Ha pasado un año del asesinato de Fernando Villavicencio. Un crimen que no solo significó un hecho irreparable para la familia, sino que también develó un nuevo escenario de la narcopolítica y la violencia en el país. Por el momento, el autor mediato y sus cómplices han sido sentenciados, pero hay una serie de interrogantes aún sin respuesta. La más importante: ¿Quién ordenó el atentado?

Era 9 de agosto del 2023. Ecuador estaba a 11 días de las elecciones presidenciales adelantadas tras la muerte cruzada decretada por Guillermo Lasso. Entre los candidatos que más rápido crecían en las encuestas estaba Fernando Villavicencio, reconocido periodista de investigación y exasambleísta.

Prueba de ello, fue el evento organizado en el coliseo del excolegio Anderson, al norte de Quito, hasta donde llegaron miles de simpatizantes. La gente coreaba el nombre de Villavicencio y el de otros candidatos del movimiento Construye.

“Aquí nada es gratis. A nosotros esta democracia nos ha costado la vida, defender la patria nos ha costado la vida y no vamos a permitir una nueva traición”, dijo el exaspirante a la presidencia en su último discurso.

Lo que vino después fue convulsión total. El político salió por la puerta principal del recinto, escoltado por agentes policiales y en medio de un tumulto de gente. Sin embargo, al entrar a una camioneta, fue atacado por una ráfaga de detonaciones. La estocada final la dio Johan Castillo, quien le disparó en varias ocasiones desde una distancia de aproximadamente un metro.

El entonces candidato fue llevado a una clínica cercana, pero al poco tiempo, se confirmó su muerte. Sufrió un traumatismo craneoencefálico provocado por el paso de un proyectil de arma de fuego, según reveló la autopsia.

El crimen causó consternación nacional e internacional. Además, provocó un remezón en la campaña electoral. La seguridad de los candidatos recién se convirtió en una prioridad, pese a que antes del crimen contra Villavicencio, ya se habían perpetrado otros sicariatos contra políticos.

Christian Zurita reemplazó a su mejor amigo en los últimos días de la campaña. Pese a que ni él ni Andrea González (excandidata a la vicepresidencia) participaron en el debate, el movimiento político al que representaban, Construye, logró una gran cantidad de votos. En la Asamblea, junto a la organización Gente Buena, fueron la segunda bancada más numerosa, aunque luego se desunieron y algunos legisladores salieron de esas filas.

En torno al asesinato de Villavicencio hay tres eslabones que componen toda la organización detrás del crimen. En el primero están los gatilleros, de origen colombiano, quienes fueron descubiertos en el sector de Monjas, sur oriente de la capital. En aquella operación se detuvo a seis personas, pero en octubre del 2023 fueron asesinadas mientras cumplían orden de prisión preventiva.

En el segundo eslabón está el autor mediato, Carlos Angulo, alias ‘Invisible’, y cinco personas más que actuaron como sus cómplices: Laura Castillo (coautora), Erick Párraga, Víctor Flores, Alexandra Chimbo y José Montaño. Este último también fue asesinado en una cárcel.

Estas personas están vinculadas con el grupo narcoterrorista ‘Los Lobos’, según se conoció en la audiencia de juzgamiento, que culminó el pasado 12 de julio del 2024. Angulo y Castillo recibieron una sentencia de 34 años de cárcel, mientras que los otros obtuvieron 12 años de prisión.

El tercer eslabón sigue inconcluso y sobre él hay pocas pistas tras un año de investigaciones. Se trata de los autores intelectuales. El único indicio que ha salido a la luz es la declaración de José Patricio A. M., el testigo protegido de Fiscalía, quien contó que la “cabeza” del excandidato valía 200 mil dólares y señaló a colaboradores del correísmo en este nivel de autoría.

“Porque si llegaba a la Presidencia iban a cambiar los resultados de las drogas y que iban a cambiar los códigos de las penas”, contestó el sujeto en la audiencia de juzgamiento, al ser cuestionado sobre los motivos del crimen.

La Fiscalía maneja un expediente ultra reservado en el que se investiga a posibles autores intelectuales, pero los detalles están lejos de conocerse. Incluso, los familiares de Villavicencio denuncian que han sido impedidos de participar en el seguimiento de esa investigación. Lo único cierto es que los casos Metástasis y Purga han dado más pistas sobre los autores intelectuales.

Durante la audiencia de juzgamiento del autor mediato y sus cómplices, algunas instituciones públicas quedaron en evidencia, puesto que sus omisiones contribuyeron en la organización del crimen.

Por ejemplo, el esquema de protección policial al entonces candidato no estaba acorde a su perfil de riesgo, superior al 93 por ciento. Según la normativa interna, debía tener al menos nueve uniformados a cargo de su seguridad, pero solo tenía seis.

Según un reportaje publicado por revista Vistazo a inicios de julio, la entidad policial también destinó la mayor parte de recursos, que recibió de la autoridad electoral para fines de protección de candidatos, en gasto corriente.

Mientras que desde el ECU 911, el sistema de emergencias, se filtraron datos sobre la ubicación de Villavicencio. Así mismo, alias ‘Invisible’ orquestó toda la operación de los sicarios con llamadas y mensajes desde la cárcel de Cotopaxi, donde cumplía una sentencia, por lo tanto, ahí hubo omisión del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).

“Policía, Fiscalía, CNE, ECU 911 y el SNAI debían proteger a Fernando Villavicencio antes, durante y después, pero no lo hicieron. Ni siquiera se hizo una reconstrucción de los hechos”, comentó Amanda Villavicencio en entrevista con FM Mundo.

Para ella, “hubo un complot” por parte de varias instancias, por lo que es evidente que el crimen tiene un trasfondo político.

Aunque la comisión ocasional creada en la Asamblea para investigar el caso sorprendió al concluir que Villavicencio “fue víctima del asesinato, perpetrado por un grupo de antisociales”, dando a entender que el hecho fue parte de la delincuencia común. Ese informe iba a ser debatido el pasado martes, pero la sesión se suspendió. Por su parte, el movimiento Construye presentó otro documento de minoría insistiendo en que el crimen ocurrió por la incomodidad que el político generaba con sus investigaciones.

El testigo protegido de Fiscalía mencionó en su testimonio a alias ‘Chino Honda’, un reo de la cárcel de Cotopaxi y quien inicialmente habría estado encargado del crimen con el objetivo de salir y tener más poder. “Él se llevaba el privilegio de haberlo hecho. Hacen este trabajo y tienen derecho a medio Quito, manejo de cárceles”, apuntó José Patricio A. M.

Pero después “el combo del Chino Honda” no pudo concretar el trabajo y ahí entró el grupo de alias ‘Invisible’, quien terminó orquestando el asesinato desde la cárcel. No obstante, ‘Chino Honda’ aún no es procesado. Tampoco se sabe quién ofreció todos esos beneficios a los líderes criminales.

¿Cómo los reos obtuvieron internet para coordinar el crimen? Es otra de las interrogantes que saltan tras un año del hecho. Hay que tomar en cuenta que el ‘Invisible’ estaba en el pabellón de máxima seguridad y el internet solo estaba habilitado para el área de estudiantes, según se conoció en el juicio contra el autor mediato y sus compinches.

Por otro lado, Villavicencio, quien fue presidente de la Comisión de Fiscalización, había denunciado a cinco exasambleístas en abril del 2023 porque presuntamente habían planificado un atentado en su contra. Los acusados fueron “Pablo Muentes, del Partido Social Cristiano (PSC), y Ronny Aleaga, Roberto Cuero, Ronald González y Walter Gómez, relacionados con la Revolución Ciudadana”, reveló Christian Zurita días después del magnicidio. La Fiscalía tampoco ha dicho nada sobre el avance de esta denuncia.

Así mismo, los chats del caso Metástasis y Purga pusieron en evidencia que Villavicencio estaba en la mira del narco fallecido Leandro Norero, financista de la banda criminal ‘Los Lobos’. En esa trama también está involucrado el exlegislador correísta Ronny Aleaga, quien es buscado por la justicia ecuatoriana. Mientras que Muentes está procesado en el caso Purga. Los dos exlegisladores dicen que son perseguidos políticos.

Durante este tiempo también se ha conocido que informes policiales habían alertado que un grupo dedicado al tráfico de drogas en Quito planificaba un atentado contra el Villavicencio cuando aún era asambleísta. ¿Por qué no alertaron a sus mandos superiores o reforzaron la seguridad de la víctima?

Tampoco se conoce en qué consistió la colaboración del FBI. El departamento de Estado de Estados Unidos mantiene un plan de recompensas de cinco millones de dólares por información relevante en torno al caso, pero no se ha informado sobre los resultados.

Estos y más temas son los cabos sueltos que deja el caso. ¿Se llegará a la verdad? Amanda Villavicencio dijo en una reciente entrevista que sí porque ella y su hermana han decidido poner sus vidas al servicio de esta causa, “porque este país merece no repetición”.