• 1. Ministerio de Agricultura y Ganadería, o quien haga sus veces, quien lo presidirá;
• 2. Ministerio del Trabajo, o quien haga sus veces;
• 3. Ministerio de Educación, o quien haga sus veces;
• 4. Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, o quien haga sus veces;
• 5. Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, o quien haga sus veces;
• 6. Ministerio de Inclusión Económica y Social, o quien haga sus veces;
• 7. Instituto de Economía Popular y Solidaria;
• 8. BANECUADOR B.P; y,
• 9. Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro – Agrocalidad.

El Dr. Freddy Aguilera, abogado y reconocido defensor de derechos colectivos, emitió un pronunciamiento desde la ciudad de Loja alertando sobre los potenciales efectos adversos de la fusión del Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Energía y Minas, dispuesta mediante el Decreto Ejecutivo No. 60 por parte del presidente de la República.

“No se puede ser juez y parte”: Riesgo de conflicto institucional
Aguilera cuestionó la compatibilidad jurídica y técnica de unificar funciones de promoción de actividades extractivas con las de control y fiscalización ambiental dentro de una misma cartera de Estado. Afirmó que esta medida vulnera el principio constitucional de separación de funciones y puede comprometer la imparcialidad en la evaluación ambiental.

“Un mismo ministerio no puede autorizar y fiscalizar simultáneamente las actividades extractivas. Es un contrasentido técnico y jurídico que puede derivar en arbitrariedades y afectaciones graves a los derechos constitucionales”, sostuvo.

Vulneración a la consulta ambiental y derechos de la naturaleza
El jurista señaló con preocupación que esta reestructuración administrativa podría profundizar el debilitamiento de procesos de consulta ambiental, como ya ha ocurrido en recientes concesiones mineras en Palanda, Quinara y El Ingenio (Loja y Zamora Chinchipe), donde se habría omitido este proceso obligatorio.

Recordó que el artículo 398 de la Constitución exige la realización de consultas ambientales previas a la entrega de licencias, con participación libre e informada de las comunidades afectadas. “Decir que la minería es de bajo impacto para justificar la omisión de consulta ambiental es una falacia. El derecho a la consulta no es negociable”, manifestó.

Impactos en la soberanía alimentaria y economía campesina
Aguilera denunció que se están otorgando concesiones mineras en territorios de vocación agrícola y de producción sostenible, afectando directamente a pequeños agricultores que no pueden legalizar sus tierras ni acceder a créditos o inversión debido a la superposición de títulos mineros. “El Ecuador no puede sentarse sobre su riqueza mineral y morirse de hambre. La soberanía alimentaria y el desarrollo sostenible deben ser prioridades constitucionales”, expresó.

Tráfico de concesiones y minería ilegal: una cadena de impunidad
El abogado alertó sobre una práctica sistemática en la que empresas con escaso capital social obtienen concesiones extensas sin capacidad técnica ni financiera, facilitando su transferencia informal y fomentando la minería ilegal y el involucramiento de estructuras delictivas organizadas.

“Estas empresas promueven la ocupación ilegal de las concesiones por parte de terceros, y cuando ya se ha generado una producción significativa, solicitan al Estado el desalojo. Con ello se expone a las fuerzas del orden, y el Estado termina actuando como cómplice indirecto del tráfico de concesiones”, explicó.

Crítica a la concentración de poder y debilitamiento institucional
Aguilera también expresó su inquietud por la falta de independencia técnica en el otorgamiento de licencias ambientales, al concentrar en una sola institución las funciones de ejecución de proyectos y su control. Rechazó cualquier intento de debilitar a la Corte Constitucional o someterla a presiones políticas.

“Debilitar la independencia de la Corte Constitucional sería gravísimo. Ha sido este organismo el que ha garantizado el respeto a la consulta previa y al derecho de la naturaleza. Sujetarla a juicio político es una amenaza directa al Estado de derecho”, advirtió.

Finalmente, el Dr. Aguilera instó a los ciudadanos y organizaciones sociales a mantenerse vigilantes frente a las reformas estructurales que afectan el orden democrático, los derechos colectivos y el medio ambiente, señalando que no se puede justificar una modernización del Estado al margen de los principios constitucionales.