Nacionales
¿Son los generadores energéticos móviles propuestos por el Gobierno una solución sostenible a la crisis?
Ante la crisis eléctrica en Ecuador, con cortes de hasta 14 horas diarias y pérdidas estimadas en USD 700 millones, según la Cámara de Comercio de Guayaquil, el Gobierno Nacional anunció la implementación de generadores móviles, con capacidad de generar hasta 20 megavatios cada uno. Aunque útiles, estos generadores ofrecen una capacidad menor en comparación con las barcazas, que alcanzan hasta 100 megavatios cada una.
Estos equipos serán transportados en aviones Hércules para ofrecer una solución rápida a la emergencia, según informó la ministra de Energía, Inés Manzano, sin ofrecer mayores detalles sobre sus operaciones.
¿Pero cómo funcionan estos motores móviles? Ángel Recalde, investigador de la ESPOL, explica para Vistazo que la generación eléctrica móvil utiliza maquinaria pesada en plataformas transportables, desplazada por vía terrestre para cubrir la demanda en puntos específicos.
El académico indica que estas plataformas pueden agruparse de forma modular para alcanzar la potencia necesaria. Además, estas incluyen equipos auxiliares para operar de manera autónoma, lo que permite la conexión a subestaciones terrestres, entregando energía de forma rápida y continua.
“Los generadores móviles usan diferentes tipos de combustible, como diésel, gas natural, GLP y Fuel Oil. Las capacidades varían entre 1 y más de 20 MW, siendo comunes las unidades de 1-10 MW, 10-20 MW y superiores. Un ejemplo es la tecnología aeroderivativa de General Electric que poseen turbinas de gas basadas en diseños de motores de aviación que alcanzan los 32 MW. Los generadores a gas permiten potencias más altas, mientras que el diésel alcanzan cifras similares, pero usualmente con instalaciones fijas”, detalla Recalde.
El investigador resalta la producción de electricidad en cualquier locación como la principal ventaja de la tecnología de generación móvil. Según señala, este sistema no requiere de infraestructura adicional, más allá de la interconexión, requiriendo solo combustible regular y personal operativo, como cualquier otra central de generación.
Jorge Jaramillo, representante del Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral (Crieel), indica que el país enfrenta un déficit energético de 1.000 a 1.500 megavatios, cifra cercana a la capacidad del sistema Paute, que produce alrededor de 1.600 a 1.700 megavatios y la llegada de estos motores móviles son una solución temporal. “La barcaza generadora de energía, actualmente en uso sobre el mar, enfrenta problemas que obligan a trasladarla”.
Jaramillo argumenta que la verdadera solución a largo plazo debe centrarse en aumentar la capacidad de los parques térmicos y reestablecer el nivel óptimo de los embalses hidroeléctricos. Además señala que alternativas como la energía solar, eólica y geotérmica son complementarias, pero no representan más del 10 al 15% de la generación en la mayoría de los países.
“Un empresario que invierte en una planta termoeléctrica debe vender la energía a un costo mayor, ya que la generación térmica es más cara. Sin embargo, su aporte es crucial para garantizar un parque térmico disponible cuando falte el suministro hidroeléctrico”, indica Jaramillo.
Para que estas inversiones sean viables, continúa, el gobierno debe garantizar tarifas fijas. “La Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (Lospee) debería asegurar el pago a los inversionistas sin imponer techos de capacidad, fomentando así la inversión en energía térmica”, menciona Jaramillo.
LEA: Daniel Noboa sobre crisis eléctrica: ‘Los escenarios nos han jugado en contra’
Carlos Navas, docente de la facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), señala que una transición hacia energías renovables requiere de tiempo y recursos para desarrollarse. Navas indica que a pesar de tener un gran potencial, proyectos como los solares, eólicos o hidroeléctricos están paralizados por temas regulatorios y ambientales.
“La solución ideal es una combinación de varias fuentes de energía. Las energías renovables pueden complementar la hidroeléctrica y la térmica, y así evitar la dependencia de una sola tecnología o recurso. El país debería invertir en pequeñas centrales distribuidas que beneficien a más regiones, y aprovechar recursos como el sol y el viento en épocas de sequía o condiciones adversas”, puntualizó el docente investigador. Fuente: Vistazo
Nacionales
Fiscalía investiga un caso con indicios de responsabilidad penal en un GAD de Zamora Chinchipe
Fiscalía reporta 60 informes con indicios de responsabilidad penal en GAD; Asamblea pide transparentar las investigaciones.
La Fiscalía General del Estado informó ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional que actualmente investiga 60 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) relacionados con diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país, en procesos que incluyen presuntos delitos contra la administración pública y el patrimonio estatal.
Durante su comparecencia, el coordinador general de Asesoría Jurídica de la Fiscalía General del Estado, Alberto Carrión, detalló la distribución provincial de los informes. Según explicó, Guayas concentra el mayor número con 19 casos, seguido de Santo Domingo de los Tsáchilas con 8, Tungurahua con 6, Cotopaxi y Morona Santiago con 4 cada una, Pastaza con 3, Azuay, Chimborazo y Pichincha con 2 casos cada una; mientras que Cañar, Imbabura, Loja, Manabí, Napo, Orellana, Sucumbíos y Zamora Chinchipe registran un informe cada una.
Carrión precisó que los principales delitos investigados corresponden a peculado, que representa la mayor parte de los casos, además de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, falsificación de firmas y falsificación de instrumentos públicos.
El funcionario señaló que estos informes llegan a la Fiscalía para el desarrollo de las investigaciones penales correspondientes y aclaró que la institución maneja la información oficial relacionada con los IRP que han sido remitidos por los organismos competentes. Asimismo, indicó que desconoce las cifras que actualmente maneja la Contraloría General del Estado respecto a estos procesos, por lo que insistió en que la información proporcionada por la Fiscalía corresponde exclusivamente a los expedientes que constan en esa institución.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango, manifestó que durante una comparecencia anterior la Contraloría General del Estado presentó una cifra superior de indicios de responsabilidad penal, situación que, a su criterio, evidencia la necesidad de contrastar la información entre ambas instituciones.
La legisladora señaló que los indicios de responsabilidad penal son un asunto de alta relevancia porque reflejan la posible existencia de perjuicios económicos para el Estado y, por tanto, requieren ser investigados por las autoridades competentes. No obstante, aclaró que la existencia de un IRP no implica automáticamente una sentencia condenatoria, sino el inicio de un proceso de investigación que deberá desarrollarse conforme al debido proceso y a la legislación vigente.
Farinango enfatizó que el objetivo de la fiscalización legislativa no está dirigido contra personas o instituciones específicas, sino a garantizar la correcta utilización de los recursos públicos y fortalecer la transparencia en la gestión estatal. En ese contexto, sostuvo que corresponde a la Asamblea Nacional verificar que las investigaciones avancen de manera oportuna y que la ciudadanía tenga acceso a información clara sobre el seguimiento de estos casos.
La comparecencia se desarrolló en el marco del trabajo de fiscalización que realiza la Comisión de Régimen Económico, con el propósito de conocer el estado de las investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en la administración de recursos públicos por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del país.
Nacionales
UNE defiende acción de inconstitucionalidad contra acuerdo que dispone trabajo docente los sábados
El dirigente nacional de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Julio Peña, ratificó que el gremio mantiene su acción de inconstitucionalidad contra el Acuerdo Ministerial 0045-A, al considerar que la disposición que obliga a los docentes a cumplir actividades los días sábados vulnera derechos constitucionales y laborales del magisterio ecuatoriano.
Durante una entrevista, Peña explicó que la demanda fue presentada luego de la movilización nacional realizada el pasado 13 de julio y posteriormente admitida a trámite por la Corte Constitucional, instancia que convocó a una audiencia pública para escuchar los argumentos tanto de la UNE como del Ministerio de Educación.
El dirigente sostuvo que la normativa contraviene la jornada laboral establecida en la Constitución y en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que determina una jornada de 40 horas semanales, distribuidas en ocho horas diarias de lunes a viernes. A su criterio, la medida también afecta el derecho al descanso, la convivencia familiar y el desarrollo académico de los docentes, quienes utilizan los fines de semana para estudios de posgrado, capacitación y otras actividades personales.
Peña afirmó que el acuerdo ministerial fue expedido sin estudios técnicos ni sustento jurídico suficiente y señaló que vulnera principios constitucionales como la legalidad y la progresividad de los derechos. Asimismo, cuestionó que el Gobierno argumente que la reforma busca fortalecer el sistema educativo, asegurando que aún existen miles de instituciones educativas con problemas de infraestructura y que no se ha ejecutado el presupuesto equivalente al 6 % del Producto Interno Bruto destinado al sector educativo, contemplado en la normativa vigente.
Respecto al proceso judicial, el dirigente manifestó que la UNE acudió a la Corte Constitucional luego de que, según indicó, las reuniones sostenidas con autoridades del Ministerio de Educación y otras entidades no produjeran acuerdos efectivos. Añadió que el gremio propuso alternativas para cumplir las horas complementarias dentro de la jornada ordinaria de lunes a viernes, planteamientos que, asegura, no fueron acogidos por el Ejecutivo.
Peña también cuestionó que, durante la audiencia constitucional, el Ministerio modificara la justificación inicial del acuerdo, señalando que ahora busca recuperar jornadas perdidas por suspensiones de clases, argumento que, según la UNE, evidencia inconsistencias en la motivación de la normativa. En ese contexto, expresó su confianza en que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad del acuerdo por considerar que afecta derechos previamente reconocidos al magisterio.
Finalmente, el representante de la UNE indicó que, independientemente del resultado del proceso, la organización continuará impulsando acciones legales, propuestas de diálogo y movilizaciones para defender los derechos laborales y educativos que considera afectados. Además, hizo un llamado a la unidad de docentes, estudiantes, padres de familia y ciudadanía, señalando que la defensa de la educación pública requiere la participación de toda la sociedad.
Nacionales
Daniel Noboa presenta la Agenda de Crecimiento 2040: así es el plan para impulsar inversión, empleo y economía
El presidente de la República, Daniel Noboa, presentó este martes 21 de julio la Agenda de Crecimiento Ecuador 2040, una estrategia que, según el Ejecutivo, busca dar una dirección clara al país para impulsar un crecimiento económico sostenido, generar empleo y atraer inversiones.
Cuatro pilares estratégicos hacia el 2040
La ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, explicó que la Agenda de Crecimiento 2040 establece una visión de largo plazo, sustentada en cuatro pilares estratégicos que orientan las acciones del Estado y del sector privado para impulsar la transformación productiva del país:
- La institucionalidad y seguridad jurídica;
- La estabilidad fiscal;
- La competitividad e inversión productiva;
- Y el fortalecimiento de la dolarización y profundidad financiera.
Moya explicó que esta agenda 2040 contará con una gobernanza permanente, sus avances serán medibles, sus prioridades se actualizarán cuando sea necesaria y “la ciudadanía conocerá qué acciones se ejecutan y qué resultados se generan”.
“El Grupo BID pone todos sus instrumentos al servicio de Ecuador, combinando financiamiento y recursos no reembolsables, conocimiento, inversiones en los sectores público y privado y reformas en el corto, medio y largo plazo”, enfatizó.
En ese contexto, Noboa mencionó: “Gobernar no es pensar únicamente en mañana. Es tomar decisiones que cambien el Ecuador de los próximos años. Ese ha sido nuestro compromiso desde el primer día y por eso hoy ya estamos demostrando que sí existe un camino para salir adelante”.
Al finalizar su intervención, el Presidente reiteró: “Este instrumento lo construimos sumando esfuerzos con el sector privado, con nuestras universidades, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y con organismos internacionales que hoy vuelven a confiar en Ecuador y que demuestran que cuando nos unimos por una misma causa, el país avanza”. Fuente: Vistazo
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