Nacionales
Usando Interpol, China impidió que un perseguido político llegara a Ecuador
* China Targets es una colaboración global entre Revista Vistazo y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), un medio de investigación sin fines de lucro.
Por Scilla Alecci y periodistas de ICIJ
China ha utilizado notificaciones rojas y otras herramientas para perseguir no solo a delincuentes, sino a empresarios con conexiones políticas, así como a críticos y miembros de minorías religiosas que buscan refugio en el extranjero.
Gao Jianhuan, activista político que afirmó haberse mudado a Vietnam tras presenciar abusos contra los DD.HH. en su provincia natal de Zhejiang, fue acusado por las autoridades chinas de estafar a tres ciudadanos chinos en 2017. A principios de 2023, mientras se dirigía a Ecuador, fue arrestado y retenido en una comisaría de policía de Sharjah, Emiratos Árabes Unidos (EAU), con base en una notificación roja de Interpol, la policía internacional.
Jianhuan, agente de viajes de 43 años, fue liberado después de que las autoridades chinas no procesaran una solicitud de extradición en su contra, según consta en los registros judiciales de los EAU.
Quince meses después, Gao fue arrestado nuevamente en Benín, con base en la misma notificación roja, mientras Interpol revisaba su petición de que se eliminara su nombre de la base de datos de la organización. Gao permaneció recluido en una celda en Cotonú. Entre tanto, su abogado alegó en los documentos judiciales que “esta detención se prolongó como resultado de una solicitud presentada al margen del procedimiento formal de extradición” por las autoridades chinas.
Gao fue finalmente deportado a China. No logró llegar a Ecuador.
El caso de Gao no es aislado.
En una tarde fría de la primavera de 2021, mientras esperaba una audiencia de extradición en Burdeos, Francia, el empresario H. (nombre protegido) recibió una llamada de un viejo amigo y socio.
Jack Ma estaba en la línea. se sorprendió al recibir noticias de Jack Ma, cofundador de Alibaba, la plataforma de comercio electrónico más importante del planeta, y uno de los hombres más acaudalados de China, según una transcripción de la llamada.
Ma dijo que le llamaba a petición de las autoridades chinas, que pedían su regreso inmediato a China.
Semanas antes, H. había sido arrestado por las autoridades francesas por una notificación roja de Interpol, organización policial internacional. Según los críticos, esta entidad puede ser utilizada por los regímenes autoritarios.
Jack Ma había reaparecido en la escena pública. Desapareció durante tres meses tras dar un discurso en el que criticó a los reguladores financieros chinos. El gobierno canceló la salida a la bolsa de su empresa de tecnología financiera, Ant Group, y forzó su reestructuración.
Las autoridades chinas intentaban que H., ciudadano de Singapur naturalizado y nacido en China, testificara en un tema no relacionado con su notificación roja: un caso de corrupción contra el exviceministro de seguridad pública Sun Lijun, según los registros judiciales obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y sus socios Radio Francia y Le Monde, bajo la condición de que no se revelara la identidad de H.H. declinó hacer declaraciones; tampoco Ma respondió a las solicitudes de comentarios del ICIJ.
H., empresario de 48 años, era propietario de un viñedo en Burdeos, al oeste de Francia, y aparecía en la prensa de farándula junto a su esposa, Zhao Wei, estrella de cine.
Un mes antes de la llamada de Jack Ma, agentes franceses habían arrestado a H. al descender de un avión privado en el aeropuerto de Burdeos, alegando una notificación roja de Interpol en su contra, a petición de la fiscalía china de la ciudad sureña de Dongguan.
El expediente acusaba a H. de lavado de dinero y complicidad en un escándalo de malversación de fondos que involucra a Tuandai, compañía de préstamos privada en la que H. había invertido. No mencionaba al viceministro, Sun Lijun.
“Están usando el caso Dongguan como pretexto”, le dijo H. al multimillonario Ma. “Si les explico lo que pasó con Sun Lijun, no me perseguirán más. ¿Eso es lo que te aseguraron? No le creo a nadie”.
«Creo que no tienes otra opción», dijo Ma. «Ahora te están dando una oportunidad. Si no regresas, te destruirán». H. dijo que lo pensaría.
Hace una década, el presidente chino, Xi Jinping, pidió a Interpol apoyo para rastrear a quienes denominó ciudadanos corruptos en el extranjero.
Una investigación transfronteriza dirigida por el ICIJ reveló que China ha utilizado notificaciones rojas y otras herramientas para perseguir no solo a delincuentes, sino a empresarios con conexiones políticas como H., así como a críticos y miembros de minorías religiosas que buscan refugio en el extranjero.
Los hallazgos forman parte de la investigación «Objetivos de China» del ICIJ, una colaboración entre 41 medios de comunicación de 30 países que expone los mecanismos de la campaña de represión global del gobierno chino.
La investigación concluyó que el uso indebido de Interpol por parte de China forma parte de un esfuerzo organizado para silenciar a quienes el Partido Comunista considere amenazas para su gobierno, aunque no residan en ese territorio. Las autoridades también utilizan la vigilancia, el hackeo informático, la incautación de activos financieros y la intimidación de los familiares en China, para neutralizar a los críticos.
La investigación se basa en entrevistas con más de 100 objetivos de la represión transnacional de China que ahora viven en 23 países, así como en grabaciones secretas de vídeo y audio de interrogatorios policiales, documentos chinos confidenciales y otras pruebas.
Notificaciones rojas de INTERPOL
Ted Bromund, especialista en estudios estratégicos y perito en casos legales relacionados con Interpol, afirma que este organismo se convirtió en un elemento central de la campaña de represión. China utiliza las notificaciones rojas como un alfiler en una mariposa, afirmó. «Retienen a alguien, lo inmovilizan para que no pueda escapar».
En una declaración al ICIJ, Liu Pengyu, portavoz de la Embajada de China en Washington D. C., afirmó que “el gobierno chino respeta estrictamente el derecho internacional y la soberanía de otros países”. Liu no abordó cuestiones específicas sobre el uso de Interpol por parte de China.El Ministerio de Seguridad Pública de China no respondió a la solicitud de comentarios del ICIJ.
En noviembre de 2014, representantes de las fuerzas policiales internacionales se reunieron en Mónaco para celebrar el centenario de la creación de Interpol. La organización, cuya misión es apoyar a las fuerzas del orden e impulsar la cooperación policial entre sus 196 países miembros.
Meng Hongwei, entonces viceministro de seguridad pública de China, subió al escenario con un mensaje de su gobierno.
La República Popular China se convirtió en miembro de Interpol en 1984, Meng dijo que se había convertido en un «canal importante para que la policía china reciba asistencia en la investigación y cooperación en casos transfronterizos».
Habló de aprovechar “los recursos de Interpol” para cazar terroristas y fugitivos en todo el mundo. Según los críticos, ese régimen designa así a opositores políticos y miembros de la minoría étnica uigur.
Xi Jinping mencionó a la «cooperación policial» en discursos, según el sitio web de una agencia provincial anticorrupción. Dejó clara la prioridad a los funcionarios en una sesión de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria, la agencia anticorrupción de China.
El gobierno lanzó dos campañas anticorrupción, conocidas como Fox Hunt y Sky Net, para perseguir a los que describió como funcionarios corruptos prófugos. El Ministerio de Seguridad Pública creó una unidad encargada de la cooperación internacional e incentivó a las comisarías a recurrir a la Interpol.
Los registros revisados por el ICIJ muestran cómo las agencias de seguridad compitieron para mostrar al gobierno el número de casos “resueltos”: objetivos de notificaciones rojas y otros sospechosos repatriados.
Durante dos mandatos consecutivos, un alto funcionario de la policía china fue elegido miembro del comité ejecutivo de Interpol. Meng Hongwei fue nombrado presidente de Interpol en 2016. (Su presidencia terminó menos de dos años después, cuando las autoridades lo detuvieron por cargos de corrupción durante un viaje de regreso a China y lo sentenciaron a 13 años de prisión).
Segundo financista de Interpol
China es el segundo mayor contribuyente de Interpol, una obligación calculada según el peso económico de sus miembros, con un gasto de 13,7 millones de dólares en 2024, por detrás de Estados Unidos, con 19,8 millones. China, que destinó a 11 agentes a la Secretaría General de Interpol en 2023, financia operaciones especiales, incluidas algunas dirigidas al fraude en las telecomunicaciones y al tráfico de armas ilegales.
El gobierno chino afirma haber utilizado la Interpol para localizar, detener y repatriar al menos a 479 presuntos delincuentes en la última década. También afirma haber repatriado a 62 de los 100 principales objetivos de las «Alertas Rojas» que el gobierno comenzó a difundir en 2015.
En los países que han firmado un tratado de extradición con China, la notificación roja puede dar lugar a arresto, extradición y deportación. Estados Unidos no realiza arrestos únicamente por una notificación roja. Otros países sí lo hacen, como Italia, Albania y Francia.
Para 2016, dos años después del discurso de Meng, China se encontraba entre los 10 principales países objeto de nuevas quejas y solicitudes de información por parte de personas con notificaciones rojas, según un informe de la Comisión para el Control de los Archivos de Interpol. También conocida como CCF, la comisión está compuesta por juristas y expertos legales internacionales que vigilan los debidos procesos.
‘Una caja negra’
Interpol no cuenta con una fuerza policial propia. Se basa en información policial de democracias y regímenes autocráticos para compilar bases de datos masivas que los países miembros utilizan para compartir información sobre delincuentes buscados y cooperar en delitos transfronterizos como el terrorismo, la trata de personas, los delitos financieros y el narcotráfico.
Hace una década, después de que defensores de los DD.HH. y organizaciones de noticias, incluido ICIJ, expusieron cómo Irán, Rusia y otros regímenes autoritarios hicieron mal uso de Interpol para acorralar a opositores políticos y refugiados, la organización anunció “reformas radicales”.
En 2016, creó el Grupo de trabajo sobre notificaciones y difusión, integrado por abogados, agentes de policía y especialistas que examinan las notificaciones rojas antes de autorizar su publicación en las bases de datos de Interpol. Pero el grupo trabaja con la información disponible y abierta, y con los datos de las autoridades que presentan las solicitudes de notificación. Se basa en la buena fe del gobierno solicitante para garantizar que la información sea precisa y apolítica. Si un objetivo de notificación roja no tiene perfil público, es probable que el grupo de trabajo apruebe una solicitud, dijeron a ICIJ abogados. «Las solicitudes de notificación roja con motivaciones políticas pueden pasar desapercibidas», dijo Charlie Magri, un abogado que trabajó como funcionario jurídico para el organismo de supervisión de la CCF.
La CCF, que se reúne cuatro veces al año, revisa, e incluso puede revocar, las notificaciones de Interpol.
Pero los gobiernos autoritarios, con sistemas jurídicos bajo control político, siguen planteando un problema especial para Interpol, que, según expertos, intenta navegar entre sus reglas con los estados miembros que a su vez brindan apoyo financiero.
La mayoría de los procedimientos de Interpol son secretos, por lo que determinar si una notificación roja tiene motivaciones políticas es difícil, dicen estos defensores.
«Es como una caja negra», dijo Ben Keith, abogado de DD.HH. radicado en Londres que ha representado a ciudadanos chinos, incluidos empresarios buscados por fraude y uigures acusados de terrorismo.
Un portavoz de Interpol dijo en una declaración a ICIJ que la organización «sabe que las notificaciones rojas son herramientas poderosas para la cooperación policial y es consciente de su impacto potencial en las personas involucradas, por lo que tenemos procesos sólidos, y continuamente evaluados y actualizados, para garantizar que nuestros sistemas se utilicen adecuadamente».
Blacos selectivos del gobierno
ICIJ y los medios aliados hablaron con ocho objetivos de notificación roja de China y revisaron registros de extradición, decisiones confidenciales de la CCF y documentos relativos a un total de casi 50 sospechosos perseguidos a través de Interpol, después de las reformas de 2016.
La mayoría supo que era buscada luego de su detención en un control fronterizo. Entre los objetivos se encontraban empresarios que afirmaban ser buscados por criticar las políticas gubernamentales; defensores de los derechos de los uigures que afirmaron haber sido falsamente acusados de terrorismo; un político de un pequeño pueblo que afirmó haber sido incluido en la lista negra tras exponer la corrupción del Partido Comunista; y tres empresarios que afirmaron que las autoridades los perseguían por ser seguidores del movimiento religioso Falun Gong, prohibido en China. El pretexto más común utilizado por China para obtener una notificación roja es un delito financiero, según los defensores.
“Si alguien acusa a alguien de asesinato, debe haber un cadáver”, dijo Ted Bromund, crítico de Interpol y director de políticas de Pursuit, organización no gubernamental que se opone a la represión transnacional.
En los días posteriores a su arresto en Burdeos, H. recibió un bombardeo de llamadas desde China. Además de Ma, otros dos amigos y tres altos funcionarios de seguridad llamaron con el mismo mensaje: el gobierno chino estaba dispuesto a retirar la notificación roja, desistir de la solicitud de extradición y etirar los cargos de lavado de dinero si aceptaba regresar a China y cooperar en el sonado caso contra el político, según los registros judiciales.
Mientras todavía estaba en la cárcel de Burdeos, H. se enteró de que su familia estaba bajo presión.
«Hablé con su esposa», dijo Wei Fujie, entonces subdirector de la unidad asignada al caso Sun Lijun dirigida por la Comisión Central de Inspección Disciplinaria, en una de las llamadas.
En otra llamada, Erick Tsang, un alto funcionario de Hong Kong y amigo, le dijo a H.: «Siempre usan los mismos dos trucos… El primero es congelar todo tu dinero… el segundo es amenazar a tu familia».
En otra llamada grabada, H. le rogó a Li Jiangzhou, funcionario sancionado por el gobierno de Estados Unidos por su papel en “destripar las libertades” del pueblo de Hong Kong, que liberara a su hermana.
“No, no es una condición”, respondió Li, subdirector de la Oficina para la Protección de la Seguridad Nacional de Hong Kong.
Al final, H. decidió no regresar.
Un mes después de la llamada con Ma, en mayo de 2021, las autoridades chinas solicitaron al gobierno francés la extradición de H.
Las autoridades francesas comenzaron a investigar los méritos de la solicitud de extradición y pronto encontraron problemas.
En su declaración, los abogados explicaron que el único vínculo de H. con Sun, el acusado en el caso de corrupción, databa de un acuerdo comercial no relacionado en 2018. En ese momento, Sun le pidió a H. que invirtiera alrededor de 5 millones de dólares en una empresa de seguridad que contrató a agentes de policía de Hong Kong, acusados de abusar de los manifestantes durante el movimiento prodemocracia en la ciudad, según el comunicado.
En otra llamada, H. le dijo a Tsang, el funcionario de Hong Kong y amigo, que había hecho la inversión porque sentía que no tenía otra opción.
Li y Tsang no respondieron a las solicitudes de comentarios de ICIJ.
En julio de 2021, el Tribunal de Apelación de Burdeos rechazó la solicitud de China de extraditar a H. Unos meses más tarde, CCF aprobó su solicitud de que su nombre —y la notificación roja— se eliminaran de la base de datos de Interpol.
El de H. fue uno de los casi 300 casos en los que la CCF decidió eliminar una notificación roja de sus sistemas ese año, según un análisis del ICIJ de los informes de la CCF. El número de notificaciones rojas publicadas anualmente se ha mantenido igual, pasando de 10.718 en 2014 a 12.260 en 2023. Mientras tanto, las quejas por corrección o eliminación han aumentado al 350 % en la última década, según un análisis del ICIJ de los informes de la CCF.
“La diferencia entre Interpol y otras organizaciones internacionales radica en que sus acciones tienen un impacto inmediato en la vida de las personas”, dijo Keith, el abogado londinense. “Arrestan a alguien, lo meten en la cárcel y punto”.
En 2017, la CCF dejó de publicar información que identificaba a los países responsables del mayor número de quejas sobre notificaciones rojas y otros datos incluidos en las bases de datos de Interpol, argumentando que la información carecía de contexto y era “potencialmente ambigua y podría dar lugar a malas interpretaciones”, dijo la comisión a ICIJ.
“La ausencia de un desglose por país impide identificar patrones de uso indebido por parte de cada país miembro, un paso esencial para abordar los abusos con motivos políticos”, afirmó Charlie Magri, quien revisó las solicitudes de cancelación de notificaciones rojas como asesor jurídico de la secretaría del CCF de 2017 a 2023.
Interpol puede imponer medidas correctivas a los países miembros responsables de abusar de su sistema, incluido un examen riguroso de las solicitudes de notificaciones rojas, así como una suspensión temporal o una exclusión a largo plazo de la red.
Interpol ha declarado haber impuesto medidas correctivas a varios países desde 2012, pero hasta el momento solo ha mencionado a dos: Rusia y Siria.
Después de que el tribunal de Burdeos rechazara la extradición de H., el empresario se vio envuelto en deudas por unos 135 millones de dólares, según los medios chinos.
El gobierno chino ordenó la retirada de todas las películas y series de televisión protagonizadas por su esposa, Zhao. La pareja solicitó el divorcio discretamente. Los intentos de ICIJ por contactar con Zhao fueron infructuosos.
Durante tres años Zhao apenas fue vista en público.
Tras reaparecer en diciembre pasado, Zhao publicó un mensaje en Weibo, la popular red social donde tiene 83 millones de seguidores. Dijo que ya no quería que la relacionaran con su exmarido, H. Fuente: Vistazo
Nacionales
Durante ocho años, el Estado destinó USD 442 millones para vivienda social, ¿cuántas casas se construyeron?
La promesa de vivienda propia ha sido uno de los principales ejes de las campañas electorales y gobiernos de turno. De «Casa para todos» a «Creando Vivienda» y «Casa 100», los últimos mandatarios han apuntado al déficit de casas propias en Ecuador.
El último censo 2022, contabilizó poco más de 2 millones de hogares que no tienen una casa propia, de un total de 5,18 millones. Y las cifras del ahora Ministerio de Infraestructura (MIT), que absorbió al Ministerio de Vivienda, reflejan que en ocho años el Estado central ha destinado USD 442 millones a cubrir esa necesidad.
En total, los gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa, entre enero de 2018 y diciembre de 2025, lanzaron 362 proyectos de vivienda 100% subsidiada por el Estado, que buscaban la construcción de 21.359 casas.
El Gobierno recibirá hasta USD 90 millones en donaciones por viviendas de interés social en 2026
La mayoría de esos contratos, el 69% (251), han llegado a su fin y han sido recibidos por la entidad del Ejecutivo encargada del proyecto. Y alrededor del 8% no han llegado a finiquitarse, sea porque se suspendió el proyecto o el contrato fue terminado de mutuo acuerdo o unilateralmente.
Al analizar los datos por el número de casas, en cambio, el 69% de casas fueron entregadas a ciudadanos hasta diciembre de 2025, según los registros del MIT. Esto equivale a más de 14.700 viviendas.
Otro 17% estaban construidas, pero sin entregar a los beneficiarios; un 7% todavía estaba en construcción, principalmente de los contratos más recientes; y el 6% no habían sido construidas. Esto sin contar las 252 casas planificadas que no constan en ninguna de esas categorías.
Proyectos por tipo de terreno
La mayoría de casas 100% subsidiadas por el Estado Central han sido construidas en terrenos urbanizados por el mismo Estado. Son las llamadas de tipo 1B. Se trata de los grandes proyectos de vivienda que usualmente son inaugurados por los mandatarios en eventos públicos.
Las provincias priorizadas entre 2018 y 2025 fueron Guayas y Manabí, con proyectos que sumaron 2.622 y 2.420 casas, respectivamente, con más de USD 50 millones de inversión en cada una. En tercer lugar, con menos de la mitad de viviendas y costo, estuvo El Oro, seguido de Los Ríos y Sucumbíos.
De estas viviendas 1B, se habían entregado hasta diciembre 7.405 casas, otras 2.651 estaban construidas pero sin otorgar a los beneficiarios, otras 850 seguían en construcción y 1.239 no se habían llegado a ejecutar.
En ocho años el Estado contrató 110 proyectos de viviendas totalmente subsidiadas por USD 273,8 millones
Se trata de urbanizaciones construidas solo en terrenos estatales, que sumaban 12.165 casas. Pero quedan 850 casas en construcción y otras 1.239 no fueron ejecutadas.
| Azuay | 2 | 2 626 689 | 110 | 104 |
|---|---|---|---|---|
| Bolívar | 9 | 4 628 452 | 335 | 276 |
| Cañar | 3 | 6 072 327 | 261 | 61 |
| Carchi | 8 | 15 820 305 | 550 | 108 |
| Chimborazo | 6 | 6 587 554 | 256 | 240 |
| Cotopaxi | 6 | 8 734 395 | 340 | 203 |
| El Oro | 8 | 19 275 935 | 1 004 | 285 |
| Esmeraldas | 4 | 17 100 496 | 668 | 245 |
| Guayas | 12 | 54 676 481 | 2 622 | 1 490 |
| Imbabura | 4 | 5 549 849 | 218 | 127 |
| Loja | 3 | 7 137 085 | 295 | 83 |
| Los Ríos | 6 | 19 115 850 | 805 | 665 |
Por otro lado están las viviendas tipo 1A, que son aquellas construidas por el Estado en terreno propio de cada beneficiario. Estos proyectos son más numerosos, alcanzan los 252, pero la inversión total y alcance es menor, puesto que alcanzó los USD 168 millones y las 9.203 planificadas.
Las provincias en las que más se utilizó este mecanismo fueron Zamora, Cotopaxi y Pichincha, con 591 casas planificadas. En este caso, hasta diciembre, se habían entregado 7.379 viviendas, otras 863 estaban construidas sin entregar, 698 seguían en construcción y solo 22 no se habían ejecutado. Fuente: Primicias
Nacionales
¿Por qué cambiaron a la fiscal del caso Progen? Defensa denuncia que se ocultó un audio clave con 14 implicados
La investigación de Progen suma un nuevo capítulo. La fiscal María Luzmila Lluglla, a cargo del caso Apagón, habría sido separada de la unidad que llevaba el proceso, luego de que surgieran cuestionamientos por la presunta omisión de pruebas relacionadas con la compra de generadores chatarra para enfrentar la crisis energética.
Hace poco se difundieron unos videos de los técnicos que integraron la comisión encargada de verificar el estado de los generadores adquiridos por el Gobierno. En las grabaciones, los funcionarios advertían que los equipos no eran nuevos y que temían represalias en su contra.
Audio clave del caso Progen
Edwin Romero, abogado de Celso Sánchez (procesado en el caso Apagón), calificó como una «buena noticia» la salida de la fiscal Lluglla del caso y cuestionó que la Fiscalía no haya incorporado un audio de aproximadamente una hora y 45 minutos que, según afirma, contiene información relevante para la investigación.
«Tengo todos los medios probatorios de las reuniones, los ofrecimientos y de la información que, según denunciamos, no fue incorporada oportunamente a la investigación», sostuvo Romero.
Asimismo, insistió en que su defendido entregó evidencia a la Fiscalía desde julio de 2025.
Presuntos 14 implicados y maniobras para alterar generadores
Según el abogado, en la grabación aparecen más de 14 implicados que tendrían vínculos con Progen.
«Mi patrocinado, el ingeniero Sánchez, ha solicitado en seis ocasiones que se preserve la información entregada a la entonces fiscal (…) ¿cuál fue el interés para que no se realizara la extracción de esa información«, manifestó.
El jurista acotó que «en ese audio de una hora y cuarenta y cinco minutos constan más de 14 actores que se ofrecen y tienen un vínculo directo con Progen para cambiar las placas y modificar el año de fabricación», aseguró.
Romero afirmó que la grabación también contendría conversaciones en las que supuestos funcionarios de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) ofrecían nombramientos definitivos a Sánchez y a otros funcionarios a cambio de firmar informes favorables para autorizar pagos a Progen.
«En ese audio consta mucha información relevante, con nombres y apellidos de los interesados para que se autorice el pago. No puede ser permisible que durante un año hayan mantenido escondido ese audio», sostuvo.
El abogado aseguró que Celso Sánchez fue uno de los funcionarios que se negó a respaldar el proceso de pago relacionado con los generadores investigados.
«Fue el único que se opuso al desfalco de más de USD 100 millones», afirmó Romero.
Finalmente, pidió que todos los elementos entregados por su defendido sean revisados de manera objetiva y que se determinen las responsabilidades de las personas que aparecen mencionadas en los audios. Fuente: Vistazo
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El fraude millonario de la chatarra de Progen desnuda la fiscalización a la carta en la Asamblea
Nuevos documentos y un audio de la exministra Inés Manzano revelados en el fraude de los generadores chatarra vendidos por Progen, así como las actuaciones sesgadas de fiscalización en la Asamblea, controlada por el oficialismo, evidenciarían coordinaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo para que no prosperen investigaciones de casos de corrupción.
Los últimos días se han difundido nuevos documentos, videos que alertaban sobre equipos chatarra, y un audio que comprometería a la exministra Inés Manzano, quien enfrenta un nuevo proceso de juicio político en la Asamblea, socavada por denuncias de una fiscalización selectiva y sesgada del partido de gobierno, que ha tratado a toda costa de ocultar sus trapos sucios, según legisladores de la oposición y analistas.
El caso Progen sería precisamente el ejemplo del sesgo en el control político por parte de la Asamblea, con mayoría oficialista. En diciembre de 2025, la Comisión de Transparencia, liderada por la legisladora de ADN, Diana Jácome, presentó un informe que no estableció responsabilidades políticas de la exministra Inés Manzano, tras seis meses de investigación. La conclusión fue que le correspondía a Fiscalía y Contraloría determinar responsabilidades. La oposición calificó ese resultado como un “lavado de manos” respecto al incumplimiento de funciones por irregularidades en contratos eléctricos de la hoy exfuncionaria.
En la grabación, difundida en el noticiero Contacto Directo, la exfuncionaria le instruye a Calero, uno de los principales implicados en el caso Apagón (Progen) , que debía ser “escueto” en sus declaraciones y que “no vaya a ahondar más en el problema”. El audio habría sido enviado días antes de su comparecencia a la Comisión de Transparencia.
También se difundió un chat entre Manzano y el CEO de Progen, John Manning, en el cual ella negocia los tiempos de entrega de los generadores y la firma de modificaciones en el contrato.
Contactamos a la exministra Manzano a su celular, pero ante nuestro pedido de un pronunciamiento no dio ninguna respuesta.
Diana Jácome se deslinda de responsabilidades
Quien sí se pronunció sobre el supuesto acuerdo para que la fiscalización no prosperará fue la legisladora Jácome. En rueda de prensa ella rechazó cualquier acuerdo de encubrimiento con Manzano.
Aseguró que no existía ningún audio suyo, o mensaje de texto en el que se establezca una coordinación o se revele su participación en tratar de cubrir o hacer algo incorrecto. “El audio alude a una responsabilidad que a mí no me corresponde”, afirmó.
Llamó «delincuentes» a los opositores y los emplazó a recordar lo que hicieron durante diez años: “Tuvieron un contralor que hoy la justicia de Estados Unidos lo tiene tras las rejas, mientras ustedes lo alababan porque él cubría todos sus actos de corrupción, salvaron a Wilman Terán, fiscales, ministros, asambleístas prófugos”, dijo.
Este medio pidió una entrevista con Jácome, pero no respondió nuestra solicitud.
Lo cierto es que la fiscalización ha sido una de las principales falencias de la Asamblea en lo que va de su período 2025-2029. En fiscalización, el primer año de gestión se presentaron 7 pedidos de juicio político, pero 5 de ellos fueron archivados antes de su debate en el Pleno. Además, se registraron 5866 pedidos de información, aunque cerca del 20% sigue sin respuesta por parte de las entidades requeridas.
Es claro que no ha existido un actuación firme del Legislativo en el caso denominado “Progen” o por el desabastecimiento en los hospitales, según un informe sobre la gestión legislativa de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo FCD.
Para Mauricio Alarcón, director de FCD, más allá de mayorías, la Asamblea Nacional no debe perder de vista que representa al país, no a una organización política. El tener una mayoría no puede ni debe ser la razón para dejar en impunidad política cosas y casos que saltan a la vista y están permanentemente en la opinión pública. «Lo que estamos viendo ahora es más de lo mismo, más de aquello que ya vivimos en una época específica – período 2013 – 2017».
«Hablábamos entonces de una Comisión de Archivo y de impunidad. No es necesario hablar en los mismos términos ahora? La fiscalización jamás debe ser simplemente un arma para proteger a los tuyos y perseguir a los otros, llegando incluso al absurdo de querer fiscalizar a gobiernos locales opositores, sin tener siquiera competencia para ello».
Luque trazó el Plan de Acción
En mayo pasado, Roberto Luque, explicó en un comunicado que no tuvo ninguna participación en la parte precontractual o contractual de la empresa Progen, mientras estuvo encargado del Ministerio de Energía, entre el 16 de abril y el 2 de julio de 2024, para enfrentar la primera etapa de la crisis por los apagones. Ayer, 3 de junio, en una entrevista en el programa ‘A Primera Hora’, de radio Sonorama, reiteró que Progen es una empresa corrupta, cuyos directivos están enjuiciados en Ecuador y Estados Unidos por pedido del gobierno.
Destacó que su papel se limitó a elaborar un Plan de Acción urgente en medio de los apagones por la crisis del sistema energético a causa de la severa sequía que sufrió el país en 2024. Dijo que lo primero que hizo al llegar a ese puesto fue firmar un acuerdo ministerial para declarar la emergencia eléctrica para agilitar las contrataciones que estarían a cargo de Celec, que es una entidad autónoma.
Recalcó que el Ministerio es como un “director técnico” que emite el plan de acción o la estrategia, pero las empresas públicas y sus autoridades ejecutan las acciones, que en este caso fueron las contrataciones de las empresas.
En mayo, Luque viajó a Estados Unidos y Costa Rica, «para levantar información sobre posibles proveedores». Después de ese recorrido el gobierno recibió unas 30 propuestas de empresas interesadas en la provisión de equipos, que luego fueron conocidas y estudiadas por las autoridades y técnicos de Celec. Ellos eran los responsables -según Luque- de evaluar las propuestas, supervisar los equipos que se ofertaban, elaborar los términos de referencia, y dar paso a las etapas precontractuales, con las verificaciones correspondientes de su funcionamiento, antes de formalizar las contrataciones y los pagos de anticipos, que llegaron al 70%. En este contexto, la visita que hizo como Ministro a las instalaciones de Progen en Florida no implicó ningún compromiso ni acuerdo, recalcó al tiempo de admitir que fue un desplazamiento atípico que se explica en el contexto de una situación crítica.
Recordó que el gobierno puso denuncias en Ecuador y Estados Unidos bajo la Ley RICO. De hecho, reveló que los abogados contratados ya han conseguido que la ruta del dinero recibido por Progen sea pública.
En EE.UU. hay cinco compañías más implicadas en el caso, entre las cuales hubo una a la que Progen compró los motores viejos, otra donde mandaron a pintarlos y una tercera que se encargó del ensamblaje.
El 23 de abril Celec presentó la demanda ampliada ante un tribunal estadounidense contra 11 empresas y tres personas: John y Wade Manning, y Andrew Williamson, dueños de Progen. Según la denuncia, acusan a empresa de “invitar y recibir a funcionarios del gobierno ecuatoriano en la supuesta ‘fábrica’ de Progen, en Tampa, en mayo de 2024 (viaje al que fue Luque), donde Progen declaró falsamente que había fabricado nuevos generadores eléctricos”, entre otras acusaciones, como la entrega de informes dolosos.
El Gobierno declara la emergencia y el origen de la pesadilla
La historia de este fiasco empezó en abril de 2024, cuando Noboa declaró la emergencia eléctrica por un verano que afectaría las hidroeléctricas en los siguientes meses y la falta de mantenimiento de las termoeléctricas. En ese escenario aterrizó la empresa norteamericana Progen, que firmó dos contratos para las termoeléctricas de Salitral, por 99,4 millones de dólares, y Quevedo, por cerca de 49,7 millones. Tras pericias en Estados Unidos, por parte de una demanda de Ecuador ante la justicia norteamericana, hoy se sabe que 21 de 29 generadores que debían ser entregados en Salitral, Progen los compró a otra empresa a 425 mil dólares cada uno, los pintó y los vendió a Ecuador a un valor casi 10 veces mayor.
Otro contrato por 20 millones se lo llevó Progen para la central de Catamayo, Loja. Y otros 90 millones se lo adjudicó la compañía uruguaya Austral para la termoeléctrica Esmeraldas. Todos fueron un fracaso. A pesar de que la prensa empezó a cuestionar los contratos a finales de 2024 cuando ya se había incumplido ciertos plazos para la puesta en marcha de los equipos en Ecuador, el gobierno los defendía y garantizaba que pondrían a funcionar los generadores.
En julio de 2025, la Fiscalía hizo varios allanamientos y lo bautizó como “Caso Apagón”, pero solo investiga los contratos de Salitral y Quevedo. Fueron 104 millones de dólares entregados a Progen sin que se generara un solo megavatio. Ese dinero fue el anticipo del 70 por ciento de los contratos.
Fiscalía puso en la mira al exministro de Energía, Antonio Goncalves, y a Fabián Calero, ex gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), dos exfuncionarios a los que el oficialismo abandonó a su suerte porque estuvieron al frente de la crisis durante las etapas precontractuales y contractuales.
No obstante, la justicia no vinculó, por falta de evidencias, a los ministros Roberto Luque, quien estuvo encargado cuatro meses del Ministerio cuando se declaró la emergencia del sector eléctrico por los prolongados apagones del 2024, ni a la exministra Inés Manzano, que estuvo en Energía cuando debían entregarse los generadores. La defensa de ambos es que en sus administraciones no se firmaron los contratos con las empresas para proveer los equipos generadores de energía.
Las alertas que se las llevó el viento
Uno de los involucrados en el Caso Apagón es Byron Orozco, gerente de Termopichincha, quien firmó el contrato con Progen. Su defensa dice que hay mandos superiores que tienen responsabilidad y no están vinculados. Según su argumento, el 27 de junio de 2024 Orozco pidió a la Secretaría de Integridad Pública que se organice una veeduría para la licitación de los contratos de Salitral y Quevedo, teniendo en cuenta que ya había alertas del contrato de Progen en Catamayo. La Secretaría, a cargo de José Julio Neira, respondió que no tenía las competencias.
Pero una de las alertas que más llaman la atención es la advertencia de Abraham Zambrano, gerente de la Empresa Resource Power Group. Un asambleísta le requirió información el 22 de junio de 2024 y Zambrano, desde México, respondió que su empresa era la única representante de generadores EMD para Ecuador, y no Progen. Incluso señaló que los últimos motores EMD fueron construidos en 2015, cuando Progen ofertaba modelos 2023. Para ese entonces, Progen ya había firmado el contrato para la termoeléctrica Catamayo, y a nadie le importó o nadie quiso ver las alertas.
Tanto en el contrato de Catamayo, como Salitral y Quevedo, la Contraloría halló numerosas inconsistencias, entre ellas, que los generadores no eran nuevos, que no tenían las condiciones técnicas para acoplarse a la red eléctrica de Ecuador, a más de otras irregularidades en los procesos de contratación. Pero, ¿nadie constató el estado de los generadores?
Técnicos alertaron fallas y denunciaron amenazas
La Fiscalía acusa a los técnicos de Celec por la estafa de Progen, pero a finales de mayo de 2026 se filtró un video en el que un grupo de técnicos de la entidad estatal alertó sobre irregularidades en los equipos que se planeaba adquirir.
“No es lo que nosotros alguna vez recomendamos”, mencionaron tres hombres identificados como Nelson Castro, Celso Sánchez y Paúl Flores, quienes viajaron a las instalaciones de la empresa estadounidense el 19 de septiembre de 2024 para verificar los artículos. Además, los técnicos recalcaron que los equipos “no sirven” y que recibieron amenazas de muerte. “Nos da miedo por nuestras vidas e integridad”, manifestaron.
Sin embargo, ese video no forma parte de la investigación de la Fiscalía e incluso esos tres técnicos recibieron prisión preventiva por el presunto delito de peculado tras la audiencia de formulación de cargos contra 21 personas.
Por su parte, el Ministerio Público indicó que posee 150 elementos de convicción que sustentan la acusación y confirmó que el material audiovisual no está dentro del expediente ni constituye un elemento de convicción. ¿Por qué? Nadie ha podido explicarlo. Las defensas de los técnicos dicen que se quiere proteger a los altos mandos y cargarles la responsabilidad del fraude a ellos. Fuente: Vistazo
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