Por: Alcibar Lupercio

Las fronteras no solo representan límites geográficos; son territorios donde miles de familias construyen diariamente su vida alrededor del comercio, la educación, el trabajo y el acceso a la salud.

Por ello, cuando una decisión del Gobierno Central restringe el paso fronterizo, sus efectos no pueden analizarse únicamente desde la óptica de la seguridad, sino también desde la protección de los derechos fundamentales de la población.

Lo ocurrido Chinchipe con una señora adulta mayor en el puente internacional La Balsa, no puede quedar aislado de sus derechos que le asiste. Ella se había golpeado su mano y queria pasar a lado ecuatoriano para ir al hospital, los militares no le han permitido avanzar y en 4 recien ha podido llegar al hospitsl de Zumba, pero la peor noticoa s que podria perder su mano por falta de empatía. Y asi mismo este 2 de julio de 2026 en Macará evidencia esa realidad. Decenas de estudiantes no pudieron movilizarse con normalidad y ciudadanos peruanos que requerían atención médica urgente enfrentaron dificultades debido al cierre del paso oficial.

Son situaciones que trascienden lo administrativo y plantean un debate sobre la forma en que el Estado debe equilibrar las políticas de seguridad con la garantía de derechos.

La Constitución de la República del Ecuador es clara. El artículo 32 establece que la salud constituye un derecho que debe ser garantizado por el Estado mediante el acceso oportuno y sin discriminación a los servicios de atención.

Asimismo, el artículo 66 reconoce la libertad de tránsito y movilidad, aunque admite restricciones excepcionales siempre que sean legales, necesarias y proporcionales.

La pregunta que hoy surge es si las medidas implementadas contemplaron mecanismos suficientes para evitar que estudiantes, pacientes y ciudadanos comunes resultaran afectados.

En un Estado constitucional, toda restricción debe acompañarse de alternativas que reduzcan el impacto sobre la población.

En Chinchipe, además del componente humanitario, existe una preocupación creciente por las consecuencias económicas.

Comerciantes, transportistas y pequeños emprendedores dependen en gran medida del intercambio comercial con el vecino país.

Cada día de restricción representa menores ingresos para familias cuya economía ya enfrenta importantes desafíos.

A ello se suma un sentimiento de abandono expresado por diversos habitantes del cantón, quienes consideran insuficientes las gestiones públicas para representar las preocupaciones de la zona fronteriza ante el Gobierno Nacional.

Independientemente de las posiciones políticas, la ciudadanía espera que quienes ejercen funciones públicas mantengan una presencia activa cuando decisiones nacionales afectan directamente a sus territorios.

El artículo 226 de la Constitución recuerda que todas las instituciones del Estado tienen el deber de coordinar acciones para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos. Esa coordinación debe traducirse en gestión, diálogo y búsqueda de soluciones, especialmente en provincias donde la dinámica fronteriza forma parte de la vida cotidiana.

Nadie discute que el Estado tiene la obligación de proteger la seguridad nacional. Sin embargo, la seguridad y los derechos humanos no deben entenderse como objetivos opuestos. Una política pública eficiente puede fortalecer los controles fronterizos y, al mismo tiempo, establecer corredores humanitarios para emergencias médicas, garantizar el traslado de estudiantes y facilitar el desarrollo económico de las comunidades fronterizas.

La ciudadanía de Chinchipe y Macará no reclama privilegios. Reclama atención, gestión y respuestas. Las fronteras no deberían convertirse únicamente en un tema de campaña electoral; deberían ocupar un lugar permanente en la agenda pública nacional.

Gobernar también significa escuchar a quienes viven en los extremos del país y asegurar que ninguna decisión deje atrás a quienes más dependen de la acción oportuna del Estado.

En entrevista concedida, Jorge Navarrete, presidente provincial del Partido Político AVANZA Listas 8 en Zamora Chinchipe, analizó los desafíos que enfrentan las organizaciones políticas para cumplir con la normativa electoral relacionada con la paridad de género y la participación de juventudes en los procesos electorales.

Durante el diálogo, Navarrete reconoció que la conformación de listas con el 50 % de mujeres y el 25 % de jóvenes, exigida por el Código de la Democracia, ha resultado “bastante compleja” en la provincia. Explicó que Zamora Chinchipe mantiene características sociales conservadoras y estructuras familiares tradicionales que, según indicó, han influido en la limitada participación política femenina.

“Existe todavía una realidad social donde muchas mujeres mantienen responsabilidades familiares y del hogar que dificultan su involucramiento activo en política”, señaló el dirigente provincial. Asimismo, sostuvo que la desconfianza hacia los actores políticos y las experiencias negativas en participaciones anteriores también han incidido en el desinterés ciudadano.

Navarrete enfatizó que la pérdida de credibilidad de los partidos políticos no solo afecta a las mujeres, sino también a la participación masculina y juvenil. En este contexto, cuestionó la ausencia de estructuras partidistas sólidas y permanentes, así como la falta de escuelas de formación política con visión ideológica y programática.

“El problema radica en que muchas organizaciones políticas funcionan únicamente de manera coyuntural. Los liderazgos cambian constantemente de partido y eso genera desgaste político y desconfianza en el electorado”, manifestó.

El presidente provincial de AVANZA Listas 8 destacó además que la capacitación política permanente constituye una herramienta fundamental para fortalecer la democracia y promover liderazgos sostenibles. Criticó que, pese a que el Código de la Democracia contempla recursos para formación política, en muchos casos estos procesos no se ejecutan adecuadamente en las provincias.

En ese sentido, anunció que AVANZA impulsará escuelas permanentes de capacitación política dirigidas a mujeres, jóvenes y ciudadanía en general, más allá de los períodos electorales.

“Queremos formar líderes permanentes, no únicamente candidatos para coyunturas electorales. La capacitación debe ser continua y enfocada en construir proyectos políticos de largo plazo”, afirmó.

Navarrete recordó que, de acuerdo con datos del INEC, apenas el 7 % de la población de Zamora Chinchipe corresponde a adultos mayores de 65 años, lo que evidencia que la provincia posee una población predominantemente joven. Por ello, consideró prioritario fomentar la participación juvenil en la discusión de políticas públicas y desarrollo territorial.

En el marco del actual proceso electoral, informó que el partido ya realizó elecciones primarias en los cantones Zamora y Yantzaza. Indicó que en Zamora lidera la candidatura con Wilman Rodríguez, mientras que en Yantzaza encabeza Martín Jiménez, exalcalde del cantón.

Sin embargo, reconoció nuevamente las dificultades para conformar listas parroquiales, concejalías y vocalías debido a las exigencias de paridad de género y participación juvenil establecidas por la normativa electoral.

Sobre posibles alianzas políticas, confirmó que AVANZA mantiene conversaciones con Pachakutik y con el precandidato a la prefectura, Cléver Jiménez, con miras a consolidar acuerdos sustentados en un proyecto político, económico y social de largo plazo para la provincia.

“El objetivo es construir alianzas basadas en coincidencias programáticas y visión de desarrollo para Zamora Chinchipe, no únicamente acuerdos coyunturales”, explicó.

Entre los ejes prioritarios planteados por la organización política, Navarrete destacó el reconocimiento de Zamora Chinchipe como provincia minera y la necesidad de fortalecer la minería artesanal y pequeña minería como motores del desarrollo económico local, diferenciándolas de la minería ilegal e informal.

Finalmente, reiteró el compromiso de AVANZA Listas 8 con la formación política permanente y el fortalecimiento institucional de las organizaciones partidistas, con el propósito de consolidar liderazgos responsables y una mayor participación ciudadana en la vida democrática de la provincia.

En una entrevista concedida a Diario El Amazónico, Víctor Veintimilla, precandidato a la Alcaldía del cantón Zamora por el Movimiento Amigo, expuso las motivaciones de su participación política, así como varias propuestas orientadas al desarrollo urbano, económico y social del cantón de cara a las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre de 2026.

Durante el diálogo, Veintimilla señaló que su decisión de participar en el proceso electoral surgió a partir del respaldo ciudadano, de la militancia política y de sectores sociales que impulsaron su candidatura tras anteriores procesos de participación política vinculados a la concejalía rural.

“El pueblo zamorano necesita cambios urgentes y una administración con capacidad de liderazgo, planificación y gestión”, afirmó.

El precandidato explicó que su participación se realiza bajo el paraguas del Movimiento Amigo, organización política que, según indicó, facilita la participación de sectores vinculados a la Revolución Ciudadana, luego de la suspensión de esta organización a nivel nacional.

Asimismo, informó que mantienen conversaciones con diferentes organizaciones políticas y sociales, incluyendo colectivos de mujeres, jóvenes, agricultores y líderes comunitarios, con el objetivo de consolidar una alianza amplia para el cantón Zamora.

Veintimilla reconoció su trayectoria política vinculada históricamente a Alianza País y posteriormente a la Revolución Ciudadana, destacando su experiencia en dirigencia juvenil, estudiantil y organizacional. En ese contexto, aseguró identificarse ideológicamente con la izquierda y con procesos relacionados a las luchas sociales y reivindicación de derechos ciudadanos.

Entre los principales problemas identificados para el cantón Zamora, el precandidato mencionó:
• El deterioro de espacios públicos y centros recreativos.
• Las deficiencias en agua potable y alcantarillado.
• La falta de planificación urbana.
• Las limitaciones del terminal terrestre.
• La ausencia de infraestructura funeraria adecuada.
• La necesidad de un centro forense provincial.
• La escasa promoción del turismo local.
• La falta de políticas de apoyo efectivo al emprendimiento.

En materia económica, Veintimilla propuso impulsar una política de fortalecimiento a emprendedores mediante ordenanzas municipales que reduzcan cargas económicas iniciales relacionadas con permisos, patentes y funcionamiento de negocios.

Según explicó, muchos emprendimientos fracasan en sus primeras etapas debido a costos administrativos elevados. Por ello, planteó incluso la posibilidad de subsidiar determinados permisos municipales durante los primeros años de funcionamiento de pequeños negocios.

“El municipio debe impulsar y fortalecer al emprendedor, no exprimirlo”, sostuvo.

Además, enfatizó la necesidad de actualizar los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) para identificar necesidades prioritarias y orientar adecuadamente las inversiones municipales.

En el ámbito de gestión pública, Veintimilla defendió la necesidad de fortalecer la autogestión institucional y acceder a recursos provenientes de organismos internacionales, ONGs y fondos amazónicos no reembolsables. Indicó que, durante su trayectoria profesional, participó en la gestión de más de medio millón de dólares destinados a organizaciones sociales y emprendimientos productivos.

Respecto al contexto económico de los gobiernos autónomos descentralizados, cuestionó la reciente reforma al modelo de asignación presupuestaria vinculada al denominado esquema “70-30”, señalando que dicha normativa podría reducir progresivamente los recursos destinados a municipios y gobiernos parroquiales.

El precandidato también respaldó la aspiración de Modesto Vega para la Prefectura de Zamora Chinchipe, señalando que varias organizaciones sociales y políticas articulan esfuerzos en torno a esa candidatura provincial.

En la parte final de la entrevista, Veintimilla insistió en la necesidad de construir una visión estratégica de largo plazo para Zamora, enfocada en desarrollo económico, turismo, servicios básicos y generación de empleo.

“Zamora necesita dignidad, planificación y líderes que piensen en grande”, manifestó.

Finalmente, sostuvo que su plan de trabajo se encuentra en construcción junto a sectores urbanos y rurales del cantón y aseguró que sus propuestas priorizarán la participación ciudadana directa en la elaboración de ordenanzas y decisiones municipales.