El director del Distrito Educativo 19D01 Zamora-Yacuambi, Medardo Ortega, ofreció declaraciones a Diario El Amazónico, en las cuales abordó con claridad y responsabilidad tres temas fundamentales para la comunidad educativa: la atención inmediata a denuncias en la Unidad Educativa 12 de Febrero, la situación en la Unidad Educativa Río Zamora, y el avance en proyectos de infraestructura educativa con apoyo interinstitucional.

Atención oportuna a denuncias en la Unidad Educativa 12 de Febrero

En respuesta a una denuncia presentada por una madre de familia respecto al caso de una estudiante, Ortega informó que se activó de inmediato la Unidad Distrital de Apoyo y Seguimiento (DECE), la cual ha trabajado conjuntamente con las autoridades institucionales para atender los requerimientos. Se realizaron procesos de recalificación académica y evaluación justa, que fueron resueltos a satisfacción de los representantes legales de la menor.

“La atención ha sido integral. El 100% de las solicitudes de la madre de familia han sido resueltas y se ha brindado contención emocional tanto a padres como a estudiantes”, señaló Ortega.

Unidad Educativa Río Zamora: acompañamiento institucional y contención emocional

Respecto a una situación reciente en la Unidad Educativa Río Zamora, el director indicó que se trató de una actividad estudiantil relacionada con la elaboración de un video, que generó inquietudes en la comunidad. Tras la publicación de una nota en Diario El Amazónico, Ortega confirmó que se han activado los equipos técnicos de Apoyo, Seguimiento, Talento Humano y DECE para evaluar lo ocurrido.

“Hemos mantenido reuniones con padres de familia y estudiantes, quienes han comprendido que fue un tema que se salió de control, pero que está siendo gestionado con responsabilidad”, afirmó.

El proceso de investigación continúa y se entregará un informe final en los próximos días, con el compromiso de fortalecer la convivencia escolar y evitar que estos hechos se repitan.

Asignación y cobertura docente conforme a normativas

Frente a cuestionamientos sobre la asignación de docentes fuera de su especialidad, Ortega aclaró que, ante vacantes temporales, se han tomado decisiones responsables para no dejar sin atención a los estudiantes. Explicó que cuando un docente se retira, se asignan encargos temporales hasta que el proceso de concurso permita incorporar al profesional idóneo.

“En ningún momento se ha dejado a los estudiantes sin clases. La intención ha sido siempre garantizar continuidad educativa, sin comprometer la calidad del aprendizaje”, puntualizó.

Investigación sobre recursos económicos y adecuaciones escolares

Consultado sobre un presunto cobro para la construcción de baterías sanitarias, Ortega explicó que, según las investigaciones preliminares, no se trató de una actividad del tercer año de bachillerato, sino del segundo, y que los aportes fueron voluntarios y gestionados por los propios padres de familia.

“Esperamos el informe definitivo en una semana, y con ello podremos socializar todos los documentos y evidencias conforme a la normativa del Ministerio de Educación”, dijo.

Avances significativos en infraestructura educativa con apoyo de GADs

En otro ámbito, el director distrital destacó importantes inversiones que se ejecutan en los cantones Zamora y Yacuambi, gracias a convenios interinstitucionales. Entre ellas:

• Presupuesto del Ministerio de Educación de $300.000 para la adecuación de las escuelas Bracamoros y María Montessori.
• Convenio con el Municipio de Yacuambi por $480.000, que incluye obras en las escuelas Otto Arosemena Gómez, Modesto Chávez Franco, Jaime Roldós Aguilera, entre otras.
• Intervenciones en parroquias como Sabanilla, San Carlos de las Minas y Cumbaratza, con una inversión total de $1.5 millones en infraestructura educativa.
• Convenio con el Municipio de Zamora para habilitar un estadio sintético en la Unidad Educativa Luis Felipe Borja.

“Hemos trabajado de manera articulada con los GAD parroquiales y cantonales. El objetivo es claro: mejorar las condiciones de aprendizaje de nuestros niños y jóvenes en todos los rincones del distrito”, expresó Ortega.

Finalmente, el director reiteró que su gestión prioriza el bienestar estudiantil y la mejora continua del sistema educativo. La coordinación con padres de familia, docentes, autoridades y entidades cooperantes ha sido clave para atender las necesidades del territorio y avanzar hacia una educación pública de calidad.

Con el objetivo de fortalecer el ejercicio profesional del Derecho en la provincia, el Colegio de Abogados de Zamora Chinchipe desarrollará el Bootcamp Jurídico «Macharos de Oro», los días jueves 10 y viernes 11 de julio de 2025, en el local La Colina VIP del cantón Yantzaza. Este evento académico y de especialización contará con la presencia de magistrados de la Corte Nacional de Justicia, constituyéndose en una oportunidad única de formación para profesionales del área jurídica de toda la provincia.

El anuncio fue realizado por la presidenta del gremio, abogada Janneth Guamán, en una entrevista con Diario El Amazónico, donde destacó la relevancia del evento dentro del plan de actividades de la actual directiva. El taller abordará como tema central el recurso de casación, tanto en materia penal como no penal, con un enfoque intensivo y técnico, orientado a elevar el nivel profesional de los abogados de la provincia.

“Lo que busca el Colegio de Abogados es que nuestros profesionales estén al ritmo de quienes ejercen en las grandes ciudades. Queremos que nuestros usuarios de justicia no tengan que recurrir a otras provincias en busca de especialistas, sino que encuentren aquí, en su propia tierra, a profesionales capacitados y competitivos”, señaló la presidenta Guamán.

El término bootcamp —tomado del inglés— hace referencia a un entrenamiento intensivo, en este caso jurídico, que busca brindar herramientas especializadas a los asistentes. En palabras de la titular del Colegio, este taller tiene la finalidad de acercar el conocimiento técnico y práctico directamente desde la Corte Nacional a los abogados de la provincia, permitiéndoles resolver dudas, compartir criterios con los magistrados y perfeccionar el manejo del recurso de casación, uno de los mecanismos más complejos del sistema judicial ecuatoriano.
Además, Guamán recalcó que la iniciativa responde a una necesidad histórica del gremio jurídico local, que por la ausencia de centros universitarios en Zamora Chinchipe debe buscar constantemente vías alternativas para su formación continua.

El costo de participación en el evento es de 20 dólares, un valor simbólico destinado a cubrir únicamente los gastos logísticos, ya que —según se enfatizó— el Colegio de Abogados no persigue fines de lucro, sino el fortalecimiento institucional y el beneficio final para el usuario del sistema de justicia.

“Este tipo de espacios son valiosos porque nuestros abogados tendrán la posibilidad de consultar de manera directa a los jueces nacionales, despejar dudas y adquirir las herramientas necesarias para afrontar procesos de alta complejidad con mayor seguridad y preparación. El objetivo final siempre será garantizar un mejor servicio a la ciudadanía”, afirmó la abogada Guamán.

Finalmente, se extiende una cordial invitación a los profesionales del Derecho de toda la provincia, en especial de los cantones Zamora, Yantzaza, Yacuambi, Centinela del Cóndor Paquisha, Nangaritza y El Pangui, a que asistan y aprovechen esta jornada académica que, por su nivel y enfoque, constituye un hito formativo en la historia reciente del gremio provincial.

El 7 de junio de 2025, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, una reforma integral que busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Esta ley introduce cambios significativos en la regulación del consumo de drogas, reemplazando la anterior «Tabla de Drogas» por un sistema más técnico y contextualizado.

La Tabla de Umbrales de Consumo, también conocida como «Tabla de Drogas» establecida en 2013 por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), fijaba cantidades máximas de diversas sustancias que una persona podía portar para que se considerara consumo personal y no tráfico ilícito. Sin embargo, en noviembre de 2023, el presidente Daniel Noboa derogó esta tabla mediante el Decreto Ejecutivo N.º 28, argumentando que facilitaba el microtráfico al permitir que se encubriera como consumo personal el tráfico de pequeñas cantidades. Esta eliminación dejó un vacío legal que fue parcialmente cubierto por una resolución de la Corte Nacional de Justicia número 14-2023, instruyendo a jueces y fiscales a evaluar caso por caso, basándose en análisis meticuloso del caso en concreto.

La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, aprobada el 7 de junio del 2025, reforma el artículo 228 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para establecer que los parámetros para determinar el consumo personal de drogas serán fijados y actualizados mediante una resolución conjunta entre el Ministerio de Salud Pública, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura. Lo que busca evitar la criminalización de los consumidores y garantizar que no se confundan con traficantes por la sola posesión de una cantidad determinada.

La nueva normativa establece que no se presumirá el consumo de drogas en ningún caso. Por lo tanto, será requisito obligatorio la realización de pericias toxicológicas o psicológicas antes de emitir cualquier decisión o informe legal correspondiente. Lo cual permite una evaluación más justa y precisa de cada situación, diferenciando claramente entre consumo personal y microtráfico.

Aunque la reforma ha sido vista como un avance hacia un trato más justo para los consumidores, algunos expertos en derecho penal han cuestionado la participación de entidades judiciales en la definición de parámetros técnicos sobre adicciones, argumentando que se trata de un tema de salud pública que requiere la intervención de especialistas. Además, la implementación efectiva de estos nuevos criterios dependerá de la capacitación y coordinación entre las instituciones involucradas.