La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en América del Sur pidió este lunes que se inicie un «diálogo urgente» entre el Gobierno de Ecuador y las organizaciones sociales e indígenas, tras la muerte el domingo de un manifestante en el marco de las protestas contra la eliminación del subsidio al diésel decretado por el presidente Daniel Noboa.

El requerimiento fue elevado luego de que la relatora de la organización sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, afirmó haber recibido «noticias preocupantes» sobre la «represión violenta de las movilizaciones pacíficas» en el país.

Por otro lado, el representante regional de ACNUDH – América del Sur, Jan Jarab, dijo lo siguiente: «Instamos al Gobierno ecuatoriano y a las organizaciones sociales e indígenas a iniciar un diálogo urgente, a fin de evitar una escalada de la conflictividad y encontrar soluciones».

La Oficina de la ONU lamentó la muerte del comunero Efraín Fuerez, de la nacionalidad indígena kichwa, ocurrida el domingo en la localidad de Cotacachi, en la provincia de Imbabura, que se ha convertido en el epicentro de las manifestaciones.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que convocó a las protestas, catalogó a esa muerte como «un crimen de Estado», al señalar que Fuerez fue asesinado por disparos de las Fuerzas Armadas.

En ese sentido, Jarab señaló que el Estado debía «investigar las responsabilidades por esta muerte de forma exhaustiva y transparente», garantizando «el acceso a la justicia para su familia y comunidad».

El representante regional también solicitó investigar los reportes de varias personas heridas en este contexto, incluidos doce militares.

La Oficina recordó que el Estado «es responsable de las acciones y omisiones de sus fuerzas del orden» y tiene la obligación de investigar «de manera eficaz, imparcial y oportuna un posible uso ilícito de la fuerza u otras violaciones de derechos humanos por agentes del orden» en el contexto de las manifestaciones.

«Las fuerzas militares no son entrenadas para enfrentar situaciones de conflictividad social o seguridad pública. Su actual despliegue en este tipo de tareas representa un riesgo real de violaciones de derechos humanos», advirtió Jarab.

Este lunes, la Conaie denunció «la brutalidad con la que los militares han atacado a población civil indefensa» y llamó al presidente Noboa a que «deje de sostener una postura de guerra contra el pueblo».

Noboa, por su parte, aseguró que el convoy humanitario que lideró en la noche del domingo hacia Imbabura y en el que iban también la embajadora de la Unión Europea, Jekaterina Doródnova; la coordinadora residente de la ONU en Ecuador, Laura Melo; el embajador de Italia, Giovanni Davoli; y el nuncio apostólico, Andrés Carrascosa, sufrió una «emboscada» por parte de quienes «se resisten a que Ecuador avance».

La Conaie ha asegurado que no dará «ni un paso atrás» en su decisión de protestar hasta que se derogue el decreto con el que se eliminó el subsidio al diésel, mientras que el Gobierno de Noboa ha insistido en que tampoco va a negociar ni a retroceder en la medida, con la que el precio del combustible subió de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros), pues ha señalado que el subsidio nunca favoreció a los más pobres sino a la minería ilegal y al contrabando.

Además del manifestante fallecido, las protestas, que comenzaron el 22 de septiembre, registra también 48 heridos y más de cien detenidos, entre ellos una docena que fueron enviados a prisión preventiva tras ser imputados por terrorismo por parte de la Fiscalía. Fuente: Vistazo