Opinión
Si el candidato no ofrece cambios en el sistema político, no merece nuestro voto

Santiago Basabe / Politólogo, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, analista político y Director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política (Aecip)
Ahora que la segunda vuelta está tan cerca, es hora de que los candidatos presenten al país una propuesta clara de cambios al sistema político nacional. Esta no es una cuestión superficial. Si queremos que la economía o la seguridad mejoren es imprescindible que modifiquemos las reglas del juego político. Con el tipo de representación que ahora tenemos, sobre todo en la Asamblea Nacional, las probabilidades de tener una legislación acorde a las necesidades del país serán mínimas. Por ello, si Noboa o González no se pronuncian respecto a dar un giro en la institucionalidad política que nos gobierna, debemos pensar seriamente en la conveniencia o no de darles el voto.
Uno de los aspectos más importantes dentro del conjunto de cambios institucionales que requiere el país tiene que ver con la profesionalización de la actividad política. En otras palabras, es imprescindible contar con personas que sean políticos de carrera, provistos de destrezas para legislar o fiscalizar. Sin ese punto de partida, cualquier esfuerzo desde lo económico o lo social será insuficiente. Dicho de otra forma, hay que generar los incentivos necesarios para que a la Asamblea Nacional lleguen quienes se han formado para cumplir ese rol.
Esta afirmación no se refiere a exigir títulos académicos a los candidatos, desde luego. La afirmación se refiere, esencialmente, a contar con asambleístas que tengan la suficiente experiencia para hacer leyes y controlar los posibles excesos de los otros poderes del Estado. Eso se consigue permitiendo la reelección legislativa. Aunque esta reforma no es la única que se debe propiciar para elevar el desempeño de la Asamblea Nacional, es una de las más relevantes.
Sobre este punto, ni Noboa ni González han dado un criterio. Hay que exigirles, por tanto, un pronunciamiento al respecto. Si no lo hacen, hay que pensar dos veces antes de entregarles el voto.
La reelección legislativa es importante porque es de las pocas vías a través de las que el asambleísta adquiera experiencia. Si cortamos la posibilidad de que esa experiencia crezca, e impedir la reelección por más de una ocasión es una forma de hacerlo, entonces no debería extrañarnos que la legislación aprobada sea incongruente con otros dispositivos normativos, que tenga errores gramaticales o que, en lo de fondo, contenga disposiciones que no guardan coherencia con la realidad social que se busca regular. Por ello es que los presidenciables deberían decirnos claramente si creen o no en la necesidad de permitir la reelección legislativa sin mayores restricciones.
Aunque suena poco popular decirlo, renovar permanentemente a quiénes forman parte de la Asamblea Nacional no es buena idea. No me refiero a que no se verifiquen procesos eleccionarios, desde luego. Me refiero a que el continuo cambio de rostros en la legislatura no solo desalienta la formación de políticos de fuste, diestros en legislar y fiscalizar, sino que atenta además contra la posibilidad de generar agendas de políticas públicas que, en muchos de los casos, están basadas en la confianza entre legisladores.
Al igual que en cualquier otro espacio de socialización, cuando la interacción entre asambleístas se da por más tiempo, aumenta la credibilidad de unos respecto de otros, con la consiguiente repercusión en el establecimiento de diferentes tipos de acuerdos legislativos.
Aunque el solo hecho de permitir la reelección legislativa sin mayores límites no va a modificar del todo el juego político en el país, sí sería una contribución importante a que la vida pública mejore en alguna medida.
Dado que los ciudadanos poco podemos hacer para propiciar este tipo de cambios, la obligación de Noboa y González es hablar sobre estos temas a la ciudadanía y asumir una posición clara al respecto. De nada sirve que los presidenciables tengan propuestas en lo económico o lo social si, al mismo tiempo, no disponen de un guion específico en lo político. Permitir o no la reelección legislativa debe ser parte de dicho guion. Si el candidato no señala nada al respecto o evade asumir una posición, esa es una clara muestra de por quién no debemos votar. Fuente: Primicias
Noticias Zamora
Oro entre la esperanza y la exclusión: el grito silenciado de Zamora Chinchipe

Por: Alcíbar Lupercio – Periodista comunitario.
En este pedazo de la Amazonía ecuatoriana, donde el verde espeso de la selva se funde con el sudor del trabajo honrado, la tierra guarda un tesoro tan brillante como polémico: el oro. Desde su redescubrimiento en la década de los 80, cuando las minas de Nambija abrieron sus entrañas a la esperanza, la provincia de Zamora Chinchipe no volvió a ser la misma. Pero el oro, que debía traer desarrollo, ha terminado sembrando conflicto, división y desconfianza.
No fue la riqueza la que trajo primero a los habitantes, sino la necesidad. En los años 60, cuando la sequía azotaba a Loja, muchos migraron hacia esta provincia. Vinieron con la firme decisión de hacer patria, de habitar estas tierras que también eran codiciadas por intereses extranjeros. Aquí alzaron la bandera del Ecuador, hombro a hombro con los pueblos originarios, como el shuar, defendiendo con valor un territorio que otros intentaban arrebatar. Hoy, medio siglo después, la amenaza no viene del vecino país, sino de los tentáculos de poder económico –nacional e internacional– que han descubierto en Zamora no solo un suelo fértil, sino un botín dorado que se pretende arrancar sin importar el costo social o ambiental.
La minería, legal o no, ha sido durante décadas el motor económico de esta provincia. Miles de familias han vivido de ella, han puesto pan en sus mesas, han pagado estudios y han generado empleo donde el Estado ha estado ausente. Y sin embargo, son precisamente esos pequeños mineros los que hoy son estigmatizados, perseguidos y silenciados. El discurso de la defensa del medio ambiente se ha vuelto el nuevo dogma de los poderosos para legitimar el despojo y marginar a los verdaderos actores del territorio.
La criminalización de la pequeña minería, en contraste con la permisividad hacia las transnacionales, es una paradoja que hiere. Se persigue al campesino que extrae oro con sus propias manos, mientras se abren las puertas a quienes vienen con maquinaria pesada, contratos blindados y respaldo político. Se ignora que el problema no es la minería, sino la falta de regulación justa, de acompañamiento técnico, de créditos, de capacitación, de visión de Estado.
Hoy no hay dinero en las calles de Zamora. La paralización minera no solo afecta a los mineros, sino a los comerciantes, transportistas, productores, emprendedores. Se detuvo el flujo económico y con él, el aliento de una provincia que ha aprendido a sostenerse casi sola. La pobreza golpea con fuerza, mientras las autoridades locales miran de lejos, sin proponer soluciones ni liderar un verdadero diálogo.
No se puede andar sobre oro y vivir en la miseria. No se puede exigir cuidado ambiental sin ofrecer alternativas reales. Y no se puede llamar ilegal a quien ha trabajado la tierra por generaciones, mientras se legaliza, con leyes a la medida, a los grandes capitales.
La solución no está en la represión, ni en el silencio cómplice. Está en la regularización, en el acompañamiento, en la justicia social y en el respeto por quienes han sostenido esta provincia sin ayuda estatal. Está en mirar con seriedad a la pequeña minería y reconocer su aporte al tejido económico local. Está en sembrar paz, diálogo, desarrollo y dignidad.
Zamora Chinchipe no es solo un mapa minero. Es un territorio de historia, de lucha, de cultura y de gente que merece vivir con derechos, no con dádivas. El Estado tiene una deuda histórica con esta provincia, y es momento de saldarla con políticas públicas reales, no con persecuciones disfrazadas de legalidad.
Los mineros no son delincuentes. Son emprendedores, padres y madres de familia, ciudadanos que exigen ser reconocidos. Y su grito, aunque intenten callarlo, retumba en las montañas que alguna vez defendieron héroes anónimos. Porque esta tierra, rica en recursos, no puede seguir empobrecida por decisiones centralistas ni por intereses ocultos.
Legalizar la pequeña minería, apoyar al productor, invertir en infraestructura social, y erradicar la corrupción que se esconde en las instituciones del Estado no es una opción: es una urgencia ética. De lo contrario, nos estaremos auto eliminando como sociedad y como país.
Es tiempo de unidad. Es tiempo de verdad. Es tiempo de justicia.
Noticias Zamora
Un buen padre deja huellas, no cicatrices

Noticias Zamora
La nueva regulación del consumo de drogas y su impacto en la sociedad ecuatoriana

El 7 de junio de 2025, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, una reforma integral que busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Esta ley introduce cambios significativos en la regulación del consumo de drogas, reemplazando la anterior «Tabla de Drogas» por un sistema más técnico y contextualizado.
La Tabla de Umbrales de Consumo, también conocida como «Tabla de Drogas» establecida en 2013 por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), fijaba cantidades máximas de diversas sustancias que una persona podía portar para que se considerara consumo personal y no tráfico ilícito. Sin embargo, en noviembre de 2023, el presidente Daniel Noboa derogó esta tabla mediante el Decreto Ejecutivo N.º 28, argumentando que facilitaba el microtráfico al permitir que se encubriera como consumo personal el tráfico de pequeñas cantidades. Esta eliminación dejó un vacío legal que fue parcialmente cubierto por una resolución de la Corte Nacional de Justicia número 14-2023, instruyendo a jueces y fiscales a evaluar caso por caso, basándose en análisis meticuloso del caso en concreto.
La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, aprobada el 7 de junio del 2025, reforma el artículo 228 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para establecer que los parámetros para determinar el consumo personal de drogas serán fijados y actualizados mediante una resolución conjunta entre el Ministerio de Salud Pública, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura. Lo que busca evitar la criminalización de los consumidores y garantizar que no se confundan con traficantes por la sola posesión de una cantidad determinada.
La nueva normativa establece que no se presumirá el consumo de drogas en ningún caso. Por lo tanto, será requisito obligatorio la realización de pericias toxicológicas o psicológicas antes de emitir cualquier decisión o informe legal correspondiente. Lo cual permite una evaluación más justa y precisa de cada situación, diferenciando claramente entre consumo personal y microtráfico.
Aunque la reforma ha sido vista como un avance hacia un trato más justo para los consumidores, algunos expertos en derecho penal han cuestionado la participación de entidades judiciales en la definición de parámetros técnicos sobre adicciones, argumentando que se trata de un tema de salud pública que requiere la intervención de especialistas. Además, la implementación efectiva de estos nuevos criterios dependerá de la capacitación y coordinación entre las instituciones involucradas.
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