Nacionales
Representante residente del FMI: no vemos a Ecuador entrando en recesión
El peruano Jorge Salas es el nuevo representante residente del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Ecuador. Llegó en agosto del 2022 y apoyó la culminación con éxito del acuerdo de financiamiento con el multilateral, que fue por $ 6.500 millones en 27 meses. El alto ejecutivo comenta los logros del país en materia económica. Salas considera que este año la deuda del país caerá hasta casi el 55 % del producto interno bruto (PIB) y asegura que “claramente, no vemos a Ecuador entrando en recesión”, pese al complicado panorama global.
¿Cómo es su llegada a Ecuador y cuáles son las tareas que ha cumplido desde agosto 2022 y sus planes a futuro en el país?
En agosto inicié mis labores como nuevo representante residente del FMI en Ecuador. Desde ese momento, mi trabajo se enfocó sobre todo en ayudar a concluir con éxito el programa económico apoyado por financiamiento del FMI, lo cual se consiguió en diciembre. Este fue un logro importante para el país y para el Fondo, pues la última vez que Ecuador había completado un programa con el FMI fue en el 2001. Recordemos además que este programa empezó durante una crisis sanitaria y económica sin precedentes y que fue implementado por dos gobiernos distintos. Todo esto muestra un gran compromiso del país para implementar políticas y reformas económicas importantes. Mirando al futuro, mis tareas se concentrarán en mantener la colaboración cercana del FMI con el país. Vamos a seguir apoyando los esfuerzos para fortalecer la economía y generar bienestar para los ecuatorianos.
¿Se puede considerar un éxito el cierre del acuerdo con el FMI? ¿Cuáles son las razones o las cifras que denotan una mejor situación de la economía ecuatoriana antes y después del acuerdo con el FMI?
Como parte del acuerdo con el FMI, que incluyó desembolsos por casi $ 6.500 millones, se han conseguido logros importantes. Uno de ellos fue respaldar las finanzas públicas y ayudar a que la economía vuelva a crecer, tras el durísimo impacto de la crisis de COVID-19. Otro logro, para impulsar crecimiento con equidad, ha sido la mayor cobertura de los programas de asistencia social, que antes llegaban al 30 % de familias de menores ingresos y hoy llegan a más del 80 %. Por el lado fiscal, son varias las medidas que han ayudado a reducir la deuda pública y hacerla más sostenible. Para dar una cifra, proyectamos que este año la deuda caerá hasta casi el 55 % del PIB, mientras que en el 2020 esta se encontraba en 61 % del PIB. El régimen de dolarización también es más fuerte hoy, con reformas legales que han hecho al Banco Central más autónomo y con un aumento de las reservas internacionales hasta niveles históricamente altos. Y no olvidemos que el programa también apoyó otras reformas, por ejemplo, para hacer más transparentes los contratos públicos y penalizar los actos de corrupción.
Sin embargo hubo algunos temas que no se cumplieron en el acuerdo por parte del Ecuador, como las auditorías a la petrolera estatal o sincerar de mejor manera las cifras con el IESS, ¿por qué este tipo de factores no afectaron el acuerdo en general?
En cuanto a las cifras fiscales relacionadas con el IESS, en realidad sí se lograron metas importantes. Hemos trabajado mucho con el Ministerio de Economía y Finanzas para corregir las cifras históricas de obligaciones del Gobierno central al IESS por transferencias de pensiones y gastos de salud. Es más, ahora la proforma y los planes fiscales del ministerio reflejan adecuadamente este tipo de obligaciones. El acuerdo con el FMI también apoyó que se establezca un plan para que el Estado continúe regularizando sus pagos al IESS por obligaciones sobre gastos de salud. En el caso de Petroecuador, si bien no se pudo cumplir la meta de realizar las auditorías, vimos un claro esfuerzo de las autoridades para contratar a alguna de las grandes empresas auditoras internacionales. Y sabemos que el Gobierno sigue trabajando para cumplir el objetivo de ejecutar estas auditorías, que más allá del programa con el FMI, sería un hito histórico para la transparencia en el sector público.
¿Cómo proyecta que será la relación del FMI con Ecuador una vez concluido el acuerdo? El Gobierno ha hablado de un posible acuerdo no financiero pero sí un acompañamiento a nivel de asesoramiento, ¿es posible y esto podría ayudar al país de manera financiera?
La relación con el país se mantiene cercana y seguiremos apoyando los esfuerzos por construir una economía más próspera y sólida. Cualquier nuevo acuerdo, ya sea con o sin financiamiento, dependerá en primer lugar de las necesidades y opciones que identifiquen las autoridades. Y en todos los casos, continuaremos nuestro trabajo conjunto y de asesoramiento sobre políticas económicas. Además, continuamos las actividades de asistencia técnica para ayudar al Gobierno a implementar políticas importantes para el país, por ejemplo, en aspectos financieros y fiscales. Aquí un dato clave es que desde el 2019 hemos realizado cerca de 40 actividades de asistencia técnica y capacitación.
¿Cómo avizora el FMI el año 2023 para Ecuador y para el mundo, considerando que hay temores por el precio del crudo y una contracción global?
Un hecho positivo es que el PIB en Ecuador recientemente ya habría igualado por fin el nivel que tenía antes de la pandemia. Para este año vemos que la economía ecuatoriana crecería alrededor del 3 %, lo cual estaría por encima del promedio latinoamericano. Para Ecuador, que exporta petróleo, un alza del precio del crudo por encima de nuestras expectativas actuales debería ayudar a mejorar la previsión de crecimiento. En cuanto a la inflación, para Ecuador proyectamos una inflación promedio cercana al 2,5 %, muy por debajo del promedio de la región. Pero efectivamente, el contexto mundial es complicado, porque el crecimiento global es bajo y la inflación sigue elevada. De hecho, pronosticamos que un tercio de la economía mundial estará en recesión en 2023. Claramente, no vemos a Ecuador entrando en recesión. Pero en este entorno internacional poco favorable, se hacen más necesarios los esfuerzos por acelerar reformas en el país que fomenten un crecimiento económico más alto, inclusivo y sostenible, y que también impulsen el empleo formal. (I)
Nacionales
Luisa González arremete contra Aquiles Alvarez por su postura en contra del Cartel de los Soles
La presidenta del movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, criticó duramente al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez —quien fue electo con el respaldo de esa organización política—, luego de que este se pronunciara a favor de la ofensiva impulsada por Estados Unidos contra el denominado Cartel de los Soles, cuya existencia ha sido negada por el líder del movimiento, el expresidente Rafael Correa.
«Con todo cariño, alcalde Aquiles Alvarez, la postura contra la injerencia en Latinoamérica con el nuevo Plan Cóndor Siglo XXI no es de un militante cualquiera político. Es la postura de Rafael Correa, presidente vitalicio de la RC; de Luisa González, presidenta de la RC; y del movimiento de la Revolución Ciudadana«, aseveró la otrora candidata presidencial a través de la red social X, este martes.
La tarde de este martes, Álvarez se reunió con sus homólogos de Quito y Cuenca, así como con el ministro del Interior, John Reimberg, y la canciller Gabriela Sommerfeld, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El encuentro tuvo como objetivo tratar temas de seguridad interna y cooperación bilateral con Estados Unidos, país que ha desplegado más de ocho buques con misiles en aguas cercanas a Venezuela, como parte de sus esfuerzos para frenar al denominado Cartel de los Soles, que, de acuerdo a la administración de Donald Trump, estaría liderado por Maduro y funcionarios de alto rango de Venezuela.
Al término de la reunión, el presidente Donald Trump confirmó a través de la red social X que la Armada estadounidense destruyó en el Caribe una embarcación cargada con drogas proveniente de Venezuela, hecho que fue celebrado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien prevé reunirse con el secretario de Estado de la nación norteamericana, Marco Rubio, este miércoles, en Quito.
El expresidente Correa también se refirió este martes a la ofensiva que Estados Unidos ha desplegado en contra de la organización criminal, reiterando que esta no existe.
«Cada uno tendrá sus posturas»
«Hay que dejar claro que las oposiciones son personales y cada uno tendrá sus posturas. En mi caso yo voy a apoyar cualquier lucha contra cualquier actor nacional o internacional (implicado en narcotráfico), porque lo único que queremos es paz en la región», apuntó Alvarez luego de dar su opinión, contraria a la de Correa.
En su crítica al alcalde, la excandidata presidencial le pidió que asistiera a los burós de la Revolución Ciudadana para que «entendiera mejor lo que significa ser del movimiento y cuáles son sus principios y su lucha».
González no es la única figura destacada del correísmo con quien Alvarez ha tenido un impasse en las últimas semanas. La suspensión de la construcción de un paso elevado en el sector Ceibos, al norte de Guayaquil, llevó al alcalde a discutir fuertemente con la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, a quien llegó a acusar de violar la Constitución por haber puesto un alto a las obra, a petición del Gobierno de Daniel Noboa. Fuente: Vistazo
Nacionales
Fiscalía revelará los roles que, supuestamente, tuvieron Salcedo, Jordán, Serrano y Aleaga en el magnicidio de Fernando Villavicencio
El 26 de agosto de 2025, cuando debió instalarse la audiencia de formulación de cargos del caso Magnicidio FV, el abogado Jonathan Espín -representante de Ronny Aleaga- no se presentó, ya que días antes le habían extraído una muela.
La jueza María Daniela Ayala no instaló la diligencia y multó al abogado. En ese momento, en una de las salas del Complejo Judicial Quito Norte, consultó a los abogados de Daniel Salcedo, Xavier Jordán y José Serrano, los otros investigados, sobre una nueva fecha.
Inicialmente se planteó para el lunes 1 de septiembre de 2025, pero uno de los defensores tenía una audiencia fijada previamente para ese día. La segunda opción fue el miércoles 3 de septiembre, fecha a la que ninguno de los juristas se opuso, por lo que -horas después- la jueza Ayala emitió la convocatoria.
Pese a ese acuerdo, el 1 de septiembre de 2025, Jordán presentó un escrito solicitando un nuevo diferimiento, ya que su abogado -Juan Carlos Salazar- tiene «otra diligencia en una jurisdicción diversa en horas similares».
Se trata de un proceso por nulidad de contrato que se sustancia ante la Corte Provincial de Cañar. Salazar es el abogado de una de las demandadas y el 3 de septiembre, a las 08:30, se realizará la audiencia para tramitar el recurso de apelación.
Oscar Guillén, juez ponente de ese caso, convocó a esa audiencia el 17 de julio de 2025, a las 14:57. Es decir, esa diligencia estaba citada 43 días antes del intento fallido de la formulación de cargos del caso Magnicidio FV. Sin embargo, el abogado Salazar no se opuso a la convocatoria.
Por esta razón, Patricio Rosero, abogado de Amanda y Tamia Villavicencio -hijas de Fernando Villavicencio-, presentó un escrito ante la jueza Ayala, señalando que Jordan y su abogado estaban teniendo «una conducta procesal desleal» y solicitando que se niegue el pedido de diferimiento.
Finalmente, el 2 de septiembre de 2025, la jueza María Daniela Ayala se pronunció. La magistrada recordó que el 26 de agosto consultó a Salazar y al resto de abogados su disponibilidad para el 3 de septiembre y este no informó sobre la otra audiencia en Cañar. Por lo que negó el pedido y advirtió que si el abogado de Jordán no asiste será multado e investigado.
En la convocatoria, la jueza Ayala advirtió que en la audiencia se contará con representantes de la Defensoría Pública, por lo que si uno de los abogados no acude, su cliente será defendido por un abogado público. En el auto con el que se negó el nuevo pedido diferimiento, la Magistrada volvió a notificar a la Defensoría.
Días clave para Serrano
De las cuatro personas que serán procesadas por la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, a primera vista, José Serrano es quien tiene una situación más complicada.
Salcedo ya está preso en Ecuador y colaborando con la Fiscalía. Jordán y Aleaga, en cambio, están prófugos en Estados Unidos y Venezuela, pero no han sido detenidos ni están en marcha procesos de extradición.
Mientras que Serrano lleva 26 días detenido en el Krome North SPC de Miami, una cárcel migratoria. El exministro del correísmo rebasó el tiempo permitido para estar en ese país sin un estatus regular migratorio, ya que su solicitud de asilo no ha sido respondida aún.
El 11 de septiembre de 2025, en la Corte del misma cárcel Krome, Serrano comparecerá a dos audiencias. La primera es para evaluar una posible fianza, que le permita una libertad condicional en Estados Unidos. Y la segunda para tramitar su asilo.
Sin embargo, si en la audiencia de formulación de cargos del caso Magnicidio FV se dicta orden de prisión preventiva en su contra, esta información podría ser perjudicial para sus casos en EStados Unudios y acelerar una eventual deportación.
En ese caso, Serrano tendrá que ser enviado a Ecuador y, en el mismo Aeropuerto, se ejecutaría la orden de prisión en su contra, mientras avanzan las investigaciones por el asesinato de Villavicencio, que podrían durar entre 90 y 120 días.
El caso Villavicencio
El 9 de agosto de 2023, cuando salía de un mitin político del edificio en el que funcionó el Colegio Anderson, en el norte de Quito, Villavicencio recibió un disparo en su cabeza. Murió casi de inmediato.
La investigación dio resultados esa misma noche: 13 personas fueron arrestadas y procesadas por asesinato.
Sin embargo, siete de los procesados fueron asesinados en dos cárceles del país en el transcurso de la investigación. Uno más fue sobreseído antes del juicio porque la Fiscalía no encontró indicios suficientes para acusarlo.
Por esta razón, al juzgamiento llegaron solo cinco miembros del equipo de sicarios. Todos fueron sentenciados.
A la cabeza de este grupo de sentenciados está Carlos Ángulo, alias ‘Invisible’, uno de los cabecillas de Los Lobos, organización narcodelictiva a la que se le ha atribuido el asesinato de Villavicencio. Desde la Cárcel de Cotopaxi, Angulo habría organizado al grupo de sicarios que vino desde Colombia y cometió el crimen. Fuente: Primicias
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Caso Nene: Tribunal revoca nulidad y juicio contra Francisco Barreiro, hijo de Verónica Abad, continuará
La audiencia de juicio del Caso Nene contra Francisco Barreiro, hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad, por presunto delito de oferta para realizar tráfico de influencias, continuará su curso, informó este martes 2 de septiembre la Fiscalía General del Estado (FGE).
Mediante un comunicado, la institución comunicó que un Tribunal de la Corte Provincial acogió el pedido de Fiscalía y revocó el auto de nulidad dictado previamente en esta causa.
El Fiscal del caso señaló que la decisión del pasado 14 de julio, en la cual se declaró la nulidad de lo actuado en la audiencia de juicio (del 10 y 11 de marzo de 2025), vulneraba el debido proceso, debido a que la mayor parte de la prueba de Fiscalía ya fue presentada y, por lo tanto, se encuentra en conocimiento de las otras partes procesales.
Por unanimidad, el Tribunal de Apelación dispuso que se continúe con la sustanciación de la audiencia de juicio, a partir del momento en que fue suspendida.
Ahora, la FGE está a la espera de que se señalen fecha y hora para la reinstalación de la diligencia, en la que seguirá con la exposición de sus pruebas de cargo contra el procesado Francisco Sebastián Barreiro.
Entre las pruebas consta el testimonio del afectado, quien relató que ingresó a trabajar en la Vicepresidencia de la República, cuando Verónica Abad estaba en el poder, como coordinador de Comunicación.
El ciudadano denunció que, antes de su contratación, se reunió con Francisco Barreiro y Daniel R., quienes le indicaron que debía entregar 1.700 dólares mensuales de su sueldo, en efectivo y en persona. Para garantizar los pagos ‒aseguró la víctima‒ fue obligada a firmar una letra de cambio por 30.600 dólares, equivalente a un año de pagos. Posteriormente, tras su desvinculación, se reunió con Barreiro en su oficina en Cuenca, donde el procesado quemó la letra de cambio.
Otros testigos también confirmaron que la contratación de la víctima fue solicitada por la entonces Vicepresidenta y que existiría una acción de personal que lo respalda.
La oferta de realizar tráfico de influencias está tipificada en el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionada con tres a cinco años de prisión. Fuente: Vistazo
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