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Selección de jueces nacionales lleva cinco años de fracasos y denuncias amenazan al concurso actual

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La alerta surgió en abril de 2024. A la cuenta de correo electrónico de la Dirección de Transparencia del Consejo de la Judicatura (CJ) llegó un mensaje anónimo con una denuncia que apuntaba a un grupo de funcionarios del organismo.

Según ese mensaje, estas personas solicitaban dinero a cambio de favorecer a postulantes del concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), que está en pleno desarrollo y debería culminar en octubre de 2024.

La información fue puesta en manos de Álvaro Román, quien ese momento era el presidente del CJ. Román, por su parte, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), que empezó una investigación previa por presunta concusión.

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la concusión se configura cuando un servidor público solicita o recibe dinero para realizar actos relacionados con sus funciones. Las penas van de siete a 12 años de cárcel.

Tres exfuncionarios y dos funcionarios, en la mira
El 25 de julio de 2024, la FGE allanó inmuebles en Pichincha, Santo Domingo y Azuay. Los agentes buscan indicios para armar el caso por concusión, pero los resultados aún son reservados.

Lo que se conoce es que los investigados son cinco. Tres de estos ya fueron desvinculados de la Judicatura  y otros dos siguen en sus cargos.

Solanda Goyes, vocal del CJ, explicó que el cuarto sospechoso no ha sido separado, ya que tiene una condición de vulnerabilidad que lo impide. Mientras que el quinto se mantuvo en su posición por decisión de Román.

En su cuenta de X, Román -que recientemente fue reemplazado en el cargo por Mario Godoy- felicitó la investigación de la Fiscalía. Recalcó que su gestión fue transparente, pero confirmó que no todos los involucrados fueron destituidos.

Aunque la identidad de los cinco involucrados todavía no se ha revelado, PRIMICIAS conoció de manera extraoficial que uno de ellos fue Jefe de la Escuela de la Función Judicial, hasta junio de 2024.

Su firma aparece en varios documentos oficiales de la Judicatura relacionados con el concurso. Por ejemplo, fue quien revisó los procedimientos para seleccionar a los expertos y para el desarrollo de la fase de impugnación del concurso.

Corte Nacional: 35 postulantes quedaron fuera del concurso, entre ellos tres jueces actuales
¿Concurso en riesgo?
Esta denuncia de presunta corrupción pone en dudas sobre el concurso para seleccionar jueces de la CNJ. Sin embargo, desde la Judicatura no creen que sea una razón para suspender o anular el proceso.

Actualmente, existen 70 aspirantes en carrera para la Corte Nacional de Justicia. Y restan la prueba escrita (que se rendirá el sábado 27 de julio de 2024), la prueba práctica y la fase de impugnación ciudadana y control social.

Goyes explica que sería difícil que el concurso tenga irregularidades, porque existieron varias fases, controles y filtros. Por ejemplo, menciona que existen 88 expertos -provenientes de la academia y del derecho en libre ejercicio- que han participado en varias etapas.

Por esta razón, la Vocal considera que el concurso debe continuar. Pero recomienda que se fortalezca aún más la vigilancia social del proceso y la transparencia, publicando de manera íntegra los expedientes de todos los postulantes en cada etapa.

Sin embargo, está postura de la Judicatura no garantiza la continuidad del concurso. Tres aspirantes a jueces nacionales interpusieron una acción de protección, con la que piden que se deje sin efecto las pruebas de confianza y ellos vuelvan al proceso. Además, pidieron que mientras se resuelve esa acción, como medida cautelar, se suspenda el concurso.

Tres personajes mencionados en casos Norero, Terán y Glas quieren ser jueces nacionales
Además, la denuncia por corrupción no es la única amenaza para la continuidad del concurso. Al interior del CJ también se ve con preocupación el número de postulantes que han avanzado hasta la etapa de oposición, ya que esto podría restar el nivel competencia.

Inicialmente, hubo 266 abogados inscritos, pero solo el 26% pudo rebasar las etapas de méritos y las pruebas de confianza. Hay un promedio de 35% de postulantes que se elimina en cada fase, por lo que existe el temor de que a la designación no lleguen los suficientes.

Según las bases del concurso, existen 10 vacantes para jueces nacionales y 15 para conjueces.

Cinco años de inestabilidad en la Corte Nacional
El concurso para la Corte Nacional de Justicia busca poner fin a un lustro de inestabilidad en el máximo organismo de justicia ordinaria. Desde 2019, esta institución ha tenido problemas para conformarse.

15/10/2019

26 jueces destituidos
La inestabilidad empezó en octubre de 2019. El Consejo de la Judicatura de la época evaluó a los magistrados de la CNJ y destituyó a 16 jueces y 10 conjueces. En su lugar nombró a conjueces temporales.

03/02/2021

Designación insuficiente
En 2021, la Judicatura realizó el concurso para nombrar a los 16 jueces y 10 conjueces faltantes. Sin embargo -al igual que ahora- los postulantes se fueron quedando en las fases. Finalmente, solo se pudo nombrar a nueve jueces y dos conjueces.

18/01/2024

Concurso fallido
El proyecto para el nuevo concurso empezó en septiembre de 2021. Mientras avanzaba hubo tres presidentes de la Judicatura: María del Carmen Maldonado, Fausto Murillo y Wilman Terán. Pero, en enero de 2024 se declaró nulo debido a las sospechas de corrupción.

21/03/2024

Nuevo intento
Ya con Álvaro Román al frente del Consejo de la Judicatura, en marzo de 2024 empezó el nuevo concurso para jueces de la CNJ, que debe concluir en octubre. El proceso está en marcha, pero una vez más hay una denuncia de corrupción, un cambio en la Presidencia del CJ y una acción constitucional para suspenderlo. Fuente: Primicias

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Denuncian supuesta compra de insulina con sobreprecio en Municipio de Guayaquil

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La adquisición para dotar de insulina a las casas de salud manejadas por el Municipio de Guayaquil generó un nuevo roce con el Gobierno Nacional, luego de que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) denunciara sobre presuntas irregularidades en el contrato.

Según el Sercop, la Alcaldía pretendería importar un millón de dosis de insulina a un precio mayor de lo que se vende en Ecuador. El costo que habría establecido por la compra el Municipio era de $12 por unidad, cuando en adquisiciones de otros procesos se pagaron precios por el medicamento entre USD 7,12 y 7,49.

Además, la entidad añadió que el Municipio tiene un incumplimiento normativo, al no contar con permiso previo emitido por la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa), para la importación de fármacos.

El Sercop apuntó que la verificación se realizó en cumplimiento de sus funciones, para cuidar la adquisición de bienes y servicios en beneficio de la ciudadanía.

De hecho, la institución recomendó al Municipio guayaquileño realizar el proceso de adquisición con farmacéuticas locales que cuentan con el producto, a un precio inferior al ofertado en el contrato establecido.

Julio José Neira, secretario de Integridad Pública y director encargado del Sercop, aclaró que un 2,66% de los procesos contratados por la Alcaldía, que equivalen a 47 contratos, fueron suspendidos por detectarse alguna irregularidad, incluido el de la adquisición de incluido. El valor todos estos procesos era de USD 9,7 millones.

«Se les acabó el relato de la compra de insulina por el sobreprecio…», apuntó Neira, este viernes 28 de noviembre.

Cruce de declaraciones entre Alvarez y Neira

La suspensión de los procesos generó una serie de insultos en redes sociales proferidos por el alcalde Aquiles Alvarez hacia Neira, quien a su vez le recordó que se encuentra procesado y llamado a juicio por presunta comercialización irregular de combustible.

«El proceso de insulina se suspendió porque el alcalde procesado pretendía importar insulina evadiendo la norma: ni siquiera pidieron registro sanitario, básico para asegurar calidad y proteger a los pacientes», recalcó Neira.

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Extienden la declaratoria de emergencia en el IESS por desabastecimiento de medicinas

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El director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Francisco Abad, dispuso la ampliación «de forma excepcional» por un mes más de la declaratoria de emergencia de la entidad.

Según informó la entidad en un comunicado difundido este jueves, la decisión se adoptó por criterios técnicos que, a su juicio, justifican la ampliación de la medida para garantizar que procesos contractuales puedan concretarse.

Al declarar el estado de emergencia el pasado 26 de septiembre, frente a una crisis de desabasteicmiento de medicinas e insumos médicos en centros de salud a escala nacional, el IESS asignó un presupuesto de USD 96 millones para compras públicas.

Medicamentos no entregados

En ese marco, un informe técnico presentado este lunes advirtió también que, pese a que el IESS ha suscrito varios contratos para adquirir medicamentos y bienes estratégicos, una parte de estos productos aún no ha sido entregada.

El documento señala que diversas circunstancias de índole técnica y operativa han impedido que la institución cuente con el abastecimiento completo previsto.

El mismo informe sostiene que, de no concretarse las entregas pendientes, el IESS enfrentaría un desabastecimiento inmediato de medicamentos de alta especialidad, lo que pondría en riesgo la continuidad terapéutica de miles de pacientes y acentuaría aún más la crisis actual.

También advierte que podrían incrementarse las complicaciones severas, las hospitalizaciones y los índices de mortalidad.

Ante ello, Abad emitió una resolución en la que ordena a los administradores de los contratos suscritos durante la emergencia mantener un seguimiento permanente de cada proceso.

La disposición incluye verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los proveedores y completar todas las gestiones necesarias hasta el cierre definitivo de los contratos.

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Más de un millón de ecuatorianos tienen una mala calificación crediticia, según análisis de red financiera

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En Ecuador, 1 060 000 personas, en promedio, tienen un score crediticio (calificación crediticia) menor a 300 puntos, 247 mil más de las que había en el 2019, según un informe de la Red de Instituciones Financieras para el Desarrollo.

Se trata de usuarios que registran pagos pendientes, atrasos frecuentes y moras prolongadas para cancelar sus deudas, es decir, que son perfiles con poca probabilidad de pago.

En términos prácticos, las instituciones financieras o centrales de crédito pueden negarles solicitudes de préstamos, pedir más documentos, garantías u otorgar financiamiento en condiciones menos favorables como intereses más altos.

Con este escenario, las compras pequeñas, como celulares, electrodomésticos e incluso ropa a plazos, inciden en la construcción del historial crediticio.

David Castellanos, analista de Equifax, que es una agencia de informes crediticios, relata que si una persona hace pagos que se difieren a plazos, eso permite ir construyendo un tema de un hábitos.

«Si se cumple igual el pago, obviamente, la persona va a tener una propensión de mejor hábito de pago como tal, pero también si hay retrasos, esto va a incidir ensu calificación o en su salud financiera», comentó.

Al mejorar el puntaje del score crediticio con compras pequeñas a crédito, los usuarios en general y específicamente aquellos que están excluidos del sistema financiero, podrían acceder nuevamente a él.

«Tendríamos que esperar por lo menos unos tres o seis meses hasta que esta persona vaya cumpliendo estos temas de pago. Ese comportamiento se toma dentro del historial crediticio. Mientras los otros pagos se van cumpliendo, va generando que esta persona paulatinamente vaya alcanzando un mejor score«, señaló Castellanos.

El score crediticio se puede revisar en las aplicaciones de bancos.Ees un servicio gratuito, que permite al cliente conocer su nivel de endeudamiento, si tiene un balance entre lo que gana y lo que gasta; y si tiene pagos pendientes en instituciones financieras, en locales comerciales o entidades de servicios.

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