Gabriela Rodríguez, madre de una niña por quien se realizaron campañas de ayuda económica, rompió el silencio luego de la polémica generada en redes sociales por el uso de las donaciones y por un video en el que fue captada junto a su hija sin el equipo de oxígeno que, según había señalado anteriormente, la menor necesitaba de manera permanente.

En una conversación con el influencer Jhonny Cevallos, Rodríguez presentó documentos médicos y aseguró que su hija sí cuenta con un diagnóstico comprobado. Además, explicó que la situación se ha salido de control debido a los cuestionamientos y las reacciones que ha recibido en redes sociales.

La mujer también afirmó que ha sido víctima de amenazas e insultos cuando sale a la calle y a través de plataformas digitales.

Madre reconoce errores en el manejo del dinero

Durante la conversación, Rodríguez reconoció que cometió errores en la administración de parte de los recursos entregados para ayudar a su hija.

“Yo sé que hice mal, tal vez malinterpreté las cosas… perdón”, manifestó la mujer, quien aseguró sentirse avergonzada por sus decisiones.

Según explicó, una parte del dinero recaudado fue utilizada para pagar deudas, una decisión que ahora reconoce que no fue correcta.

Cevallos, quien había participado en la ayuda a la menor a través de su fundación, cuestionó esta situación y le recordó a Rodríguez que los recursos habían sido entregados específicamente para atender las necesidades de la niña.

“La ayuda era para ella, no para ti”, le señaló el influencer durante la conversación.

Asegura que todavía guarda dinero para el tratamiento

Rodríguez sostuvo que conserva parte del dinero recibido, debido a que su hija todavía necesita atención médica y, según su versión, deberá someterse a dos cirugías más.

La madre insistió en que las donaciones fueron destinadas principalmente a las necesidades de la menor y pidió que su hija no sea señalada por las decisiones tomadas por los adultos.

“No juzguen a mi hija, ella no tiene la culpa. Esto no es un juego, ella está mal, es verdad”, expresó.

El video que desató la polémica

La controversia comenzó después de que se difundiera un video en redes sociales en el que Rodríguez aparecía saliendo de un salón de belleza junto a su hija. En las imágenes, la menor estaba sin el equipo de oxígeno, situación que generó cuestionamientos debido a las declaraciones previas de su madre sobre la necesidad de utilizarlo permanentemente.

El caso provocó dudas entre los usuarios sobre el estado de salud de la niña y sobre el destino de las donaciones entregadas por personas que buscaban ayudarla.

Sin embargo, una grabación puntual no permite por sí sola determinar las necesidades médicas de una persona. El uso de oxígeno puede depender de indicaciones médicas específicas y variar de acuerdo con las circunstancias.

Por ello, los cuestionamientos en redes no constituyen por sí mismos una prueba de que haya existido un engaño.

“La gente solo juzga”

Rodríguez pidió que su versión también sea escuchada y lamentó que las reacciones en redes sociales hayan escalado hasta convertirse, según dijo, en amenazas e insultos.

“La gente solo juzga y no se da la oportunidad de explicar cómo realmente son las cosas”, afirmó.

La madre volvió a reconocer que tomó malas decisiones en el manejo de parte de los recursos y pidió disculpas a quienes colaboraron económicamente.

“Hice mal, lo acepto, y vengo avergonzada después de lo que hice. Solo les pido que puedan perdonarme”, manifestó.

El ciudadano Richard Campoverde, residente de la provincia del Azuay, hizo público su reclamo respecto al cobro de una contribución especial de mejoras derivada de la pavimentación de una calle ubicada en el sector de Control Sur, en Cuenca. Según manifestó, el valor asignado a su predio alcanzaría aproximadamente los USD 13.000, monto que, de acuerdo con su explicación, estaría siendo cancelado mediante cuotas de alrededor de USD 1.200 cada seis meses, equivalentes a aproximadamente USD 220 mensuales.

Campoverde sostiene que el cálculo del cobro no habría considerado adecuadamente la existencia de una quebrada ubicada frente a su propiedad, espacio que, según su interpretación de la normativa municipal, tendría carácter de bien de uso público y cuya incidencia en el financiamiento de la obra debería ser asumida por el Municipio.

El ciudadano señaló que aproximadamente 10 personas de su sector estarían afectadas por la situación y que el tramo intervenido tendría una extensión aproximada de 700 metros.

Reclamo por información previa a la obra
Campoverde afirmó que, antes de la ejecución de los trabajos, los moradores recibieron información de una funcionaria municipal identificada como Sara Palacios, quien, según su versión, habría señalado que la presencia de la quebrada permitiría distribuir los costos de manera que el valor para los propietarios no resultara elevado.

El ciudadano asegura que posteriormente, al acudir a diferentes dependencias municipales para presentar su reclamo, recibió respuestas distintas respecto a la existencia de dicha información. Campoverde cuestionó que no se haya considerado lo que, según afirma, fue comunicado durante la etapa previa a la ejecución de la obra.

Estas afirmaciones corresponden a la versión del denunciante y requerirían ser contrastadas con documentación oficial, expedientes administrativos y la posición del Municipio de Cuenca y de la funcionaria mencionada.

Dos años de reclamos
De acuerdo con Campoverde, el reclamo se mantiene desde hace aproximadamente dos años y ha sido presentado ante diferentes dependencias municipales, entre ellas áreas relacionadas con rentas, avalúos y ejecución de obras públicas.

El ciudadano sostiene que durante este periodo habría sido remitido de una dependencia a otra sin obtener una solución definitiva a su petición. También manifestó que anteriormente presentó su reclamo ante autoridades municipales y concejales, sin que, según su versión, se haya modificado el cobro establecido.

Campoverde anunció que continuará con el procedimiento administrativo correspondiente y señaló que prevé presentar un recurso de revisión, con la expectativa de que la actual administración municipal analice nuevamente su caso.

Solicita revisión del cálculo
El ciudadano considera que el Municipio debería revisar la metodología utilizada para determinar la contribución especial de mejoras correspondiente a la pavimentación, particularmente por la existencia de un área que, según su interpretación, sería de competencia municipal.

Campoverde hizo un llamado a las autoridades para que revisen su caso y determinen, con base en la normativa y documentación correspondiente, si el cobro aplicado se ajusta al marco legal vigente.

La denuncia plantea un debate sobre la aplicación de las contribuciones especiales de mejoras y la distribución de los costos de obras públicas entre propietarios y entidades municipales. Para establecer responsabilidades o confirmar la legalidad del cobro, será necesario contar con la documentación oficial del proceso y con la respuesta de las autoridades competentes.

La deportación de José Serrano desempolvó una serie de casos de repercusión nacional que estaban empolvados en Ecuador hasta hace poco.

Estamos hablando de casos como el desfalco al Isspol, el secuestro del político Fernando Balda, el informe extraviado por el asesinato del general Jorge Gabela, la supuesta masacre de Galo Lara y la revuelta policial del 30 de septiembre (30S).

Y es que José Serrano tuvo un rol protagónico en el gobierno de Rafael Correa, ocupando los ministerios de Justicia e Interior. El periodista de investigación, Juan Carlos Calderón lo calificó como “el hombre fuerte del gobierno del hombre fuerte (Correa)”.

Caso Galo Lara

Galo Lara y su esposa Carolina Llanos fueron acusados como los planificadores de un triple asesinato en 2011 en Quinsaloma, Los Ríos. Al año siguiente fueron sentenciados a prisión, hasta que en 2021 se comprobó su inocencia.

En 2011, Galo Lara era de uno de los opositores más ácidos del presidente Rafael Correa y el ahora candidato a la Alcaldía de Quevedo por ADN sostiene que la acusación respondió a una venganza política por las denuncias que realizaba.

En su calidad de Ministro del Interior, José Serrano siempre defendió que Lara era cómplice de un macabro crimen. “Este es el caso de un cómplice de asesinato, que no puede quedar en la impunidad. Los autores materiales y uno de los actores intelectuales ya fueron juzgados, pero los cómplices deben enfrentar la justicia del mismo modo”, manifestó en su momento.

Por su parte, Galo Lara dijo que no tiene ánimo de revancha contra Serrano porque ya lo perdonó.

El político Fernando Balda fue secuestrado en Colombia en agosto de 2012 y siete años después, dos policías de Inteligencia fueron sentenciados: Diana Falcón y Raúl ‘El Ratón’ Chicaiza.

Este último buscó ayuda de toda índole para evitar la prisión, pero le cerraron las puertas para una misión que le habían pedido sus superiores, dijo.

En el libro ‘Después olvidarán nuestros nombres’, del periodista Juan Carlos Calderón, se revela que Chicaiza mantuvo conversaciones con José Serrano en 2018, quien por entonces era el presidente de la Asamblea Nacional. Esos diálogos fueron grabados clandestinamente por el agente. Hablaban sobre cuánto dinero necesitaba para defenderse, lo que daba a entender que Serrano estaba al tanto del plan de secuestro. Al final, el agente Chicaiza no lo vinculó.

Fernando Balda celebró la detención de José Serrano y denunció que cuando estuvo recluido fue trasladado a otra cárcel sin explicación alguna. “Después supe que detrás de aquel traslado existía una intención mucho más oscura, incluso la de simular una supuesta fuga”, comentó en X.

Caso Jorge Gabela

Aunque el Gobierno sostenía que el asesinato respondía a delincuencia común, Patricia Ochoa nunca creyó en esa hipótesis. Por eso se creó un Comité y se contrató al perito Roberto Meza, quien elaboró tres informes en 2013. El último apuntaba a los posibles autores intelectuales, pero este se extravió en manos estatales.

Ochoa sospecha que Serrano pudo ser uno de los funcionarios que estuvo detrás del Tercer Informe extraviado.

Meza regresó al país en 2023 para reconstruir ese producto.

30S: el caso Francisco Endara

Francisco Endara Daza fue sentenciado en tres instancias nacionales por supuestamente participar en la incursión a Ecuador TV durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, conocido como 30S.

Fue un caso llamativo porque en cada instancia la imputación iba cambiando, primero acusado de sabotaje y terrorismo, luego señalado como un “apaciguador” de la protesta, “pero que participó y con su aplauso en un momento determinado hacía manifiesto y exteriorizaba su acuerdo general con la actuación del colectivo social…”.

“Me sentenciaron por aplaudir”, manifestó en su momento.

A la fecha, Endara es ingeniero en sistemas y acusó a José Serrano de forjarle la acusación. «Lo digo sin resentimientos o venganza, simplemente con sentido de justicia y porque no exista impunidad porque este individuo persiguió sistemáticamente a muchas personas. Hay un límite entre discrepar políticamente y actuar con odio como lo hizo este sujeto junto a su grupo», escribió en X.

Desfalco al Isspol

El asesor financiero Jorge Chérrez es uno de los señalados de desfalcar los recursos del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).

José Serrano ha dicho que no lo conoce, pero en noviembre de 2021, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, le preguntó sobre un cheque de Jorge Chérrez girado a favor de María Paula Christiansen por un total de USD 230 000.

Christiansen, quien es su actual pareja sentimental de José Serrano, dijo en su momento que ese cheque correspondía a un contrato de spa.

Renato González, exdirector del Isspol, no pasó por alto la detención de Serrano, sobre quien escribió: “Una lección de vida para todos, lo efímero del poder, lo volátil de los honores y las pleitesías, increíble ver a un personaje que prácticamente decidía sobre la vida y futuro de los demás, hoy devastado, canoso, flaco…” Fuente: Ecuavisa