Ecuador avanza de manera progresiva hacia la transformación digital y el desarrollo de ciudades inteligentes; sin embargo, todavía enfrenta importantes desafíos relacionados con la conectividad, infraestructura tecnológica y aprovechamiento de datos. Así lo señaló Katty Rohoden, directora de la Carrera de Telecomunicaciones de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), durante una entrevista con Diario El Amazónico sobre el tema: “Ciudades inteligentes: ¿Está Ecuador preparado para vivir en ciudades más conectadas?”

Rohoden sostuvo que, de acuerdo con la política pública nacional, actualmente no se puede afirmar que una ciudad ecuatoriana sea completamente digital o inteligente, aunque existen localidades que han desarrollado iniciativas orientadas a este objetivo. A su criterio, el país todavía presenta cierto retraso en materia de conectividad, particularmente frente al despliegue de tecnologías de nueva generación.

Uno de los aspectos abordados fue la implementación de redes 5G. La académica explicó que Ecuador tuvo un retraso en los procesos relacionados con la concesión de frecuencias, lo que incidió en el despliegue de esta tecnología. No obstante, señaló que desde finales de 2025 y durante 2026 operadores como CNT y Claro han iniciado el despliegue de redes 5G en el país.

La especialista también puso énfasis en la brecha digital existente en sectores rurales, donde todavía existen comunidades que no disponen de acceso a internet e incluso carecen de cobertura de telefonía celular. Esta situación limita oportunidades relacionadas con la educación en línea, telemedicina, acceso a información y otros servicios digitales.

Conectividad como base de las ciudades inteligentes
Para Rohoden, una ciudad o territorio inteligente no necesariamente requiere contar desde el inicio con la tecnología más avanzada. El elemento fundamental es disponer de conectividad, ya sea mediante radioenlaces, redes Wi-Fi u otras soluciones tecnológicas que permitan garantizar el acceso a la comunicación y la información.

En este proceso, señaló que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) cumplen un papel estratégico, debido a que pueden establecer políticas y asignar presupuestos para transformar proyectos tecnológicos en soluciones concretas para la ciudadanía.

La directora de Telecomunicaciones explicó que desde la academia pueden desarrollarse proyectos como sistemas de monitoreo ambiental y redes de sensores; sin embargo, su impacto depende de que existan recursos y mecanismos institucionales que permitan implementarlos a escala territorial.

La experiencia de Loja
Durante la entrevista también se analizó el proceso desarrollado por Loja, ciudad que ha impulsado iniciativas vinculadas con conectividad, puntos Wi-Fi, movilidad y sistemas tecnológicos aplicados a los servicios urbanos.

Rohoden destacó experiencias relacionadas con el monitoreo del tráfico y la congestión vehicular mediante sensores, señalando que estas iniciativas pueden constituir referencias para otros territorios del país.

No obstante, advirtió que el desafío no consiste únicamente en instalar sensores y recopilar información. El siguiente paso es procesar y utilizar los datos mediante herramientas como la inteligencia artificial, con el objetivo de generar análisis predictivos y mejorar la toma de decisiones públicas.

Universidad y formación de nuevos profesionales
La académica destacó el papel de las universidades en la preparación de profesionales capaces de responder a las necesidades tecnológicas de los territorios.

En el caso de la Carrera de Telecomunicaciones de la UTPL, explicó que se trabaja en un proceso de rediseño orientado a integrar las telecomunicaciones con áreas como inteligencia artificial, Internet de las Cosas (IoT) y nuevas tecnologías de conectividad.

La formación busca que los futuros ingenieros no solamente conozcan las bases teóricas de las telecomunicaciones, sino que también puedan diseñar e implementar soluciones tecnológicas, considerando las características geográficas y las necesidades específicas de cada comunidad.

Tres desafíos para Ecuador
Al realizar un diagnóstico sobre las principales necesidades del país para los próximos diez años, Rohoden identificó tres aspectos prioritarios:
1. Reducir la brecha de conectividad, especialmente en comunidades rurales y sectores alejados.
2. Fortalecer e incrementar la infraestructura tecnológica, necesaria para el despliegue de redes de nueva generación como 5G.
3. Realizar un uso adecuado e inteligente de los datos, considerando tanto la información generada por dispositivos y sistemas de monitoreo como la protección de datos personales.

Respecto a la conectividad rural, la especialista mencionó a Starlink como una alternativa tecnológica que puede contribuir a atender sectores donde las condiciones geográficas dificultan el despliegue de infraestructura terrestre. Señaló que su utilización debe analizarse de acuerdo con las condiciones, necesidades y presupuesto de cada comunidad o municipio.

Finalmente, Rohoden enfatizó que el concepto de ciudad inteligente debe estar orientado principalmente a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y no limitarse a incorporar tecnología. A su criterio, el desarrollo tecnológico debe avanzar paralelamente con la atención de las necesidades básicas y la reducción de las desigualdades de acceso a internet.

La UTPL, a través de su Carrera de Telecomunicaciones, informó además que mantiene abierto su proceso de matrículas hasta inicios de octubre, invitando a los estudiantes interesados en tecnología, conectividad, redes satelitales, Internet de las Cosas y soluciones inteligentes a formar parte de esta área de formación profesional.

El miércoles 2 de septiembre de 2026, el programa La Tertulia Jurídica abordó el tema “Delincuencia organizada: los desafíos de juzgar el crimen y combatir la corrupción”, con la participación del jurista Carlos Serrano Lucero, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y experto independiente en delitos de crimen organizado y corrupción.

Durante su intervención, Serrano explicó que la delincuencia organizada debe diferenciarse de la delincuencia común y de la codelincuencia, ya que implica una estructura criminal con distribución de roles, permanencia o reiteración y un propósito delictivo orientado a obtener beneficios económicos.

El jurista señaló que estas organizaciones pueden operar mediante diferentes estructuras y desarrollar actividades como sicariato, tráfico de drogas, extorsión y lavado de activos. Además, destacó que el fenómeno puede adquirir una dimensión transnacional y afectar ámbitos sociales, económicos y políticos.

También explicó los elementos que deben ser identificados durante una investigación por la delincuencia organizada, entre ellos la existencia de un grupo estructurado de dos o más personas, un acuerdo o concertación, permanencia o reiteración, el propósito de cometer determinados delitos y la búsqueda de un beneficio económico.

Serrano también analizó las dificultades que enfrentan Fiscalía, Policía y el sistema judicial para investigar este tipo de estructuras, debido a que no se persigue únicamente un hecho aislado, sino la identificación y comprobación de toda una organización criminal. Según su experiencia como juzgador entre 2022 y 2026, este tipo de investigaciones puede extenderse durante varios meses e incluso alrededor de un año.

Otro de los aspectos abordados fue la importancia de garantizar el debido proceso y la valoración adecuada de la prueba, particularmente cuando se utilizan mecanismos de investigación como interceptaciones de comunicaciones, seguimientos y vigilancias. En este contexto, sostuvo que las medidas que puedan afectar derechos fundamentales deben contar con elementos suficientes y la correspondiente autorización judicial.

La participación de Carlos Serrano Lucero permitió generar un análisis especializado sobre los retos que enfrenta el Ecuador frente al crimen organizado, destacando la necesidad de fortalecer las capacidades investigativas y judiciales, sin dejar de lado las garantías fundamentales que rigen el sistema de justicia.

El espacio La Tertulia Jurídica se consolidó así como un escenario de análisis y reflexión sobre problemáticas relacionadas con el derecho, la seguridad y la administración de justicia en el país.

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