Nacionales
¿Son los generadores energéticos móviles propuestos por el Gobierno una solución sostenible a la crisis?
Ante la crisis eléctrica en Ecuador, con cortes de hasta 14 horas diarias y pérdidas estimadas en USD 700 millones, según la Cámara de Comercio de Guayaquil, el Gobierno Nacional anunció la implementación de generadores móviles, con capacidad de generar hasta 20 megavatios cada uno. Aunque útiles, estos generadores ofrecen una capacidad menor en comparación con las barcazas, que alcanzan hasta 100 megavatios cada una.
Estos equipos serán transportados en aviones Hércules para ofrecer una solución rápida a la emergencia, según informó la ministra de Energía, Inés Manzano, sin ofrecer mayores detalles sobre sus operaciones.
¿Pero cómo funcionan estos motores móviles? Ángel Recalde, investigador de la ESPOL, explica para Vistazo que la generación eléctrica móvil utiliza maquinaria pesada en plataformas transportables, desplazada por vía terrestre para cubrir la demanda en puntos específicos.
El académico indica que estas plataformas pueden agruparse de forma modular para alcanzar la potencia necesaria. Además, estas incluyen equipos auxiliares para operar de manera autónoma, lo que permite la conexión a subestaciones terrestres, entregando energía de forma rápida y continua.
“Los generadores móviles usan diferentes tipos de combustible, como diésel, gas natural, GLP y Fuel Oil. Las capacidades varían entre 1 y más de 20 MW, siendo comunes las unidades de 1-10 MW, 10-20 MW y superiores. Un ejemplo es la tecnología aeroderivativa de General Electric que poseen turbinas de gas basadas en diseños de motores de aviación que alcanzan los 32 MW. Los generadores a gas permiten potencias más altas, mientras que el diésel alcanzan cifras similares, pero usualmente con instalaciones fijas”, detalla Recalde.
El investigador resalta la producción de electricidad en cualquier locación como la principal ventaja de la tecnología de generación móvil. Según señala, este sistema no requiere de infraestructura adicional, más allá de la interconexión, requiriendo solo combustible regular y personal operativo, como cualquier otra central de generación.
Jorge Jaramillo, representante del Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral (Crieel), indica que el país enfrenta un déficit energético de 1.000 a 1.500 megavatios, cifra cercana a la capacidad del sistema Paute, que produce alrededor de 1.600 a 1.700 megavatios y la llegada de estos motores móviles son una solución temporal. “La barcaza generadora de energía, actualmente en uso sobre el mar, enfrenta problemas que obligan a trasladarla”.
Jaramillo argumenta que la verdadera solución a largo plazo debe centrarse en aumentar la capacidad de los parques térmicos y reestablecer el nivel óptimo de los embalses hidroeléctricos. Además señala que alternativas como la energía solar, eólica y geotérmica son complementarias, pero no representan más del 10 al 15% de la generación en la mayoría de los países.
“Un empresario que invierte en una planta termoeléctrica debe vender la energía a un costo mayor, ya que la generación térmica es más cara. Sin embargo, su aporte es crucial para garantizar un parque térmico disponible cuando falte el suministro hidroeléctrico”, indica Jaramillo.
Para que estas inversiones sean viables, continúa, el gobierno debe garantizar tarifas fijas. “La Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (Lospee) debería asegurar el pago a los inversionistas sin imponer techos de capacidad, fomentando así la inversión en energía térmica”, menciona Jaramillo.
LEA: Daniel Noboa sobre crisis eléctrica: ‘Los escenarios nos han jugado en contra’
Carlos Navas, docente de la facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), señala que una transición hacia energías renovables requiere de tiempo y recursos para desarrollarse. Navas indica que a pesar de tener un gran potencial, proyectos como los solares, eólicos o hidroeléctricos están paralizados por temas regulatorios y ambientales.
“La solución ideal es una combinación de varias fuentes de energía. Las energías renovables pueden complementar la hidroeléctrica y la térmica, y así evitar la dependencia de una sola tecnología o recurso. El país debería invertir en pequeñas centrales distribuidas que beneficien a más regiones, y aprovechar recursos como el sol y el viento en épocas de sequía o condiciones adversas”, puntualizó el docente investigador. Fuente: Vistazo
Nacionales
Política criminal frente al femicidio y la violencia de género en Ecuador fue analizada en la Tertulia Jurídica
En el programa Tertulia Jurídica, se contó con la destacada participación de la doctora Dayán Argüello Veintimilla, Coordinadora de la Corte Nacional de Justicia, quien abordó el tema “Política criminal frente al femicidio y la violencia de género en el Ecuador”.
Durante su intervención, la jurista presentó un análisis académico sobre la evolución, fundamentos y desafíos de la política criminal en materia de violencia de género, destacando su experiencia investigativa en derecho penal, particularmente en delitos relacionados con el femicidio, objeto de su investigación doctoral desarrollada durante siete años.
Enfoque conceptual y evolución normativa
La doctora Argüello explicó que la política criminal comprende el conjunto de decisiones orientadas a la prevención, sanción y erradicación del delito. En este contexto, enfatizó que la violencia contra la mujer, históricamente invisibilizada, especialmente en el ámbito privado, comenzó a ser reconocida como una problemática estructural a partir de las décadas de 1960 y 1970, impulsando la intervención estatal y el desarrollo de instrumentos internacionales.
En el ámbito regional, destacó que, desde finales del siglo XX, los Estados han incorporado progresivamente normativas para sancionar la violencia de género, evolucionando desde leyes de primera generación, centradas en el ámbito privado, hacia legislaciones más integrales que incluyen la violencia pública, simbólica, institucional y económica.
Asimismo, subrayó que a partir de 2008 varios países latinoamericanos comenzaron a tipificar el femicidio, ya sea como agravante o como delito autónomo, siendo esta última figura la más adecuada, al permitir visibilizar la violencia extrema contra la mujer y generar estadísticas específicas para el diseño de políticas públicas eficaces.
Fundamentos jurídicos del delito de femicidio
En relación con su investigación doctoral, Argüello sostuvo que el femicidio protege no solo el derecho a la vida, sino también la integridad, la libertad y el derecho a vivir sin discriminación. En este sentido, explicó que este delito se configura en contextos de desigualdad estructural, subordinación y discriminación de género, lo que lo diferencia de otras figuras penales como el homicidio o asesinato.
Retos en la prevención y aplicación de la normativa
La especialista enfatizó que la tipificación del femicidio, por sí sola, no constituye una medida preventiva eficaz, sino que debe complementarse con políticas públicas integrales. Entre las principales estrategias de prevención general, destacó:
• Fortalecimiento del sistema educativo con enfoque libre de estereotipos de género.
• Garantía de acceso equitativo al empleo y autonomía económica para las mujeres.
• Desarrollo de marcos normativos integrales (penales, civiles y administrativos).
• Implementación de sistemas confiables de estadísticas sobre violencia de género.
En cuanto a la prevención específica, resaltó la importancia de la “debida diligencia reforzada” en la investigación y judicialización de estos delitos, lo que implica procesos más rigurosos, capacitación constante a operadores de justicia y eliminación de prejuicios de género en el sistema judicial.
Problemáticas estructurales e institucionales
Durante el diálogo, se abordó también la ineficacia en la aplicación de medidas de protección. Argüello señaló que, si bien existen mecanismos legales como boletas de auxilio, estos no garantizan por sí solos la prevención del femicidio debido a la falta de seguimiento, monitoreo y acompañamiento integral a las víctimas.
Además, identificó barreras de acceso a la justicia, deficiencias en la atención institucional y factores socioeconómicos que perpetúan los ciclos de violencia, como la dependencia económica y la falta de redes de apoyo.
Retrocesos y desafíos en Ecuador
Finalmente, la experta advirtió que uno de los principales retrocesos en el país radica en la limitada asignación y ejecución presupuestaria para políticas públicas de prevención de la violencia de género. Según indicó, gran parte de los esfuerzos estatales se han centrado en reformas legales, sin el correspondiente desarrollo de políticas estructurales sostenibles.
En este sentido, concluyó que el abordaje de la violencia de género y el femicidio requiere un enfoque integral, articulado y sostenido, que combine normativa, prevención social, fortalecimiento institucional y compromiso estatal efectivo.
Nacionales
Caso Ligados: así es como los procesados habrían planeado controlar instituciones y lograr impunidad
La Fiscalía expuso el modus operandi de siete personas implicadas en el ‘Caso Ligados’, quienes se habrían confabulado para ejecutar “acciones encaminadas a controlar instituciones del Estado” y obtener impunidad.
El pasado miércoles, 18 de marzo, se instaló la audiencia preparatoria de juicio por el presunto delito de asociación ilícita contra Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, exmiembros del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).
Entre los procesados también están: Andrés Arauz, excandidato presidencial de la Revolución Ciudadana (RC); Esther Cuesta, exasambleísta de la RC; Nicole Bonifaz, aún integrante del Cpccs; y Raúl González, quien fue electo superintendente de Bancos en 2022.
El fiscal general del Estado encargado, Leonardo Alarcón, arrancó con la fundamentación de su dictamen acusatorio y manifestó que, entre noviembre de 2024 y enero de 2025, los sospechosos “ejecutaron acciones encaminadas a controlar instituciones del Estado”.
Además, recalcó que, en esa época, el Cpccs “fue cooptado por personas afines a un partido político (…) convirtiendo a la participación ciudadana en un mero eslogan de una fachada”.
MODUS OPERANDI DEL CASO LIGADOS
Según el Ministerio Público, las siete personas se habrían confabulado para acaparar poder “mediante la designación irregular de autoridades”.
Para ello, describió tres eventos clave: intervención en la selección de vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), la ratificación irregular del Superintendente de Bancos y la dilatación de procesos en la justicia electoral para conseguir impunidad.
Sobre el primer hecho, Alarcón indicó que Augusto Verduga mantuvo conversaciones con Andrés Arauz y Yadira Saltos para planificar el retraso del concurso para vocales del CJ.
El objetivo era que el “gobierno de Luisa (González)”, en caso de que ganara las elecciones pasadas, envíe la terna. “Planteándose además la interposición de medidas cautelares constitucionales y la comisión de tráfico de influencias para cristalizar sus intenciones”, destacó el fiscal.
CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO
En cuanto al segundo evento, Alarcón narró que los procesados querían “controlar el sistema financiero nacional” mediante la designación de un Superintendente de Bancos afín a sus intereses.
Esta idea se iba a realizar mediante el incumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional (CC), interpretada de acuerdo a los propósitos de los procesados. Es así como lograron postergar la posesión de Roberto Romero, quien fue designado en el concurso del 2024, y pidieron a la Asamblea que oficialice a Raúl González.
Ahí entra Esther Cuesta, entonces presidencia del Legislativo, quien elevó una consulta al Cpccs para saber quién debería asumir la titularidad de la Superintendencia de Bancos.
Por su parte, Raúl González habría llegado a prometer cargos de alto nivel en la Superintendencia de Bancos por pedido de Andrés Arauz.
BÚSQUEDA DE IMPUNIDAD
Finalmente, el tercer evento presentado por el Ministerio Público habla de la dilatación de procesos en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que en esa época tramitaba una infracción electoral de la denominada ‘Liga Azul’, para conseguir impunidad y mantenerse en sus cargos.
Aparentemente, Andrés Arauz emitía directrices para la presentación de recusaciones contra jueces e incluso acciones constitucionales.
Todas estas acusaciones se basan en documentos, versiones y pericias hechas a los equipos de los celulares incautados en la causa. En el dispositivo de Augusto Verduga, por ejemplo, se habían hallado conversaciones con apodos.
Verduga era Mónica Ertl, Yadira Saltos utilizaba el pseudónimo de Minerva y Andrés Arauz era llamaban AN.
En los próximos días, el fiscal Alarcón continuará presentando su acusación con el detalle de cada uno de los tres eventos. Fuente: Vistazo
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Así es Polanco, la lujosa colonia mexicana donde capturaron a Lobo Menor con una identidad falsa
Ángel Esteban Aguilar Morales, alias ‘Lobo Menor’, fue capturado en una zona exclusiva de la Ciudad de México: Polanco. Esta colonia se caracteriza por estar rodeada de tiendas de lujo, hoteles cinco estrellas, museos y sedes empresariales. La mayoría de habitantes poseen un alto nivel adquisitivo.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, confirmó que el cabecilla criminal estaba escondido en el ostentoso barrio de la capital mexicana.
El sujeto se identificó como Juan Carlos Montero Mestre y presentó papeles falsos con nacionalidad colombiana.
En un comunicado la SSPC indicó que la detención se hizo en conjunto con la Secretaría de Marina, el Instituto Nacional de Migración (INM), con la colaboración en materia de inteligencia de la Policía Nacional de Colombia.
Agregó que el arresto se logró luego de que las autoridades mexicanas tuvieron conocimiento de la llegada al país del individuo, implicado en el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
Por ello, señaló la SSPC, “se estableció un seguimiento en tiempo real. Posteriormente, con información proporcionada por la Policía Nacional de Colombia, se obtuvieron elementos que permitieron ubicarlo en la alcaldía Miguel Hidalgo”.
Es así como alias ‘Lobo Menor’ quedó detenido. Agentes leyeron sus derechos, fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración y luego lo enviaron al aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá.
¿CÓMO ES POLANCO, EL ESCONDITE DE LOBO MENOR?
Es un barrio ubicado en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. Se caracteriza por albergar recintos culturales, sedes empresariales, hoteles cinco estrellas y centros comerciales de alta gama.
Ahí han vivido políticos y celebridades de alto perfil como la recordada actriz María Félix. De hecho, los vecinos de Polanco tienen un alto poder adquisitivo.
El alquiler de una casa va desde los USD 1.399 hasta los USD 16.796. Mientras que el costo de un inmueble llega hasta los USD 5 millones o más, dependiendo de la ubicación, según el portal ‘Vive Polanco’.
A esto hay que sumarle los servicios básicos como luz, agua y gas que también tienen que ser elevados. Por electricidad se puede pagar hasta USD 300.
Polanco está lleno de tiendas de lujo como Gucci, Louis Vuitton, Tesla, Dolce and Gabbana, Fendi, Rolex, etc.
También, se ubican embajadas de varios países sobre todo de Europa como España, Dinamarca y Bélgica. De hecho, es común encontrarse con personas extranjeras de alto nivel adquisitivo.
Además, esta colonia es conocida por tener un alto número de sinagogas, pertenecientes a la religión judía.
Un atractivo turístico icónico es el Museo Soumaya, que tiene una forma asimétrica, curva y futurista. Allí se hacen exposiciones culturales.
¿QUIÉN ES LOBO MENOR?
‘Lobo Menor’ es considerado el segundo al mando de la banda criminal más grande del Ecuador: Los Lobos. De hecho, Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, máximo líder de esa organización delictiva, es su padrastro.
Los dos están procesados en Ecuador como parte de los autores intelectuales del magnicidio de Fernando Villavicencio.
La Fiscalía identifica que ‘Lobo Menor’ coordinó con los autores materiales el asesinato del excandidato presidencial, ocurrido en agosto de 2023. Él habría dado las órdenes a Carlos Angulo, alias ‘Invisible’, para ejecutar el crimen junto a su banda.
Fue sentenciado por el asesinato de Juan Antonio Serrano, hermano del exministro del Interior, José Serrano, quien también es procesado como presunto autor intelectual en el caso Villavicencio.
Sin embargo, en el 2022, accedió a la prelibertad y huyó con rumbo desconocido.
Según el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ‘Lobo Menor’ también tiene vínculos con alias ‘Iván Mordisco’, líder de una disidencia de las FARC, y con los carteles mexicanos. Fuente: Vistazo
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