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Traslado de Juez a Loja deja vacante y sin recursos la partida en Zamora Chinchipe

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Anderson Silva, Director provincial del Consejo de la Judicatura de Zamora Chinchipe, en entrevista para diario El Amazónico manifestó con respecto al reciente traslado de un juez de esta provincia hacia Loja. Este traslado ha generado preocupaciones sobre la afectación de los recursos y servicios judiciales en Zamora Chinchipe.

Silva explicó que el juez en cuestión solicitó su traslado a Loja por razones personales y familiares, un derecho que le asiste. Sin embargo, este traslado se ha realizado con los recursos de la partida correspondiente de Zamora Chinchipe, lo cual plantea un problema significativo.

Silva subrayó la importancia de diferenciar entre derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la libertad de expresión y la dignidad humana, y otros derechos que, aunque legítimos, deben ser gestionados con un grado de razonabilidad. «No podemos titularizar derechos que les corresponde por ser fundamentales sin considerar el impacto en nuestra provincia», afirmó Silva.

También destacó que la salida de jueces conlleva la partida presupuestaria, lo que deja vacíos financieros y operativos en la provincia. «Si un juez se traslada y lleva consigo la partida presupuestaria, nos quedamos sin recursos para financiar el reemplazo», explicó.

Actualmente, Zamora Chinchipe enfrenta un déficit de jueces, operando con 18 en lugar de los 22 necesarios. Este déficit se ha acentuado por la partida del juez hacia Loja, agravando la carga de trabajo y retrasando la resolución de causas.

Para mitigar estos efectos, Silva informó sobre las medidas implementadas, incluyendo la redistribución de cargas procesales entre los jueces restantes y la exhortación a la colaboración para equilibrar las responsabilidades. «Hemos hecho un exhorto de buena fe a los jueces para que se equilibre la carga procesal y estamos monitoreando su cumplimiento», señaló Silva.

Además, el Consejo de la Judicatura está en proceso de revisar la productividad de los jueces y secretarios judiciales para implementar medidas correctivas que aseguren una administración de justicia eficiente y transparente.

Finalmente, Silva se refirió a la situación general de la justicia en el país, destacando los esfuerzos por eliminar la corrupción y mejorar la transparencia. Mencionó que 53 funcionarios judiciales han sido separados por actos de corrupción y que se está trabajando en la creación de un banco de elegibles para asegurar un flujo continuo de personal capacitado.

«Estamos avanzando a pesar de las dificultades, con pasos firmes en medio de la tormenta. La transparencia y la eficiencia en la justicia son nuestra prioridad», concluyó Silva.

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Soldados de la leva 2005 se licencian en Zamora con honor y compromiso patrio

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En el Batallón de Selva N.º 62 Zamora se desarrolló la ceremonia de licenciamiento de los conscriptos pertenecientes a la leva 2005, segunda llamada, quienes tras un año de formación y servicio cívico militar voluntario culminaron satisfactoriamente su preparación, obteniendo la designación de soldados de reserva.

El acto solemne estuvo presidido por el teniente de Estado Mayor, Héctor Chimborazo Martínez, comandante del Batallón de Selva N.º 62 Zamora, acompañado de autoridades civiles, policiales y eclesiásticas, así como familiares de los jóvenes licenciados.

En su intervención, el comandante Chimborazo destacó que “la verdadera victoria no se mide en los aplausos recibidos, sino en la capacidad de resistir y perseverar frente a la adversidad”. Asimismo, expresó su reconocimiento a los conscriptos por haber asumido con valentía y disciplina la decisión de servir a la patria, fortaleciendo su carácter bajo los valores de honor, lealtad, sacrificio y amor a la nación.

El oficial subrayó que los soldados licenciados constituyen ahora parte fundamental de la reserva militar y moral del país, listos para responder con compromiso y responsabilidad en caso de que la patria los requiera.

Por su parte, en representación de los conscriptos, el soldado Wilman Tillaguango dirigió un emotivo mensaje de agradecimiento al Ejército Ecuatoriano, a los instructores y, de manera especial, a las familias que brindaron apoyo incondicional durante el proceso de formación. El joven resaltó que el servicio militar fue una verdadera “escuela de vida”, que inculcó valores ciudadanos y forjó un sentido de disciplina y responsabilidad al servicio de la sociedad.

La ceremonia incluyó el juramento a la bandera, reafirmando el compromiso de los soldados con la defensa de la soberanía y el respeto a los símbolos patrios. El evento concluyó con el reconocimiento de las autoridades a la entrega y esfuerzo de los jóvenes, quienes a partir de ahora se reincorporan a la vida civil con la misión de ser ciudadanos ejemplares y guardianes del honor nacional.

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GADP Timbara pide delegación de competencias para la construcción de puentes peatonales y solicita actualización del convenio para el Puente El Maní

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El presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Parroquial de Timbara, Jhonatan Chiriboga, realizó un llamado público a la prefecta de Zamora Chinchipe, Karla Reátegui, solicitando atención prioritaria a las necesidades de conectividad vial y peatonal en la parroquia.

Durante su intervención, Chiriboga informó que el GAD Parroquial ya cuenta con los recursos financieros para la construcción del Puente El Maní, por un monto de USD 663.390, depositados en la cuenta institucional desde el pasado 7 de agosto de 2025. Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase precontractual y podría iniciar en un plazo aproximado de 20 a 30 días, siempre y cuando se actualice o se realice una adenda al convenio N.° 039-2023 suscrito previamente con el Gobierno Provincial.

Sin embargo, el presidente advirtió que el convenio con la Prefectura feneció, lo que limita el inicio de los trabajos. Por ello, insistió en la necesidad de que la Prefectura atienda con celeridad los oficios enviados, entre ellos, el último, registrado el 19 de agosto de 2025, sin que hasta la fecha exista respuesta oficial.

Además, Chiriboga expuso la situación crítica que enfrentan comunidades como La Pituca Alta, San Vicente, Sevilla de Oro y el Valle del Jambué, donde los niños y adultos mayores, se ven obligados a cruzar quebradas en condiciones de alto riesgo por la falta de puentes peatonales. El GAD Parroquial ha gestionado tubería de la petrolera destinada a estas obras, lo que permitiría iniciar de inmediato la construcción, siempre y cuando la Prefectura delegue la competencia para infraestructura peatonal, aclarando que no solicita transferencia de recursos económicos, sino únicamente la competencia administrativa.

“Señora prefecta, no pedimos recursos adicionales, solo la delegación de competencias. Ya contamos con tubería, estudios técnicos y financiamiento. Lo que buscamos es mejorar las condiciones de vida y, sobre todo, evitar tragedias humanas en nuestras comunidades”, expresó el presidente parroquial.

En su pronunciamiento, Chiriboga lamentó que la falta de respuestas oportunas afecte la ejecución de proyectos prioritarios y exhortó a la autoridad provincial a dejar de lado los intereses políticos para atender de manera inmediata las demandas ciudadanas.

Finalmente, reiteró que las obras de infraestructura solicitadas no responden a intereses personales ni electorales, sino a una necesidad urgente de conectividad segura para los moradores de Timbara y sus sectores aledaños.

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Colectivo por el Hospital de Zamora exige respuestas y convoca a movilización ciudadana

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Smilcar Rodríguez, representante del Colectivo por el Hospital de Zamora, emitió una valoración pública sobre los resultados de la Asamblea Provincial realizada el pasado 3 de agosto en la parroquia de Panguintza, en la cual la ciudadanía planteó resoluciones y demandas urgentes dirigidas al Gobierno Nacional y a las autoridades locales.

Rodríguez recordó que históricamente las grandes obras del país se han concretado a través de la organización social, la minga y la exigencia ciudadana, e hizo un llamado a retomar ese espíritu de unidad y gestión colectiva. En su intervención cuestionó la pasividad actual de la población, que, según afirmó, ha influido en la falta de respuesta por parte de las autoridades.

En este contexto, el dirigente señaló que las resoluciones de la Asamblea Provincial fueron entregadas a la Gobernación el 9 de agosto y posteriormente, el 18 del mismo mes, se hizo llegar de manera oficial al Gobierno Nacional. Sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido respuesta ni convocatoria para establecer la mesa de trabajo solicitada, lo cual, según indicó, demuestra falta de compromiso frente a problemáticas estructurales como:
• La crisis del Hospital General de Zamora, con carencia de medicinas, despido de personal médico y ausencia de ambulancias.
• La exigencia de una universidad para la provincia.
• La mejora de la vialidad en tramos estratégicos como Zamora–Loja, el paso lateral y el cuarto eje vial.
• La atención integral a comunidades afectadas por el invierno y la actividad minera.
• La regularización minera en sectores históricos como Nambija y Chinapintza.

Asimismo, advirtió sobre la intención de mantener la dependencia administrativa de la Zonal 7 en Loja, lo que , en sus palabras “seguiría relegando a Zamora Chinchipe a ser patio trasero en materia de gestión sanitaria”. Frente a esta situación, Rodríguez anunció que el Colectivo, junto a diversas organizaciones sociales y gremiales, ha convocado a una marcha provincial el próximo jueves 11 de septiembre en Zamora, como medida de exigencia y defensa de los derechos ciudadanos. Esta movilización se enmarca también en la jornada nacional que impulsa el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y otras agrupaciones.

“El pueblo merece respeto, atención y obras que dignifiquen la vida de nuestros ciudadanos. No pedimos privilegios, exigimos que se cumpla lo ofrecido por el Presidente y sus ministros. La salud, la educación, la vialidad y la seguridad deben ser prioridad nacional”, enfatizó Rodríguez.
Finalmente, expresó su reconocimiento a los medios de comunicación locales por abrir espacios de diálogo que permiten visibilizar las demandas colectivas, recordando que la Constitución y la Ley de Participación Ciudadana respaldan el derecho del pueblo a organizarse y reclamar de manera pacífica por el cumplimiento de sus derechos.

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