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¿Se puede vaciar el gigantesco embalse de Mazar en 12 horas?

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El secretario General de Comunicación del Gobierno, Roberto Izurieta, dijo que el embalse de Mazar, el segundo más grande del país y el más importante porque abastece tres grandes hidroeléctricas en Ecuador (Mazar, Paute-Molino y Sopladora), «se vació» de manera deliberada.

«Dejaron correr el agua (…), se abrieron las compuertas», dijo el funcionario en una entrevista con Teleamazonas.

Izurieta, además, señaló que esto tendrá que formar parte de las investigaciones a cargo de la Fiscalía a partir de una denuncia presentada por el Gobierno.

El Gobierno acusa a 21 funcionarios del sector eléctrico de paralizar el servicio público de electricidad y de traición a la patria, incluida la exministra de Energía, Andrea Arrobo.

Las declaraciones de Izurieta se dan luego de que Juan Chimbo, parte de la Asociación de Turismo de Azuay, asegurara a Teleamazonas que hace 15 días el embalse de Mazar fue vaciado durante 12 horas. El video se difundió en redes sociales, generando reacciones de indignación entre los ciudadanos.

¿Puede vaciarse la presa de Mazar de un momento a otro?

El consultor hidroeléctrico y extécnico del exInstituto Nacional de Electrificación (Inecel), Ricardo Buitrón, dice que es imposible vaciar el embalse de Mazar en 12 horas.

Y las cifras lo respaldan.

Lo primero es entender qué es Mazar y cuál es su capacidad.

El embalse de Mazar es el segundo más grande del país, tiene 31 kilómetros de extensión y una capacidad para almacenar 410 millones de metros cúbicos de agua. Eso equivale a 100.000 piscinas olímpicas.

Pero no todo ese volumen se puede usar, sino solo 300 millones metros cúbicos, que corresponde a 75.000 piscinas olímpicas. El resto está compuesto de sedimentos y lodo, que no se pueden utilizar porque las turbinas de las hidroeléctricas se dañarían.

La importancia de Mazar está en que este reservorio abastece de agua no solo a la hidroeléctrica del mismo nombre, sino a las centrales hidroeléctricas Paute-Molino y Sopladora, que se ubican aguas abajo.

Las hidroeléctricas Mazar, Paute-Molino y Sopladora aportan un total de 1.757 megavatios o el 38% de la demanda del país. De hecho, cuando el embalse Amaluza de la central hidroeléctrica Paute-Molino se queda sin agua, Mazar desfoga sus reservas para alimentarlo al estar ubicado aguas abajo

Complejo Hidroeléctrico Integral Paute: Mazar, Paute-Molino y Sopladora

¿Cuánto se tardaría en vaciar Mazar?

Pero, entonces, ¿cuánto se tardaría en vaciar Mazar? El desfogue de agua del embalse de Mazar se realiza a través de dos vías:

La primera es un túnel de conducción hacia las turbinas, que tiene una capacidad máxima de desfogue de 140 metros cúbicos por segundo.

Y la segunda es un desagüe de fondo que tiene una capacidad máxima de 450 metros cúbicos por segundo y que se usa para botar agua cuando llueve demasiado y evitar el desbordamiento de la represa.

Por razones técnicas, la capacidad máxima de desfogue del embalse de agua utilizando ambos mecanismos y con la hidroeléctrica Mazar operando al 100% es de unos 250 metros cúbicos por segundo, dice Buitrón.

Considerando eso, vaciar el embalse tomaría unos 14 días y nunca solo 12 horas, enfatiza Buitrón.

Vaciar el embalse tomaría unos 14 días y nunca solo 12 horas.

Ricardo Buitro, extécnico del exInecel

Para poder vaciar el embalse de Mazar en 12 horas se necesitaría desfogar 7.000 metros cúbicos por segundo, algo que la actual infraestructura no permite, pues la capacidad máxima de desfogue es de 450 metros cúbicos por segundo, que solo podría darse si el embalse estuviera completamente lleno, dice Buitrón.

Otro dato que menciona Buitrón para sostener que el embalse no pudo ser vaciado en tan poco tiempo proviene del propio holding Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec).

Celec reporta que el embalse tenía una cota de entre 2.117 metros sobre el nivel del mar hace 15 días, que ya era muy bajo y crítico, considerando que el nivel mínimo de operación del embalse es 2.115 metros sobre el nivel del mar.

Y ya para el 18 de abril de 2024 el nivel del embalse cayó a 2.106 metros sobre el nivel del mar.

Eso significa que, en 18 días se desfogaron 50 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a apenas 32 metros cúbicos por segundo en promedio y no los 7.000 metros por segundo que habrían hecho falta para vaciarlo completamente.

El 17 de abril de 2024 sucedió lo inevitable: la hidroeléctrica Mazar salió de operación debido a que ya no había reservas de agua utilizables en el embalse.

A las 16:00 de ese día, Celec dispuso desfogar la escasa agua que quedaba en el embalse de Mazar para abastecer al embalse Amaluza, que abastece a la hidroeléctrica Paute-Molino, que también está en niveles críticos.

Si bien el embalse de Mazar tiene este momento unos 105 millones metros cúbicos acumulados, esto corresponde a lodo y sedimentos, por lo que la central hidroeléctrica del mismo nombre aún sigue fuera de operación.

El nivel del embalse de Mazar evidencia una tendencia de caída sostenida desde enero de 2024 y que llegó a niveles críticos en abril.

De hecho, Ecuador sufrió ya cortes masivos de luz el 26 de marzo y el 9 de abril de 2024, aunque la exministra de Energía, Andrea Arrobo, dijo que eran solo desconexiones temporales.

La crisis del sector eléctrico solo se reconoció el 16 de abril de 2024, cuando se anunciaron el regreso de los cortes de luz programados.

Durante este año el holding estatal Celec dejó de publicar los reportes del nivel de los embalses. PRIMICIAS lo notó en febrero de 2024 e hizo una consulta a Celec para conocer cuándo volvería a subir los datos a su página.

Extraoficialmente, dijo que estaba actualizando la página. Un pedido oficial de PRIMICIAS enviado el 9 de abril no había sido respondido hasta el cierre de esta edición. Aunque, el 17 de abril de 2024, los reportes volvieron a ser cargados en la página web.

En su denuncia a 21 funcionarios del sector eléctrico, el Gobierno argumenta que un grupo de personas ocultó información para provocar cortes de energía en la semana previa a la consulta popular. Fuente: Primicias

Nacionales

Justicia restaurativa frente a la minería ilegal en Ecuador: El caso de Zamora Chinchipe

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Por: José Benavidez. Estudiante de derecho

La expansión incontrolada de la minería no autorizada en la provincia de Zamora Chinchipe constituye uno de los dilemas socioambientales y dogmáticos más críticos para el Estado ecuatoriano. Ante la evidente insuficiencia del modelo punitivo tradicional del Código Orgánico Integral Penal (COIP) cuyo enfoque retributivo no logra revertir el colapso ecológico ni tutelar de forma efectiva los derechos del ecosistema, la dogmática penal contemporánea exige una reorientación hacia paradigmas complementarios orientados a la reparación integral y la sostenibilidad.

Contexto socio ambiental en Zamora Chinchipe

Zamora Chinchipe alberga importantes cuencas hidrográficas como los ríos Zamora, Bombuscaro, Nangaritza y Yacuambi, y ecosistemas de alta biodiversidad. Sin embargo, la proliferación de minería no regularizada en sectores como Yantzaza, El Pangui y la cuenca del Nangaritza ha derivado en:

1.- Degradación sistémica del suelo: Destrucción de la capa vegetal, deforestación masiva y alteración del cauce de los ríos por el uso de maquinaria pesada

2.- Contaminación por metales pesados: Vertimiento irrestricto de mercurio y cianuro, afectando la calidad del agua y la fauna acuática.

3.- Impacto comunitario y social: Desplazamiento de economías tradicionales, conflictividad social e intromisión en territorios de comunidades indígenas y locales.

El modelo punitivo actual y sus limitaciones

El ordenamiento jurídico ecuatoriano tipifica los delitos contra los recursos naturales y la minería ilegal en el COIP. No obstante, la vía penal ordinaria presenta serias limitaciones operativas frente a los daños ambientales de Zamora Chinchipe:

1.- Insuficiencia de la pena privativa de libertad: La prisión del infractor de último eslabón no logra la remediación del ecosistema ni la compensación a las comunidades afectadas.

2.- Incapacidad de remediación técnica: Las sentencias penales tradicionales priorizan la sanción retributiva, dejando en segundo plano los planes de manejo ambiental y la restauración ecológica a largo plazo.

3.- Saturación del sistema de justicia: La persecución penal individualizada no desarticula las redes financieras detrás del extractivismo ilegal ni ofrece respuestas oportunas a las zonas impactadas.

  1. Marco conceptual de la justicia restaurativa ambiental

A diferencia de la justicia retributiva centrada en el castigo estatal al infractor, la justicia restaurativa en materia ambiental redefine el concepto de «víctima», incluyendo tanto a las comunidades locales como a la propia naturaleza o Pachamama, reconocida como sujeto de derechos en el artículo 71 de la Constitución del Ecuador.

En lugar de contraponer la sanción a la reparación mediante un esquema tabular, la tutela penal ambiental contemporánea exige integrar ambos enfoques: mientras la justicia retributiva tradicional focaliza su mecanismo en el juicio penal adversarial para sancionar al infractor con la privación de libertad y tutelar el cumplimiento abstracto de la norma estatal, la justicia restaurativa ambiental desplaza el centro de gravedad procesal hacia la Naturaleza y las comunidades afectadas como sujetos protegidos, priorizando acuerdos reparatorios y planes de remediación técnica cuyos resultados concretos trascienden el mero cumplimiento de una condena, garantizando la reforestación, la descontaminación y la efectiva restauración de los ecosistemas impactados.

Viabilidad de aplicación en Zamora Chinchipe

Para que la justicia restaurativa sea aplicable en casos de minería ilegal en Zamora Chinchipe, la doctrina y la praxis penal exigen diferenciar la tipología de los actores involucrados:

Minera artesanal / de pequeña escala no regularizada: Mecanismo: Acuerdos de mediación penal ambiental u homologación de planes de reparación.

Acciones: Obligación técnica de reforestación de riberas, descontaminación de pasivos ambientales, sustitución gradual de tecnologías, eliminación del mercurio y trabajo comunitario de restauración.

Minería a gran escala no autorizada:

Mecanismo: Vía penal estrictamente retributiva, con decomiso de bienes y activos para financiar fondos públicos de reparación ambiental en la provincia. Consideraciones finales y propuestas de reforma La aplicación rigurosa de la justicia restaurativa en Zamora Chinchipe no implica impunidad ante la minería ilegal ni una concesión de lenidad hacia el infractor; por el contrario, representa una reorientación estratégica y pragmática de la tutela judicial efectiva. El castigo punitivo tradicional y el encarcelamiento no sanan las cuencas hidrográficas contaminadas ni devuelven la cobertura vegetal destruida; por ello, el sistema procesal debe trascender la fijación dogmática con la pena y enfocarse en una retribución directa, tangible y obligatoria hacia la sociedad y la Naturaleza.

Para materializar este cambio de paradigma, se requiere una articulación técnica e interdisciplinaria entre el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), la fiscalía general del Estado, la judicatura y las comunidades locales afectadas. Convertir la remediación ecológica, el trabajo comunitario especializado y la restitución del tejido social en la máxima prioridad del proceso penal es el único camino jurídicamente viable para frenar el colapso ambiental en la Amazonía sur.

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Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo son sentenciados a 9 años y 4 meses de prisión por caso Pruebas COVID-19

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El expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram Pulley fueron sentenciados este miércoles 9 de septiembre a 9 años y 4 meses de prisión como colaboradores del delito de delincuencia organizada, dentro del caso Pruebas COVID-19 Agentes AMT.

La decisión fue anunciada oralmente por el Tribunal luego de que, a las 17:47, se reinstalara la audiencia de juicio contra los Bucaram y otras dos personas procesadas dentro de esta causa.
La Fiscalía General del Estado informó que Leandro Berrones y Oren Sheinman también fueron declarados culpables, pero en calidad de autores directos del delito de delincuencia organizada. Para ambos, el Tribunal impuso una pena de 13 años y 4 meses de prisión.

El proceso investiga una estructura que habría operado durante la emergencia sanitaria de 2020 para lucrar de manera irregular con la comercialización de más de 21.000 pruebas rápidas de diagnóstico y otros insumos médicos, en momentos en que Ecuador atravesaba uno de los periodos más críticos de la pandemia de COVID-19.

Según la acusación, Bucaram habría mantenido almacenadas en su vivienda de Guayaquil miles de pruebas rápidas, mascarillas y lancetas relacionadas con la operación investigada.

Su hijo Jacobo, por su parte, fue señalado por presuntamente financiar la adquisición de la mercadería mediante un pago de USD 321.600 en efectivo.

Un proceso marcado por audiencias fallidas

El caso se ha extendido durante varios años y su avance estuvo marcado por reiteradas audiencias que no pudieron concretarse, entre ellas diligencias suspendidas por la ausencia del expresidente.

Una de las últimas audiencias fallidas ocurrió el 31 de agosto de 2026, Posteriormente, el Tribunal dispuso nuevas acciones para conseguir la comparecencia de Bucaram, quien permanecía hospitalizado, asegurando que sufría de afectaciones cardiacas.

Este miércoles, horas antes de su sentencia, Bucarám publicó una carta en la que dio a conocer que pidió el alta médica “a pesar de estar en peligro de muerte súbita”. Además, anticipó que sería sentenciado por el delito de delincuencia organizada.

A través de sus redes sociales, el exmandatario explicó que tomó esa decisión pese a tener “13K arritmias ventriculares». «Debemos entender que una sola puede originar mi muerte”, afirmó.

Dentro de la investigación también figuró Shy Dahan, ciudadano israelí señalado junto con Sheinman por la comercialización de los insumos médicos. Dahan fue asesinado en 2020 mientras permanecía recluido en la Penitenciaría del Litoral. Fuente: Vistazo
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Noboa dice que Dedalus trae a Ecuador el sistema de operación hospitalaria más avanzado del mundo

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El presidente Daniel Noboa anunció este miércoles 9 de septiembre que Ecuador incorporará el sistema de gestión hospitalaria Dedalus, una plataforma tecnológica con la que el Gobierno prevé interconectar 1.742 centros de salud y centralizar información sobre pacientes, citas, medicamentos, insumos y equipos médicos.

El mandatario dio a conocer la medida durante la tarde a través de sus redes sociales, donde señaló que la herramienta forma parte de las acciones destinadas a modernizar el funcionamiento del sistema público de salud.

La salud pública necesita soluciones. La gente lo pide, nosotros cumplimos”, manifestó Noboa al presentar la iniciativa.

Según el presidente, uno de los principales cambios será contar con un único historial clínico para los ecuatorianos, de manera que la información de un paciente pueda estar disponible dentro de la red de establecimientos conectados.

La plataforma también apunta a agilizar el agendamiento de citas médicas, mediante herramientas que automaticen la asignación de turnos y reduzcan la dependencia de intermediarios para acceder a una consulta.

Otro componente estará dirigido al inventario y control de medicamentos, insumos y equipos médicos disponibles en los establecimientos de salud.

Contrato de USD 240 millones

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), anunció la incorporación de la plataforma, utilizada en países como Irlanda, Alemania, Francia y Reino Unido

Para implementar este sistema, el MSP contratará a CNT, que se encargará de poner en marcha el servicio en la red pública de salud junto con la empresa italiana Dedalus.

Según consta en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), la cartera de Estado resolvió adjudicar este martes el contrato a CNT por USD 240 millones, mediante un procedimiento de régimen especial.

Estamos hablando de transformar la gestión de 1.742 establecimientos de salud del país”, destacó el ministro de Salud, Juan Carlos Aveiga.

En ese contexto, el MSP inició un proceso de contratación por régimen especial con CNT, que funciona como ejecutor tecnológico del Estado y presentó una propuesta que comprende tres componentes: conectividad, infraestructura y una plataforma integrada de información en salud.

De su lado, el gerente de CNT, Ronald Spina, resaltó que se trabaja en una transformación tecnológica del sistema público de salud.

Aveiga y Spina explicaron, en un video publicado por la Secretaría de Comunicación, que el país tiene un “sistema de salud fragmentado”, con “información dispersa y procesos que no siempre están conectados” entre los hospitales y otros centros médicos públicos. Fuente: Vistazo
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