicen sus procedimientos internos para cumplir con una Ley que está en vigencia desde hace 736 días.

De todas formas, Palencia dijo que revisarán «cuál es la situación actual, a nivel de delincuencia criminal(…) y vamos a tener indicadores claros sobre el cumplimiento del uso progresivo de la fuerza». Y, pese al tiempo de vigencia de las normas al respecto, insistió que el manual serviría para que «todo policía sepa cuáles son las reglas claras».

Un decreto que aterriza en tiempos de campaña
Aunque oficialmente la campaña presidencial empezará el 5 de enero de 2025, los 17 aspirantes a Carondelet ya buscan ir sumando simpatizantes y posibles votos. Entre ellos está el presidente Daniel Noboa y su gabinete lo respalda.

Por eso, pese a que el decreto 371 no implica ningún cambio en la lucha contra el crimen organizado, ni en el trabajo de las fuerzas del orden, el ministro Loffredo llamó a los ciudadanos a no premiar con su voto a quienes obstaculizan el trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Y habló directamente de las próximas elecciones y dijo que «tenemos la oportunidad de dar nuestro voto a quienes sean representantes de esa voluntad popular», refiriéndose al aumento de penas planteado por el Primer Mandatario en la consulta popular de abril.

¿Qué dicen la Ley y el Reglamento?
Tanto policías como militares pueden utilizar armas de fuego con munición letal o de impacto cinético (balas de goma) en cuatro escenarios, pero solo en caso de que exista una amenaza o peligro inminente de muerte o lesiones graves:

En defensa propia o de otras personas, en cumplimiento del deber legal.

Con el propósito de evitar la comisión de un delito o una situación que entrañe amenaza o peligro.

Con el objeto de detener a una persona que oponga resistencia a la autoridad.

Para impedir la evasión o fuga de una persona y solo en caso de que resulten insuficientes las otras medidas menos extremas.

La Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza y su Reglamento establece además que  los uniformados, ante una amenaza, deben en primer lugar y «en la medida de lo posible», usar medios no violentos como la negociación y verbalización antes del empleo de la fuerza física, armas no letales o armas letales.

También plantea que de manera «excepcional y diferenciada», pueden hacer uso de la fuerza o de instrumentos de coerción. Además, entre otros temas, delimita el control dentro de las cárceles y el uso de animales en las fuerzas públicas.

Uno de los conceptos que clarificó el Reglamento es la materialización del acto ilícito. Es decir, cuándo un uniformado puede empezar a hacer el uso legítimo de la fuerza.

También establece un principio de precaución en las operaciones. Esto significa que cuando un uniformado, antes de iniciar algún procedimiento, detecte amenazas que prevean un riesgo alto, puede replegarse, sin que esto se considere una omisión de funciones.

Antes de usar armas de fuego en un operativo, los uniformados deben identificarse y advertir que van a disparar. Salvo cuando esta advertencia suponga un riesgo de muerte o lesiones graves a terceras personas, ponga en riesgo a los agentes o sea inútil por las circunstancias.

El Reglamento faculta a policías y militares a portar y usar sus armas de fuego y municiones de dotación, fuera del horario de trabajo. Fuente: Primicias

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Daniel Noboa da a conocer las siete preguntas que propone para la consulta popular y referendo de 2025

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El presidente Daniel Noboa publicó en sus redes sociales las siete preguntas que espera incluir en la consulta popular y referendo anunciados para finales de 2025 en Ecuador, que incluye el cuestionamiento sobre bases militares extranjeras.

«Hoy damos un nuevo paso: una consulta popular que le pregunta al pueblo sobre temas que por años han sido de interés popular y de urgencia de cambio», publicó el primer mandatario este martes 5 de agosto en la red social X.

Noboa también incluye una pregunta para eliminar el Consejo de Participación Ciudadano y Control Social. Además, incluye temas como la contratación laboral por horas y reducir el número de asambleístas.

Estas son las diferencias entre la consulta popular y el referendo
El Gobierno ya había anticipado que preparaba varias preguntas para incluir en el próximo referendo.

Ahora, la Corte Constitucional debe calificar las preguntas y determinar la vía para tramitar las propuestas planteadas por Noboa.

Pregunta 1
¿Está usted de acuerdo en eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares en el territorio nacional, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

Pregunta 2 
¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

Pregunta 3
¿Está usted de acuerdo con eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y transferir sus deberes y atribuciones a la Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Contraloría General del Estado, enmendando la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

Pregunta 4
¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección, enmendando la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

Pregunta 5
¿Está usted de acuerdo con permitir la contratación laboral por horas, únicamente para el sector de turismo, siempre que se trate de la primera relación laboral, garantizando los derechos laborales y respetando los derechos adquiridos de los trabajadores, enmendando la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

Pregunta 6
¿Está usted de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político, enmendando la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

Pregunta 7
¿Está usted de acuerdo con permitir el funcionamiento de salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles categorizados con cinco estrellas, quienes entregarán al Estado un tributo del veinte y cinco por ciento (25 %) de sus ventas por esta actividad, para el financiamiento de programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil y de alimentación escolar, conforme la Asamblea Nacional lo regule mediante ley? Fuente: Primicias

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Gobierno y Asamblea rechazan decisión de la Corte Constitucional sobre tres leyes

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La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, en una inusual cadena nacional conjunta cerca de la medianoche de este lunes, 4 de agosto de 2025, respondieron a la decisión de la Corte Constitucional que suspendió la aplicación de varios artículos sobre leyes de Inteligencia, Integridad Pública y de Solidaridad Nacional.

«La Corte Constitucional le debe una explicación al país. Una explicación con cara, con fundamentos», enfatizó Rovira, acompañada también de militares y policías que integran el Bloque de Seguridad.

El pronunciamiento llegó cinco horas después que la Corte comunicara, a través de un boletín de prensa difundido en redes sociales, la admisión de demandas y suspensión provisional de aspectos clave de las leyes mencionadas.

«Debe explicarles a las fuerzas del orden, que hoy salen sin el respaldo legal que aprobó la Asamblea Nacional, y a los ciudadanos que ya no quieren más excusas», agregó.

«Sabemos que estamos en un proceso. Uno que no es fácil. Pero estamos dispuestos a enfrentarlo con toda la determinación que nos caracteriza», advirtió la Ministra.

El pronunciamiento se da después de que dos tribunales de la Corte suspendieron de manera provisional unos 17 artículos de estas normas, que guardan relación con medidas como el conflicto armado interno decretado por el Gobierno de Daniel Noboa para enfrentar a la delincuencia.

«Y lo hizo detrás un boletín»
Zaida Rovira, ministra de Gobierno, calificó a estas leyes aprobadas como herramientas para luchar contra el crimen, contra la impunidad y contra la desigualdad y criticó a la Corte Constitucional por suspender gran parte del texto.

«Y lo hizo detrás de un boletín, como si un boletín pudiera anular la voluntad de millones de ecuatorianos», dijo en el mensaje y agregó que admitir el trámite y suspenderlas provisionalmente no es un acto neutro, «es dejar sin efecto las leyes, es dejarnos sin defensa».

Insistió que la decisión de la Corte «arrebató a los ecuatorianos el respaldo que tanto habían esperado».

«¿Quién se hace cargo?»
Por su parte, Olsen señaló que «la Asamblea Nacional actuó con claridad, con mayoría y con suma responsabilidad».

«Aprobamos tres leyes que el país reclamaba con urgencia (…). A la ciudadanía que nos ve, le corresponde saber: ¿quién responde por esta suspensión? ¿Quién se hace cargo de haber dejado sin efecto herramientas legales que ya eran ley de la República?», anotó Olsen.

«Lo digo como presidente de la Asamblea Nacional: quien toma una decisión de este calibre tiene la obligación democrática y ética de explicarla. Un boletín no es suficiente», insistió.

Añadió que, «en este momento no hay puntos intermedios: o se está del lado de quienes defienden a nuestro país, o del lado de quienes les quitan las herramientas para dárselas a los criminales, los enemigos del pueblo». Fuente: Primicias

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Multas a los asambleístas suman USD 70.000 por faltar o llegar tarde al Palacio Legislativo

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El monto de multas por atrasos o inasistencias de los asambleístas va en aumento, dos meses después de que el presidente de esta Función, Niels Olsen, anunciara un control estricto a la jornada laboral de los parlamentarios.

«Ya son más de USD 70.000 que la Asamblea Nacional ha dejado de pagar a los asambleístas por ser impuntuales o por simplemente no presentarse», dijo Olsen en una entrevista para el canal RTS.

Aunque Olsen no detalló el número de legisladores sancionados o bancadas, la cifra tuvo un incremento de USD 20.000, si se toma en cuenta que hasta el 2 de junio se registraba USD 50.000 por esta causa.

Según el titular de la Asamblea, al inicio del periodo legislativo, era común esperar hasta hora y media para instalar una sesión por falta de cuórum.

Para corregir esta situación, dijo, se implementaron sanciones: se multa a quienes no llegan puntualmente, no asisten o no titularizan a sus alternos.

«A las personas que no asisten, se las multa también. Y a quienes no titularizan a su alterno —que muchas veces prefieren dejar la silla vacía que titularizarlo, ya sea porque no hay buenas relaciones interpersonales o por cualquier otra razón— también se los sanciona».

Niels Olsen, presidente de la Asamblea
La medida busca ordenar la Asamblea y evitar que el hemiciclo se convierta en un circo o un show, añadió.

La multas para cada caso quedaron definidas de este modo:

Retrasos: USD 55,52 que serán descontados del rol de pagos a quienes no registren su asistencia puntualmente en las curules electrónicas.
Inasistencias: USD 158,63 igualmente descontados del rol de pagos a quienes no registren su asistencia durante todo el día de la sesión del Pleno.
Las sanciones económicas a los legisladores, que se ausenten del Pleno de la Asamblea toda una jornada, no son nuevas.

El Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo informó que entre noviembre de 2023 y octubre de 2024 unos 100 asambleístas, del anterior periodo, fueron multados.

Eso significó que la Asamblea Nacional descuente de sus roles de pago algo más de USD 52.000 en conjunto. Fuente: Primicias

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