Por: Franco Stalin Tamay Vega.
La crisis penitenciaria que enfrenta Ecuador en el siglo XXI es alarmante y representa uno de los mayores desafíos para el sistema de justicia y seguridad del país. Las cárceles, lejos de cumplir su objetivo rehabilitador, se han convertido en centros de operación para organizaciones criminales, muchas de ellas vinculadas al narcotráfico. Estas estructuras delictivas no solo controlan el interior de los centros de privación de libertad, sino que también extienden su influencia fuera de ellos, agravando la situación de violencia e inseguridad que afecta a toda la población.
El impacto de esta crisis es evidente en el incremento alarmante de la violencia en el país. Según estadísticas oficiales de InSight Crimen (2018), InSight Crimen (2024), DINASED (2024), la tasa de homicidios en Ecuador pasó de 5.8% por cada 100,000 habitantes en el año 2017 a 46.1% en el año 2023. Este incremento, que representa casi un aumento de ocho veces en solo seis años, evidencia el nivel de descontrol en materia de seguridad pública y el incremento de la estructura criminales en diversos sectores de la sociedad.
Un ejemplo de las fallas estructurales del sistema penitenciario fue el antiguo Penal García Moreno, que no cumplía con los estándares mínimos para garantizar la rehabilitación social de los privados de libertad. El hacinamiento, la insalubridad y la violencia constante entre los internos fueron factores determinantes para su cierre. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por modernizar las cárceles del país, estas problemáticas persisten en los actuales centros de privación de libertad.
En un Estado constitucional de derechos y justicia, los centros de privación de libertad deberían tener como objetivo principal la rehabilitación y reinserción de los privados de libertad. No obstante, surge la pregunta: ¿realmente cumplen con ese propósito? Una vez que una persona cumple su condena, se enfrenta a una sociedad marcada por el desempleo, la falta de oportunidades y la exclusión social, factores que frecuentemente la llevan a reincidir en actividades delictivas.
La solución a los problemas de delincuencia organizada en Ecuador no se encuentra únicamente en la privación de libertad. Tal como lo plantea Melton, el comportamiento criminal está influenciado por factores biológicos, psicológicos y sociales. En este sentido, es fundamental reconocer que la falta de oportunidades es uno de los principales detonantes.
Por ello, es fundamental implementar políticas públicas enfocadas en educación, salud y deporte, que sienten las bases para el desarrollo de futuras generaciones. Es necesario garantizar el acceso gratuito y universal a la educación, promover programas de prevención del consumo de drogas y fomentar espacios de recreación y formación integral. Asimismo, es importante fortalecer estrategias de empleo y reinserción social para quienes han cumplido sus condenas, con el objetivo de evitar la reincidencia y reducir los niveles de violencia.
Más allá de la construcción de nuevas cárceles o el endurecimiento de las penas, se requiere un enfoque integral que analice las causas estructurales de la delincuencia y priorice el bienestar social como herramienta preventiva. Solo de esta manera será posible reducir el impacto de la violencia, desarticular las redes criminales y garantizar la seguridad y justicia en Ecuador.
