Panamá ya no será considerado un paraíso fiscal en Ecuador. El anuncio lo hizo el presidente panameño, José Raúl Mulino, este jueves 14 de agosto de 2025.

El primer mandatario aseguró que, las agencias tributarias de Panamá y Ecuador firman hoy un acuerdo que permitirá la salida del país centroamericano de la lista en mención.

«Hoy se firmará al mediodía un (acuerdo de) intercambio de información tributaria entre la Dirección General de Ingresos (DGI) y el Servicio de Rentas Internas del Ecuador. Esto es de suma importancia para ambas naciones, sobre todo porque con esto Panamá saldrá de la lista de paraísos fiscales del Ecuador», declaró Mulino durante su conferencia de prensa semanal.

El jefe de Estado tuvo palabras de reconocimiento para su homólogo, Daniel Noboa, por «el apoyo y el liderazgo» que conllevó a la firma del acuerdo tributario y la consecuente salida de Panamá de la lista discriminatoria, que es «el fruto de conversaciones y acercamientos» al respecto entre ambos.

La salida de la lista ecuatoriana «es otro paso en la dirección correcta que me he propuesto y es parte de los esfuerzos de mi Gobierno para salir de todas las listas discriminatorias y de las acciones para mejorar las políticas públicas incluyendo al solicitud de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)», agregó Mulino.

De acuerdo con la información oficial panameña, Ecuador mantiene a Panamá en la lista de paraísos fiscales desde el 2008. El país centroamericano salió recientemente de una lista de blanqueo de la Unión Europea (UE) y a finales de 2023 también de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

«Panamá ha dado pasos con Estados Unidos y la comunidad europea, lo que facilita que nuestro país siga en esta línea y pueda levantar cualquier restricción o lista de paraísos fiscales», afirmó Noboa el pasado 29 de junio en Sevilla (España), tras un reunión con el presidente Mulino, en la que hablaron no solo del tema fiscal sino de la cooperación en las áreas logística y energética.

Ecuador «es un importante usuario del Canal de Panamá«, destacó entonces Mulino, quien expuso a Noboa sobre los planes de la vía para construir un nuevo embalse que le garantice el suministro de agua, según informó en su momento el Gobierno ecuatoriano. Fuente: Vistazo

El presidente de la República, Daniel Noboa, envió a la Corte Constitucional (CC) cuatro preguntas para que sean sometidas a control previo de constitucionalidad, con el objetivo de viabilizar posibles enmiendas a la Constitución.

Las interrogantes a revisar son en torno a la contratación laboral por horas, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), la reducción de número de asambleístas y que haya control político a los jueces constitucionales.

El Ejecutivo también espera que la Corte, mediante un dictamen de procedimiento, indique la vía por la cual deben tramitarse las reformas constitucionales.

En su solicitud a la Corte Constitucional sobre la modalidad del trabajo por horas en el sector turístico, el presidente Noboa argumentó que, por su naturaleza, este responde a «picos de demanda estacionales, lo que genera temporadas altas y bajas en las que se requiere ajustar la fuerza laboral a fluctuaciones específicas».

Señaló que el sector turístico dinamiza la economía nacional al fomentar la creación de empleo y que la situación laboral del país demanda nuevas modalidades para acceder a plazas de trabajo, sin afectar la seguridad jurídica ni los derechos adquiridos de los trabajadores.

Se aclaró que el contrato por horas únicamente será permitido en el sector turístico y cuando se celebre por primera vez entre el empleador y el trabajador.

El presidente Noboa detalló el gasto que representa la Asamblea Nacional, actualmente conformada por 151 asambleístas: 15 elegidos por circunscripción nacional, 130 por circunscripciones provinciales y seis por distritos electorales del exterior.

Señaló que cada asambleísta recibe una remuneración mensual de USD 4.759, lo que significa que, sumando los 151 asambleístas, el gasto mensual únicamente en sueldos asciende a USD 718.609.

Esto representa un gasto anual de USD 8.623.308 exclusivamente en remuneraciones. La cifra mencionada constituye un costo para el Presupuesto General del Estado, sin considerar otros pagos adicionales como la décima tercera y décima cuarta remuneración, bonificaciones, viáticos, ni el gasto asociado a asesores y personal de apoyo necesarios para el funcionamiento legislativo.

Sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Noboa explicó que la propuesta no altera el carácter ni los elementos constitutivos del Estado.

Acotó que, si bien plantea la supresión del CPCCS, todas sus atribuciones se mantendrán y se redistribuirán entre la Asamblea Nacional, la Contraloría General del Estado y la Defensoría del Pueblo, garantizando que las funciones del CPCCS continúen llevándose a cabo.

Por último, el presidente Noboa sometió a revisión la pregunta sobre el control político a los jueces de la Corte Constitucional, el alto tribunal con el que actualmente mantiene una disputa por la suspensión temporal de sus tres leyes económicas urgentes.

El mandatario afirmó que la medida busca hacer efectiva la disposición del artículo 233 de la Constitución, que establece que ningún servidor público está exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones.

Además, señaló que, para garantizar el adecuado ejercicio de la potestad de fiscalización de la Asamblea Nacional, es necesario extender el efecto del control político a los miembros de la Corte Constitucional durante el desempeño de sus actividades públicas.