Lo que parecía ser un último intento por reconstruir una relación sentimental terminó en una tragedia. Kevin R., de 27 años, viajó desde Loja hasta Quito con la esperanza de reconciliarse con su expareja, pero fue asesinado a tiros la noche del 15 de julio de 2026 mientras conversaba con ella en un parque de Llano Grande, en el norte de la capital.

El crimen ocurrió alrededor de las 19:00. De acuerdo con el mayor Fabián Méndez, jefe del Grupo de Operaciones Motorizadas del Distrito Calderón, la víctima no registraba antecedentes penales.

Según las primeras investigaciones, Kevin R. había contactado a su expareja para intentar retomar la relación y la citó en un parque de Llano Grande. Sin embargo, mientras ambos permanecían en el lugar, fueron sorprendidos por varios hombres armados.

La Policía informó que los atacantes utilizaron un automóvil y dos motocicletas para ejecutar el crimen.

Las cámaras de videovigilancia captaron parte de la secuencia. En las imágenes se observa que desde el vehículo se entregó un arma de fuego al presunto sicario, quien descendió, disparó contra Kevin R. y luego regresó al automóvil para devolver el arma antes de huir junto con sus cómplices.

Las grabaciones forman parte de las evidencias que analiza la Policía para identificar a los responsables.

Lo habrían seguido desde Loja

Durante las investigaciones, la Policía conoció que Kevin R. habría sido buscado por grupos delictivos desde Loja, por lo que una de las hipótesis es que el atentado ya estaba planificado.

El mayor Méndez señaló que los investigadores manejan la posibilidad de que el asesinato esté relacionado con actividades de microtráfico y con la operación de organizaciones delictivas que actúan en Quito.

Aunque residía en Loja, la víctima era oriunda de Quito, precisó la institución.

La Policía busca más evidencias

Como parte de las diligencias, la Policía solicitó la colaboración de los habitantes del sector de Llano Grande y Llano Chico, para que entreguen grabaciones de cámaras de seguridad que permitan reconstruir la ruta de escape de los atacantes y avanzar en la identificación de los responsables.

El presidente de la República, Daniel Noboa, suscribió el Decreto Ejecutivo 449, mediante el cual dispuso la creación de seis gabinetes interinstitucionales con el objetivo de fortalecer la coordinación entre las entidades del Ejecutivo y acelerar la ejecución de acciones consideradas prioritarias para el país.

Los nuevos espacios de coordinación estarán organizados en seis áreas: Social, Seguridad, Económico Productivo, Infraestructura y Energía, Banca Pública e Ingresos. Según el Gobierno, este modelo permitirá gestionar de manera integral los principales desafíos nacionales y mejorar los resultados de las instituciones públicas.

Cada gabinete estará conformado por las máximas autoridades de las entidades vinculadas con su respectivo sector. La coordinación estará a cargo del secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, quien deberá articular el trabajo institucional y dar seguimiento a los compromisos establecidos.

Entre las funciones de estos gabinetes constan la definición de prioridades, la coordinación de acciones entre instituciones y el monitoreo permanente del cumplimiento de los compromisos estratégicos. El Ejecutivo sostiene que esta estructura permitirá trabajar bajo una sola hoja de ruta, con responsabilidades claras y decisiones articuladas.

El Gobierno señaló que la medida busca fortalecer la planificación estratégica, la toma de decisiones y la ejecución de las políticas públicas. La administración de Noboa aseguró que el nuevo esquema de coordinación pretende generar mejores resultados y agilizar las respuestas institucionales en beneficio de los ciudadanos.

En una nueva edición de La Tertulia Jurídica, el jurista, mediador, docente universitario y conferencista Pablo Cordero desarrolló una amplia exposición sobre las herramientas de inteligencia artificial (IA) aplicadas al aprendizaje, la docencia y el análisis jurídico, enfatizando que estas tecnologías deben utilizarse con responsabilidad, criterio ético y verificación permanente de la información.

Al iniciar su intervención, Cordero compartió aspectos de su trayectoria profesional, destacando su experiencia en el ámbito de la propiedad intelectual, la mediación, la función judicial y el servicio público. Recordó su paso por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), los centros de mediación de la Función Judicial y su actual desempeño como servidor público en la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA).

Durante la conferencia explicó que la inteligencia artificial constituye una herramienta tecnológicamente neutra, cuyo impacto dependerá exclusivamente del propósito con el que sea utilizada. En este sentido, sostuvo que su aplicación debe orientarse a fortalecer la justicia, la educación, la investigación y la solución de problemas, evitando prácticas que puedan afectar derechos, difundir información falsa o generar perjuicios a la sociedad.

El expositor estructuró su análisis en siete conceptos fundamentales: ética, verificación, valor de verdad, análisis crítico, fichas mnemotécnicas, fuentes de información y aplicación práctica.

Respecto a la dimensión ética, señaló que la IA no posee valores propios, sino que estos dependen del uso que realiza el ser humano. Desde una perspectiva deontológica, afirmó que el empleo responsable de estas herramientas debe estar alineado con los principios de justicia, equidad y protección de los derechos fundamentales.

En cuanto a la verificación, Cordero insistió en que toda información generada por inteligencia artificial debe contrastarse con fuentes oficiales, repositorios académicos, publicaciones científicas, jurisprudencia y documentos institucionales, advirtiendo que estos sistemas pueden producir respuestas inexactas o «alucinaciones» cuando carecen de información suficiente o reciben instrucciones imprecisas.

Uno de los aspectos centrales de la conferencia fue el denominado valor de verdad, concepto desarrollado desde la filosofía clásica de Aristóteles y Platón. Explicó que una respuesta generada mediante inteligencia artificial no debe limitarse a presentar una estructura lógica correcta, sino que debe corresponder con la realidad y estar respaldada por evidencia verificable.

Asimismo, destacó la importancia del análisis crítico, señalando que la inteligencia artificial no reemplaza el razonamiento humano. Indicó que corresponde al investigador, docente o profesional del Derecho evaluar, cuestionar y validar los resultados obtenidos antes de incorporarlos en informes, investigaciones, artículos científicos o decisiones jurídicas.

En materia de investigación académica, el conferencista resaltó el valor de las fichas mnemotécnicas como instrumento tradicional para organizar información y referencias bibliográficas, indicando que actualmente estas metodologías pueden potenciarse mediante herramientas digitales e inteligencia artificial para optimizar la gestión del conocimiento.

Sobre las fuentes de información, explicó que la calidad de las respuestas depende directamente de la calidad de los documentos utilizados, recomendando trabajar con bibliografía especializada, legislación vigente, sentencias, doctrina, publicaciones universitarias y repositorios oficiales.

En la parte final de su intervención abordó la aplicación práctica de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico y educativo. Explicó que herramientas como ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek y NotebookLM permiten procesar grandes volúmenes de información en pocos segundos, facilitando la elaboración de investigaciones, análisis doctrinarios, informes jurídicos, presentaciones académicas y materiales de apoyo para la docencia.

No obstante, enfatizó que estas plataformas deben entenderse como instrumentos de apoyo y no como sustitutos del conocimiento profesional. «El ser humano continúa siendo quien dirige, interpreta y toma las decisiones; la inteligencia artificial simplemente ejecuta las instrucciones que recibe», manifestó.

Finalmente, Cordero sostuvo que el desafío para abogados, docentes, investigadores y estudiantes consiste en desarrollar competencias para utilizar estas tecnologías de manera ética, responsable y técnicamente adecuada, aprovechando sus ventajas sin renunciar al pensamiento crítico, la investigación científica y la verificación permanente de las fuentes.