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Un debate ‘de trámite’ en la Asamblea derivó en una acalorada discusión en la que se dijeron ingenuos y colonialistas

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El debate en la Asamblea se caldeó 6 de mayo de 2025, cuando resta una semana para el inicio del nuevo período legislativo. Un pedido para la creación del Museo de la Memoria revivió abusos a los derechos humanos en periodos pasados, pero también en los años más recientes.

Todo iba de acuerdo a lo planificado. El correísmo, a través de la legisladora Jhajaira Urresta, rechazando las violaciones ocurridas entre 1984 y 2008 y resaltando que con la Revolución Ciudadana fueron visibilizadas gracias a la creación de una comisión de la verdad.

Urresta recordó que en 2013 la propia Asamblea aprobó un proyecto de ley para establecer ese espacio en un plazo no mayor a 90 días. Sin embargo, ninguno de los cuatro gobiernos que pasaron desde entonces cumplieron.

Lo que hay, por ahora, es un sitio inadecuado en el subsuelo del Ministerio de Cultura que, según los familiares de las víctimas, no cumple con los preceptos de «reparación y justicia».

En febrero de 2023, la Corte Constitucional falló a favor de que se instale el museo con características especificas en el plazo de un año, pero tampoco ha ocurrido. Por eso, la Comisión de Garantías Constitucionales fiscalizó el tema.

Se armó la polémica

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La legisladora por Pachakutik, Mariana Yumbay, durante el debate del Pleno del 6 de mayo de 2025.Asamblea Nacional.
La asambleísta independiente María Teresa Pasquel implosionó el debate al reclamar que «solo se pretenda incluir en el Museo las violaciones a los derechos humanos que se produjeron antes de 2008».

«¿Por qué nos olvidamos de lo que pasó desde 2008 hasta épocas recientes: asesinatos, desapariciones, agresiones, secuestros. Hay que rechazar de todos», cuestionó Pasquel.

Y fue más allá. Recordó que en las protestas sociales de 2019 y 2022 ciudades como Quito fueron sitiadas por violentos manifestantes «violando de los derechos humanos de muchos ciudadanos».

«Se incendiaron sitios como la Contraloría para quemar procesos. Ahí no se acuerdan, ahí no hay memoria. Hubo muchos indígenas ingenuos que cayeron en esa situación», agregó.

Entonces, el centro del debate dejó de ser el museo y pasó a ser el racismo. Mariana Yumbay, del movimiento Pachakutik, fue la primera en acusar a su colega Pasquel de «vivir aún en la colonia, época en la que se pensaba que los indígenas no tenían voluntad propia».

Gabriel Bedón, del movimiento Construye dijo que no se puede tratar de ingenuo a ningún ecuatoriano y pidió respeto y consideración para las comunidades indígenas, con las cuales se solidarizó.

Su compañero de bancada, Jorge Peñafiel, coincidió que Pachakutik y el movimiento indígena no son para nada ingenuos, aunque no precisamente por las razones que tenía en mente Bedón.

«Pudieron negociar prebendas y espacios para agarrar la presidencia de la Asamblea en 2021. Y el día de hoy, según fuentes del periodismo, todavía están negociando la presidencia en el siguiente periodo. ¡Ingenuos! es lo que menos son», dijo con ironía Peñafiel.

El asambleísta por Cotopaxi, César Umajinga, rechazó que «los que pisotearon hasta con caballos a los indígenas en las manifestaciones de hace algunos años, ahora se presenten como puritanos y santitos».

«Todos los gobiernos han maltratado y violado los derechos humanos. De derecha y de izquierda han humillado al pueblo indígena» César Umajinga, asambleísta

El debate les devolvió la voz

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La polémica incluso activó a legisladores que muy pocas veces han tomado la palabra en el actual periodo legislativo como José Clemente Agualsaca que, según el sistema de la Asamblea, ha intervenido en dos ocasiones.

También, a Eustaquio Tuala que ocupa una curul por Revolución Ciudadana y ha intervenido en los debates cuatro veces en lo que va del año y medio de este periodo legislativo.

Tuala se sintió tocado en primer persona por Pasquel. En las protestas de 2019 y 2022 dirigía el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) que apoyó a la Conaie en las acciones de hecho contra los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso.

«Ingenuos no somos, somos capaces (…) un adoquín destruido en Quito se puede comprar, pero tiene memoria de cuantos indígenas murieron en los dos paros», cuestionó Tuala.

Pese a que han pasado varios años, Tuala pidió un minuto de silencio por los manifestantes que fallecieron producto de esas protestas. La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, se lo concedió.

Una vez que bajaron los ánimos, casi todos los legisladores estuvieron de acuerdo en aprobar el informe no vinculante de la Comisión que, entre otras cosas, exhorta que se concrete la creación del Museo de la Memoria para los casos registrados entre inicios de 1984 y finales del 2008. Fuente: Primicias

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Denuncian supuesta compra de insulina con sobreprecio en Municipio de Guayaquil

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La adquisición para dotar de insulina a las casas de salud manejadas por el Municipio de Guayaquil generó un nuevo roce con el Gobierno Nacional, luego de que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) denunciara sobre presuntas irregularidades en el contrato.

Según el Sercop, la Alcaldía pretendería importar un millón de dosis de insulina a un precio mayor de lo que se vende en Ecuador. El costo que habría establecido por la compra el Municipio era de $12 por unidad, cuando en adquisiciones de otros procesos se pagaron precios por el medicamento entre USD 7,12 y 7,49.

Además, la entidad añadió que el Municipio tiene un incumplimiento normativo, al no contar con permiso previo emitido por la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa), para la importación de fármacos.

El Sercop apuntó que la verificación se realizó en cumplimiento de sus funciones, para cuidar la adquisición de bienes y servicios en beneficio de la ciudadanía.

De hecho, la institución recomendó al Municipio guayaquileño realizar el proceso de adquisición con farmacéuticas locales que cuentan con el producto, a un precio inferior al ofertado en el contrato establecido.

Julio José Neira, secretario de Integridad Pública y director encargado del Sercop, aclaró que un 2,66% de los procesos contratados por la Alcaldía, que equivalen a 47 contratos, fueron suspendidos por detectarse alguna irregularidad, incluido el de la adquisición de incluido. El valor todos estos procesos era de USD 9,7 millones.

«Se les acabó el relato de la compra de insulina por el sobreprecio…», apuntó Neira, este viernes 28 de noviembre.

Cruce de declaraciones entre Alvarez y Neira

La suspensión de los procesos generó una serie de insultos en redes sociales proferidos por el alcalde Aquiles Alvarez hacia Neira, quien a su vez le recordó que se encuentra procesado y llamado a juicio por presunta comercialización irregular de combustible.

«El proceso de insulina se suspendió porque el alcalde procesado pretendía importar insulina evadiendo la norma: ni siquiera pidieron registro sanitario, básico para asegurar calidad y proteger a los pacientes», recalcó Neira.

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Extienden la declaratoria de emergencia en el IESS por desabastecimiento de medicinas

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El director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Francisco Abad, dispuso la ampliación «de forma excepcional» por un mes más de la declaratoria de emergencia de la entidad.

Según informó la entidad en un comunicado difundido este jueves, la decisión se adoptó por criterios técnicos que, a su juicio, justifican la ampliación de la medida para garantizar que procesos contractuales puedan concretarse.

Al declarar el estado de emergencia el pasado 26 de septiembre, frente a una crisis de desabasteicmiento de medicinas e insumos médicos en centros de salud a escala nacional, el IESS asignó un presupuesto de USD 96 millones para compras públicas.

Medicamentos no entregados

En ese marco, un informe técnico presentado este lunes advirtió también que, pese a que el IESS ha suscrito varios contratos para adquirir medicamentos y bienes estratégicos, una parte de estos productos aún no ha sido entregada.

El documento señala que diversas circunstancias de índole técnica y operativa han impedido que la institución cuente con el abastecimiento completo previsto.

El mismo informe sostiene que, de no concretarse las entregas pendientes, el IESS enfrentaría un desabastecimiento inmediato de medicamentos de alta especialidad, lo que pondría en riesgo la continuidad terapéutica de miles de pacientes y acentuaría aún más la crisis actual.

También advierte que podrían incrementarse las complicaciones severas, las hospitalizaciones y los índices de mortalidad.

Ante ello, Abad emitió una resolución en la que ordena a los administradores de los contratos suscritos durante la emergencia mantener un seguimiento permanente de cada proceso.

La disposición incluye verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los proveedores y completar todas las gestiones necesarias hasta el cierre definitivo de los contratos.

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Más de un millón de ecuatorianos tienen una mala calificación crediticia, según análisis de red financiera

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En Ecuador, 1 060 000 personas, en promedio, tienen un score crediticio (calificación crediticia) menor a 300 puntos, 247 mil más de las que había en el 2019, según un informe de la Red de Instituciones Financieras para el Desarrollo.

Se trata de usuarios que registran pagos pendientes, atrasos frecuentes y moras prolongadas para cancelar sus deudas, es decir, que son perfiles con poca probabilidad de pago.

En términos prácticos, las instituciones financieras o centrales de crédito pueden negarles solicitudes de préstamos, pedir más documentos, garantías u otorgar financiamiento en condiciones menos favorables como intereses más altos.

Con este escenario, las compras pequeñas, como celulares, electrodomésticos e incluso ropa a plazos, inciden en la construcción del historial crediticio.

David Castellanos, analista de Equifax, que es una agencia de informes crediticios, relata que si una persona hace pagos que se difieren a plazos, eso permite ir construyendo un tema de un hábitos.

«Si se cumple igual el pago, obviamente, la persona va a tener una propensión de mejor hábito de pago como tal, pero también si hay retrasos, esto va a incidir ensu calificación o en su salud financiera», comentó.

Al mejorar el puntaje del score crediticio con compras pequeñas a crédito, los usuarios en general y específicamente aquellos que están excluidos del sistema financiero, podrían acceder nuevamente a él.

«Tendríamos que esperar por lo menos unos tres o seis meses hasta que esta persona vaya cumpliendo estos temas de pago. Ese comportamiento se toma dentro del historial crediticio. Mientras los otros pagos se van cumpliendo, va generando que esta persona paulatinamente vaya alcanzando un mejor score«, señaló Castellanos.

El score crediticio se puede revisar en las aplicaciones de bancos.Ees un servicio gratuito, que permite al cliente conocer su nivel de endeudamiento, si tiene un balance entre lo que gana y lo que gasta; y si tiene pagos pendientes en instituciones financieras, en locales comerciales o entidades de servicios.

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