Nacionales
“Tertulia Jurídica”: Jóvenes abogados fortalecen la cultura legal en Zamora Chinchipe
El diálogo académico y la formación ciudadana encuentran un espacio en “Tertulia Jurídica”, programa desarrollado por los abogados Franco Tamay Vega y Jamil Ávila, transmitido cada miércoles a través de Diario El Amazónico y medios radiales asociados. La iniciativa busca acercar el conocimiento jurídico a la sociedad mediante un lenguaje claro y accesible, con la participación de destacados juristas nacionales y autoridades del sistema de justicia.
Trayectoria y visión de los protagonistas
Franco Tamay, joven abogado de 24 años, oriundo de Loja y con raíces de Zamora Chinchipe, ecuatoriano, se desempeña en el libre ejercicio de la profesión. Actualmente cursa su tercera maestría en Quito, orientada al derecho penal y los derechos humanos, con el objetivo de contribuir a la formación de profesionales probos en Zamora Chinchipe. Su trayectoria académica refleja el compromiso de una nueva generación de juristas que aspira a ejercer la profesión con ética y responsabilidad social.
Por su parte, Jamil Ávila, originario de la parroquia La Paz del cantón Yacuambi, también egresado de la Universidad Nacional de Loja, comparte esa visión de un ejercicio profesional sustentado en valores y principios. Con 30 años de edad, Ávila combina su labor jurídica con el propósito de generar espacios de orientación ciudadana, convencido de que el derecho debe estar al servicio de la sociedad.
Un espacio de formación ciudadana
“Tertulia Jurídica” no se limita a los profesionales del derecho, sino que está dirigido a la comunidad en general. El programa cuenta con una agenda confirmada hasta diciembre, en la que participarán juristas de renombre, ex jueces de la Corte Nacional de Justicia, miembros de la Corte Constitucional y especialistas en diversas ramas jurídicas. El objetivo es explicar la interpretación y aplicación de las leyes en la vida cotidiana, fomentando la confianza ciudadana en la justicia.
Además, los abogados coinciden con uno de los objetivos que tiene este medio de comunicación y subrayan que la iniciativa no tiene fines de lucro, sino un carácter social y educativo. La propuesta responde a la necesidad de transparentar la práctica del derecho, combatir la desconfianza hacia la profesión y orientar a la ciudadanía sobre sus derechos, procesos legales y servicios gratuitos como los que presta la Defensoría Pública.
Ética y responsabilidad en la práctica profesional
Durante sus intervenciones, tanto Tamay como Ávila coincidieron en que ejercer la abogacía en el contexto actual es un reto complejo debido a la desconfianza generada por casos de corrupción en la administración de justicia. Frente a ello, ambos recalcan la importancia de preservar los valores, la probidad y la preparación constante, para consolidar un ejercicio profesional digno y confiable.
Invitación a la ciudadanía
El programa “Tertulia Jurídica” se transmite cada miércoles de 19h00 a 20h00 a través de Diario El Amazónico y por radios locales en distintas frecuencias. S invitan a la ciudadanía a participar activamente, acceder a información clara y comprender de manera sencilla los alcances del derecho en la vida cotidiana.
Nacionales
Presuntos abusos sexuales en espacios religiosos: Fiscalía confirma 11 casos, entre ellos el del sacerdote de Olón
En la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional se abrió una investigación sobre presuntos casos de violencia sexual en espacios religiosos contra menores de edad. La Fiscalía confirmó este miércoles la existencia de, al menos, once denuncias de abuso sexual clerical.
Representantes de la Defensoría del Pueblo y la Coalición de Lucha contra la Violencia Sexual en Espacios de Fe también participaron en la mesa legislativa presidida por Viviana Veloz, con el objetivo de informar sobre la denuncia contra un sacerdote de la Iglesia católica en Olón, provincia de Santa Elena, que se hizo pública el pasado 15 de agosto.
11 casos de abuso sexual
Alejandro Baño, director de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Fiscalía General del Estado, informó que, a través del monitoreo de medios y redes sociales, esta institución inició de oficio una investigación previa el 17 de agosto de 2025, a las 14h29. Posteriormente, se presentó la denuncia por parte de la Tenencia Política de Manglaralto y un parte policial en relación con los hechos.
A raíz del inicio de la investigación, indicó que se han dispuesto varias diligencias, entre ellas la valoración psicológica de los adolescentes.
Asimismo, señaló que, hasta la fecha, existen 11 casos en seguimiento de violencia sexual en el ámbito clerical en el país: 1 en etapa procesal y 10 en investigación previa.
Por su parte, Rodrigo Varela, delegado de la Defensoría del Pueblo, informó que se solicitó a la Conferencia Episcopal información sobre los protocolos existentes, aunque aclaró que no cuentan con datos sobre casos de violencia. Explicó, además, que el 19 de agosto de 2025 se emitió la providencia de admisibilidad para iniciar la vigilancia del debido proceso, en el marco de las competencias de la institución dentro de la investigación defensorial.
Por último, en comisión general, Sara Oviedo, representante de la Coalición de Lucha contra la Violencia Sexual en Espacios de Fe, denunció la falta de entrega de información por parte de la Iglesia católica, a la que atribuyó mantener un “código de silencio”, con la orden de no denunciar, lo que constituye una forma extrema de encubrimiento.
En torno a lo ocurrido en Olón, la Diócesis de Santa Elena anunció la separación del sacerdote de su cargo mientras duren las investigaciones.
El caso se hizo público por redes sociales, donde se viralizó un video en el que aparecen varios ciudadanos increpando al sacerdote e incluso refiriéndose a él como «pedófilo» por, presuntamente, estar en ropa interior con los menores. Fuente: Vistazo
Nacionales
Así funciona la compra de medicamentos para la red de salud pública que mantiene el mismo esquema desde 2022
La decisión del Gobierno de modificar el mecanismo de compra de medicamentos, en medio de la crisis que atraviesa el sistema de salud pública, cambiaría radicalmente la forma en la que estos se están adquiriendo. Desde 2022 y hasta la fecha, las medicinas más usadas son manejadas en el sistema de compra corporativa, que se lanzó en el gobierno de Guillermo Lasso.
En ese entonces, el Servicio de Contratación Pública (Sercop) inició decenas de procesos de compra masivas de medicamentos para abastecer al Ministerio de Salud, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) y al de la Policía Nacional (Isspol). Los procesos se desarrollaron con base en una actualización del cuadro básico de medicamentos, que pasó de tener 100 a más de 400 medicinas.
Esos mismos procesos de compra corporativa lanzados y adjudicados entre 2022 y 2023, antes de la posesión de Daniel Noboa, son los que se venían ejecutando hasta, al menos, julio de 2025, según información del mismo Sercop.
La idea de estos procesos era tener una manera más rápida de proveer las medicinas a los hospitales públicos, pero también de generar un ahorro al hacer compras grandes. Esto también evitaba las diferencias de precios entre medicamentos comprados por una y otra institución, al centralizarlos en el Sercop.
Ahora, con el Decreto Ejecutivo No. 108, el Ministerio de Salud asumirá la tarea de comprar los medicamentos que necesitan sus más de 100 hospitales y centros de salud. De hecho, este 21 de agosto el nuevo Comité Nacional de Salud, creado por Noboa, tendrá su primera reunión para, entre otras cosas, analizar la compra de medicamentos.
Cómo funciona la compra corporativa
En marzo de 2022, el Sercop comenzó a publicar decenas de procesos de adquisición masiva de medicamentos bajo el método de compra corporativa. Se lanzó un proceso por cada medicamento del cuadro básico, en su presentación, concentración y forma comercial específica; por ejemplo: Losartán sólido oral, 100 mg, caja por blíster.
Para cada medicamento se creó una ficha técnica, que establecía la cantidad de unidades proyectadas para toda la red pública de salud. Después, se realizaron los procesos de puja, en los que una empresa era seleccionada y se firmaban convenios. Más de 400 convenios se firmaron entre 2022 y 2023.
Una vez firmado el convenio, cada uno de los cerca de 3.000 establecimientos de salud de la red pública podía requerir a la empresa el número de unidades que necesitara a través de órdenes de compra, ingresadas también en el Sercop. En la normativa de la compra corporativa se estableció que cada establecimiento de salud (hospitales, dispensarios y otros) debía hacer dos órdenes anuales con entregas parciales mensuales, para evitar el desabastecimiento.
Lo que se ha comprado
Según información del Sercop, entre marzo de 2022 y el 10 de junio de 2025, se registraron 64.756 órdenes de compra, la mayoría correspondientes a instituciones del IESS y el Ministerio de Salud. Estas órdenes suman 2.914 millones de unidades de medicamentos, y USD 296 millones.
Las compras corporativas de medicamentos para la red pública
| IESS | 33 815 | 1 509 840 678 | 152 238 179 |
|---|---|---|---|
| MSP | 26 717 | 1 346 004 698 | 135 620 237 |
| Policía Nacional | 847 | 32 582 245 | 4 169 933 |
| Fuerzas Armadas | 3 377 | 25 897 883 | 4 511 386 |
| TOTAL | 64 756 | 2 914 325 504 | 296 539 735 |
Hasta julio de 2025, 338 convenios de compra corporativa seguían vigentes, es decir que los establecimientos y hospitales podían seguir emitiendo órdenes de compra. Sin embargo, el Sercop no tiene información actualizada sobre los últimos dos meses en su tablero de la compra corporativa. Fuente: Primicias
El Gobierno amplió este miércoles el estado de excepción a tres cantones de la región Sierra. Mediante el Decreto Ejecutivo N.º 109, el presidente Daniel Noboa dispuso que la medida rija también en La Maná (Cotopaxi) y en Las Naves y Echeandía (Bolívar), tras registrarse un repunte de actos violentos.
El documento oficial señala que estas localidades han sido convertidas en “zonas estratégicas” por grupos delincuenciales con la intención de socavar la estabilidad del país. Con la resolución, se establecen restricciones a la inviolabilidad de domicilio y a la correspondencia, además de autorizar la continuidad de operaciones conjuntas entre militares y policiales en la región.
Las disposiciones habilitan a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a realizar controles, allanamientos y registros en busca de personas vinculadas a organizaciones delictivas, así como a decomisar armas, equipos o materiales utilizados en actividades ilícitas. También se permite la revisión y recopilación de comunicaciones físicas o electrónicas que puedan servir de apoyo a estas redes.
El estado de excepción se mantiene, además, en las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí, bajo la causal de “grave conmoción interna” y tendrá una vigencia de 60 días.
Espiral de violencia
En los primeros cinco meses de 2025, Ecuador registró 4.051 homicidios, según cifras oficiales, en una espiral de violencia que el Gobierno atribuye a la delincuencia organizada.
Los datos trimestrales de este año, que promedian un asesinato por hora, superan en 39% los 1.698 registrados entre enero y marzo de 2023, año en el que el país se ubicó como el más violento de Latinoamérica.
Ecuador vive desde 2024 bajo un «conflicto armado interno» declarado por Noboa a fin de combatir a una veintena de bandas criminales, que pasaron a ser catalogadas como ‘terroristas’. Fuente: Vistazo
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