El presidente nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), José Villavicencio, expresó su rechazo al incremento del 25 % en las tarifas del transporte público, cuya aplicación está prevista desde el 1 de agosto, al considerar que la medida profundizará el deterioro del poder adquisitivo de la población y afectará principalmente a los sectores de menores ingresos.

Durante una entrevista en Diario El Amazónico, el dirigente sindical sostuvo que el ajuste tarifario representa «un nuevo golpe al bolsillo de los ecuatorianos», especialmente para el 60 % de la población económicamente activa que, según indicó, no cuenta con un empleo estable y subsiste en condiciones de informalidad o con ingresos inferiores a USD 200 mensuales.

Villavicencio señaló que el incremento de los pasajes se suma al aumento de los precios de los combustibles y de los productos de primera necesidad, factores que, a su criterio, han reducido progresivamente la capacidad de compra de las familias ecuatorianas.

Como ejemplo, explicó que un pasaje de USD 5 pasaría a costar USD 6,25, mientras que uno de USD 10 ascendería a USD 12,50, lo que representa un incremento significativo para quienes utilizan diariamente el transporte público.

Cuestiona que el ajuste no esté acompañado de mejoras en el servicio
El dirigente manifestó que antes de aprobar un incremento tarifario debieron evaluarse las condiciones reales del servicio de transporte.

En ese contexto, cuestionó si el aumento garantizará mejores condiciones de seguridad, calidad y atención para los usuarios.

Como ejemplo, relató que una delegación internacional proveniente de Perú, que asistía a un evento organizado por la UGTE y decidió viajar por vía terrestre por razones económicas, fue víctima de un asalto en el sector de Huaquillas, provincia de El Oro, junto con otros pasajeros de la unidad de transporte.

Según Villavicencio, estos hechos reflejan que el incremento tarifario no está acompañado de mejoras efectivas en la seguridad ni en la calidad del servicio.

Críticas a la política económica del Gobierno
Durante la entrevista, el presidente de la UGTE realizó una evaluación crítica de la política económica del Gobierno Nacional.

Afirmó que varias de las promesas realizadas durante la campaña presidencial —como la reducción del precio de los combustibles, la generación de empleo y el mantenimiento del IVA— no se concretaron y que, por el contrario, se han aplicado medidas que, según su criterio, incrementan el costo de vida de la población.

Asimismo, sostuvo que el país continúa enfrentando problemas relacionados con el desempleo, el acceso a la salud, la educación y la seguridad ciudadana, aspectos que, dijo, no muestran mejoras pese a las decisiones económicas adoptadas.

Poder adquisitivo continúa deteriorándose
Villavicencio aseguró que el salario básico unificado de USD 482 resulta insuficiente frente al costo de la canasta básica familiar, que, según indicó, oscila entre USD 830 y USD 860, dependiendo de la ciudad.

En ese sentido, afirmó que el incremento de precios registrado en los últimos años ha provocado una pérdida constante del poder adquisitivo de los trabajadores, situación agravada por el congelamiento salarial en el sector público durante más de una década.

El dirigente planteó la necesidad de impulsar una política integral orientada a la generación de empleo, el incremento general de salarios y el fortalecimiento de la producción nacional como mecanismos para dinamizar la economía y mejorar las condiciones de vida de la población.

UGTE anuncia reuniones y una convención nacional
Respecto a las acciones que adoptará la organización frente al incremento de las tarifas, Villavicencio informó que la UGTE mantendrá reuniones durante los próximos días en Quito, Guayaquil y Cuenca, con el propósito de coordinar una convención unitaria junto a organizaciones sindicales, movimientos indígenas, representantes del Seguro Social Campesino, docentes y otros sectores sociales.

Indicó que dicho encuentro está previsto para el mes de agosto y tendrá como finalidad analizar la situación económica del país y definir las acciones que emprenderán las organizaciones participantes dentro del marco de sus derechos constitucionales.

Finalmente, reiteró que la UGTE continuará impulsando propuestas orientadas a la defensa del empleo, el fortalecimiento de los servicios públicos y la protección del poder adquisitivo de los trabajadores, en medio del debate nacional generado por el incremento de las tarifas del transporte público.

En una nueva edición de La Tertulia Jurídica, el abogado y docente universitario Miguel Angulo desarrolló una conferencia especializada sobre «La atribución de responsabilidad en el Derecho Penal», abordando uno de los temas más relevantes y complejos de la dogmática penal contemporánea. Durante su intervención, explicó la evolución doctrinaria de las formas de autoría y participación, su aplicación en el sistema penal ecuatoriano y los desafíos que enfrenta la administración de justicia en la correcta imputación de responsabilidades.

Al inicio de su exposición, Angulo compartió su trayectoria profesional, señalando que ejerce la abogacía en libre ejercicio desde su graduación en la Universidad Central del Ecuador. Además, cuenta con una maestría en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca (España), una estancia de investigación en la Universidad de Göttingen (Alemania) y especializaciones en terrorismo, lavado de activos, delincuencia organizada, compliance penal, Derecho Penal Económico y dogmática penal. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Internacional SEK.

Durante la conferencia, explicó que la denominada atribución de responsabilidad ha sido conocida tradicionalmente como autoría y participación, conceptos que permiten determinar quiénes son autores y quiénes son partícipes dentro de un hecho delictivo. Indicó que la teoría predominante en la actualidad es la teoría del dominio del hecho, desarrollada por el jurista alemán Claus Roxin en 1963, la cual fue incorporada al ordenamiento jurídico ecuatoriano con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en 2014.

El expositor manifestó que, aunque la autoría y participación han sido temas históricamente poco desarrollados en la jurisprudencia ecuatoriana, esta situación comenzó a cambiar entre 2019 y 2020 debido al procesamiento de casos de alta relevancia nacional con múltiples procesados, donde resultó indispensable diferenciar correctamente las distintas formas de intervención penal. Según indicó, una imputación errónea de la forma de participación puede generar importantes consecuencias procesales y convertirse en un elemento fundamental para la defensa jurídica.

Angulo explicó que, conforme a la teoría del dominio del hecho, es autor quien mantiene el control del curso causal del delito y tiene la capacidad de interrumpir o detener su ejecución. Sobre esta base desarrolló las principales formas de autoría reconocidas por la doctrina: autoría directa, autoría mediata, coautoría y autoría mediata por aparatos organizados de poder, detallando las características y requisitos jurídicos que distinguen cada una de ellas.

Respecto de la coautoría, sostuvo que no basta la existencia de varias personas involucradas en un proceso penal, sino que deben concurrir elementos como un plan común, una división funcional del hecho, un aporte esencial de cada interviniente y la participación durante la fase de ejecución del delito. Asimismo, recordó que la jurisprudencia de la Corte Nacional ha señalado que no resulta jurídicamente correcto imputar simultáneamente a una persona como autor y a otra como coautor dentro del mismo hecho delictivo cuando no se cumplen estos presupuestos dogmáticos.

Finalmente, el jurista formuló una crítica a la redacción vigente del COIP, al considerar que la regulación sobre autoría y participación presenta inconsistencias conceptuales. Explicó que los partícipes carecen del dominio del hecho, por lo que no deberían ser equiparados a los autores, y señaló que existen proyectos de reforma orientados a corregir estas disposiciones y fortalecer la seguridad jurídica en la aplicación del Derecho Penal ecuatoriano.

China Railway había iniciado acciones legales por un contrato firmado en el 2015 para la construcción de escuelas provisionales, que al final no terminaron de realizarse y otras, en cambio, se destruyeron al poco tiempo.

Juez rompe el silencio