Nacionales
Rechazamos la actuación de Fiscalía de Gualaquiza para dilatar diligencias y obstaculizar peritajes esenciales
Como Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos en Ecuador rechazamos la actuación de la Fiscalía de Gualaquiza de dilatar diligencias y obstaculizar peritajes esenciales que garantizan una idónea defensa de Johnny Q., testigo clave de la muerte de Fredi Taish, defensor indígena shuar, ocurrida el 7 de noviembre de 2013 durante un supuesto operativo de control minero por parte de ARCOM y las Fuerzas Armadas. El estado ecuatoriano, ha vinculado al proceso a Johnny Q como autor directo del delito de terrorismo con resultado de muerte.
Mediante Impulso Fiscal No. 30 de 8 de marzo de 2022, emitido por el Fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional de Gualaquiza, se comunicó la negativa sobre la disponibilidad financiera para la realización de la pericia de uso progresivo de la fuerza. La negativa se fundamenta en una supuesta falta de fondos para la contratación del perito designado.
Cabe señalar que el 10 de mayo de 2019 dicha pericia ya fue ordenada por José Reinaldo Córdova, anterior agente Fiscal a cargo del caso. Sin embargo, el perito designado, Dr. Hugo Cahueñas, indicó que para realizar la pericia solicitada del uso progresivo de la fuerza es indispensable que exista la diligencia de reconstrucción de los hechos. De esto se puede colegir que esta pericia contaba con el presupuesto para ser ejecutada y en ese sentido era responsabilidad de Fiscalía el impulsar la misma.
Por otro lado, para las organizaciones que suscribimos, resulta altamente preocupante que la diligencia de reconstrucción del lugar de los hechos que inicialmente fue fijada para el 11 de marzo del año en curso haya sido aplazada por una semana, es decir para el 18 de marzo. Esta decisión no contó con motivación alguna y sumado a ello nos preocupa su dilación en razón de que esta diligencia es elemental para la ejecución de otros peritajes como el de uso progresivo de la fuerza. Además, el término de 90 días de la instrucción fiscal está próximo a precluir.
Por ello, denunciamos públicamente la conducta parcializada, dilatoria y vulneratoria de los derechos fundamentales hacia Johnny Q por parte del sistema de justicia, que obstaculiza la realización de diligencias fundamentales para demostrar la inocencia de Johnny Q, testigo clave en el caso, quien ha sido criminalizado y tildado de terrorista.
Creemos que la respuesta por parte de la Fiscalía de Gualaquiza representa una total inobservancia e incumplimiento de los principios de igualdad y objetividad establecidos en el artículo 5, numerales 5 y 21 del Código Orgánico Integral Penal, además de los preceptos Constitucionales de debido proceso y tutela judicial efectiva, en cuanto al derecho a la defensa reconocido en artículo 76 numeral 7 literales b y h, que determina los medios probatorios e investigativos adecuados y necesarios; entre ellos la realización de todas las diligencias que sean pertinentes para la preparación de la defensa y la idoneidad de los argumentos que permitan consolidar el principio de inocencia del cual hasta el presente día goza Johnny Q.
Por ende, como Alianza resulta alarmante identificar que el sistema de administración de justicia ecuatoriano y la actuación del titular de la acción penal pública y sus diferentes unidades fiscales normalizan una práctica procesal criminalizante, punitiva y desprovista de toda garantía reconocida en la Constitución y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos.
Ante esto, nos encontramos vigilantes de que se respete el debido proceso y exigimos la aplicación eficaz de los principios procesales del derecho a la defensa, debida diligencia, celeridad y motivación en cuanto a una correcta realización de las diligencias solicitadas, cuya respuesta no puede ser argumentada a través de razones burocráticas que desembocan y colocan a Johnny Q. en una situación de indefensión y desigualdad ante el poder punitivo del Estado.
En ese sentido, exhortamos a la Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo y a la sociedad civil, estar alerta y denunciar la situación de indefensión, desigualdad, y criminalización a la que se le ha sometido a Johnny Q. a lo largo de este proceso penal. Y del mismo modo rechazamos todas estas conductas y actuaciones fiscales, que limitan y restringen de forma inadecuada, injustificada e ilegítima los derechos de Johnny en este proceso penal.
Nacionales
El sistema judicial está en «estado crítico» dice la Judicatura para justificar declaratoria de emergencia
Hasta finales de julio o inicios de agosto la justicia en el país podría entrar en estado de emergencia. El Consejo de la Judicatura (CJ) recopila información y elabora los informes para justificar la inminente declaratoria.
El presidente del organismo, Mario Godoy, estuvo en la Asamblea este 7 de julio informando del «estado crítico» que presenta el sistema judicial en la actualidad. Esta vez ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.
Aunque no especificó una fecha, Godoy dijo que su expectativa es que en dos semanas el Pleno del Consejo de la Judicatura conozca los informes situacionales, paso previo para decidir la declaratoria de emergencia.
«Como presidencia y las áreas técnicas hemos levantado la información preliminar, consideramos que los datos de ajuste en el ámbito técnico, jurídico y, sobre todo, financiero, se están haciendo y esperamos tenerlos para que conozca el pleno», señaló el titular del CJ.
Según la Ley de Integridad Pública, vigente desde el 26 de junio, es el presidente de la Judicatura el competente para declarar la emergencia, previa aprobación del resto de integrantes del organismo.
Sin embargo, Godoy ratificó ante la Asamblea que esta figura no es nueva y que recién se podrá aplicar con la vigencia de la nueva normativa. De hecho, aclaró que en los últimos años ha habido casi una decena de declaratorias de este tipo.
Además, están a la espera de la información y los requerimientos que tienen otras instancias del sistema de justicia. Godoy reconoció que con la Corte Nacional de Justicia (CNJ) existe un diálogo constante y «fluido», lo que facilita el intercambio de datos.
En tanto que pedirá en estos días que el fiscal General, Wilson Toainga, envíe por escrito sus aportes y buscará una cita con el defensor público, Ricardo Morales.
Evaluación paralela
La declaratoria de emergencia vendría acompañada con el inicio de un proceso de evaluación para todos los funcionarios que son parte del sistema de justicia.
El presidente de la Judicatura aseguró que los parámetros y el borrador de la normativa de evaluación están hechos y se los ha definido de manera técnica.
El objetivo es que, por ejemplo, los jueces especializados en materia Penal tengan una examinación distinta a los que tratan Civil o de la Niñez.
Godoy hizo un llamado a la calma de los funcionarios judiciales, porque aseguró que este trámite no será motivo ni de persecución o de «cacería de brujas».
«El servidor judicial que debe estar preocupado es el que tiene cuatro carros de alta gama, casas sobrevaloradas en lugares exclusivos cuando su capacidad económica no le da para eso. Ellos son los que deben estar preocupadísimos. Mario Godoy, presidente del CJ
Fuente: Primicias
Nacionales
Reducción de homicidios y golpes a bandas criminales en Ecuador: el balance de la Policía en 2024
Durante la rendición de cuentas institucional del periodo 2024, este lunes 7 de julio de 2025, el comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila, informó que Ecuador registró una reducción del 15 % en homicidios intencionales en comparación con 2023, una disminución que representa 1.212 casos menos.
“Durante este año, Ecuador alcanzó reducciones sin precedentes en los niveles de violencia y criminalidad, marcando un hito histórico en la lucha por la seguridad ciudadana”. Pablo Dávila, comandante general de la Policía Nacional.
Según datos del Ministerio del Interior, en 2020 se registraron 1.372 homicidios intencionales; en 2021, 2.495; en 2022, 4.886; en 2023, 8.248; y en 2024, 7.036. Estas cifras muestran una escalada acelerada de la violencia entre 2020 y 2023, y un descenso significativo el último año, aunque todavía lejos de los niveles previos a la crisis de seguridad.
La tasa de homicidios pasó de 46,3 a 39,16 por cada 100.000 habitantes, y el impacto se concentró en territorios históricamente conflictivos. “El 83 % de los homicidios se concentraron en seis subzonas: Guayaquil (Distrito Metropolitano), Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro y Esmeraldas”, precisó Dávila.
De las 24 subzonas policiales del país, 18 presentaron una disminución constante y sostenible, y una se mantuvo estable. En ese contexto, el Distrito Metropolitano de Guayaquil lideró la lista, con 383 homicidios menos que en 2023, lo que representa el 15 % de la reducción nacional.
Además, los delitos en general también bajaron un 14 % a escala nacional, lo que equivale a 11.411 eventos delictivos menos en comparación con el año anterior.
Captura de cabecillas y desarticulación de estructuras criminales
Durante 2024, la Policía ejecutó una estrategia enfocada en la neutralización de objetivos de alto e intermedio valor, lo que permitió golpear directamente a las estructuras de crimen organizado que operan en Ecuador. Así mide la Policía los resultados:
13 cabecillas criminales capturados y 1 abatido.
134 mandos intermedios detenidos y 11 abatidos.
Grupos más afectados: Los Choneros (365 capturados), Lobos (49), Tiguerones (14), R7 (7), Fatales (4), entre otros.
“Cada captura representa un debilitamiento real de las redes criminales. Hemos golpeado su capacidad de liderazgo, expansión y financiamiento”, aseguró Dávila.
Más de 800.000 operativos y toneladas de drogas incautadas
Durante 2024, la Policía ejecutó 806.022 operativos en todo el país, como parte de su estrategia para contener el crimen y reforzar el control territorial. Entre los principales resultados constan:
73.425 personas detenidas y puestas a órdenes de la justicia.
294 toneladas de droga incautadas.
10.533 armas de fuego decomisadas (6.814 cortas y 3.690 largas).
46.433 motocicletas y 18.408 vehículos retenidos.
14.966 motos y autos recuperados.
Un llamado final: “La seguridad se construye con todos”
Antes de cerrar la rendición de cuentas, Pablo Dávila hizo una reflexión sobre el rol de la Policía y la corresponsabilidad ciudadana frente al crimen organizado.
“Somos más que un uniforme. Somos el escudo que enfrenta al crimen y la fuerza que sostiene la esperanza de millones de ecuatorianos”. Pablo Dávila, comandante general de la Policía Nacional
El comandante general insistió en que la seguridad no puede recaer únicamente en la institución policial, sino que debe ser una construcción colectiva basada en la confianza, la corresponsabilidad y el respaldo firme de todas las entidades del Estado.
Otros avances institucionales
La Policía Nacional también reportó cifras sobre aspectos administrativos, logísticos y formativos que fueron parte del balance presentado:
– Incrementó su personal activo a 58.281 policías.
– Capacitó a más de 55.800 servidores en temas técnicos y operativos.
– Ejecutó más de 9.300 evaluaciones de confianza y sancionó a más de 1.800 agentes por faltas disciplinarias.
– Invirtió USD 2,5 millones en equipamiento, renovación de vehículos y plataformas tecnológicas.
– Atendió 330.000 citas médicas a través del sistema de salud policial. Fuente: Primicias
Nacionales
Presidente de la comuna de Chongón responde a las acusaciones de Aquiles Alvarez luego de intento de agresión
El alcalde de la ciudad de Guayaquil, Aquiles Alvarez, protagonizó, durante una visita de obra, un incidente con el presidente de la comuna de Chongón, Danny Torres, al que luego tildó de «delincuente».
Este sábado circuló un video en el que se aprecia a Alvarez, Torres y otras personas en un diálogo, cuyo contexto no se entiende en el video, tras el cual comienza un cruce de palabras, el alcalde se molesta e intenta agredir a Torres, pero la gente que los rodea impide que la situación escale.
«Tremendo delincuente, presidente de la comuna Chongón, señor Danny Torres, pretende extorsionar a la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, cobrándole $70,000 por un terreno comunal, donde por pedido de la comuna, mediante oficio, hicimos dos parques maravillosos que acabamos de inaugurar», escribió este sábado Alvarez en su cuenta de X.
Alvarez avanzó que el Municipio «irá hasta las últimas consecuencias penales contra este ladrón».
Danny Torres responde a los señalamientos del alcalde
«Tú (Aquiles Álvarez) tienes un grillete, yo no. Y a mí no me digas delincuente, porque aquí quien tiene esa mala imagen eres tú”, dijo Torres en un video difundido este domingo.
De acuerdo a Torres, nunca pidió un monto específico, sino que elevó la posibilidad de que el Municipio otorgue “donación a la comuna” por la utilización de un conjunto de terrenos en los que se seguirá desarrollando el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto.
“Qué mejor oportunidad que el Muy Ilustre Municipio de Guayaquil le done algo a favor de la comuna San Pedro de Chongón para toda la comuna. No estoy diciendo a nombre personal de Danny Torres, sino para mi comuna San Pedro de Chongón, a la cual represento, para la administración comunal”, declaró el dirigente, quien mencionó que se propuso un 20-25% del avalúo comercial de estos. Fuente: Vistazo
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