Por Alcibar Lupercio.

Esto es claro, queridos compatriotas de Zamora Chinchipe: el verdadero problema de nuestra provincia no es el invierno, ni las lluvias, ni la fuerza de la naturaleza. El verdadero problema es el silencio cómplice, la inacción prolongada y la ausencia de liderazgo frente a una realidad que clama por justicia, por respuestas claras y por decisiones firmes. ¿Por qué las autoridades callan cuando más deben hablar? ¿A qué le temen?

La situación actual es insostenible. No se puede tapar el sol con un dedo, y mucho menos ocultar el colapso de la vialidad, la destrucción de puentes, la afectación a la producción, la pérdida de viviendas y la zozobra de familias enteras que ven su vida amenazada día tras día. La gente no vive de excusas, ni de promesas recicladas. La gente necesita soluciones, y las necesita ahora.

Es inaceptable que hasta el momento la prefecta no haya dado una explicación firme sobre el estado de VIALZACHIN, una empresa pública que debería proteger la infraestructura vial de la provincia. Su tardía reacción no solo genera dudas, sino que también mina la confianza ciudadana. Exigimos, como ciudadanos conscientes, que el COE provincial informe con claridad cuántos puentes están en riesgo y, sobre todo, por qué están en esa condición.

Y más allá de los informes, es urgente hablar de la minería informal e ilegal. El pueblo lo sabe, lo dice, lo grita: hay una relación directa entre la minería descontrolada y la destrucción de nuestras obras públicas. Ya no se puede seguir ignorando esta verdad. ¿Qué acciones tomará la autoridad provincial al respecto? ¿Se denunciará a quienes operan en zonas vulnerables? ¿O se seguirá permitiendo que intereses oscuros destruyan lo que con esfuerzo construyen los pueblos?

Zamoranos chinchipenses, es hora de exigir. Exigir que se prohíba la minería en zonas de alto riesgo, exigir que las autoridades no solo recorran con cámaras sino que actúen con responsabilidad. Basta de respuestas tibias como “hablen con los mineros y lleguen a un acuerdo”, como si el Estado no tuviera obligaciones ni deberes. Si la señora gobernadora no puede hacer respetar la ley ni representar con dignidad al Ejecutivo, entonces debería considerar dar un paso al costado.

A los asambleístas que ya van de salida y a quienes recién asumen: el pueblo está cansado de su silencio y de su ambigüedad. No basta con fiscalizar en el papel. Es hora de actuar, de hablar con firmeza y de presentar propuestas concretas. ¿O seguirán repitiendo la excusa de que su trabajo es legislar, mientras la provincia se desangra?

A los alcaldes y concejales: ustedes también son responsables. Su silencio los convierte en cómplices. La vialidad, la producción y el bienestar de la gente no pueden ser sacrificados por obras de cemento que solo benefician a unos pocos. Hay que devolverle el rostro humano a la política local. Celebro la voz valiente de la alcaldesa de Yantzaza, aunque incomode a quienes se benefician del oro y de otras economías ilícitas acompañadas de alcohol, prostitución y depredación ambiental.

La salida no está solo en decir “esperemos que pase la lluvia”. La salida está en construir un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible. Invertir en turismo responsable y ecológico no es una utopía: es una necesidad y una esperanza. Un modelo que valore nuestra biodiversidad, que genere empleo digno, que respete a la gente y que nos permita mirar al futuro con dignidad.

Finalmente, señor Presidente de la República: el pueblo está hablando, está pidiendo auxilio. Y yo, como ciudadano y comunicador, alzo la voz en su nombre, aun cuando hacerlo me cueste. Que quede claro: si algo me sucede, si algo le ocurre a quien denuncia con respeto pero con firmeza, que el país sepa que fue por defender a los olvidados, a los marginados, a los verdaderos dueños de esta tierra que hoy claman por justicia.

Zamora Chinchipe no necesita más silencio. Necesita respuestas, necesita valentía y necesita, sobre todo, una nueva forma de gobernar.

Zamora Chinchipe, Ecuador. — Desde las primeras horas del domingo 11 de mayo de 2025, intensas lluvias volvieron a azotar la provincia de Zamora Chinchipe, provocando nuevas inundaciones que afectaron gravemente a los sectores de Chamico, Zumbi, Namírez, La Saquea y otros sectores. Lo que en apariencia podría entenderse como un desastre natural recurrente, se revela en profundidad como una tragedia provocada y sostenida por una combinación peligrosa: el extractivismo irresponsable, la permisividad institucional y el abandono estructural del Estado hacia la Amazonía sur.

En Chamico, las aguas del río Zamora se elevaron hasta alcanzar la mitad de las viviendas, afectando a camas, cocinas, alimentos y pertenencias de numerosas familias. Entre los damnificados hay adultos mayores que, en medio de la desesperación, apenas lograron ponerse a salvo. Una vez más, como ha ocurrido en varias ocasiones anteriores, el agua entró sin pedir permiso, y el esfuerzo de años se desvaneció en minutos. El corazón del problema: la actividad minera ilegal e informal río abajo del sector, a pocos metros del barrio, ha generado un verdadero cuello de botella en el cauce.

Los mineros —impulsados por la codicia del oro— excavan, remueven y depositan gigantescas montañas de arena y piedra sobre el lecho del río, alterando violentamente su curso natural. Esta estrechez artificial ocasiona embalses que terminan por desbordarse, rebotando hacia zonas habitadas. A pesar de que esto ocurre a vista y paciencia de todos, las autoridades competentes no exigen la ampliación del cauce ni implementan controles técnicos rigurosos. La denuncia de los habitantes es clara: “las autoridades solo vienen para la foto, prometen soluciones, pero nunca regresan”.

En La Saquea, la situación no es menos alarmante. La planta de la empresa pública VIALZACHIN amaneció completamente anegada. Las máquinas sumergidas en el agua, el personal sin saber que hacer y la planta de asfalto inactiva. Sin embargo, tanto la prefecta provincial como el gerente de la empresa guardan un silencio absoluto. No hay pronunciamientos, evaluaciones ni estrategias públicas visibles. El mutismo institucional se convierte en una forma más de violencia, una que invisibiliza la tragedia de la población mientras normaliza la incompetencia.

Zumbi, por su parte, suma ya su cuarta inundación reciente. En una visita anterior, la gobernadora provincial se comprometió a ampliar y limpiar el cauce del río, pero los trabajos fueron claramente insuficientes. Esta vez, las aguas no solo afectaron a decenas de viviendas, sino que afectó a un establecimiento educativo, dejando daños estructurales y comprometiendo la educación de niños y docentes. La desesperanza se instala entre los habitantes que, sin saber a quién acudir, rescatan lo que pueden y observan cómo el resto se convierte en recuerdo.

En el barrio Namírez, otro símbolo de decisiones mal ejecutadas: un muro de contención que fue construido para impedir la entrada del río, terminó por agravar la situación. El agua ingresó con más fuerza y, al no tener por dónde escapar, quedó estancada, afectando los cimientos y dejando un nuevo problema. “Son construcciones sin mirar las consecuencias futuras”, dicen los moradores, que ya no creen en promesas sino en acciones que nunca llegan.

La ciudadanía no solo denuncia la ausencia de soluciones reales, sino también la doble moral institucional frente a la minería: se sanciona a un grupo de mineros, pero se permite que otros, con maquinaria de gran escala, sigan operando sin controles. La población está cansada. Lo dicen con rabia contenida: “Mientras unos se enriquecen con oro, nosotros lo perdemos todo. En Zumbi y Zamora, las autoridades locales brillan por su ausencia”.

El trasfondo de esta crisis es estructural y político. El extractivismo mal regulado, sumado a la indiferencia de los gobiernos locales y provinciales, ha empujado a comunidades enteras a una situación de vulnerabilidad permanente. Zamora Chinchipe, una provincia rica en agua, minerales y vida, es tratada como un botín, no como un territorio con derechos. La historia de estas inundaciones no es natural: es una consecuencia directa de la negligencia y del lucro por encima de la vida.

Hoy, los pueblos amazónicos piden respuestas. Piden planificación, regulación ambiental, infraestructura pensada con criterio técnico y humano. Y sobre todo, exigen dignidad. Como lo hizo Yantzaza en su momento, no descartan un levantamiento cívico, una voz unida que rompa el silencio y la indiferencia de las autoridades. Porque la Amazonía no resiste más promesas. Exige justicia.

Desde la parroquia Guadalupe, jurisdicción del cantón Zamora, padres de familia y docentes, comité de estudiante de la Unidad Educativa Daniel Martínez han manifestado su profundo malestar ante la falta de intervención por parte de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zamora (Emapaz EP), luego de que esta entidad ejecutara una intervención en la vía principal que conduce a dicha institución educativa.

Según el testimonio recopilado durante una minga comunitaria organizada por el Distrito de Educación con el objetivo de realizar una limpieza integral en la unidad educativa, se evidenció una problemática que ha persistido durante más de cuatro meses: la interrupción y retiro del adoquinado al frente de la institución por parte de la empresa Emapaz EP, sin que hasta la fecha se hayan realizado las obras de reposición correspondientes.

Los representantes de la comunidad educativa expresaron su preocupación por el estado actual del acceso principal, el cual se encuentra inhabilitado para el tránsito seguro de estudiantes y personal docente. «No hay veredas, no hay por dónde caminar; la situación es crítica», expresaron, señalando que el área intervenida se ha convertido en un foco de insalubridad debido a la acumulación de agua estancada, lo cual propicia la proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue y la tosferina, afectando principalmente a los niños y niñas que asisten a esta institución.

La comunidad manifiesta haber sido paciente durante varios meses, esperando la reanudación de los trabajos de reparación. Sin embargo, ante la inacción prolongada, hacen un llamado urgente a la empresa Emapaz EP para que atienda de manera inmediata esta situación. “Así como desbarataron, deben también dejar reparado el acceso”, señalan, enfatizando que la responsabilidad de garantizar entornos seguros y saludables para los estudiantes es un deber que no puede postergarse.

La Unidad Educativa Daniel Martínez y su comunidad solicitan una respuesta técnica, eficiente y coordinada por parte de Emapaz EP, que permita restablecer la normalidad en el ingreso a la institución. Además, exhortan a las autoridades cantonales competentes a realizar el seguimiento necesario para que este tipo de obras no queden inconclusas, afectando a la niñez y al normal desarrollo de las actividades escolares.

REDACCIÓN DE DIARIO EL AMAZÓNICO
Contacto: juliocesarluperciosarango@gmail.com
Responsable: César Lupercio – Periodista