Nacionales
Sinopetrol ya no tendrá la concesión del campo Sacha: ‘Perdió la oportunidad’
La ministra de Energía y presidenta del COE Nacional, Inés Manzano, ratificó que el Gobierno no dará más tiempo a la empresa Sinopetrol para el pago de la prima de 1.500 millones de dólares por la adjudicación del Campo Sacha.
“El plazo venció anoche. Esta era una oportunidad que el consorcio no aprovechó”, afirmó la ministra, dejando en claro que no habrá nuevas negociaciones con Sinopetrol.
Según Manzano, el Estado cumplió con todas las normas establecidas en la ley y reglamento de Hidrocarburos, y la empresa ya conocía desde diciembre los términos de la adjudicación.
Nuevas opciones sobre la mesa
Ante la fallida operación con Sinopetrol, el Gobierno retomará conversaciones con empresas de Medio Oriente (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait) y otros interesados como Ecopetrol.
Por ahora, la ministra señaló que la prioridad del Gobierno es la crisis invernal y las lluvias que afectan a varias provincias. Sin embargo, aseguró que se realizarán nuevas invitaciones para receptar cartas de interés sobre el Campo Sacha.
Cuando se le preguntó si el país perdió una oportunidad con Sinopetrol, Manzano respondió: “Todo estaba bien y teníamos una prima inédita que habíamos acordado”, pero recalcó que la empresa no cumplió con su compromiso financiero.
Nacionales
Ecuador aumenta de USD 3 a USD 30 la tarifa de transporte de crudo colombiano por el SOTE
Ecuador subió de tres a treinta dólares la tarifa de transporte del crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), uno de sus dos grandes oleoductos, en medio de la inusitada guerra comercial en la que están inmersos ambos países, según confirmó este lunes la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.
La nueva tarifa entró en vigencia el viernes, en «reciprocidad» a la decisión de Colombia de suspender la venta de energía, después de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunciara la imposición de un arancel del 30% a las importaciones colombianas por una supuesta falta de apoyo de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico.
Manzano había dicho inicialmente que la tarifa que se modificaría era la correspondiente al transporte de crudo colombiano por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), el otro más grande del país.
Sin embargo, este lunes indicó en una entrevista radial que la medida se aplicará al crudo que pasa por el Sote, que pertenece a Ecopetrol, la principal empresa de petróleo del país vecino.
Por el OCP, en cambio, pasa crudo de empresas privadas colombianas.
La ministra indicó que Ecuador le está dando «un servicio importantísimo» a Ecopetrol al transportar el petróleo por el Sote, manejado por la empresa pública Petroecuador, para que pueda llegar desde el sur de Colombia hasta la costa del Pacífico para ser exportado.
La guerra comercial entre ambos países la inició Noboa el pasado miércoles, cuando anunció que Ecuador impondría desde el 1 de febrero una «tasa de seguridad» del 30% a los productos colombianos, ante la supuesta «falta de reciprocidad y acciones firmes» por parte del vecino país en el combate al tráfico de drogas.
El mandatario indicó que la medida se mantendría «hasta que exista un compromiso real» por parte de Colombia «para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera».
En respuesta, el Gobierno colombiano señaló que aplicaría un gravamen del 30% a la importación de veinte productos que lleguen desde Ecuador y también suspendió la venta de energía.
El viernes, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, indicó que habían recibido una propuesta de Colombia para reunirse el 25 de febrero y tratar la imposición de aranceles, pero que desde el Gobierno ecuatoriano plantearon que la cita se realice esta semana, aunque aún no se ha anunciado públicamente cuándo se dará.
En 2024, el comercio no petrolero con Colombia dejó un saldo desfavorable para Ecuador de 919 millones de dólares, en donde las importaciones tuvieron mayor preponderancia que las exportaciones, al alcanzar los 1.756 millones, de acuerdo a datos de la Federación Ecuatoriana de Exportadores. De enero a noviembre de 2025 el saldo fue de 852 millones. Fuente: Vistazo
En el marco del programa Tertulia Jurídica, se desarrolló un conversatorio académico con la participación del doctor Bruno Teixeira Lins, experto internacional en Derechos Humanos, quien abordó el tema “Justicia Ordinaria y Justicia Indígena: un análisis comparado desde los estándares internacionales de derechos humanos”.
El doctor Teixeira Lins, de nacionalidad brasileña, es abogado y profesor universitario. Cuenta con un máster en Derechos Humanos, cursa su segunda maestría en Antropología Social y desarrolla su doctorado en Derecho en la Universidad Tiradentes de Brasil. Actualmente realiza una estancia de investigación vinculada a un instituto académico de carácter nacional, además de desempeñarse como profesor invitado en universidades de Brasil y en la Universidad Católica de Quito.
Durante el diálogo, el invitado explicó que la diferencia entre la justicia ordinaria y la justicia indígena debe analizarse desde el pluralismo jurídico, entendido como un hecho social permanente. Señaló que ambos sistemas cumplen la misma función esencial, organizar la vida social y resolver conflictos—, pero se estructuran a partir de perspectivas, normas, autoridades y procedimientos distintos, por lo que no pueden ser evaluados bajo un criterio de superioridad, sino desde un enfoque intercultural y comparado.
En relación con los límites de la justicia indígena, Teixeira Lins indicó que, en el caso ecuatoriano, estos se encuentran establecidos principalmente por la Constitución de la República y por los tratados internacionales de derechos humanos, y no por la justicia ordinaria.
Destacó que Ecuador, a diferencia de otros países de la región, reconoce no solo la jurisdicción indígena, sino también a las comunidades, pueblos y nacionalidades como fuentes del derecho, lo que constituye un avance significativo dentro del constitucionalismo plurinacional.
Asimismo, explicó que las decisiones de la justicia indígena pueden ser impugnadas únicamente a través de una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, la cual no actúa como instancia de apelación, sino que verifica el respeto a los derechos constitucionales, la territorialidad, el carácter interno del conflicto y la compatibilidad con los derechos humanos. En casos excepcionales de privación de libertad, procede el hábeas corpus, limitado a analizar la legalidad, legitimidad y no arbitrariedad de la medida.
En el debate sobre la interculturalidad jurídica, el experto sostuvo que persisten tensiones entre el reconocimiento constitucional del derecho indígena y su aplicación práctica, debido a la tendencia del sistema jurídico a jerarquizar y simplificar la complejidad social, lo que en ocasiones deriva en limitaciones jurisprudenciales. No obstante, resaltó la importancia de decisiones judiciales que incorporan peritajes antropológicos, al permitir una comprensión más adecuada de los sistemas normativos indígenas desde su propio contexto cultural.
Finalmente, el doctor Teixeira Lins fue enfático al señalar que la justicia indígena no puede ser eliminada como hecho social, aun cuando no sea reconocida formalmente por el Estado, ya que responde a una necesidad inherente de organización y resolución de conflictos dentro de las comunidades.
Nacionales
‘Pasar el problema al vecino no es la solución’, advierte Daniel Noboa antes de dialogar con Colombia
En medio de la escalada de tensiones entre Ecuador y Colombia, el presidente de la República, Daniel Noboa, reiteró el llamado a la cooperación en la lucha contra los delitos transnacionales, durante la inauguración de la Conferencia Internacional sobre Drogas Sintéticas Ecuador 2026, este lunes 26 de enero en Quito.
Durante su intervención, el Jefe de Estado destacó la necesidad de una respuesta coordinada entre los países y entre las instituciones del Estado para proteger a la ciudadanía y enfrentar al crimen organizado. “No tenemos tiempo que perder (…). Nuestro objetivo es destruir los cimientos de esas redes criminales que operan sin escrúpulos y sin fronteras”, puntualizó.
Noboa envía mensaje a Colombia
Noboa señaló que para enfrentar la lucha contra las drogas se requiere inteligencia compartida, intercambio de información y un control estricto de sustancias sujetas a fiscalización.
Sin embargo, dijo que mientras Ecuador refuerza sus acciones contra el crimen transnacional en la frontera, otros países no muestran la misma firmeza y reciprocidad, «lo que termina afectando a nuestro país».
“Pasar el problema al vecino no es una solución; es simplemente trasladar la destrucción de familias a otra nación vecina, a otra nación hermana”, afirmó Noboa.
El presidente subrayó que solo mediante el trabajo conjunto se podrá derrotar a un enemigo que utiliza la violencia para «envenenar nuestro futuro».
Todo empezó por el anuncio de aranceles del 30%
Aunque no mencionó de forma explícita a Colombia, Noboa dejó claro su mensaje hacia el país vecino al señalar que Ecuador está dispuesto a abrir el diálogo, pero advirtió que este debe traducirse en acciones concretas.
“Podemos abrir el diálogo, pero si no hay la voluntad real de la contraparte de apoyar y hacer algo significativo para cooperar, para mejorar la situación, ya entonces vemos que es absurdo continuar por un camino cuando no se ve ningún resultado”, expresó el presidente Noboa.
Las declaraciones se producen en un contexto de tensión bilateral, luego de que el Gobierno de Daniel Noboa impusiera un arancel del 30 % a los productos colombianos que ingresan a Ecuador. En respuesta, la administración del presidente Gustavo Petro anunció una tasa adicional a artículos ecuatorianos y la suspensión de la venta de energía al país.
El conflicto se originó tras un mensaje publicado por Noboa en la red social X, en el que anunció la aplicación de una denominada ‘tasa de seguridad’, a partir de febrero, a productos colombianos. Según el mandatario, la medida responde a la falta de reciprocidad y de acciones firmes de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal. Fuente: Vistazo
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