El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto este jueves por la noche que impone aranceles más altos a decenas de países con los que la nación norteamericana estima tener un déficit comercial.

Las nuevas tarifas aduaneras oscilan entre el 10% y el 41%, siendo la más alta para Siria, mientras que la Unión Europea (UE), Japón y Corea del Sur estarán sujetos al 15%.

Washington aumentó un 5%, hasta el 15%, los recargos para Costa Rica, Bolivia y Ecuador y mantiene intactos los previstos en abril para Venezuela (15%) y Nicaragua (18%).

Los nuevos recargos comenzarán a cobrarse el 7 de agosto, siete días después de la fecha anunciada inicialmente.

Trump no subirá tarifas aduaneras a México durante 90 días para dar margen a las negociaciones pero se ha mantenido firme con otros países como Brasil, la economía más grande de América Latina.

Las medidas de Trump contra Brasil son abiertamente políticas. Anunció aranceles del 50% sobre los productos brasileños en parte por el juicio contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, acusado de intento de golpe de Estado.

El mandatario republicano lo considera una «caza de brujas» contra quien fue su aliado durante su primer mandato en la Casa Blanca de 2017 a 2021.

Washington retrasó su imposición del 1 al 6 de agosto y eximió a productos esenciales como el jugo de naranja, la energía, las aeronaves civiles y sus componentes, los fertilizantes, los metales preciosos, la pasta de celulosa o el arrabio, entre otros.

El gobierno de Trump también sancionó al juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, uno de los magistrados a cargo del proceso contra Bolsonaro. Fuente: Vistazo

En redes sociales ha empezado un intenso debate alrededor de la Corte Constitucional, luego de que surgiera el rumor de que la institución va a suspender tres leyes económicas urgentes del presidente Daniel Noboa. Por un lado, hay quienes la acusan de estar en contra del país e incluso plantean su eliminación. Mientras que diversos abogados recalcan que el rol de la entidad es frenar los excesos de poder.

El Gobierno ha enviado a la Asamblea Nacional cuatro leyes calificadas como económicas urgentes desde que inició su nuevo mandato 2025-2029, lo que obligaba a los legisladores a tratar las propuestas en menos de 30 días.

Es así que en lo que va del año, la Legislatura le ha dado el visto bueno a tres de esos proyectos: las leyes de Solidaridad, Integridad y Áreas Protegidas. Además, ya se está procesando el cuarto proyecto de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, más conocido como Ley de Fundaciones.

Con estos reclamos la Corte Constitucional podría echar abajo la validez de las leyes, en caso de que las declare inconstitucionales por razones de fondo o forma.

Por el momento, aún no hay un pronunciamiento de la institución. De hecho, suelen manejar tiempos bastante largos por la cantidad de demandas.

En todo caso, hay quienes ya se han adelantado a la resolución. Desde el pasado miércoles en la red social X, han empezado a surgir mensajes de ciertos políticos e influencers que aseguran que la entidad va a suspender tres leyes promovidas por el Gobierno de Daniel Noboa.

“¿De verdad la Corte Constitucional va a declarar inconstitucionales las tres leyes urgentes que le dieron al país un poco de respiro?”, preguntó Jimmy Jairala, quien además recalcó que las normas “no fueron caprichos, sino decisiones duras y necesarias”.

Incluso, hay comunicadores que sugieren al presidente Daniel Noboa incluir una pregunta en la próxima Consulta Popular, anunciada para finales de año, sobre la eliminación de la Corte Constitucional.

Mientras tanto, abogados como Dolores Miño alertan sobre una campaña de desprestigio: “Hay una intención clara de ponerle trampas a la Corte Constitucional, forzar un rechazo ciudadano, y hacer que los propios ecuatorianos se disparen en el pie, votando a favor de su desaparición”, escribió en la red social X.

El politólogo e internacionalista, Bernardo Gortaire, manifestó en la misma plataforma que “la Corte Constitucional no está para aplaudir leyes mal hechas ni para quedarse callada cuando el Ejecutivo legisla por control remoto usando a una Asamblea que ni lee ni debate. Su trabajo no es decir ‘pegue patrón’, sino frenar los excesos cuando el poder se olvida de que la Constitución va primero”.

Los demandantes son organizaciones sociales, sindicatos, académicos, defensores de derechos humanos, entre otros.

Por ejemplo, en algunos reclamos constan la Unión Nacional de Educadores (UNE), Unión Popular, Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Colegio de Abogados de Pichincha, etc.

Los reclamos están dirigidos al fondo y forma de ciertos artículos, pero también hay cuestionamientos a todo el contenido de una ley.

Sobre la Ley de Solidaridad el gobierno la planteó como una de las herramientas para combatir a la delincuencia, ya que, entre otras cosas, establece los allanamientos sin orden judicial entre otras reglas que ya no requieren establecer un estado de excepción.

Pero Geovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular, aseguró que se busca implementar un régimen autoritario. “Pretenden concentrar el poder en el presidente de la República para establecer un régimen que viola los derechos y libertades de la población”, aseguró el día en que su organización interpuso la demanda.

En cambio, la Ley de Integridad, según el Gobierno, estructura cuatro ejes: la contratación pública, el fortalecimiento institucional del sector público, la gestión pública en su conjunto y la erradicación de redes delictivas que amenazan a la niñez del país.

Por su parte, Andrés Quishpe, presidente de la UNE, ha dicho que la norma afecta a la estabilidad laboral, abre paso a la violencia en espacios de trabajo y pone como excusa la evaluación para despedir funcionarios.

Mientras que la Ley de Áreas Protegidas, según el Ejecutivo, busca ordenar, proteger y reactivar económicamente territorios que, pese a su condición de áreas protegidas, han sido tomados por economías ilegales, grupos armados y actividades criminales.

Organizaciones ambientales e indígenas como Pachakutik, en cambio, advierten que la norma impulsa “la privatización de las zonas protegidas” y que afectaría a las comunidades nativas.

Finalmente, la Ley de Inteligencia fue aprobada por la Asamblea con el objetivo de potenciar y uniformar los sistemas de inteligencia de la Policía, Fuerzas Armadas, entre otras entidades.

Sin embargo, también obliga a las operadoras telefónicas a entregar datos históricos y en tiempo real sobre una persona, lo cual ha encendido las alarmas sobre los riesgos de una vigilancia política.

De las cuatro normas cuestionadas, tres ya tienen su propio reglamento, solo falta el estatuto para la Ley de Áreas Protegidas. Por lo que ya están en completa vigencia, así que habrá que ver las consecuencias que puede provocar la decisión de la Corte Constitucional. Fuente: Vistazo