En una nueva emisión del programa “La Tertulia Jurídica”, espacio de análisis y reflexión dirigido a la comunidad jurídica y a estudiantes de Derecho, se desarrolló un conversatorio especializado con la participación de José Charry Dávalos, quien abordó el tema “La formulación de cargos en el proceso penal”, una figura clave dentro del sistema de justicia.

Durante su intervención, el jurista explicó que la formulación de cargos constituye una decisión adoptada por la Fiscalía General del Estado, mediante la cual se inicia formalmente un proceso penal contra una persona determinada. Según indicó, antes de este momento procesal suele existir una etapa previa de investigación, pero es con la formulación de cargos cuando se activa oficialmente la instrucción fiscal dentro del sistema penal.

El especialista señaló que esta decisión implica que la Fiscalía identifique con claridad tres elementos fundamentales: el hecho delictivo ocurrido, la persona presuntamente responsable y los elementos de convicción o evidencias que permitan sostener la hipótesis acusatoria. Asimismo, explicó que es indispensable establecer una calificación jurídica del delito, es decir, determinar el tipo penal aplicable al hecho investigado.

Charry enfatizó que, aunque el marco normativo no establece un momento exacto para formular cargos, sí exige requisitos de fondo que deben cumplirse previamente. En ese sentido, sostuvo que la Fiscalía debe contar con suficientes elementos que permitan justificar la existencia del delito y la participación del presunto responsable antes de iniciar formalmente el proceso penal.

Consecuencias jurídicas de la formulación de cargos
Durante el análisis, el abogado penalista explicó que la formulación de cargos genera varias consecuencias jurídicas relevantes dentro del proceso penal.

La primera es el inicio formal de la instrucción fiscal, etapa en la que se investiga el caso con mayor profundidad y en la que se notifica al procesado sobre la apertura del proceso penal en su contra.

La segunda consecuencia es la posibilidad de restricción de derechos del procesado, ya que en la audiencia respectiva la Fiscalía puede solicitar medidas cautelares que limiten su libertad o su patrimonio, como la prisión preventiva, la presentación periódica ante la autoridad judicial o la prohibición de salida del país.

Finalmente, el jurista destacó una tercera consecuencia que, a su criterio, suele ser poco comprendida dentro del sistema judicial: la formulación de cargos delimita los contornos del proceso penal, es decir, fija los hechos, las personas y los elementos sobre los cuales la Fiscalía podrá acusar posteriormente durante el desarrollo del caso.

Desarrollo de la audiencia de formulación de cargos
En el conversatorio también se explicó cómo se desarrolla una audiencia de formulación de cargos. De acuerdo con Charry, el procedimiento inicia con la intervención del fiscal, quien expone de manera oral los hechos investigados, identifica al presunto responsable, establece la calificación jurídica del delito y presenta los elementos de convicción que sustentan su acusación inicial.

Posteriormente, se fija el tiempo de duración de la instrucción fiscal, que puede variar dependiendo del tipo de delito, y se abre un periodo en el que tanto la Fiscalía como la defensa pueden incorporar evidencias, pericias, testimonios y documentos que permitan sustentar sus respectivas posiciones dentro del proceso.

En esta misma audiencia, la Fiscalía puede solicitar medidas cautelares contra el procesado, las cuales son debatidas por la defensa y finalmente resueltas por el juez competente, quien debe fundamentar su decisión bajo criterios de necesidad y proporcionalidad.

Rol del juez y de la defensa
José explicó que la formulación de cargos es una facultad exclusiva de la Fiscalía, por lo que el juez no puede negar su realización. Sin embargo, el magistrado sí tiene competencia para resolver sobre las medidas restrictivas de derechos solicitadas por el fiscal.

En este contexto, destacó que el papel de la defensa consiste en argumentar jurídicamente por qué las medidas solicitadas no son necesarias o proporcionales, evitando discutir el fondo del caso en una etapa procesal que no corresponde al juicio.

Finalmente, el especialista subrayó que el análisis de medidas cautelares, especialmente la prisión preventiva, exige una evaluación rigurosa de los elementos presentados por la Fiscalía, ya que la restricción de la libertad personal debe responder a criterios jurídicos sólidos y no únicamente a presunciones.

El programa concluyó con un espacio de diálogo abierto con los participantes, quienes pudieron plantear inquietudes y reflexiones sobre la aplicación práctica de esta figura procesal dentro del sistema penal ecuatoriano.

Comerciantes, trabajadores que almacenan productos y transportistas del lado colombiano de la frontera con Ecuador mantienen bloqueado por cuarto día el paso entre ambos países, en protesta por la guerra comercial que ha llevado a una escalada de aranceles de hasta el 50%.

Los trabajadores del municipio colombiano de Ipiales se instalaron a unos 500 metros del puentena internacional de Rumichaca, el principal punto fronterizo entre Colombia y Ecuador y actualmente el único que se encuentra habilitado para transitar legalmente entre los dos países, y cerraron la carretera con plataformas de madera y vehículos.

La vía que conecta Pasto, Ipiales y Tumaco del lado colombiano sigue bloqueada por cuarto día consecutivo. Además, las protestas se mantienen en el puente internacional de Rumichaca, reportaron medios locales este 12 de marzo de 2026.

El pasado lunes ya habían bloqueado durante algunas horas el mismo paso con una treintena de camiones.

Pérdidas aumentan 
«Las pérdidas son incalculables. No sabemos hasta cuándo vamos a soportar así. Día a día se cierran empresas, agencias de aduanas, y bodegas mandan a la gente para la casa», dijo a EFE José Luis Arrieta, integrante de uno de los gremios que conforman el Comité de Trabajadores de Frontera.

Aseguró que la situación que están viviendo es porque el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y de Colombia, Gustavo Petro, «toman medidas sin pensar en cómo funciona la cadena de comercio exterior de la frontera», por lo que están exigiendo que «los aranceles se tumben».

El presidente en Ipiales de la Asociación Colombiana de Camioneros, Édison Mena, aseguró a EFE que con la protesta piden que se les garantice el derecho al trabajo, y que no son solo los sectores comerciales y logísticos los que están afectados sino las poblaciones de las ciudades fronterizas.

«Esperamos que las cosas se solucionen en unas mesas de trabajo binacionales para que se retome el trabajo y la normalidad entre las dos ciudades», indicó.

Ipiales pide a Tulcán sumarse a paro
Los trabajadores de Ipiales están en conversaciones con los de la ciudad ecuatoriana de Tulcán para que ellos también se unan a la paralización en los próximos días y así puedan enviar un mensaje de unidad a los dos gobiernos, añadió el presidente del Comité de Trabajadores de la Frontera, Óscar Obando.

Las personas que buscaban este miércoles pasar entre ambos países debían hacerlo a pie o en motos y aunque quienes hablaron con EFE manifestaron su molestia por el cierre fronterizo también rechazaron la imposición de aranceles.

«Me parece muy injusto que el presidente Noboa tome estas medidas porque los perjudicados somos nosotros, el pueblo», aseguró Wilson Montenegro, que cruzaba de Ecuador a Colombia.

El origen de la guerra comercial
La guerra comercial entre ambos países la inició en enero Noboa, al anunciar la imposición de una «tasa de seguridad» del 30% a importaciones colombianas, ante una supuesta falta acciones del Gobierno vecino en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

Colombia respondió con aranceles a 73 productos y cortó el suministro de electricidad a Ecuador, por lo que el Gobierno de Noboa aumentó la tarifa que cobraba por transportar crudo colombiano por uno de sus más grandes oleoductos. Además, desde el 1 de marzo subió el gravamen al 50 %.

Colombia y Ecuador han sido tradicionalmente dos sólidos socios comerciales con un intercambio que en los últimos años ronda los USD 2.800 millones, con una balanza negativa para Ecuador de alrededor de 900 millones. Fuente: Primicias

Ecuador está más cerca de alcanzar la regla del Código de Planificación y Finanzas (Coplafip), que establece que la deuda pública consolidada del país no debe superar el 40% del Producto Interno Bruto (PIB).

Se trata de un techo estándar que recomiendan entidades como el Fondo Monetario Internacional (FMI) a las economías menos fuertes, para evitar que la deuda se vuelva insostenible.

De hecho, en el programa que Ecuador tiene con el Fondo se establecen también metas de reducción del indicador de deuda consolidada frente al PIB.

La norma ecuatoriana, reformada en 2020, estableció que el indicador de deuda consolidada/PIB debía reducirse hasta llegar a 40% en 2032. La meta dice que para 2025, el indicador debía ser de máximo 57%.

Y la meta se cumplió. De hecho, para 2025, la deuda consolidada de Ecuador llegó a USD 65.540 millones. Eso representa el 49% del PIB del país, según el Ministerio de Finanzas.

Además, se trata de una reducción frente a 2024, cuando el indicador representó el 50,58% del PIB.

Obligaciones con el IESS no se contabilizan en la deuda consolidada
El Coplafip establece que el cálculo de este indicador se haga con base en lo que se conoce como deuda consolidada.

«En el  cálculo esto equivale a no computar la deuda interna con entidades públicas locales, como por ejemplo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), con empresas públicas o con la banca pública», explica el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz.

Ortiz aclara que simplemente no se computa en el cálculo del indicador, pero eso no signfica que no se vaya a pagar o que no se registre.

Se trata de un ejercicio en el que el Estado filtra estos compromisos porque, técnicamente, el dinero no sale de la «gran familia» estatal; solo cambia de bolsillo.

Y si se toma en cuenta eso, la deuda total del sector público en 2025, incluyendo compromisos por ejemplo, con el IESS, el monto sube a USD 87.478,1 millones, según información que publica el Ministerio de Finanzas sobre el total de sus obligaciones con los acreedores. Es decir, si se toma en cuenta todas las deudas, incluidas las del IESS, estas equivalen al 65% del PIB, según la página web del Ministerio.

A ese monto total el Ministerio de Finanzas le llama, en sus reportes, deuda pública agregada.

Aunque es de carácter informativo, la deuda agregada muestra la magnitud de las obligaciones que debe cubrir el Estado cuando los ingresos no alcanzan para cubrir el gasto público. Y es que cuando esto ocurre se crea lo que se conoce como déficit fiscal y debe cubrirse con deuda.

Ortiz, explica que el indicador que manda el Coplafip se mantuvo bajo el 50%  en 2025 debido a que el Gobierno echó mano de más deuda interna con el IESS. Esto, a través de bonos del Estado o atrasos con la entidad.

Por ejemplo, según el Ministerio de Finanzas, en diciembre 2024, el saldo de la deuda interna con entidades del sector público, en donde están los bonos del Estado que suele comprar el Biess, fue de USD 14.604 millones. Y para diciembre de 2025, creció a USD 17.892 millones.

Si cada ecuatoriano tuviera que poner de su bolsillo para pagar la deuda total del país (USD 87.478,1 millones), le correspondería aportar con USD 4.942. Eso es casi 10 veces el Salario Básico Unificado de 2026.

Ana Cristina Avilés, exviceministra de Economía, explica que la fórmula de calcular la deuda incluye tecnicismos que pueden variar según la entidad que esté haciendo la medición, pero que siempre será una buena noticia que el indicador que establece la ley haya bajado.

Sin embargo, Avilés destaca que el monto global de obligaciones con acreedores, incluido el IESS, sigue estando en una trayectoria riesgosa. «El endeudamiento está creciendo a un ritmo más rápido que la economía del país», explica.

De ahí que la economista considera que es importante que los gobiernos mantengan un orden fiscal que evite que el déficit y, por tanto, la deuda siga creciendo hasta ser insostenible.

La deuda externa tiene mejores condiciones
Avilés explica que, por otro lado, el crecimiento de la deuda pública ha ocurrido también porque Ecuador ha tenido más desembolsos internacionales, sobre todo, con multilaterales.

En 2025 la deuda externa de Ecuador sumó USD 51.858,3 millones y representa el 59% de la deuda agregada o total.

Esto significa que de cada USD 100 que le prestaron al país en 2025, USD 59 provino de prestamistas internacionales.

Frente a la deuda externa de 2024, el monto creció, pues en ese año los compromisos internacionales de Ecuador sumaron USD 49.313,7 millones.

Un mayor pago de deuda externa implica que Ecuador, un país que no tiene moneda propia, tenga que sacar más dólares del país. Sin embargo, también hay elementos positivos.

Y es que la deuda externa de Ecuador tiene una tasa de interés promedio más baja que la deuda interna y los plazos también son más largos.

«La deuda interna está muy focalizada en el IESS, además, nuestro mercado interno está muy inmaduro. Por eso el costo de la deuda interna es mayor, porque no hay mucha disponibilidad», dice Avilés.

Por ejemplo, en diciembre de 2025, la tasa de interés promedio de la deuda externa fue de 4,27% anual y el plazo promedio, de 16 años. En cambio, la tasa promedio de la deuda interna fue de 7,16% anual y el plazo promedio fue de siete años.

Los mayores acreedores de Ecuador en 2025 fueron los multilaterales, que suelen prestar dinero a tasas más bajas y plazos más largos, porque el país se compromete a cumplir condiciones, como en el caso del Fondo Monetario Internacional (FMI). O, porque el dinero se presta para programas específicos de inversión y obra pública, como en el caso del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Fuente: Primicias