Al estilo de gobiernos anteriores, la movilización organizada por el oficialismo estuvo nutrida por personas que vinieron de otras provincias, que recibieron su sánduche, banderita y las consignas que debían gritar. Entre ellos hubo servidores públicos, militantes de Acción Democrática Nacional (ADN) y otros ciudadanos en general.

El Municipio de Quito registró el ingreso de, al menos, 733 autobuses con manifestantes. Así, en el punto de partida, se concentraron miles para acompañar el ‘bautizo’ del Primer Mandatario en las calles, con su primera protesta «ciudadana».

Entre ellos estuvieron varios miembros del gabinete presidencial, lejos de sus despachos. Acudieron vestidos de negro, sea para combinar con los chalecos antibalas o distinguirse de la multitud, a la que pidieron ir de amarillo.

Miembros del gabinete ministerial en la marcha contra la Corte Constitucional, en Quito, el 12 de agosto de 2025.@zaidarovira
Sin embargo, pese a la cantidad de organización, publicidad, propaganda y logística que requirió la movilización, el Gobierno negó que se hayan utilizado recursos públicos. La vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo afirmó que se trataba de una iniciativa ciudadana y que el Ejecutivo no era responsable de la campaña desprestigio contra la Corte Constitucional que se hizo evidente con la colocación de pancartas con las fotos de los jueces.

Pero el movimiento ADN sí se adjudicó la ‘exitosa’ jornada, a la que el grupo sostiene que asistieron 50.000 personas de todo el país. Sin embargo, esa cifra no se reflejó del todo en el recorrido. Y el mensaje también resultó difuso.

Así como casi nadie pudo ver al Mandatario y líder de la manifestación, fueron también pocos los que pudieron escuchar su cortísimo mensaje, después de viajar entre cuatro y 12 horas para llegar a la capital y acompañarlo.

Frente al megáfono, el presidente Noboa se limitó a hablar en nombre del «pueblo» y de las «miles de personas que exigen justicia, que piden que se apoye a nuestras fuerzas del orden». También repitió que no va «a permitir que el cambio se quede estancado por nueve personas que ni siquiera dan la cara, que buscan esconder sus nombres y sus caras ante la sociedad».

Una clara alusión a los nueve magistrados de la Corte, que ha sido parte clave del discurso gubernamental de las últimas dos semanas y que coincidió con el despliegue de vallas gigantes exponiendo los nombres y rostros de los jueces en las calles.

Pero, como lo confirmó también la vocera presidencial, el presidente Noboa no tenía previsto nada más que marchar pacíficamente hacia la sede del máximo tribunal del país, no presentaría ningún escrito, ni las preguntas del anunciado referendo.

Y justamente los mensajes a lo largo de la marcha reflejaron el desconocimiento de los manifestantes: muchos no sabían el objetivo de la movilización, otros desconocían el trabajo de la Corte Constitucional y otros acusaban a los magistrados de liberar delincuentes, como si fuesen jueces ordinarios.

¿Cómo fue el desarrollo de la marcha?
La marcha convocada y organizada por el Ejecutivo intentó levantar el sentimiento patriótico de los manifestantes, especialmente de los servidores públicos. Desde el cruce de las avenidas Patria y 6 de Diciembre, estaban los encargados de regalar las banderas de Ecuador.

Mientras tanto, los parlantes, ubicados en esquinas clave y en camionetas que acompañaron la marcha, repitieron toda la mañana un extracto de la marcha militar que los uniformados acostumbran a entonar cuando ingresa el pabellón a una ceremonia: “Levantemos con fe la bandera, rutilante divisa de honor…”.

Y seguido de ese extracto, además, se escuchó repetidamente la parte final del discurso que el expresidente Jaime Roldós pronunció el 24 de mayo de 1981, horas antes de su muerte: “Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. Viva la Patria”. Incluso, los manifestantes gritaron a viva voz esa frase mientras marcharon.

La mayoría usó la camiseta de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, con el característico amarillo de la bandera nacional. Hubo personas que también llegaron con gorras y otras prendas moradas, color característico de Acción Democrática Nacional (ADN), pero, militares y policías, también con camisetas amarillas, se encargaron de pedir a las personas que se retiraran cualquier rastro de ese morado. No querían “una marcha partidista”.

Así, en la avenida 10 de Agosto y calle Bogotá, frente a la Caja del Seguro Social, las miles de personas se apostaron desde las 08:00 para marchar. Cerca de las 10:00 empezaron a llegar autoridades. Los primeros fueron los ministros Gian Carlo Loffredo y John Reimberg, de Defensa y el Interior, respectivamente.

También arribó Gabriela Sommerfeld, actual Canciller. Y pasadas las 11:00, vestida totalmente de negro, llegó la vicepresidenta María José Pinto. Entonces, militares y policías, ordenaron a la marea de gente y la acordaron con una primera fila llena de agentes. Lograron ubicar en una especie de corral a las autoridades, por temas de seguridad.

Finalmente, minutos antes de las 12.00, de un vehículo blindado descendieron el presidente Daniel Noboa y Michelle Sensi-Contugi, actual director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y uno de sus funcionarios más cercanos. Sobre la marcha saludaron con sus colegas de Gabinete y arrancaron de inmediato.

A la cabeza, Noboa, Pinto, Loffredo, Reimberg y Sensi-Contugi, la marcha avanzó rápidamente por las avenidas Patria y 6 de Diciembre, las calles Lizardo García y José Tamayo, hasta llegar a la Corte Constitucional. El recorrido no tomó más de 15 minutos, las autoridades prácticamente corrieron —custodiados por policías y militares— que también corrieron a su lado.

Y en los exteriores de la Corte no fue diferente, Noboa subió al balde de una camioneta negra y con un megáfono dio un discurso de poco más de dos minutos. Bajó de la camioneta, subió al blindado y se fue. Los manifestantes permanecieron en ese sector, al menos, una hora más.

Tan rápido fue todo que, 40 minutos después de que Noboa se fue de los exteriores de la Corte, recién llegaron Niels Olsen, presidente de la Asamblea; la legisladora Valentina Centeno, la ministra Alegría Crespo (Educación) y Édgar Lama von Buchwald (presidente del Directorio del IESS). Fuente: Primicias

La moción de censura y destitución contra Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), no fue aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional al alcanzar 75 votos afirmativos, lejos de los 101 requeridos para la mayoría calificada. El juicio político, impulsado por el asambleísta de Fernando Jaramillo (ADN), se desarrolló este martes 12 de agosto.

Durante su intervención, Jaramillo argumentó que la vocal Goyes habría incumplido funciones al ausentarse sin justificación de una sesión clave del Consejo de la Judicatura. En dicha reunión se debía aprobar el Reglamento para la creación de judicaturas y jueces especializados en materia constitucional, cuyo objetivo es frenar el uso indebido de garantías constitucionales, especialmente en casos relacionados con delincuencia organizada. Añadió que Goyes no asistió a cuatro convocatorias consecutivas para reinstalar la sesión, lo que —según señaló— retrasó una resolución de alto impacto para el sistema judicial, conforme al pronunciamiento popular en las urnas.

Según Jaramillo, la ausencia de Goyes permitió el uso y el abuso de acciones de protección de las que se beneficiaron personas ligadas con la justicia para obtener su libertad con fallos favorables de jueces.

Por su parte, la vocal Solanda Goyes defendió su gestión al frente del CJ, señalando que su ausencia en la sesión mencionada permitió incorporar observaciones técnicas desde su despacho al reglamento en discusión.

Subrayó que fue la primera en plantear la necesidad de evaluar a los jueces del país y destacó que, en el año que lleva en funciones, se ha impulsado el control disciplinario y la depuración institucional. “Hemos destituido más de 180 funcionarios, entre ellos un número significativo de jueces y juezas”, puntualizó.

Además, la vocal de la Judicatura se refirió a la crisis de infraestructura que atraviesa la justicia en Ecuador y cuestionó que, a 485 días de la Consulta Popular, todavía no se hayan implementado las unidades de Garantías Constitucionales Especializadas.

Durante el debate, la asambleísta Janeth Bustos (Revolución Ciudadana) expresó que «existen temas de mayor trascendencia que deberían ser objeto de control político», al señalar que la actuación de la vocal Goyes no ameritaba una sanción de esta naturaleza.

Con 75 votos afirmativos, no fue aprobada la moción para la censura. Posteriormente, la legisladora correísta Victoria Desintonio pidió la reconsideración de la votación y quedó en firme lo votado.

De esta manera, la Asamblea Nacional dio por concluido el juicio político contra la vocal Solanda Goyes. Fuente: Vistazo

El ministro de Salud, Jimmy Martin, informó que en julio se registraron 12 muertes de recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil, y no 18 como circuló en redes sociales. Señaló que las causas fueron diversas, en su mayoría asociadas a bajo peso al nacer, prematuridad o inmaturidad extrema, y precisó que solo dos casos estuvieron vinculados a la bacteria KPC.

Según el funcionario,  esta información es “alarmista y falsa” y los decesos respondieron a causas multifactoriales y no a un único origen. Explicó que los bebés presentaban complicaciones graves, como bajo peso al nacer, prematuridad o inmadurez extrema, condiciones que comprometen de forma significativa su estabilidad clínica desde los primeros días de vida.

En dos de los casos, señaló Martin, se detectó la presencia de la bacteria KPC. Ante esta situación, en julio se emitió una alerta epidemiológica y se activaron de inmediato los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación de la bacteria en la unidad hospitalaria.

El secretario de Estado también rechazó categóricamente las versiones que señalaban la reutilización de cánulas en la atención de los neonatos. Aclaró que los bebés con inmadurez extrema o muy bajo peso al nacer requieren dispositivos específicos de soporte ventilatorio, distintos a las cánulas señaladas en los rumores, y que estos equipos fueron provistos de forma adecuada por el hospital.

Respecto a los dos casos asociados con la bacteria, Martin aseguró que ya se han tomado decisiones firmes para enfrentar la situación y fortalecer las medidas de control.

“Estamos decididos a enfrentar la realidad de nuestro sistema de salud con firmeza y decisión. No vamos a permitir que intereses ajenos a la ciudadanía interfieran en el objetivo de tener un servicio digno y confiable”, enfatizó el ministro.