¿Por qué se trasladó a más de 30 reos?

El primer cuatrimestre de 2026 dejó una cifra desoladora en Ecuador. La violencia acabó con la vida de 11 niños y niñas de entre cero y 11 años, víctimas de homicidios.

Estos casos evidencian dos amenazas que afectan a la niñez ecuatoriana. Por un lado, la letalidad de la delincuencia y el crimen organizado que disparan a matar en las calles, alcanzando a inocentes en el fuego cruzado.

La delincuencia cobró la vida de siete pequeños mediante el uso de armas de fuego como fusiles y pistolas en plena vía pública o zonas rurales de provincias costeras como Guayas y Manabí.

Por otro lado, está un enemigo que habita con los menores, disfrazado de cuidador.

Esta segunda amenaza, que es la violencia intrafamiliar, es responsable de cuatro muertes ocurridas en la Sierra, la Amazonía y Los Ríos, donde los menores fueron asesinados dentro de sus propios hogares mediante envenenamiento, sumersión o golpes con objetos contundentes.

El segundo inicio de año más violento de la historia
En 2026, las calles de Ecuador continúan siendo escenario de una violencia desbordada que sitúa al primer cuatrimestre de 2026 como el segundo inicio de año más violento en la historia reciente del país.

Durante este periodo se contabilizaron 2.778 muertes violentas a nivel nacional, una cifra que solo es superada por el récord de 3.150 asesinatos registrados en el mismo lapso de 2025.

Dentro de esta espiral de criminalidad, la situación de los menores de edad genera alarma, ya que 205 víctimas tenían menos de 18 años, lo que representa el 7,4% del total de homicidios del país.

Al analizar la evolución histórica, se evidencia una escalada sostenida de este fenómeno, pasando de 74 menores asesinados en 2022 a más de 200 en la actualidad.

Aunque el número de víctimas menores de edad bajó de 217 en 2025 a 205 en 2026, su peso proporcional dentro del total de muertes violentas aumentó: pasaron de representar el 6,9% de las víctimas al 7,4%. Es decir, proporcionalmente, los menores de edad tienen ahora una mayor incidencia.

La masacre de adolescentes y el microtráfico
El panorama es más complicado al observar las cifras de muertes violentas del grupo de adolescentes de entre 12 y 17 años, quienes representan la mayoría de los menores asesinados.

Un total de 194 adolescentes fueron asesinados en este cuatrimestre, abarcando el 7% de las muertes violentas a nivel nacional.

Los patrones extraídos de los registros policiales demuestran que casi la totalidad -182, que representan el 94% de estos crímenes- fueron ejecuciones con armas de fuego de distintos calibres, perpetradas en espacios públicos, calles y terrenos baldíos.

Las provincias de Guayas (104), Los Ríos (25), Manabí (21) y El Oro (20) concentran la mayor cantidad de estos homicidios, teniendo como principales víctimas a hombres jóvenes y mestizos.

Las hipótesis policiales apuntan a la delincuencia, venganzas por amenazas y, sobre todo, al tráfico interno de drogas o microtráfico. Fuente: Primicias

Una normativa que permitiría la explotación minera en Cerro Azul, un bosque protegido al noreste de Guayaquil, levantó la preocupación desde varios sectores y, a la vez, despertó la interrogante de qué ha sucedido con el anuncio de reapertura del catastro minero en Ecuador.

El pasado 20 de mayo de 2026, se publicó en el Registro Oficial un Acuerdo Ministerial que dispone «a la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) la emisión del acto administrativo correspondiente para la apertura gradual y progresiva del Catastro Minero Nacional, para el registro y otorgamiento de nuevas concesiones de explotación minera correspondiente a pequeña minería de materiales áridos y pétreos, iniciando en el corredor correspondiente a las ciudades Guayaquil, Daule y Samborondón».

El Acuerdo Ministerial añade que «se limitará el otorgamiento de autorizaciones o concesiones mineras de explotación de materiales de construcción áridos y pétreos» en el bosque Cerro Azul. Esto ha levantado la alerta de grupos ambientalistas, que señalan que se abre la posibilidad de una mayor actividad minera dentro de la frágil zona ecológica.

Sin embargo, el Ministerio de Ambiente y Energía recalca que la normativa emitida apunta, precisamente a prevenir riesgos y reducir la vulnerabilidad del Cerro Azul. Además, habla de una «apertura del catastro y otorgamiento de concesiones mineras en el régimen de pequeña minería».

Una de las metas que debía cumplir el Gobierno de Daniel Noboa hasta junio de 2026 como parte del acuerdo de crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI), es precisamente, emitir regulación para la apertura del catastro minero.

Una decisión pospuesta por ocho años
El catastro minero es la base de datos tecnológica donde se registran y administran las concesiones mineras otorgadas por el Estado. En enero de 2018, durante el gobierno de Lenín Moreno, el Gobierno cerró la función del catastro para otorgar nuevas concesiones, tras presiones de movimientos indígenas y ambientalistas.

El Gobierno de ese entonces dijo que comenzaría un proceso de depuración del catastro.

Desde entonces, su reapertura se ha anunciado repetidamente por distintos gobiernos, algo que la industria minera considera crucial para atraer miles de millones de dólares en inversión extranjera.

«La demora da cuenta, una vez más, de que el Gobierno no ha encontrado el mecanismo correcto de transparencia y gobernanza. Además, mientras siga en vigencia la tasa de control minero, abrir el catastro para nuevas concesiones no atraerá el interés que se espera», señala, David Larenas, presidente del Directorio de la Cámara de Minería del Ecuador.

Añade que «ningún inversionista serio querrá adquirir concesiones si debe pagar las patentes de conservación más altas de la región y, además, una tasa que encarece dramáticamente el costo de mantener una concesión en Ecuador. Los inversores internacionales ya no miran a Ecuador sino que apuestan a jurisdicciones estables y que garantizan previsibilidad como Perú, Argentina o Chile».

Todos los anuncios realizados
1.- Esperanza post-pandemia

• Anuncio: El entonces viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, aseguró que, a pesar de la crisis desatada por el Covid-19, el compromiso del gobierno de Lenín Moreno para reabrir el catastro minero se mantenía en firme para fines de 2020.
• Resultado: Quedó en intenciones debido a la inestabilidad política del cierre de ese periodo de Gobierno y la falta de un software seguro que garantizara la transparencia del sistema.

2.- El Decreto 151

• Anuncio: En agosto de 2021, el presidente Guillermo Lasso firmó el Decreto Ejecutivo 151 (Plan de Acción para el Sector Minero), disponiendo la reapertura del catastro. Posteriormente, en noviembre de 2021, durante el evento internacional Ecuador Open for Business, anunció que el catastro se abriría de forma definitiva en enero de 2022.
• Resultado: No se abrió. El Gobierno argumentó que se necesitaban implementar más filtros técnicos y un nuevo Sistema Integral de Gestión Minera para evitar hackeos o adjudicaciones irregulares.

3.- El ofrecimiento en PDAC

• Anuncio: Durante la Convención Anual de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC) en Toronto, de 2022, el entonces ministro de Energía y Minas, Xavier Vera Grunauer, anunció que la reapertura del catastro se daría en diciembre de 2022. Explicó que se haría en dos fases, priorizando el trámite de más de 500 procesos represados desde 2018.
• Resultado: El anuncio coincidió con el paro nacional de junio de 2022. Tras las mesas de diálogo que pusieron fin a las movilizaciones, el gobierno de Guillermo Lasso se comprometió a una moratoria minera y a no otorgar nuevos títulos hasta no contar con una Ley de Consulta Previa, Libre e Informada, sepultando temporalmente la promesa de reapertura.

4.- El Decreto Ejecutivo 435

Anuncio: El presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 435 en diciembre de 2024. Allí ordenó a las autoridades del sector actualizar y articular un catastro conjunto (minero, ambiental y tributario), fijando como fecha límite para este proceso de depuración el 23 de abril de 2025.
Resultado: Aunque el Decreto se enfocó en la regularización y el combate a la minería ilegal, el sector productivo lo interpretó como el paso administrativo previo y obligatorio para fijar nuevas fechas de apertura de concesiones durante 2025.

5.- Reapertura por fases

• Anuncio: La entonces ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, firmó un acuerdo ministerial que viabilizó el inicio de una apertura progresiva a cargo de la Arcom. El cronograma anunciado fue:
• Apertura del catastro únicamente para la pequeña minería no metálica (áridos, pétreos, arcillas): 16 de junio de 2025.
• Apertura para la pequeña minería metálica: septiembre de 2025.
• Apertura total para mediana y gran minería: finales de 2025.
• Resultado: El proceso arrancó con retrasos administrativos para el sector de pequeña minería no metálica. Sin embargo, en la práctica, esta fase no ha arrancado debido a que «se han recibido muchas solicitudes para derechos mineros que en realidad correspondían a minería metálica», dijo el viceministro de Minas, Guillermo Flores el 7 de mayo de 2026.

6.- Postergación del resto de fases

A finales de 2025, el entonces viceministro de Minas, Javier Subía, confirmó que las fases de mediana y gran minería metálica —las que más interés despiertan en las multinacionales— quedaban postergadas para el primer trimestre de 2026.
​Sin embargo, el proceso no ha avanzado. Subía dejó el viceministerio en diciembre de 2025. Fuente: Primicias