Nacionales
¿Se puede vaciar el gigantesco embalse de Mazar en 12 horas?
El secretario General de Comunicación del Gobierno, Roberto Izurieta, dijo que el embalse de Mazar, el segundo más grande del país y el más importante porque abastece tres grandes hidroeléctricas en Ecuador (Mazar, Paute-Molino y Sopladora), «se vació» de manera deliberada.
«Dejaron correr el agua (…), se abrieron las compuertas», dijo el funcionario en una entrevista con Teleamazonas.
Izurieta, además, señaló que esto tendrá que formar parte de las investigaciones a cargo de la Fiscalía a partir de una denuncia presentada por el Gobierno.
El Gobierno acusa a 21 funcionarios del sector eléctrico de paralizar el servicio público de electricidad y de traición a la patria, incluida la exministra de Energía, Andrea Arrobo.
Las declaraciones de Izurieta se dan luego de que Juan Chimbo, parte de la Asociación de Turismo de Azuay, asegurara a Teleamazonas que hace 15 días el embalse de Mazar fue vaciado durante 12 horas. El video se difundió en redes sociales, generando reacciones de indignación entre los ciudadanos.
¿Puede vaciarse la presa de Mazar de un momento a otro?
El consultor hidroeléctrico y extécnico del exInstituto Nacional de Electrificación (Inecel), Ricardo Buitrón, dice que es imposible vaciar el embalse de Mazar en 12 horas.
Y las cifras lo respaldan.
Lo primero es entender qué es Mazar y cuál es su capacidad.
El embalse de Mazar es el segundo más grande del país, tiene 31 kilómetros de extensión y una capacidad para almacenar 410 millones de metros cúbicos de agua. Eso equivale a 100.000 piscinas olímpicas.
Pero no todo ese volumen se puede usar, sino solo 300 millones metros cúbicos, que corresponde a 75.000 piscinas olímpicas. El resto está compuesto de sedimentos y lodo, que no se pueden utilizar porque las turbinas de las hidroeléctricas se dañarían.
La importancia de Mazar está en que este reservorio abastece de agua no solo a la hidroeléctrica del mismo nombre, sino a las centrales hidroeléctricas Paute-Molino y Sopladora, que se ubican aguas abajo.
Las hidroeléctricas Mazar, Paute-Molino y Sopladora aportan un total de 1.757 megavatios o el 38% de la demanda del país. De hecho, cuando el embalse Amaluza de la central hidroeléctrica Paute-Molino se queda sin agua, Mazar desfoga sus reservas para alimentarlo al estar ubicado aguas abajo

¿Cuánto se tardaría en vaciar Mazar?
Pero, entonces, ¿cuánto se tardaría en vaciar Mazar? El desfogue de agua del embalse de Mazar se realiza a través de dos vías:
La primera es un túnel de conducción hacia las turbinas, que tiene una capacidad máxima de desfogue de 140 metros cúbicos por segundo.
Y la segunda es un desagüe de fondo que tiene una capacidad máxima de 450 metros cúbicos por segundo y que se usa para botar agua cuando llueve demasiado y evitar el desbordamiento de la represa.
Por razones técnicas, la capacidad máxima de desfogue del embalse de agua utilizando ambos mecanismos y con la hidroeléctrica Mazar operando al 100% es de unos 250 metros cúbicos por segundo, dice Buitrón.
Considerando eso, vaciar el embalse tomaría unos 14 días y nunca solo 12 horas, enfatiza Buitrón.
Vaciar el embalse tomaría unos 14 días y nunca solo 12 horas.
Ricardo Buitro, extécnico del exInecel
Para poder vaciar el embalse de Mazar en 12 horas se necesitaría desfogar 7.000 metros cúbicos por segundo, algo que la actual infraestructura no permite, pues la capacidad máxima de desfogue es de 450 metros cúbicos por segundo, que solo podría darse si el embalse estuviera completamente lleno, dice Buitrón.
Otro dato que menciona Buitrón para sostener que el embalse no pudo ser vaciado en tan poco tiempo proviene del propio holding Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec).
Celec reporta que el embalse tenía una cota de entre 2.117 metros sobre el nivel del mar hace 15 días, que ya era muy bajo y crítico, considerando que el nivel mínimo de operación del embalse es 2.115 metros sobre el nivel del mar.
Y ya para el 18 de abril de 2024 el nivel del embalse cayó a 2.106 metros sobre el nivel del mar.
Eso significa que, en 18 días se desfogaron 50 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a apenas 32 metros cúbicos por segundo en promedio y no los 7.000 metros por segundo que habrían hecho falta para vaciarlo completamente.
El 17 de abril de 2024 sucedió lo inevitable: la hidroeléctrica Mazar salió de operación debido a que ya no había reservas de agua utilizables en el embalse.
A las 16:00 de ese día, Celec dispuso desfogar la escasa agua que quedaba en el embalse de Mazar para abastecer al embalse Amaluza, que abastece a la hidroeléctrica Paute-Molino, que también está en niveles críticos.
Si bien el embalse de Mazar tiene este momento unos 105 millones metros cúbicos acumulados, esto corresponde a lodo y sedimentos, por lo que la central hidroeléctrica del mismo nombre aún sigue fuera de operación.
El nivel del embalse de Mazar evidencia una tendencia de caída sostenida desde enero de 2024 y que llegó a niveles críticos en abril.
De hecho, Ecuador sufrió ya cortes masivos de luz el 26 de marzo y el 9 de abril de 2024, aunque la exministra de Energía, Andrea Arrobo, dijo que eran solo desconexiones temporales.
La crisis del sector eléctrico solo se reconoció el 16 de abril de 2024, cuando se anunciaron el regreso de los cortes de luz programados.
Durante este año el holding estatal Celec dejó de publicar los reportes del nivel de los embalses. PRIMICIAS lo notó en febrero de 2024 e hizo una consulta a Celec para conocer cuándo volvería a subir los datos a su página.
Extraoficialmente, dijo que estaba actualizando la página. Un pedido oficial de PRIMICIAS enviado el 9 de abril no había sido respondido hasta el cierre de esta edición. Aunque, el 17 de abril de 2024, los reportes volvieron a ser cargados en la página web.
En su denuncia a 21 funcionarios del sector eléctrico, el Gobierno argumenta que un grupo de personas ocultó información para provocar cortes de energía en la semana previa a la consulta popular. Fuente: Primicias
Nacionales
Tensión en juicio político contra Inés Manzano: sesión se suspendió tras enfrentamiento entre legisladores
La sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que sustancia el juicio político contra la exministra de Energía y Minas, Inés Manzano, estuvo marcada este martes por un tenso enfrentamiento entre legisladores del oficialismo y la oposición, que obligó a suspender temporalmente la diligencia.
La tensión escaló poco después de las 18:00, cuando el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez (ADN), decidió suspender momentáneamente la sesión debido a los gritos y altercados verbales registrados entre los legisladores.
La audiencia se reanudó aproximadamente a las 18:50, aunque el ambiente continuó siendo tenso.
Tras el reinicio de la sesión, el presidente de la Comisión llamó la atención a la legisladora Mónica Palacios, luego de que interrumpiera la exposición del abogado Ismael Quintana, integrante de la defensa de Inés Manzano.
Defensa de Manzano rechaza vinculación con informe de Contraloría
Desde el inicio de la fase probatoria, los abogados de la exministra han sostenido que los documentos presentados por los legisladores acusadores carecen de valor suficiente para sustentar las acusaciones y han reconstruido una cronología del contrato con Austral Technical Management (ATM) para demostrar que las principales decisiones administrativas se adoptaron antes de que Manzano asumiera el Ministerio de Energía y Minas.
Durante su intervención este lunes, Ismael Quintana enfatizó que el informe de examen especial elaborado por la Contraloría General del Estado no menciona a Inés Manzano en ninguno de sus hallazgos ni le formula recomendaciones.
Según explicó, las observaciones del organismo de control están dirigidas al gerente general de CELEC EP y a los responsables de la unidad de negocio que intervino en la contratación.
Como parte de su exposición, la defensa ha presentado una línea de tiempo respaldada con documentación para sostener que el contrato con ATM fue suscrito el 9 de agosto de 2024 por el gerente de la unidad de negocio correspondiente, varios meses antes de que Manzano fuera designada ministra.
De acuerdo con esa reconstrucción, el proceso contractual ya se encontraba en marcha cuando la exfuncionaria asumió la cartera de Estado.
El juicio político se desarrolla mientras la Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación contra Austral Technical Management (ATM) por presunto fraude al Estado y delincuencia organizada.
Nacionales
Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 se convierte en política pública tras decreto de Daniel Noboa
A través del Decreto Ejecutivo 448, el presidente Daniel Noboa declaró como política pública de aplicación a nivel nacional el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, que fue aprobado el 9 de marzo de 2026. La declaratoria ocurre en el contexto de un conflicto armado interno, también decretado por Noboa.
En el decreto presidencial, firmado el 14 de julio de 2026, el Gobierno incluye un extenso documento que detalla en qué consiste el nuevo Plan de Seguridad Integral.
Su aplicación e implementación estará a cargo de los ministerios del Interior, Defensa, Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
Según el decreto, en el contexto del conflicto armado interno vigente, «se busca la transición desde un elevado nivel de conflictividad hacia uno de normalidad, que permita el desarrollo de actividades sociales y productivas en un entorno estable».
Y para elllo, la cooperación internacional «se concibe como un mecanismo estratégico, orientado al fortalecimiento de las ‘capacidades nacionales’ mediante alianzas bilaterales y multilaterales en materia de seguridad, defensa y combate al crimen organizado transnacional».
En esa línea, Ecuador ya ha anunciado cooperación en materia de seguridad, principalmente con Estados Unidos, que ha cooperado con el país incluso con bombardeos en supuestos campamentos ligados a grupos rebeldes y ligados al narcotráfico.
En 2025, Ecuador vivió el año más violento de su historia, según los registros de muertes violentas del Ministerio del Interior, con 9.216 homicidios intencionales.
En medio de los sucesivos estados de excepción y el anuncio de otros planes de seguridad como el llamado Plan Fénix, el crimen no cede en el país. Y ciudades como Guayaquil, donde según datos oficiales entre enero y mayo hubo más de 900 asesinatos.

¿Qué dice el Plan Nacional de Seguridad?
En el documento, el presidente Daniel Noboa asegura que este Plan «consolida y reafirma nuestra concepción de seguridad, bajo un marco de integralidad». Y establece que su marco doctrinario se fundamenta en los Intereses Nacionales. Estos intereses son:
- Soberanía Nacional e Integridad Territorial
- Seguridad y Cultura de Paz
- Democracia y el Estado de Derecho
- Vida Digna
- Patrimonio Natural y Cultural
- Prosperidad en Equidad

Objetivos del Plan Nacional de Seguridad
Además, el Plan Nacional de Seguridad Integral establece siete objetivos:
Imponer el control efectivo del territorio nacional y sus recursos
Anticipar y neutralizar amenazas mediante el empleo preventivo, oportuno y coordinado del poder del Estado
Reconstruir el sistema penitenciario como componente crítico de la seguridad
Enfrentar las amenazas a la estabilidad democrática y consolidar la institucionalidad del Estado
Generar condiciones seguras que permitan la acción del Estado en la provisión y acceso a servicios esenciales y trabajo pleno
Incrementar el control del Patrimonio Natural y el cumplimiento de los compromisos internacionales
Canalizar equitativamente el financiamiento en desarrollo, seguridad y defensa
«El diagnóstico de seguridad evidencia que el Estado ecuatoriano está amenazado por estructuras de crimen organizado transnacional y nacional», dice una parte del documento.
Estas son las amenazas identifican en el Plan Nacional de Seguridad 2025-2029
Crimen organizado
Extremismo violento
Intrusión extranjera
Minería ilegal
Narcotráfico
Terrorismo
Subversión
Corrupción
Ciberataques. Fuente: Primicias
Nacionales
Docentes asesinados y mil denuncias de extorsión: violencia en Ecuador provoca alarma internacional
La escalada de violencia contra el magisterio ecuatoriano generó un pronunciamiento internacional. El Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL) expresó su solidaridad con los docentes y con la Unión Nacional de Educadores (UNE), al advertir sobre casos de asesinatos, extorsiones, amenazas y otros hechos violentos.
Mil denuncias de extorsión contra docentes en Guayas
Gabriela Menéndez, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE) del Guayas, denunció que solo en esa provincia se han registrado alrededor de 1.000 denuncias de extorsión contra maestros entre 2025 y 2026.
Frente a este escenario, el gremio exige al Gobierno la declaratoria de emergencia en el sistema educativo y la implementación de un plan de seguridad para proteger a toda la comunidad educativa.
Dos maestras asesinadas en menos de dos semanas
El pronunciamiento de la IEAL, organización que agrupa a 375 sindicatos de profesores a nivel internacional, condena el asesinato de la docente Diana Isabel Carchi Mendia, ocurrido el 9 de julio dentro de su vivienda en la parroquia Barbones, cantón El Guabo, provincia de El Oro.
Ese crimen se produjo menos de dos semanas después del asesinato de la profesora Adriana Sáenz, quien fue atacada la mañana del 1 de julio de 2026 en los exteriores de su vivienda, ubicada en el norte de Quito.
De acuerdo con la Unión Nacional de Educadores, con estos dos casos suman al menos 10 docentes asesinados en Ecuador entre 2025 y 2026.
En un comunicado dirigido a la UNE, la Internacional de la Educación para América Latina manifestó que resulta inadmisible que quienes tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación deban ejercer su profesión bajo amenazas, miedo e intimidación.
La organización sostuvo que las denuncias de extorsiones, persecuciones y otras formas de violencia evidencian una crisis que obliga a muchos docentes a abandonar sus hogares o alterar su vida cotidiana para protegerse.
Ante esta situación, el Comité Regional de la IEAL respaldó las demandas de la UNE y solicitó:
La captura y sanción de los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de Diana Carchi y Adriana Sáenz.
La implementación urgente de un plan de seguridad con presupuesto para proteger a la comunidad educativa.
Que el Gobierno y el Ministerio de Educación dejen de guardar silencio y asuman su responsabilidad frente al incremento de la violencia que golpea al magisterio.
»Los asesinatos, la persecución y cualquier forma de violencia contra docentes son una amenaza al derecho a la educación pública. La escuela debe ser un espacio seguro para enseñar y aprender, libre de cualquier forma de violencia», concluyo la organización. Fuente: Vistazo
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