El segundo período de toque de queda finaliza a las 05h00 del lunes 18 de mayo. Durante 15 días, esta medida se aplicó en varias provincias y algunos cantones con el fin de reducir los índices de inseguridad, a través de operativos de alto impacto de las Fuerzas Armadas y la Policía.

A partir del 18 de mayo ya no habrá restricción de circulación, ni de reunión, en las jurisdicciones que regía el toque de queda.

En el Decreto Ejecutivo 370, el presidente Daniel Noboa dispuso toque de queda desde la noche del 3 de mayo hasta la madrugada del 18 de mayo, en el horario de 23h00 a 05h00.

Durante estos 15 días hubo limitación a la libre circulación, así como la restricción a los derechos reconocidos en la Constitución: la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia.

El primer toque de queda de este año rigió del 15 al 30 de marzo. En esa ocasión rigió a las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.

El presidente Daniel Noboa, así como el ministro del Interior, John Reimberg, confirmaron que el toque de queda no se extenderá. Lo que ratificaron fue que los operativos de seguridad continuarán.

Lo que sí estará vigente hasta el 1 de junio es el estado de excepción que rige en las mismas jurisdicciones en las que se aplicó el toque de queda hasta el 18 de mayo.

El presidente Daniel Noboa descartó, durante su reciente visita a Estados Unidos, una nueva ampliación del estado de excepción que finaliza el 1 de junio.

«No se extenderá. Si tenemos otro período en el que tengamos operaciones especiales, necesitaremos uno nuevo, pero un nuevo estado de emergencia que suele durar 60 días. Se puede extender por 30 días adicionales a eso», señaló el Primer Mandatario.

Noboa indicó que esto no es una guerra contra las pandillas. «Es una guerra contra el narcoterrorismo, una guerra contra la minería ilegal, contra la trata de personas», señaló el Presidente de la República.

Sólo un nuevo escenario operativo, según Noboa, justificaría un nuevo decreto de emergencia. Fuente: Vistazo

Una camioneta robada en Manta. Una moto blanca en Arenillas. Una lluvia de balas en Durán. Desde la campaña electoral de 2022, ocho alcaldes o candidatos a la alcaldía han sido asesinados en Ecuador, dos están presos en una cárcel de máxima seguridad y 55 viven bajo resguardo policial.

En Manta, Agustín Intriago recorría una obra cuando la muerte llegó en una camioneta robada. Era domingo, 23 de julio de 2023, y el alcalde estaba en su salsa: la calle, la obra, la gente. El sicario no esperó y mató también a una joven deportista, quien fue víctima de una guerra ajena.

En Portovelo, Jorge Maldonado fue asesinado el 19 de abril de 2024. No estaba en un mitin ni en una tarima. Estaba en la calle, donde un alcalde debería sentirse en casa. Portovelo es parte de una zona tomada por la minería ilegal y por la disputa de organizaciones criminales.

Gobernar un cantón ecuatoriano ya no es administrar agua, basura y mercados: es sobrevivir al sicariato, blindarse contra expedientes judiciales y resistir el desgaste de revocatorias y destituciones.

Ni el International Crisis Group logra explicar del todo la lógica detrás de los ataques a autoridades locales. Las razones rara vez son claras, aunque suelen asociarse a castigos por presuntos apoyos a bandas rivales o por negarse a cooperar con un grupo criminal. Los disparos no solo matan: también advierten quién manda.

Agustín Intriago era uno de los alcaldes más visibles del país: joven, reelegido y con alta exposición pública. Su presencia constante en territorio fortalecía su liderazgo, pero también lo hizo vulnerable. Su asesinato paralizó a Manta. El país confirmó que la violencia no tenía límites.

En Portovelo, la muerte de Jorge Maldonado ocurrió apenas dos días después del crimen de José Sánchez, alcalde de Ponce Enríquez. La coincidencia también vinculó a la minería ilegal con la violencia política. En el sur del país, el oro, el contrabando, el narcotráfico y el tráfico de armas forman alianzas amenazantes.

A esa lista se sumó Eber Ponce, alcalde de Arenillas. El 11 de enero de 2025 fue interceptado por una moto blanca mientras conducía hacia un sepelio. Cinco disparos acabaron con su vida. Luego se conoció que la motocicleta pertenecía a un expolicía peruano preso en Tumbes, Perú.

La historia más insólita ocurrió en Puerto López. Omar Menéndez, candidato a la Alcaldía por el correísmo, fue asesinado horas antes de las elecciones de 2023. Su rostro ya estaba en la papeleta. Al día siguiente, el candidato muerto ganó con el 46 por ciento de los votos.

También en enero de 2023 fue asesinado Julio Farachio, candidato en Salinas. Lo atacaron a quemarropa mientras estaba con simpatizantes. En la papeleta lo reemplazó Dennis Córdova, quien capitalizó el sentimiento de injusticia y dolor.

En Portoviejo, Javier Pincay sobrevivió a un atentado y logró ganar la Alcaldía. En cambio, uno de sus contendores, José Miguel Mendoza —quien además había impulsado una denuncia contra Pincay— no corrió la misma suerte y fue asesinado a tiros en julio de 2024.

Otra historia es la de dos alcaldes que cambiaron sus cómodos sillones por celdas de máxima seguridad. Aquiles Álvarez llegó a la Alcaldía de Guayaquil con una biografía empresarial y deportiva que lo proyectaba como administrador joven y frontal. En el Municipio mantuvo ese estilo confrontativo y ruidoso permanente.

Pero los juzgados lo estaban esperando. Primero apareció el caso Triple A, por presunta comercialización ilegal de combustibles. Luego llegó el caso Goleada, por el que fue detenido e investigado por presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria. Su defensa habla de persecución política.

En Pujilí, el derrumbe fue abrupto. José Arroyo Cabrera, modisto de reinas de belleza, ganó la Alcaldía en 2023 con una imagen de emprendedor eficiente. Su gestión colapsó en su primera gran obra pública: trabajos de ornato. Ahora está acusado de peculado por presuntas adjudicaciones irregulares.

Su caso añadió un elemento curioso. Arroyo cambió legalmente su género y por eso está recluido en La Roca, un espacio penitenciario femenino. Organizaciones de derechos han advertido una posible instrumentalización de la normativa de género para obtener beneficios carcelarios.

Hasta ahora, ninguno de los dos alcaldes ha perdido el cargo porque no existe sentencia ejecutoriada. En Pujilí asumió la subrogación Raúl Arroyo Zambrano, uno de los denunciantes del alcalde. En Guayaquil fue nombrada Tatiana Coronel, una joven abogada milagreña quien también es alta dirigente del movimiento Reto.

El tercer frente no dispara pero desgasta: la revocatoria de mandato y la remoción. En teoría, son mecanismos democráticos de control ciudadano. En la práctica, pueden convertirse en termómetros de decepción, herramientas de fiscalización o armas políticas.

El CNE ha recibido varios pedidos de revocatoria. En Atacames negó formularios contra el alcalde Ángel Mendoza porque la motivación no era suficientemente clara. En Quito, en cambio, autorizó en abril de 2025 la recolección de firmas contra Pabel Muñoz, aunque después el propio impulsor dio marcha atrás.

El caso más simbólico es Loja. Franco Quezada llegó al Municipio con una historia de película: de niño vendía humitas, luego destacó en el ecuavóley y como profesor de Educación Física. Era más cercano al barrio que al escritorio, pero su carisma no alcanzó para administrar una crisis.

En Loja enfrentó problemas de agua potable, obras paralizadas y un concejo adverso. Nueve de 11 concejales pidieron públicamente la renuncia de Quezada y, en junio de 2025, aprobaron su remoción. Diana Guayanay asumió luego la Alcaldía lojana.

Así gobiernan muchos alcaldes: entre bandas, amenazas y atentados; entre Fiscalía, Contraloría, concejales, ciudadanos decepcionados e intereses políticos. También deben recoger basura, tapar baches, iluminar calles, pagar sueldos y responder por la inseguridad, aunque no controlen ni Policía ni cárceles desde sus despachos. Fuente: Vistazo