Cursaban el primer año de Bachillerato en la especialidad de ciencias. Los dos jóvenes, de 15 y 17 años, quedaron tendidos, sin vida, en los exteriores de la unidad educativa José Antonio García Cando, en La Libertad, provincia de Santa Elena.
Dos hombres en una motocicleta llegaron hasta el establecimiento educativo ubicado en el barrio Cinco de Junio a la hora que coincidía con la salida de clases. Dispararon y les causaron la muerte.
No fueron casos aislados.
En el primer semestre de 2026, 27 ataques contra la educación se produjeron en siete provincias del Ecuador. «Un ataque a la educación cada semana, en promedio, entre enero y junio de 2026”, según el documento “Ecuador, ataques a la educación, impacto de los grupos delincuenciales organizados en la educación”, elaborado por el Consejo Noruego para Refugiados (CNR).
La investigación identifica 18 instituciones educativas. En ellas estudian 18.918 niñas, niños y adolescentes.
Los afectados directamente bordean los 60. Las afectaciones son varias: homicidios, reclutamiento forzado, amenazas contra estudiantes y docentes, según el reporte.
Hubo impactos en la infraestructura educativa, uso de explosivos. Además, en ciertos casos las instalaciones escolares fueron usadas para fines relacionados con las actividades delictivas.
Las provincias afectadas son: El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha y Santa Elena.
El 13 por ciento de incidentes causó una interrupción temporal de las actividades educativas o la adopción de medidas de educación en modalidad no presencial.
Las interrupciones traen secuelas, que el documento analiza. Riesgo de deserción, aumento en las brechas de estudiantes de estos planteles en relación con otros centros educativos del país.
Además, “aumentan la exposición de niñas, niños y adolescentes a otros fenómenos asociados a la violencia del crimen organizado, reclutamiento forzado o maltrato infantil”.
Ataques fuera de escuela en San Lorenzo
El viernes 17 de julio, a las 08h30, los alumnos de la unidad educativa fiscal Diez de Agosto, en San Lorenzo, se encontraban en su jornada de clases, cuando empezó un tiroteo en las proximidades del plantel.
Los estudiantes se refugiaron bajo los pupitres, en medio del temor. Los padres recibieron la alerta de retirar a sus hijos, mientras la autoridades aclaraban que se trataba de una disputa entre dos grupos delictivos, La Siate y La Carbonera.
El jueves 17 de septiembre una escena parecida se produjo en los alrededores del mismo establecimiento. Niños, maestros y trabajadores vivieron situaciones de angustia, mientras otro enfrentamiento armado cobraba otra vida.
Pocos días antes del segundo ataque, el país se alarmaba por los resultados de las pruebas PISA 2025. Dos de cada diez chicos de 15 años alcanzaron el nivel dos, o suficiencia, en Matemáticas.
Pero el riesgo que genera la criminalidad a la educación no ha sido suficientemente analizado.
Vistazo pidió al Ministerio de Educación que le informara el protocolo seguido en estos casos como el de San Lorenzo. Hasta la publicación de esta nota no se recibía una respuesta.
138 casos de violencia educativa en tres cantones
Otro estudio, de carácter cualitativo, se realizó a través de 34 entrevistas a profundidad, con autoridades educativas, docentes, madres y padres de familia, líderes comunitarios y miembros de la sociedad civil. Investigadores y expertos trabajaron con el aval del Consejo Noruego para Refugiados (CNR).
Ocho unidades educativas fueron visitadas. La investigación se centró en los cantones de Guayaquil, Machala y Huaquillas.
“Los grupos delincuenciales organizados intentan ejercer un control social violento en las áreas donde tienen presencia, incluyendo las unidades educativas”, estableció esta investigación.
El estudio detectó dos casos en los cuales grupos delincuenciales “dejaron la cabeza de un joven cerca de la escuela para advertir y atemorizar a la comunidad educativa”.
Mientras se realizaba esta investigación, seis menores de edad y jóvenes fueron asesinados cuando iban en camino hacia su escuela.
“La violencia en Ecuador afecta el derecho a la educación de forma desproporcional en áreas específicas del país”, establece una de las conclusiones.
Estos hechos incluyen amenazas, extorsiones, homicidio, reclutamiento forzado, secuestro y violencia sexual.
El temor de los menores de edad a perder la vida fue la principal causa de esta solicitud, sentencia el documento.
De las 34 personas entrevistadas a profundidad, 31 coincidieron en que los grupos delincuenciales organizados reclutan, promueven la venta de drogas a menores y extorsionan a profesores y alumnos.
Profesores bajo amenaza del crimen
Del total de entrevistados, 13 eran docentes. Casi todos, 12, “mencionaron haber sido amenazados o intimidados por estudiantes o por sus padres quienes presuntamente pertenecen a grupos criminales organizados”.
Un estudiante puso en la mano de un profesor una bala, “y le amenazó, mostrándole la foto de sus hijos”.
¿Qué ocurre con los maestros? Con ellos rige la ley del silencio, advierte el documento, con base en entrevistas.
La Unión Nacional de Educadores (UNE) documentó diez crímenes de maestros entre 2025 y 2026. Las denuncias que tienen relación con amenazas contra profesores subieron a mil.
Hay jóvenes confinados por miedo a ir a clase
Una madre de familia, en Guayaquil, compartió el miedo con los autores del estudio cualitativo. Tiene dos hijos estudiantes. No sabe cómo protegerlos.
En 30 de las 34 entrevistas a profundidad se describió que como medida de protección los chicos se quedan en la casa, aislados, “en una situación similar al confinamiento”, como describe el documento. “Un niño o niña encerrado en casa, que teme por su vida, claramente no tendrá las mismas oportunidades que otros, en el futuro”.
Según los investigadores, en el año lectivo 2023 – 2024 más de 50 mil matrículas se redujeron en la Costa, incluyendo los tres cantones que fueron analizados en el reporte.
Hay un subregistro de casos. Si bien los pobladores pueden solicitar traslados educativos con el argumento de situaciones de violencia vinculadas con grupos criminales, se abstienen. La razón es simple: deben presentar las denuncias ante las autoridades, pero no siempre confían en ellas. El estudio halló que solamente el cinco por ciento de los traslados invocó estas razones. Sin embargo, una autoridad educativa en El Oro relató que luego de que dos jóvenes fueran asesinados a la salida de un plantel, casi todo el curso pidió ser trasladado y reubicado.
