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“Silencio institucional agrava la crisis ambiental en la provincia”

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En un contexto de creciente afectación ambiental, destrucción de infraestructura vial y desprotección ciudadana, el exasambleísta Salvador Quishpe realizó un pronunciamiento público de alto contenido crítico y reflexivo en el programa Frente a Frente, donde abordó de forma integral las causas estructurales de las recientes emergencias por lluvias e inundaciones en la provincia de Zamora Chinchipe.

Durante la entrevista, Quishpe hizo un llamado urgente a la conciencia ciudadana y al accionar firme de las instituciones frente a una problemática que combina factores naturales con una intervención humana descontrolada, en particular por las prácticas extractivas de la minería y la deforestación en zonas de alto riesgo.

Quishpe inició su intervención reconociendo que los ciudadanos de la provincia están plenamente conscientes de las causas de las afectaciones: “Desde siempre lo dijimos y seguimos diciendo, talar los bosques hasta la orilla de los ríos es un error”. Insistió en que la provincia, rica en recursos hídricos, requiere una gestión ambiental coherente, pues las lluvias intensas propias del clima amazónico agravan los efectos de la deforestación y la minería mal planificada.

En este sentido, criticó duramente la inacción de las autoridades ante la evidente vulnerabilidad de las cuencas hídricas. “Aquí no hay institucionalidad que se haya puesto a ejercer la gestión para prevenir todos estos problemas. Lamentablemente, Zamora Chinchipe es tierra de nadie”, sentenció.

Asimismo, lamentó que funcionarios públicos guarden silencio frente a estos hechos, bajo el argumento de que reciben amenazas. Para Quishpe, ese silencio es inaceptable: “Si están con miedo, renuncien. Que alguien venga con el valor de decir las cosas como son. Nadie está en contra de las actividades productivas, pero no podemos callar frente al daño evidente”.

El exlegislador evidenció con ejemplos concretos cómo la minería, especialmente en sectores como Chamico, ha alterado gravemente el entorno natural, desviando cauces de ríos, removiendo material de forma irresponsable y comprometiendo carreteras y puentes. Recordó que ya en 2021 denunció formalmente ante la Fiscalía la afectación a bienes públicos producto de actividades mineras, pero el caso fue archivado inicialmente, y sólo reabierto en 2024 tras insistencia.

“¿Qué pasa con los bienes públicos? ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Dónde está el Ministerio del Ambiente? ¿Dónde está ARCOM?”, cuestionó Quishpe, exigiendo que las autoridades competentes asuman sus responsabilidades legales conforme lo establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en especial el artículo 450, que faculta a la Fiscalía a iniciar investigaciones de oficio cuando los delitos ambientales son de conocimiento público.

Adicionalmente, denunció casos de amenazas por parte de personas vinculadas a la minería contra moradores que han alzado su voz. “Con lágrimas en sus ojos, una ciudadana relató cómo la amenazaban para desalojarla de su vivienda con el fin de realizar actividades mineras”.

Vialzachin, símbolo de abandono
Otro punto abordado con preocupación fue la situación de la empresa pública Vialzachin, actualmente debilitada económicamente. Según Quishpe, esta herramienta fue creada por la provincia con visión de desarrollo, y hoy se encuentra amenazada de desaparecer. “Nos dicen que necesitan alrededor de un millón de dólares para volver a operar adecuadamente. Hay rumores de quiebra. ¿Qué va a pasar con los trabajadores con diez o doce años de servicio?”, preguntó.
Subrayó que Vialzachin no es un regalo, sino el resultado de decisiones tomadas en asambleas provinciales, y por tanto debe ser defendida. También criticó que los alcaldes —quienes fungen como consejeros provinciales y tienen competencias sobre el uso del suelo— no hayan presentado posturas claras ante el deterioro vial ni frente al crecimiento de la actividad minera.

Doble moral institucional
Quishpe recordó que cuando en protestas ciudadanas se afectó un metro cuadrado de asfalto, se iniciaron procesos penales con celeridad contra los manifestantes, mientras que en los casos de destrucción de tramos enteros de vías por actividades extractivas ilegales, no hay ninguna acción judicial. “Eso es doble moral. Al campesino se lo persigue con rigor, pero a los responsables del desvío de ríos y destrucción de carreteras no se los toca”, denunció.

En un tono constructivo, Quishpe enfatizó la necesidad de diálogo y planificación, señalando que la minería no es intrínsecamente negativa, pero debe realizarse en lugares y condiciones adecuadas. “La minería, como el cuchillo, puede ser útil o letal dependiendo de cómo se use. Si se hace bien, con respeto a la provincia, puede ser una oportunidad, pero no podemos permitir amenazas ni destrucción”, afirmó.

Además, recordó que la Constitución del Ecuador, en su artículo 279, establece la obligación de formular planes de ordenamiento territorial, instrumento que permitiría definir zonas de actividad económica y áreas de protección. “Necesitamos una Asamblea Provincial donde nos pongamos de acuerdo: autoridades, mineros, campesinos, ciudadanos”, propuso.

En otro tema, elevó un llamado directo a la Contraloría General del Estado para que audite la gestión de entidades como la Prefectura, la Fiscalía, el Ministerio del Ambiente y ARCOM, por su falta de acción oportuna ante delitos ambientales y pérdida de bienes públicos. “No basta con hablar bonito. Se necesita resultados. ¿Dónde están los responsables de que se haya perdido un puente nuevo por omisión institucional?”, cuestionó.

Salvador Quishpe cerró su intervención con un llamado al pueblo de Zamora Chinchipe a mantenerse vigilante, a exigir transparencia y a construir un futuro responsable para las nuevas generaciones. “No vengo aquí contra nadie. Pero no podemos seguir aceptando este silencio institucional. La provincia merece respeto. Las decisiones que tomemos hoy marcarán el destino de nuestros hijos y nietos”, concluyó.

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Protestar también es un derecho

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Hablemos sin rodeos; cuando la gente sale a las calles en Ecuador, no siempre está desafiando al Estado, muchas veces está ejerciendo derechos que la misma Constitución reconoce. Sí, derechos. Porque manifestarse, expresarse, reunirse o resistir no son delitos: son libertades que forman parte de nuestra democracia.

La Constitución de la República del Ecuador es clara. En su artículo 66, numeral 13, se reconoce “el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria”. Es decir, salir a protestar no es un acto de rebeldía sin sentido, sino una forma legítima de participación ciudadana.

Además, el artículo 98 refuerza esta idea al establecer que las personas y los colectivos pueden ejercer el derecho a la resistencia frente a “acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales”. En otras palabras, cuando el Estado falla, cuando una institución abusa o cuando el silencio oficial se vuelve insoportable, la protesta se convierte en una herramienta constitucional para exigir corrección.

Incluso el artículo 46 garantiza la libertad de expresión y asociación, así como el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas organizativas. Lo que se dice en la calle, en pancartas o consignas, es también una forma de expresión pública, tan válida como un artículo de opinión o una publicación en redes sociales.

Claro, ningún derecho es absoluto. La misma Constitución prevé límites razonables, como los estados de excepción, que deben ser justificados, temporales y sujetos a control. Pero una cosa es regular, y otra muy distinta es reprimir.

Por eso, cuando veo a la fuerza pública ingresar con gases a las casas, detener personas que solo reclamaban o responder con violencia a la inconformidad social, me pregunto si esas acciones realmente respetan los principios de proporcionalidad, legalidad y necesidad que exige el propio orden constitucional.

Manifestar no es vandalismo, ni desorden. Es ejercer ciudadanía. Y cuando el Estado castiga sin explicar, cuando silencia sin escuchar, contradice los mismos artículos que dice proteger. Porque en el fondo, protestar también es una forma de amar al país: de quererlo mejor, más justo, más digno.

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Usuarios de las vías rurales del cantón Zamora exigen mantenimiento urgente ante el deterioro vial

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Habitantes, transportistas y usuarios de las rutas Chamico–Nambija Bajo–San Carlos de las Minas, Puente Azul–Namacuntza y Nambija Bajo–Cuzuntza, del cantón Zamora, expresaron su profunda preocupación por el mal estado de estas vías, que actualmente se encuentran intransitables y en condiciones críticas, afectando la movilidad, la seguridad vial, el turismo y la economía local.

Durante un recorrido realizado por estos sectores, los usuarios manifestaron que los baches, hundimientos y acumulación de material pétreo impiden el normal desplazamiento de vehículos livianos y pesados, generando daños constantes y gastos adicionales para los transportistas.

“Desde Chamico hasta San Carlos de las Minas la vía está intransitable. Hay baches profundos y grandes piedras que obstaculizan el paso.

Los carros pequeños, taxis y buses se dañan constantemente”, señalaron los moradores durante el recorrido.

La usuaria Sandra Patiño destacó que esta es la única vía alterna que permite conectar las parroquias rurales con Zamora, debido a que la ruta Cuzuntza–Cumbaratza también presenta deterioro avanzado.
“Solicitamos a la Prefectura que verifique el estado de la vía. Es la única alternativa que tenemos para movilizarnos y realizar nuestras actividades diarias. El mal estado genera riesgos y accidentes”, afirmó.

El gerente de la Cooperativa de Transporte Zamora Chinchipe, Luis Suárez Chamba, indicó que los buses que operan en la zona enfrentan graves dificultades para mantener su servicio.

“Nuestros socios reportan daños frecuentes en las llantas y en las hojas de los vehículos. Pedimos a las autoridades que intervengan, porque damos servicio diario a estudiantes y trabajadores que se movilizan hacia San Carlos de las Minas”, expresó.

Asimismo, Suárez enfatizó que la vía Puente Azul–Namacuntza también se encuentra seriamente afectada por la erosión y el desbordamiento del río durante el invierno, por lo que solicitó una ampliación y mantenimiento inmediato.

Los testimonios recogidos reflejan el malestar general de la ciudadanía. La usuaria Marcia Suárez, residente de San Carlos de las Minas, sostuvo:
“Las vías alternas están destruidas, llenas de huecos. Es difícil transitar y los gastos en reparación de vehículos son constantes. Hacemos un llamado urgente a las autoridades provinciales”.

De igual forma, Gustavo Ramón, otro de los conductores que circula por el sector, resaltó que el tramo desde Chamico hasta los alrededores de San Carlos de las Minas se encuentra en “pésimas condiciones”, y que es necesario realizar trabajos de bacheo inmediato para prevenir daños a las unidades y posibles accidentes.

Los moradores, transportistas y dirigentes locales hacen un llamado conjunto a la Prefectura de Zamora Chinchipe, a los GAD parroquiales de Cumbaratza y San Carlos de las Minas, para que se coordine un plan urgente de mantenimiento y rehabilitación.

Además, proponen la firma de un convenio interinstitucional que permita unir esfuerzos técnicos y financieros entre los distintos niveles de gobierno, a fin de garantizar una respuesta eficiente y sostenible a esta problemática que afecta directamente a cientos de familias rurales y al desarrollo productivo de la zona.

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Jeamphier León, “el rostro de una nueva política que nace desde la juventud zamorana”

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En una provincia marcada por la riqueza natural y los desafíos sociales, políticos y económicos, surge un joven con liderazgo que no teme pensar distinto, ni soñar en grande. Jeamphier Israel León Mendieta, un joven zamorano de apenas 22 años, cuya voz resuena con fuerza en el panorama político local. Su historia, tejida entre los valores familiares, la formación académica y un profundo sentido de justicia social, representa la esperanza de una juventud que se prepara para servir.

Raíces que sostienen un ideal
Hijo de padres zamoranos, Jeamphier creció en un hogar donde la honestidad, el trabajo y la humildad no eran simples palabras, sino una manera de vivir. Su padre, hombre incansable y amante de la pesca, le enseñó el valor del esfuerzo y la constancia; mientras que su madre, una mujer cariñosa y sabia, le inculcó el sentido de servicio y la importancia de actuar siempre con rectitud. “Ella es más que mi madre, es mi amiga, mi guía y mi consejera”, suele decir Jeamphier, con una gratitud que revela la nobleza de su carácter.

Esa formación familiar, basada en principios sólidos y en una visión de justicia, se convirtió en el cimiento de su compromiso con Zamora Chinchipe, una tierra que —según él— merece avanzar sin corrupción y con oportunidades reales para todos.

La fuerza del conocimiento y la conciencia política
Actualmente, Jeamphier cursa la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), donde ha encontrado un espacio para reflexionar sobre el poder, la ética pública y el rol transformador de la juventud en la sociedad. Además, cuenta con una certificación en Género, Poder y Política otorgada por la Fundación Tanden, formación que amplió su mirada sobre la igualdad y la inclusión como pilares de una democracia auténtica.

Su visión política no se limita a discursos ni a coyunturas. Cree firmemente que el liderazgo moderno debe construirse desde la empatía y la preparación, comprendiendo que el desarrollo de un territorio como Zamora Chinchipe depende tanto del conocimiento como del compromiso social.

Un joven que representa la nueva política
A los 22 años, Jeamphier León se desempeña como director provincial de Sociedad Patriótica en Zamora Chinchipe. Su presencia en la política no es casual ni improvisada: fue candidato alterno a la Asamblea Nacional, experiencia que le permitió conocer de cerca la realidad institucional del país y reafirmar su convicción de que la política debe volver a ser sinónimo de servicio y no de privilegio.

Su discurso es sereno pero firme. Habla con claridad sobre el futuro que sueña para su provincia: un Zamora Chinchipe que crezca con equidad, donde la educación, la producción y la participación ciudadana sean los motores de un nuevo modelo de desarrollo. Rechaza con decisión la corrupción, a la que considera el principal obstáculo para la justicia social y la dignidad de los pueblos.

Una esperanza sembrada en la juventud
Jeamphier no busca protagonismo, sino contribuir desde su generación a la construcción de un Ecuador más justo y solidario. Su carisma, su humildad y su formación académica lo han convertido en un referente entre los jóvenes zamoranos, quienes ven en él a alguien que no sólo habla de cambio, sino que lo representa en su forma de ser y actuar.

Con la serenidad de quien confía en el poder de las ideas, Jeamphier insiste en que la transformación de Zamora Chinchipe no será obra de unos pocos, sino de todos los que aman esta tierra y están dispuestos a trabajar con honestidad. “Soñar con un mejor Ecuador no es utopía —dice—, es una responsabilidad que debemos asumir cada día, desde donde estemos”.

Así, entre libros, caminatas por las riberas del Zamora y reuniones con jóvenes de su provincia, Jeamphier Israel León Mendieta continúa construyendo su camino político con la misma convicción con la que sus padres le enseñaron a mirar la vida: con fe, con esfuerzo y con amor por su gente.

Porque en la historia de cada pueblo, siempre hay un joven que se atreve a creer que el futuro puede ser distinto. En Zamora Chinchipe, ese joven hoy tiene nombre y compromiso.

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