En medio de la jornada de paralización promovida por sectores vinculados a la minería en la provincia de Zamora Chinchipe, distintas voces públicas han manifestado su preocupación por las implicaciones sociales, ambientales y políticas que rodean el conflicto. Entre ellas, destaca la postura del exprefecto y exasambleísta Salvador Quishpe, quien difundió un pronunciamiento a través de redes sociales, aportando elementos de análisis que amplían el debate en torno a la actividad extractiva y sus efectos en el territorio.
En su comunicado, Quishpe señala que la problemática minera no se reduce únicamente a la legalidad o ilegalidad de las operaciones, sino a las profundas consecuencias ambientales y sociales que han afectado durante años a diversas zonas de la provincia. El exdirigente recuerda que amplias áreas previamente destinadas a la agricultura, producción de alimentos y desarrollo comunitario han sido modificadas o destruidas por las actividades extractivas.
Asimismo, menciona afectaciones a vías, viviendas, puentes y emprendimientos locales, subrayando como ejemplo la destrucción del canchón y maquinaria de la empresa pública Vialzachin EP, adscrita al GAD Provincial de Zamora Chinchipe. Según Quishpe, estos impactos no han recibido respuesta institucional proporcional a su gravedad.
Ordenamiento Territorial y Responsabilidad Estatal
Quishpe enfatiza que no se opone a la actividad minera como tal, siempre que esta se ejecute dentro de un marco normativo claro y respetuoso del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), instrumento construido con la participación de autoridades y ciudadanía. Este plan establece zonas aptas y no aptas para la actividad minera, y exige que las autoridades garanticen su cumplimiento.
El exfuncionario advierte que los derechos de un sector no pueden imponerse sobre los derechos de toda una provincia, especialmente cuando se afectan ecosistemas estratégicos como los ríos, tradicionales rutas turísticas y espacios de valor cultural y ambiental.
Un Modelo de Desarrollo en Disputa
A menos de dos décadas de haber proyectado a Zamora Chinchipe como un destino para el turismo de aventura, naturaleza y cultura, Quishpe sostiene que hoy ese modelo se encuentra debilitado por el deterioro del entorno natural, particularmente en las zonas ribereñas. Esto, señala, limita alternativas económicas sostenibles y vulnera el patrimonio natural de la provincia.
Llamado a la Responsabilidad Pública
En su mensaje, el exasambleísta exhorta a las autoridades de todos los niveles, político, administrativo y de justicia, a actuar sin temor a presiones electorales o descalificaciones. Subraya que la responsabilidad pública debe prevalecer sobre cualquier interés particular, recordando que el manejo del territorio es un deber constitucional y una necesidad para la convivencia social pacífica y el desarrollo equilibrado de la provincia.
La jornada de paro minero motiva un debate pendiente en Zamora Chinchipe: la urgencia de equilibrar las demandas productivas con la protección ambiental, la institucionalidad territorial y los derechos colectivos. Las declaraciones de Salvador Quishpe se suman a un contexto de tensiones crecientes entre comunidades, autoridades y sectores económicos, evidenciando la necesidad de un diálogo técnico, transparente y con visión de futuro para abordar los desafíos estructurales del territorio amazónico.
