El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este miércoles el desembolso de USD 600 millones para Ecuador, después de que el país completara la tercera revisión del acuerdo crediticio suscrito en mayo del año pasado, que asciende a USD 5.000 millones para un periodo de cuatro años.

El nuevo desembolso eleva a USD 2.700 millones el total recibido por Ecuador desde que se puso en marcha el acuerdo, aprobado inicialmente en 2024 por USD 4.000 millones, y ampliado en julio de este año a 5.000 millones.

El FMI resaltó que las autoridades ecuatorianas «han tomado acciones importantes para fortalecer la sostenibilidad fiscal y los colchones de liquidez, mientras protegen a los más vulnerables». Estas medidas incluyen reformas de ingresos y gastos de alta calidad, acompañadas de acciones compensatorias para los sectores más afectados.

Además, el organismo reconoció que Ecuador avanza en una agenda de reformas estructurales para salvaguardar la estabilidad financiera, mejorar la gobernanza y fomentar la inversión privada y el empleo.

El pasado 12 de septiembre, el presidente Daniel Noboa oficializó la eliminación del subsidio al diésel, lo que elevó el precio del combustible de USD 1,80 a USD 2,80 por galón. La medida provocó protestas lideradas por el movimiento indígena y otros sectores sociales, que se extendieron durante un mes y dejaron dos fallecidos y cerca de 300 heridos, según organizaciones de derechos humanos.

Noboa aseguró que el ahorro de aproximadamente USD 1.100 millones anuales derivado de la eliminación del subsidio se destinaría a programas de protección social e incentivos productivos. Posteriormente, el Gobierno empezó a entregar bonos y compensaciones económicas a comunidades indígenas, agricultores, emprendedores y transportistas.

Esa decisión se sumó a un drástico ajuste del aparato estatal, que redujo de 20 a 14 los ministerios, de 9 a 3 las secretarías, y que implicó el despido de 5.000 funcionarios públicos a finales de julio.

Según el FMI, las autoridades ecuatorianas «están comprometidas a implementar nuevas medidas estructurales» que podrían generar dividendos de crecimiento en el mediano plazo.

El organismo también subrayó que «el PIB real se está recuperando más rápido de lo previsto», impulsado por una fuerte demanda interna, exportaciones no petroleras récord y baja inflación. Se espera que la cuenta corriente mantenga superávits considerables, lo que permitirá aumentar las reservas internacionales.

Asimismo, el FMI destacó que la implementación efectiva del plan de consolidación fiscal y reformas económicas contribuirá a mantener la deuda pública en una senda descendente, respaldando el objetivo del Gobierno de reducir los diferenciales soberanos y recuperar el acceso a los mercados internacionales.

La política económica de Noboa se ha enfocado en reducir el déficit fiscal heredado de 2023, que alcanzó los USD 4.800 millones (5 % del PIB), y que se redujo a cerca de 3.000 millones en 2024. Para ello, el Ejecutivo ha priorizado el aumento de la recaudación tributaria y la reducción del gasto público, especialmente en subvenciones a los combustibles. Fuente: Vistazo

En una nueva edición del programa La Tertulia Jurídica, se analizó uno de los temas más sensibles y silenciados dentro del sistema de salud pública: la violencia obstétrica, entendida como una forma de vulneración de los derechos humanos de las mujeres durante los procesos de atención ginecológica, embarazo, parto y posparto.

La invitada central del programa fue María Arévalo Carrillo, especialista en temas de violencia gineco-obstétrica, violencia de género, justicia social y medio ambiente, y maestrante en Políticas Públicas por la Universidad FLACSO, quien destacó la importancia de visibilizar esta problemática desde un enfoque de derechos y con perspectiva de género.

“Estos espacios permiten informar a la sociedad civil sobre sus derechos y reconocer cuándo estos están siendo vulnerados. La difusión y educación en derechos humanos son fundamentales para prevenir cualquier tipo de violencia, especialmente en el ámbito de la salud”, enfatizó Arévalo.

Durante su intervención, la experta explicó que la violencia gineco-obstétrica se manifiesta a través de acciones u omisiones del personal de salud que afectan la integridad física, emocional o psicológica de las mujeres. Estas prácticas pueden ir desde expresiones ofensivas y trato deshumanizado hasta la realización de procedimientos médicos sin consentimiento informado.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), entre 2018 y 2023 los casos de violencia contra la mujer aumentaron del 48% al 51%, alcanzando hasta un 70% en comunidades rurales e indígenas. Estas cifras reflejan la urgencia de fortalecer políticas públicas de prevención y capacitación del personal sanitario.

Arévalo recordó que este tipo de violencia fue reconocida internacionalmente por la ONU en 2014 y, a nivel nacional, incorporada en la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en 2018. A pesar de los avances normativos, la especialista indicó que persisten prácticas institucionales que vulneran derechos fundamentales, como el acceso a información clara, la obtención del consentimiento previo o el acompañamiento durante los procesos obstétricos.

Asimismo, destacó la relevancia del Manual de Buenas Prácticas para la Salud Sexual y Reproductiva, emitido en 2023, el cual busca orientar al personal sanitario en el trato adecuado a mujeres, adolescentes, personas en movilidad humana, privadas de libertad, trabajadoras sexuales y miembros de la comunidad LGBTIQ.

“La información es un privilegio. Prevenir la violencia obstétrica comienza con la educación y el acceso a datos confiables sobre derechos sexuales y reproductivos. Solo informándonos podemos reconocer y denunciar los abusos”, puntualizó la especialista.

Arévalo subrayó también que las mujeres víctimas de violencia obstétrica pueden acudir a las Juntas Cantonales de Protección de Derechos para solicitar medidas de reparación y, en casos graves, presentar acciones de protección o acudir a instancias internacionales de derechos humanos.

Finalmente, hizo un llamado al Estado ecuatoriano a fortalecer las políticas públicas de salud con enfoque de género e interculturalidad, garantizando una atención digna, respetuosa y con pertinencia cultural en todos los niveles del sistema sanitario. “La prevención es la clave. Debemos trabajar desde la educación, la sensibilización y el respeto a las diversas cosmovisiones para erradicar la violencia obstétrica. Ninguna mujer debería temer acudir a un servicio de salud”, concluyó Arévalo.