Nacionales
¿Se acerca el declive del correísmo? De la hegemonía política a perder tres elecciones presidenciales
Todos los analistas políticos coinciden en que Rafael Correa es el motivo por el cual el correísmo siempre queda finalista para disputar la Presidencia, pero en el balotaje no logra llegar a Carondelet por culpa de la incontinencia verbal del mismo Correa y todo lo que implica su figura.
Hoy, el movimiento atraviesa una crisis quizá más profunda que las anteriores: no solo perdieron la tercera elección consecutiva, en la que su candidata prácticamente no sumó votos entre la primera y segunda vuelta, sino que se están exponiendo marcadas divisiones internas.
La misma noche del domingo 13 de abril, Luisa González y Rafael Correa no reconocieron el triunfo de Daniel Noboa, mientras parte de las figuras más destacadas del correísmo, los alcaldes Aquiles Alvarez y Pabel Muñoz, y las prefectas Marcela Aguiñaga y Paola Pabón, se aprestaban para colaborar con el presidente reelecto.
Quizá es el inicio de una reconfiguración del correísmo. La última baja fue Mónica Salazar, asambleísta reelecta por la provincia de Los Ríos, que anunció su separación de movimiento, sobre todo, por diferencias con Luisa González, según dijo.
¿Se desarma el correísmo tras el triunfo de Noboa?
El movimiento surgió en 2006 con el membrete de Alianza PAÍS: un discurso progresista para acabar con la “partidocracia”, que al poco tiempo se convirtió en un régimen autoritario ajeno a la crítica. Correa mejoró los indicadores sociales, beneficiado por la bonanza petrolera y la deuda con China, pero no cambió la matriz productiva. Desde el 2015, la economía empezó a retroceder y el crecimiento de la burocracia que impulsó la Revolución Ciudadana ya no podía sostenerse con bajos precios del petróleo. Empezaron a hablar de inversión privada extranjera, de vender el Banco del Pacífico o de concesionar hidroeléctricas, pero no les resultó.
En 2015 el mismo Correa propuso cambiar su Constitución de Montecristi que, aparentemente iba a durar 300 años, para introducir una reforma que permitiera la reelección indefinida. No obstante, en 2017 no se lanzó y puso a Lenín Moreno, quien lo “traicionó”.
Muchos dijeron que ese sería el final del correísmo. Quedó fraccionado, perdió militantes, pero no murió. Moreno terminó quedándose con el membrete de Alianza PAÍS, que luego acabó sepultado; los correístas, por su parte, inscribieron el movimiento Revolución Ciudadana.
Con el pasar del tiempo el correísmo perdió el lugar hegemónico que logró entre 2007 y 2017, pero luego de eso se convirtió en la oposición que dirime la coyuntura. A Moreno apenas lo dejaron terminar su mandato. A Guillermo Lasso lo arrinconaron hasta que decretó la muerte cruzada y con Noboa se han declarado la “guerra». La derrota de esta elección presidencial es un golpe, pero no su final.
“Ya han dicho muchas veces que es el fin del correísmo y vemos cómo tienen las principales alcaldías y prefecturas. Han estado en todas las elecciones disputando la Presidencia. Hay que entender que la única organización política sólida, con bases y con afán de permanencia es el correísmo”, dice Mauricio Alarcón, analista y director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
La Izquierda Democrática, que era uno de los partidos con bases y que funcionaban de manera estructurada, ahora prácticamente está borrada del mapa, y el Partido Social Cristiano apenas logró poner cuatro asambleístas en estas elecciones. “El resto de organizaciones han nacido al calor del ‘anticorreísmo’, como CREO con Guillermo Lasso. Pero son partidos personalistas que no logran trascender. ¿Dónde están?”, cuestiona Alarcón. El mismo camino tuvo Construye, que usó la figura de Fernando Villavicencio y ahora está casi extinto.
En esto coincide el analista político César Febres Cordero: “Toda mi vida escuché que decían que el PSC ya estaba muerto y ahí sobrevive. El correísmo es un movimiento joven. Correa ha sido su primer caudillo y se quedará por más tiempo”. Pero sí considera que la Revolución Ciudadana tiene una crisis, de la cual es culpable su propio caudillo.
“El correísmo siempre ha tenido al interno una confrontación entre las tendencias más conservadoras y más progresistas o entre los ambientalistas y desarrollistas. Pero eso no importaba porque Correa zanjaba las diferencias. Con Correa lejos esto se vuelve cada vez más evidente y se van a ver más fisuras tras la amplia victoria de Noboa”, acota Febres Cordero.
Las causas de la crisis del correísmo
El hecho de que nuevos movimientos emerjan y vivan del discurso anticorreísta da cuenta que está vigente y lejos de desaparecer. La última elección mostró que hay un 44 por ciento de la población que confía en ese proyecto político, mientras que el 56 por ciento desconfía de él.
Por eso, la victoria del presidente reelecto, «más que un respaldo a Noboa, fue un rechazo al regreso de la Revolución Ciudadana. La narrativa sobre el narcotráfico, la dolarización en peligro y los vínculos con Venezuela fueron eficaces para generar temor», dice la politóloga Selene López.
En este sentido, López considera que no se trató de una campaña de propuestas, sino de relatos para explotar los errores ajenos. Al correísmo le tocará replantear su narrativa y buscar la manera de que sus candidatos no vivan a la sombra del caudillo, y que ganen o pierdan los votos, no por la figura de Correa, sino por el liderzgo de cada uno.
De momento, los analistas dicen que la fractura que evidencia la cúpula correísta con Pabel Muñoz y el resto de autoridades seccionales, por el reconocimiento del triunfo de Noboa se puede leer de dos maneras.
La primera, que alcaldes y prefectos necesitan una buena relación con el Presidente porque dependen de los recursos asignados por el Estado central. Y lo segundo, podría ser una presión de estos líderes a la cúpula del correísmo para cambiar de estrategias y ampliar su base de votación. Quizás buscar alianzas más amplias, a las que el correísmo siempre ha sido esquivo porque hizo de la confrontación su bandera.
La elección demostró que Luisa González apenas creció unos 160 mil votos entre la primera y segunda vuelta, mientras que Noboa ganó 1,3 millones de votos adicionales. Eso quiere decir, al menos en teoría, que la alianza con Leonidas Iza y Pachakutik no le sumó nada. Mucho menos la alianza con Jan Topic en los últimos días de campaña.
Según el análisis de Javier Rodríguez, PhD en Sociología, en Cotopaxi, por ejemplo, donde Iza alcanzó parte importante de su votación, Luisa creció un 37 por ciento en la segunda vuelta, pero Noboa creció un 68 por ciento . En Pichincha, González creció solo 4 puntos porcentuales, mientras que Noboa obtuvo 32 incrementando su votación en un 32 por ciento. Pero en provincias como Santo Domingo, El Oro y Guayas, el correísmo incluso decreció. Es decir, votos que obtuvieron en primera vuelta, en el balotaje se fueron a Noboa.
Rodríguez dice que todavía es muy pronto para sacar conjeturas y que los resultados a nivel cantonal y parroquial permitirán ver con mejor precisión dónde está estancándose el correísmo y por qué Noboa creció tanto, más allá de las hipótesis que ya se han esgrimido.
Lo cierto es que el correísmo tendrá que replantear su estrategia, porque parece que su discurso ya no está actualizado con las demandas de las nuevas generaciones. Les pasa a todos los partidos politicos. Y mientras no haya movimientos estructurados y con base electoral, el correísmo seguirá siendo la mayor fuerza política. El tiempo dirá si Daniel Noboa y ADN le arrebatan ese puesto. Fuente: Vistazo
Nacionales
Gasolinas Extra y Ecopaís: Daniel Noboa reforma el mecanismo de precios y anuncia una reducción
El presidente de la República, Daniel Noboa, reformó el mecanismo para fijar los precios de las gasolinas Extra y Ecopaís con el objetivo de reducir el impacto por las alzas internacionales del petróleo.
De acuerdo con el Ejecutivo, la aplicación de este ajuste al sistema de estabilización de precios de las gasolinas Extra y Ecopaís permitirá que, durante la actualización correspondiente a este mes de julio, se registre una reducción en el precio de los combustibles.
De esta manera, cuando existan fluctuaciones temporales en los precios internacionales, se podrán amortiguar sus efectos sobre el precio final de los combustibles.
Los precios actuales de los combustibles entraron en vigencia desde el 12 de junio de 2026. El diésel pasó de USD 3,10 a USD 3,25 por galón, mientras que las gasolinas Extra y Ecopaís aumentaron de USD 3,16 a USD 3,31 por galón.
En el caso de la gasolina Súper, cuyo precio está liberalizado y depende de las condiciones del mercado internacional, el valor se incrementó de USD 4,81 a USD 5,60 por galón.
Estos precios estarán vigentes hasta el 11 de julio de 2026. A partir del 12 de julio entrará en vigor una nueva actualización mensual, que, de acuerdo con el Gobierno, reflejará una reducción en los precios como efecto de la reforma.
Por último, el Gobierno informó que a través del Ministerio de Ambiente y Energía se garantiza el normal abastecimiento de combustibles en todo el país.
Por su parte, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) continuará ejecutando controles para verificar el abastecimiento, el cumplimiento de los precios vigentes y la calidad de los combustibles en las estaciones de servicio del territorio nacional. Fuente: Vistazo
Nacionales
La planificación territorial es clave para reducir el impacto de los desastres socionaturales, afirma experto de la UTPL
Tras el devastador aluvión registrado en la provincia de Zamora Chinchipe, el director de la Carrera de Ingeniería en Riesgos y Cambio Climático de la Universidad Técnica Particular de Loja (Universidad Técnica Particular de Loja), Wilman Merino, sostuvo que la planificación territorial constituye una de las principales herramientas para prevenir y reducir el impacto de los desastres socionaturales, siempre que esté acompañada de una adecuada gestión del riesgo y de decisiones sustentadas en información técnica.
Al iniciar la entrevista, Merino expresó sus condolencias a las familias afectadas por la tragedia ocurrida en Zamora Chinchipe y reconoció el trabajo desarrollado por los cuerpos de bomberos, voluntarios, organismos de respuesta y ciudadanía, quienes participaron en las labores de rescate y atención de la emergencia, incluso poniendo en riesgo su propia integridad.
El académico explicó que fenómenos como deslizamientos, inundaciones, aluviones o erupciones volcánicas forman parte de la dinámica natural del planeta; sin embargo, aclaró que estos eventos se convierten en desastres cuando afectan a personas, viviendas, infraestructura, actividades productivas y medios de vida.
En este contexto, señaló que la gestión del riesgo debe entenderse como un eje transversal del desarrollo territorial, ya que la vulnerabilidad es producto de decisiones humanas relacionadas con el uso inadecuado del suelo y la ocupación de zonas expuestas a amenazas naturales.
Planificar el territorio con visión de futuro
Merino indicó que la planificación territorial consiste en analizar las características físicas y ambientales de cada territorio para determinar qué actividades pueden desarrollarse de forma segura en cada espacio.
Explicó que las zonas inundables o cercanas a cauces de ríos no deberían destinarse a urbanizaciones o edificaciones permanentes, sino a áreas de protección ambiental, parques lineales o espacios recreativos compatibles con su condición natural.
De igual manera, sostuvo que otras áreas pueden destinarse a actividades agrícolas, pecuarias, industriales o urbanas, siempre que previamente se evalúen sus condiciones geológicas, hidrológicas y ambientales.
El especialista enfatizó que la planificación no debe responder únicamente a las necesidades actuales, sino proyectarse hacia escenarios futuros considerando el cambio climático, el incremento de precipitaciones extremas y la aparición de nuevos eventos adversos.
Las lecciones que deja el aluvión de Zamora Chinchipe
Respecto a la reciente tragedia registrada en Zamora Chinchipe, Merino afirmó que una de las principales enseñanzas es reconocer que Ecuador es un país expuesto a múltiples amenazas naturales.
Indicó que el mayor error después de un desastre consiste en reconstruir viviendas e infraestructura exactamente en los mismos lugares donde ocurrió la afectación, práctica que calificó como «reconstruir el riesgo».
Según explicó, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial no deben quedarse únicamente como documentos administrativos o requisitos legales, sino convertirse en instrumentos efectivos de gestión que orienten las decisiones de los gobiernos locales y permitan ejecutar acciones concretas para disminuir la vulnerabilidad.
Tecnología para anticipar riesgos
El director de la carrera destacó que actualmente existen herramientas tecnológicas capaces de identificar zonas con amenazas antes de que ocurra una emergencia.
Entre ellas mencionó el uso de sistemas de información geográfica, teledetección, imágenes satelitales y análisis de datos climáticos.
Como ejemplo, señaló que imágenes satelitales correspondientes al año 2024 ya evidenciaban la presencia de macrodeslizamientos activos dentro de la microcuenca del río Kantzama, información que podía servir para identificar áreas con alta susceptibilidad a nuevos movimientos de masa.
Asimismo, subrayó la importancia de fortalecer las unidades de gestión de riesgos de los gobiernos autónomos descentralizados, muchas de las cuales funcionan con personal limitado y escasos recursos técnicos.
También destacó el valor de los sistemas de alerta temprana, alimentados por información meteorológica y climática, que permiten adoptar medidas preventivas antes de que una amenaza se convierta en desastre.
Responsabilidad de los gobiernos locales
Merino recordó que cada nivel de gobierno posee competencias específicas dentro de la gestión del territorio.
Indicó que los gobiernos parroquiales desempeñan un papel fundamental por su cercanía con las comunidades, promoviendo procesos de capacitación, simulacros, planes de respuesta y fortalecimiento de la cultura de prevención.
Por su parte, explicó que los municipios son responsables del uso y gestión del suelo mediante la elaboración de planes territoriales y ordenanzas que determinen dónde es posible construir, qué actividades pueden desarrollarse y cuáles son las zonas que deben permanecer protegidas por razones ambientales o de riesgo.
Cambio climático: un desafío permanente
El especialista manifestó que el cambio climático modifica las condiciones meteorológicas y aumenta la intensidad de las precipitaciones, así como la frecuencia de eventos extremos.
Recordó que durante 2024 Ecuador enfrentó una severa sequía que provocó déficit hídrico, afectaciones en la generación eléctrica, pérdidas económicas y consecuencias sociales, demostrando que los efectos climáticos trascienden el ámbito ambiental.
Por ello insistió en que la planificación territorial debe incorporar escenarios climáticos de mediano y largo plazo para diseñar medidas de adaptación, sistemas de riego, infraestructura resiliente y estrategias que permitan disminuir los impactos futuros.
El aporte de la UTPL
Finalmente, Merino explicó que la Universidad Técnica Particular de Loja desarrolla su aporte mediante tres ejes fundamentales: la formación académica, la investigación científica y la vinculación con la sociedad.
Destacó que la carrera de Ingeniería en Riesgos y Cambio Climático formas profesionales especializados en análisis geoespacial, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático.
Además, señaló que la universidad genera investigaciones, monitoreo ambiental y análisis de variables climáticas cuyos resultados están disponibles para apoyar la planificación y la toma de decisiones de los gobiernos autónomos descentralizados.
Concluyó reiterando el compromiso de la institución con la formación de profesionales capaces de responder a los desafíos actuales y futuros relacionados con la gestión de riesgos, el cambio climático y la construcción de territorios más seguros y resilientes.
Nacionales
Menos de un año tomaría la extradición de narcos y otros delincuentes tras reciente ley aprobada por la Asamblea
La Corte Nacional de Justicia (CNJ) deberá constituir, en el plazo de un año, una unidad técnica especializada en temas de extradición a partir de la publicación de la Ley de Extradición, aprobada por unanimidad en la Asamblea el 7 de julio.
Esa es una de las disposiciones de la nueva normativa. Otra medida es que se negará la extradición de ecuatorianos, por hechos imputados anteriores al 9 de mayo de 2024, fecha en la que se publicaron los resultados de la consulta popular en la que se aprobó este mecanismo para connacionales.
Pero el aspecto más destacado por la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), durante el debate de la ley de extradición, es el de los tiempos. Rosa Torres, presidenta de la Comisión de Justicia, que elaboró el proyecto, aseguró que se detectaron casos de pedidos de extradición que tomaron más de seis años en resolverse.
Por eso, la normativa, que contó con el apoyo de Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano (PSC) y los independientes, incluye una serie de plazos que no estaban especificados en la ley vigente desde el 2000.
Dos tipos de extradiciones
La normativa establece que cuando es Ecuador solicita a otros países la entrega de una persona procesada por la justicia ecuatoriana se denomina extradición activa.
El éxito de estas solicitudes ha sido más bien limitado. Entre 2019 y 2024, de los 207 pedidos de extradición que hizo el país a otras naciones, solo concluyeron 72.
La normativa aprobada también señala una serie de requisitos y parámetros para una mejor coordinación interinstitucional entre la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la Cancillería y todas las instancias que deban intervenir para el efecto.
Los plazos y la propia aprobación de extradición no dependen de la justicia ecuatoriana, sino del país al que se solicita la devolución.
En caso de negativa de la extradición activa, la Asamblea dejó abierta la posibilidad de que la Corte pueda pedir al otro país el inicio de un juicio contra la persona requerida. Fiscalía deberá enviar todo el expediente del caso en el que se lo procesó.
Ecuatorianos pedidos por otros países
Cuando es otro país el que pide a Ecuador la devolución de una persona procesada por la justicia se llama extradición pasiva. Entre 2019 y 2024, se recibieron 72 solicitudes de este tipo, de la cuales se concretaron apenas 14.
Antes de la consulta popular de abril de 2024, la Constitución permitía solo la extradición de extranjeros solicitados por su país de origen o por terceros. Ahora es posible entregar a ciudadanos ecuatorianos procesados en otras naciones.
En esta existen dos momentos. El primero es cuando la persona requerida acepta de forma libre y voluntaria la extradición, facilitando el procedimiento y acelerando los plazos de envío.
En ese caso, el presidente de la Corte Nacional de Justicia pedirá a la nación que solicita la extradición que, en no más de 30 días, entregue las garantías sobre derechos humanos previstos en los instrumentos internacionales.
Con la información en poder de la Corte Nacional de Justicia, en un plazo de tres días emitirá la sentencia de extradición.
¿Qué pasa si un ecuatoriano se opone a la extradición?
Ahí es donde realmente entra en acción una serie de plazos que incluyó la Asamblea en la reforma a la Ley de Extradición aprobada el 7 de julio por unanimidad.
Si la persona se opone el procedimiento se extiende y los plazos son los siguientes:
- 48 horas para que el presidente de la Corte dicte el auto de procesamiento.
- 30 días para que el Estado requirente entre garantías previstas en los instrumentos internacionales.
- 30 días más para completar la información o para que la CNJ solicite más documentos.
- El procesado podrá apelar el auto de inicio del procesamiento. Esto se resolverá hasta en 10 días.
- Si se ratifica el procesamiento, hay un espacio de cinco días para que las partes presenten pruebas.
- Una vez que concluya toda esta fase, la CNJ señalará día y hora para la audiencia oral (no hay plazo establecido).
- Una vez celebrada la audiencia, el juez tiene cinco días para dictar sentencia.
- Ante esta sentencia solo cabe un recurso de apelación que deberá quedar resuelto en no más de 30 días.
- Una vez que sea notificado de la decisión el Estado requirente, tiene 30 días para ejecutar el traslado, con posibilidad de ampliar 15 días más. Si en ese plazo no se cumple con la movilización, la extradición será inejecutable.
La última palabra es del presidente
Todo el procedimiento, incluyendo la sentencia que emita la Corte Nacional de Justicia deberá ser notificada al presidente de la República; el informe que reciba el mandatario no es vinculante para su decisión.
El presidente podrá negar la extradición argumentando «ejercicio de la soberanía nacional, atendiendo al principio de reciprocidad o por razones de seguridad, orden público u otros intereses esenciales del Estado ecuatoriano», explica la normativa.
Contra la decisión del presidente de la República no procederá recurso ordinario alguno, sin perjuicio del control de la Corte Constitucional que corresponda. Negada la extradición, no se admitirá nueva solicitud por el mismo delito materia de la primera solicitud.
Además, si una persona solicitada en extradición no es localizada en dos años, el expediente será archivado y notificado al Estado solicitante, que podrá volver a solicitar si las condiciones cambian posteriormente.
Para hacer uso de este contenido cite la fuente y haga un enlace a la nota original en https://www.primicias.ec/politica/extradicion-narcotraficantes-delincuentes-ecuador-ley-aprobacion-asamblea-127432/
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