Tras poco más de tres horas, la Conaie convocó este 18 de septiembre de 2025 a un paro nacional, inmediato e indefinido en Ecuador, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel que ha provocado ya protestas aisladas.

El titular de la Conaie, Marlon Vargas, ya había anticipado a su arribo a la sede indígena de la organización en Riobamba que el único punto del día era analizar si irían a «una movilización nacional o no».

La resolución de plegar al paro nacional se tomó en la asamblea extraordinaria de la Conaie, realizada en Riobamba, donde el presidente ecuatoriano Daniel Noboa también tuvo agenda oficial en el mismo día.

Ratificar la unidad de los pueblos para enfrentar los ajustes económicos.
Exigir la derogatoria del decreto 126 que elimina el subsidio al diésel.
Denunciar y rechazar persecución del Gobierno nacional y se acogen al derecho a la resistencia.
Revocar licencias ambientales en los proyectos mineros de Palo Quemado, Quimsacocha y Las Naves.
Declarar estado de excepción comunitario nivel nacional en los pueblos y nacionalidades. Se prohíbe el ingreso de la fuerza pública a los territorios, y se activan las guardias comunitarias para la protección de los pueblos.
Rechazar la consulta popular y el intento de una Asamblea Constituyente que «no resuelve los problemas del país».
Exhortar a los medios de comunicación a tratar la información con responsabilidad.
Exigir la reducción del IVA del 15% al 12% tomando en cuenta que no se ha resuelto el problema de la inseguridad en Ecuador.
Convocar a las bases, organizaciones sociales y a la sociedad al paro nacional de carácter inmediato e indefinido en Ecuador.
Instalación del parlamento plurinacional.
Un equipo de PRIMICIAS pudo constatar que los asistentes a la reunión de la Conaie gritaban consignas en favor de la movilización y en contra de la Asamblea Constituyente, propuesta el 17 de septiembre por el mandatario ecuatoriano.

«Viva el paro» y «No a la Constituyente» eran los gritos que se salían desde el interior de la casa indígena en Riobamba.

A la decisión de la Conaie se suman la de organizaciones como la Confeniae y campesinos de Cotacachi que también se declararon en resistencia en sus territorios indígenas.

Incluso, la Confeniae declaró la emergencia en la Amazonía y anticipó que no dejará ingresar a las Fuerzas Armadas.

El último gran paro nacional en Ecuador ocurrió en junio de 2022 en el gobierno de Guillermo Lasso, y cuando Leonidas Iza era presidente de la Conaie. Duró 18 días y las manifestaciones se concentraron en Quito.

En aquel entonces, los grupos indígenas pedían el congelamiento de los precios de los combustibles, la moratoria de deudas en bancos públicos, privados y cooperativas, no ampliar la frontera para la minería, mayor presupuesto a la educación, entre otros puntos. Fuente: Primicias

La Fiscalía y la Policía Nacional allanaron la noche del miércoles 17 de septiembre la sede del Comité de Empresa de los Trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), ubicada en el norte de Guayaquil.

La diligencia se ejecutó tras un acto urgente solicitado por la directiva provisional, en el marco de una investigación por el presunto desvío de más de un millón de dólares pertenecientes a los aportes de los trabajadores, reportó Ecuavisa.

Previamente, el secretario general del Comité, Daniel Garcés, denunció al exdirigente sindical Richard Gómez y a otras cuatro personas por presunta delincuencia organizada y mal manejo de los fondos.

Según la acusación, en agosto de 2025 se registraron 205 transferencias que sumaron USD 933 605 y cinco cheques por USD 71 964, lo que representa más de USD 1 millón en movimientos sospechosos.

El Ministerio de Trabajo también señaló a Gómez, quien se desempeñó como secretario general del Comité de Empresa de los Trabajadores de CNEL, y denunció un presunto desfalco en la cuenta de ahorro de la organización, la cual pasó de más de USD 800.000 a apenas centavos.

La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, afirmó que el exdirigente era el único autorizado para firmar las transacciones.

De su lado, el asambleísta de la bancada oficialista ADN, Adrián Castro, también pidió al fiscal general, Wilson Toainga, que inicie acciones contra Gómez, quien también fue presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), por las presuntas irregularidades.

Richard Gómez, quien viajó a Estados Unidos por supuestos motivos médicos, aseguró que el 85 % de los recursos se destinó al pago de proveedores por un contrato de 13.000 botas industriales, aunque estas aún no han sido entregadas a los trabajadores. Fuente: Vistazo

Los titulares de las carteras de Estado: Gobierno, Desarrollo Humano e Infraestructura y Transporte hablaron, este 18 de septiembre de 2025, sobre la eliminación del subsidio al diésel. Los funcionarios enfatizaron que la medida es necesaria y garantizaron que los precios de los productos y los servicios para la ciudadanía no tendrán un alza en los valores.

Una decisión “dura pero necesaria”

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, recordó que durante 50 años el país gastó entre USD 1.100 y USD 1.400 millones anuales en subsidios a los combustibles, dinero que en gran parte terminó beneficiando al contrabando y a la minería ilegal.

“El gobierno busca cerrar brechas utilizando esos recursos para el sector social. Esta es la primera vez que se toma una medida dura que no ha causado conmoción en precios”, señaló Rovira, quien añadió que existe un fuerte control en mercados y carreteras. Hasta la fecha, se han ejecutado 4.760 operativos con 19 locales clausurados y 1.800 funcionarios desplegados para prevenir especulación.

Según la ministra, los principales afectados son las bandas delictivas que se aprovechaban del subsidio.

Compensaciones para el transporte

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, explicó que el gobierno implementó un esquema de compensaciones directas para transportistas con el fin de evitar incrementos en las tarifas.

Los pagos van desde USD 400 hasta 700 para buses urbanos y entre USD 1.200 y 1.800 para transporte provincial. “El usuario no pagará más por el pasaje. Nunca un gobierno había conversado con los transportistas como ahora”, afirmó.

Además, se anunciaron zonas seguras de descanso y recarga eléctrica para transporte pesado, incentivos por USD 30 millones y un plan de renovación de unidades con créditos de hasta USD 20.000. Hasta el momento, 8.000 transportistas se han registrado y los desembolsos se realizan en 24 horas a través de BanEcuador y Banco del Pacífico.

Bono de solidaridad y apoyo social

El ministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano, destacó que los recursos liberados con la eliminación del subsidio se redirigirán hacia los sectores más vulnerables.

Actualmente, el Estado destina USD 1.300 millones al bono de la solidaridad, la misma cantidad que antes se perdía en economías ilegales a través del subsidio al diésel. Este año, 55.000 nuevas familias recibirán la ayuda con una inversión de USD 70 millones.

Burbano indicó que existen ventanillas de registro social en cada gobernación, donde las familias que no tengan afiliación pueden inscribirse para ser evaluadas. El criterio de calificación se basa en un índice de pobreza menor a 30 sobre 100.

Gobierno mantiene controles y advierte sanciones

Los ministros coincidieron en que la medida busca justicia social y que el dinero llegue a quienes realmente lo necesitan. Rovira advirtió que quienes intenten cerrar carreteras o paralizar servicios enfrentarán procesos judiciales con penas de hasta tres años de cárcel.

“El presidente tomó una decisión valiente para llevar los recursos de las mafias a los más necesitados”, enfatizó el ministro Luque.