En el marco del programa semanal Tertulia Jurídica, realizado el pasado miércoles 27 de agosto, se abordó un tema de gran trascendencia social: el procedimiento penal en los delitos sexuales. La sesión contó con la participación del doctor Damián Guanotuña, abogado por la Universidad Central del Ecuador, quien compartió un análisis jurídico y social sobre la materia.

El invitado subrayó la importancia de distinguir entre los delitos contra la libertad sexual y los delitos contra la integridad sexual. La primera categoría atenta contra la autonomía de las personas para decidir libremente sobre su sexualidad, mientras que la segunda afecta directamente su protección física y psicológica. En este contexto, el consentimiento se erige como elemento clave para diferenciar las figuras delictivas.

Al referirse a los tipos penales, Guanotuña explicó que, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), se incluyen conductas como el abuso sexual, la violación y el estupro, las cuales se configuran con frecuencia en la sociedad ecuatoriana. Además, precisó que tanto el abuso como la violación son delitos de acción penal pública, por lo que su investigación está a cargo de la Fiscalía General del Estado, iniciando en la fase de investigación previa.

Respecto a la violación, el jurista destacó el enfoque adoptado por la Convención de Estambul y la CEDAW, donde se establece que “sólo el sí es sí”, enfatizando que el consentimiento debe ser expreso y manifiesto, descartando la interpretación de un silencio pasivo como aceptación.

En cuanto al acoso sexual, se recordó que el artículo 166 del COIP lo tipifica cuando una persona solicita actos de carácter sexual prevaliéndose de una posición de autoridad laboral, docente, religiosa u otra que implique subordinación de la víctima. Este tipo penal, señaló el experto, requiere un sujeto activo calificado, lo que lo diferencia de otros delitos sexuales.

Finalmente, Guanotuña explicó las diferencias jurídicas entre el estupro y la violación. El primero ocurre cuando una persona mayor de 18 años recurre al engaño para mantener relaciones sexuales con una persona menor de edad, con penas de uno a tres años de privación de libertad. En contraste, la violación, definida como el acceso carnal sin consentimiento, sea por vía oral, anal o vaginal, contempla sanciones que van de 19 a 22 años, de acuerdo con las circunstancias y agravantes.

El programa concluyó resaltando que el tratamiento procesal de los delitos sexuales debe orientarse a la protección de la integridad sexual y reproductiva de las personas, garantizando justicia y acompañamiento integral a las víctimas.