Nacionales
Rechazamos la actuación de Fiscalía de Gualaquiza para dilatar diligencias y obstaculizar peritajes esenciales
Como Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos en Ecuador rechazamos la actuación de la Fiscalía de Gualaquiza de dilatar diligencias y obstaculizar peritajes esenciales que garantizan una idónea defensa de Johnny Q., testigo clave de la muerte de Fredi Taish, defensor indígena shuar, ocurrida el 7 de noviembre de 2013 durante un supuesto operativo de control minero por parte de ARCOM y las Fuerzas Armadas. El estado ecuatoriano, ha vinculado al proceso a Johnny Q como autor directo del delito de terrorismo con resultado de muerte.
Mediante Impulso Fiscal No. 30 de 8 de marzo de 2022, emitido por el Fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional de Gualaquiza, se comunicó la negativa sobre la disponibilidad financiera para la realización de la pericia de uso progresivo de la fuerza. La negativa se fundamenta en una supuesta falta de fondos para la contratación del perito designado.
Cabe señalar que el 10 de mayo de 2019 dicha pericia ya fue ordenada por José Reinaldo Córdova, anterior agente Fiscal a cargo del caso. Sin embargo, el perito designado, Dr. Hugo Cahueñas, indicó que para realizar la pericia solicitada del uso progresivo de la fuerza es indispensable que exista la diligencia de reconstrucción de los hechos. De esto se puede colegir que esta pericia contaba con el presupuesto para ser ejecutada y en ese sentido era responsabilidad de Fiscalía el impulsar la misma.
Por otro lado, para las organizaciones que suscribimos, resulta altamente preocupante que la diligencia de reconstrucción del lugar de los hechos que inicialmente fue fijada para el 11 de marzo del año en curso haya sido aplazada por una semana, es decir para el 18 de marzo. Esta decisión no contó con motivación alguna y sumado a ello nos preocupa su dilación en razón de que esta diligencia es elemental para la ejecución de otros peritajes como el de uso progresivo de la fuerza. Además, el término de 90 días de la instrucción fiscal está próximo a precluir.
Por ello, denunciamos públicamente la conducta parcializada, dilatoria y vulneratoria de los derechos fundamentales hacia Johnny Q por parte del sistema de justicia, que obstaculiza la realización de diligencias fundamentales para demostrar la inocencia de Johnny Q, testigo clave en el caso, quien ha sido criminalizado y tildado de terrorista.
Creemos que la respuesta por parte de la Fiscalía de Gualaquiza representa una total inobservancia e incumplimiento de los principios de igualdad y objetividad establecidos en el artículo 5, numerales 5 y 21 del Código Orgánico Integral Penal, además de los preceptos Constitucionales de debido proceso y tutela judicial efectiva, en cuanto al derecho a la defensa reconocido en artículo 76 numeral 7 literales b y h, que determina los medios probatorios e investigativos adecuados y necesarios; entre ellos la realización de todas las diligencias que sean pertinentes para la preparación de la defensa y la idoneidad de los argumentos que permitan consolidar el principio de inocencia del cual hasta el presente día goza Johnny Q.
Por ende, como Alianza resulta alarmante identificar que el sistema de administración de justicia ecuatoriano y la actuación del titular de la acción penal pública y sus diferentes unidades fiscales normalizan una práctica procesal criminalizante, punitiva y desprovista de toda garantía reconocida en la Constitución y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos.
Ante esto, nos encontramos vigilantes de que se respete el debido proceso y exigimos la aplicación eficaz de los principios procesales del derecho a la defensa, debida diligencia, celeridad y motivación en cuanto a una correcta realización de las diligencias solicitadas, cuya respuesta no puede ser argumentada a través de razones burocráticas que desembocan y colocan a Johnny Q. en una situación de indefensión y desigualdad ante el poder punitivo del Estado.
En ese sentido, exhortamos a la Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo y a la sociedad civil, estar alerta y denunciar la situación de indefensión, desigualdad, y criminalización a la que se le ha sometido a Johnny Q. a lo largo de este proceso penal. Y del mismo modo rechazamos todas estas conductas y actuaciones fiscales, que limitan y restringen de forma inadecuada, injustificada e ilegítima los derechos de Johnny en este proceso penal.
Una nueva acción policial se desplegó en Esmeraldas, una de las provincias más afectadas por el crimen organizado. El martes, 4 de noviembre de 2025, agentes de la Brigada Anticriminal de la Policía Nacional ejecutaron la Operación ‘Fénix 0333’, en el sector de Valle Hermoso, logrando detener a presuntos integrantes de la organización delictiva ‘Los Lobos’.
El operativo: armas, capturas y menores involucrados
Durante las labores de investigación, la Policía ubicó a un grupo de personas que estaría vinculado a delitos como robo, sicariato, extorsión y tráfico de drogas.
En el operativo se registraron los siguientes resultados:
- Cuatro detenidos, entre ellos un objetivo de intermedio valor identificado como Darío Xavier E. (37 años), con antecedentes por tenencia de armas y destrucción de bienes.
- Otros capturados: Erick Javier C. (18), E. M. M. (16) y C. A. V. (17 años).
- Dos adolescentes fueron aislados por su presunta participación.
Indicios incautados por la Policía
El operativo dejó bajo custodia policial los siguientes elementos vinculados a actividades delictivas:
- Cuatro armas de fuego.
- 42 cartuchos sin percutir.
- Tres cargadores.
- Dos teléfonos móviles.
- Tres motocicletas recuperadas y 1 motocicleta retenida.
- Sustancias sujetas a fiscalización.
Todos estos elementos, junto a los detenidos, fueron puestos a órdenes de la Fiscalía y autoridades judiciales.
Contexto: “Los Lobos”, una banda en expansión
“Los Lobos” es una de las organizaciones delictivas más activas del país, con presencia en Guayas, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas. Se les vincula con asesinatos por encargo, extorsiones, tráfico de armas y drogas, así como disputas violentas con bandas rivales como “Los Choneros”.
La captura de uno de sus objetivos intermedios en Esmeraldas representa un nuevo intento del Estado por debilitar sus finanzas y estructuras operativas en zonas rurales estratégicas como Valle Hermoso. Fuente: El Telégrafo
El presidente Daniel Noboa firmó este 5 de noviembre de 2025 el Decreto Ejecutivo 202, que declara un nuevo estado de excepción en cinco provincias y tres cantones del país. La medida se da tras los recientes asesinatos y ataques vinculados a estructuras criminales.
¿Dónde rige el estado de excepción?
La medida tendrá vigencia de 60 días en las siguientes jurisdicciones:
- Provincias: Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro.
- Cantones: La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar).
Según el Ejecutivo, estas zonas concentran la mayor actividad de organizaciones criminales que operan con violencia, extorsión, sicariato y tráfico ilegal.
Derechos suspendidos y qué significa para la población
El decreto establece la suspensión parcial de derechos constitucionales para facilitar operaciones policiales y militares:
- Inviolabilidad de domicilio: la Policía y Fuerzas Armadas podrán realizar allanamientos, inspecciones y requisas sin orden judicial previa, con el fin de capturar a integrantes de grupos armados o incautar armas y drogas.
- Inviolabilidad de correspondencia y comunicaciones: se autoriza el control, análisis e interceptación de mensajes, cartas o comunicaciones físicas y electrónicas vinculadas a delitos.
Hechos que motivaron la medida
El Gobierno justifica el estado de excepción con hechos violentos registrados en los últimos días, entre ellos:
- El asesinato de un hombre en una gasolinera de Salinas (Santa Elena), el 28 de octubre.
- El crimen de Fernando Álvarez, administrador de un portal digital en Salitre, Guayas.
Ambos casos, sumados a homicidios, atentados, extorsión y disputas entre bandas, fueron catalogados como señales de “grave conmoción interna”.
¿Qué sigue ahora?
Con esta medida, las fuerzas de seguridad están autorizadas a mantener presencia militar en calles, carreteras, puertos, barrios costeros y zonas fronterizas. El objetivo declarado es desarticular campamentos, detener a cabecillas y frenar la expansión de economías ilegales, especialmente narcotráfico y extorsión.
El decreto deberá llegar a la Corte Constitucional, que evaluará su legalidad mientras la medida sigue vigente. Fuente: El Telégrafo
El Bloque de Seguridad informó que continúan las operaciones en contra de la minería ilegal. Esta vez, el blanco fue La Chonta, en Pucará, en Azuay, donde el Ejército destruyó con artillería pesada campamentos, bocaminas y procesadoras asociadas a redes delictivas. Según fuentes de Defensa, el golpe apunta a cortar la economía que financia a grupos como ‘Los Choneros’.
El operativo
- Militares desplegados: 1.500 efectivos
- Lugar: Sector La Chonta, cantón Pucará, Azuay
- Superficie destruida: 12 hectáreas con explosivos y bombardeos aéreos
- Objetivos destruidos: campamentos, bocaminas, centros de acopio, procesadoras de material aurífero
- Evacuación previa: habitantes de la zona fueron retirados antes del ataque
¿Qué había en la zona?
Informes militares señalan que el sector funcionaba como un centro logístico y financiero de mafias mineras, vinculadas a:
- ‘Los Choneros’, quienes utilizaban la zona para contrabando de armas, microtráfico y extorsión.
- Grupos dedicados al transporte de oro extraído ilegalmente hacia mercados en El Oro y Guayaquil.
- Sistemas de extracción artesanal con maquinaria pesada, dragas, motobombas y generadores diésel sin registro.
El ataque incluyó:
- Fuego directo de artillería pesada y demolición con explosivos.
- Neutralización de 12 hectáreas usadas como ruta de abastecimiento y almacenamiento de combustible, mercurio y armas.
- Uso de drones y helicópteros para identificar blancos antes del bombardeo. Fuente: El Telégrafo
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