Noticias Zamora
¿Sabías que hay un centro de mediación para solucionar tus conflictos legales, sin la necesidad de acudir a un juzgado?
En Zamora existe un centro de mediación, creado en junio del 2022 por el Consejo de la Judicatura, aprobó el primer centro para la provincia de Zamora Chinchipe. Está destinado para que las personas puedan resolver sus causas penales sin la necesidad de acudir a la justicia ordinaria.
Es por ejemplo que, si una persona desea adquirir un juicio de alimentos, se acerca al centro de mediación, abre un expediente, invita al alimentante y resuelven ese acto, siempre y cuando velando el bienestar del menor y de acuerdo a lo establecido en la tabla de valores del sueldo del padre, si vulnerar los derechos de los niños y niñas.
De la misma manera, el art. 18 de la Ley Notarial, expresa que dos personas se pueden separar en sede notarial por mutuo consentimiento, siempre y cuando tengan establecidos alimentos, régimen y visita mediante un acta de mediación para que se proceda la separación y otros actos.
“De acuerdo al art. 47 de la Ley de Arbitraje y Mediación, expresa que: el acta de mediación donde consta el acuerdo tiene el efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada y se ejecutará del mismo modo que las sentencias de última instancia”, estos son los efectos positivos dijo José Cajilima, representante de Vigia, Centro de Mediación de Zamora y que además posee un costo bastante bajo en relación al proceso judicial y lo más importante puede resolverlo hasta en una hora lo que normalmente conllevaría hasta tres años.
El jurista asegura que es un ahorro de tiempo, dinero y sobre todo la tranquilidad y estabilidad emocional de los sujetos en disputa. La Constitución de la República reconoce este tipo de mediación. Lo que sí está prohibido es la resolución de asuntos en contra de las mujeres como violencia, abuso sexual o de lesiones permanentes. Pero si robos de montos pocos y las victimas renuncian a la investigación; accidentes de tránsito, donde el policía después de las partes afectar firmar el acta de mediación, devuelve los vehículos y se plasma como se va a solucionar y ya no se remite a la fiscalía.
En el Ecuador actualmente existen 186 centros de mediación, distribuidos entre cantones y provincias que se encargan de llevar a cabo esta situación de mediar pleitos judiciales, a través del acta de mediación donde las partes pueden solucionar sus conflictos.
El centro de mediación está ubicado en el cantón Zamora, pero el centro de mediación tiene cobertura y jurisdicción en toda la provincia de Zamora Chinchipe, e incluso se están celebrando audiencias de forma telemática, pero para ello se debe contar con firma electrónica. La dirección es calle José Luis Tamayo y Jorge Mosquera junto a la cooperativa Educadores con atención de lunes a viernes y en casos emergente los fines de semana.
Están trabajando en el juicio de inventario a través del acta de inventario para que las personas puedan acudir hasta el municipio.
Contacto: 0989898362
Noticias Zamora
Habilitan la vía en el sector La Florida en la vía Zumbi-Paquisha, tras varios días de trabajo
Un trabajo coordinado entre operadores de maquinaria, trabajadores e instituciones públicas y privadas permitió avanzar en la limpieza y retiro de material en el sector La Florida, logrando restablecer la movilidad en esta zona.
Desde las 17:00 de este martes 21 de julio, el paso vehicular fue habilitado de manera controlada, permitiendo recuperar la conectividad para los usuarios de esta vía.
Las autoridades exhortan a conducir con precaución debido a las lluvias constantes y posibles riesgos en la carretera. Se recomienda evitar desplazamientos innecesarios durante condiciones climáticas adversas y mantenerse atentos a los comunicados oficiales.
Noticias Zamora
CNE conforma Junta Electoral de Zamora Chinchipe para comicios 2027
CNE designa integrantes de la Junta Provincial Electoral de Zamora Chinchipe para las Elecciones Seccionales y del CPCCS 2027
El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante resolución adoptada por unanimidad, designó a las y los integrantes de las Juntas Provinciales Electorales que estarán a cargo de la organización, administración y vigilancia de las actividades correspondientes a las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027.
Estas instancias electorales cumplen un rol fundamental dentro del sistema democrático ecuatoriano, al ser responsables de garantizar el adecuado desarrollo de los procesos electorales en cada jurisdicción provincial, bajo principios de transparencia, imparcialidad, legalidad y participación ciudadana.
Para la provincia de Zamora Chinchipe, el CNE designó como integrantes de la Junta Provincial Electoral a:
- Diego Israel Aldean Jaramillo
- Ligia Zoraida Punina Chela
- Efrén Joselito Ruiz Valdivieso
- Mariana del Rocío Seminario Ramón
- Galo Patricio Mena Pérez
Los nuevos integrantes tendrán la responsabilidad de acompañar las diferentes fases del proceso electoral, entre ellas la planificación, coordinación y cumplimiento de las disposiciones establecidas por el organismo electoral nacional, garantizando que las próximas elecciones se desarrollen con apego a la normativa vigente.
La conformación de las Juntas Provinciales Electorales constituye un paso previo dentro de la preparación institucional hacia los comicios de 2027, en los que la ciudadanía ecuatoriana elegirá autoridades seccionales y participará en la renovación de representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Nacionales
Fiscalía investiga un caso con indicios de responsabilidad penal en un GAD de Zamora Chinchipe
Fiscalía reporta 60 informes con indicios de responsabilidad penal en GAD; Asamblea pide transparentar las investigaciones.
La Fiscalía General del Estado informó ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional que actualmente investiga 60 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) relacionados con diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país, en procesos que incluyen presuntos delitos contra la administración pública y el patrimonio estatal.
Durante su comparecencia, el coordinador general de Asesoría Jurídica de la Fiscalía General del Estado, Alberto Carrión, detalló la distribución provincial de los informes. Según explicó, Guayas concentra el mayor número con 19 casos, seguido de Santo Domingo de los Tsáchilas con 8, Tungurahua con 6, Cotopaxi y Morona Santiago con 4 cada una, Pastaza con 3, Azuay, Chimborazo y Pichincha con 2 casos cada una; mientras que Cañar, Imbabura, Loja, Manabí, Napo, Orellana, Sucumbíos y Zamora Chinchipe registran un informe cada una.
Carrión precisó que los principales delitos investigados corresponden a peculado, que representa la mayor parte de los casos, además de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, falsificación de firmas y falsificación de instrumentos públicos.
El funcionario señaló que estos informes llegan a la Fiscalía para el desarrollo de las investigaciones penales correspondientes y aclaró que la institución maneja la información oficial relacionada con los IRP que han sido remitidos por los organismos competentes. Asimismo, indicó que desconoce las cifras que actualmente maneja la Contraloría General del Estado respecto a estos procesos, por lo que insistió en que la información proporcionada por la Fiscalía corresponde exclusivamente a los expedientes que constan en esa institución.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango, manifestó que durante una comparecencia anterior la Contraloría General del Estado presentó una cifra superior de indicios de responsabilidad penal, situación que, a su criterio, evidencia la necesidad de contrastar la información entre ambas instituciones.
La legisladora señaló que los indicios de responsabilidad penal son un asunto de alta relevancia porque reflejan la posible existencia de perjuicios económicos para el Estado y, por tanto, requieren ser investigados por las autoridades competentes. No obstante, aclaró que la existencia de un IRP no implica automáticamente una sentencia condenatoria, sino el inicio de un proceso de investigación que deberá desarrollarse conforme al debido proceso y a la legislación vigente.
Farinango enfatizó que el objetivo de la fiscalización legislativa no está dirigido contra personas o instituciones específicas, sino a garantizar la correcta utilización de los recursos públicos y fortalecer la transparencia en la gestión estatal. En ese contexto, sostuvo que corresponde a la Asamblea Nacional verificar que las investigaciones avancen de manera oportuna y que la ciudadanía tenga acceso a información clara sobre el seguimiento de estos casos.
La comparecencia se desarrolló en el marco del trabajo de fiscalización que realiza la Comisión de Régimen Económico, con el propósito de conocer el estado de las investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en la administración de recursos públicos por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del país.
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