El Estado podrá quedarse de forma definitiva con mercancías abandonadas, robadas, recuperadas tras un naufragio, que no salieron del país cuando debían, o productos que ingresaron por contrabando, según una reforma legal aduanera en vigencia desde el 29 de julio de 2026. Esto ocurrirá en cinco casos

Se trata de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Producción, que incluyó artículos para resolver el problema de las mercancías que permanecen durante años almacenadas sin un destino definido, generando costos para el Estado y pérdida de valor de los bienes.

Según el asambleísta Sergio Peña, ponente de la ley, más de 12.000 contenedores ingresan cada año a régimen de abandono, valorados en unos USD 450 millones.

¿Cuándo puede el Estado quedarse con una mercancía?

Para ello, la nueva norma cambia la figura del decomiso administrativo, establecida en el artículo 123. Uno de los cambios más relevantes es que ahora ya no se necesita el dictamen de un juez, sino que ahora estos bienes pasarán al Estado solo por resolución definitiva aduanera, explicó Yael Fierro, experta en temas tributarios y aduaneros.

A continuación se detallan las cinco situaciones específicas en las que el Estado puede apropiarse de la mercancía, detallados en el artículo 123 de la reforma:

Productos abandonados o rezagados

1.- Cuando se desconoce quién es el propietario, quién envió la mercancía (consignante) o quién debía recibirla (consignatario), incluso si los bienes permanecen dentro de la zona primaria aduanera.
2.- Contenedores recuperados tras un naufragio

3.- Mercancías robadas dentro de los recintos Aduaneros y luego recuperadas

4.- Mercancías cuyo reembarque no se realizó

• Cuando la autoridad ordenó que los bienes fueran reembarcados y regresen al país de origen y esa obligación no se cumplió dentro del plazo establecido. El decomiso no elimina el pago de las tasas por los servicios aduaneros utilizados.

5.- Vehículos o medios de transporte que ingresaron evadiendo controles aduaneros

• Si fueron aprehendidos por ingresar al país sin pasar por los controles y, tras notificar al país del que presuntamente provienen, nadie los reclama dentro de los 90 días siguientes, podrán ser decomisados por el Estado.

Carros abandonados también pasarán al Estado

Para la experta, el principal cambio en este artículo es que se incorpora de forma expresa a los medios de transporte, como carros, que ingresen al país evadiendo los controles aduaneros.

Antes, cuando estos vehículos eran retenidos, permanecían durante años en los patios de Senae porque no existía un procedimiento claro para disponer de ellos.

Con la reforma, una vez que el vehículo es aprehendido, el Senae debe notificar al país de origen a través de la Cancillería. Si en un plazo de 90 días nadie lo reclama, el vehículo pasa legalmente a ser propiedad del Estado, que podrá subastarlo o asignarlo para uso público, explicó Fierro.

La experta considera que este cambio brinda seguridad jurídica, ya que establece un plazo definitivo para resolver la situación de los carros y evita que permanezcan abandonados en las bodegas aduaneras.

¿Qué hará el Estado con los bienes decomisados?

La reforma también cambia el destino de las mercancías que pasan a manos del Estado. Una vez que el decomiso administrativo quede en firme, la Aduana deberá dar prioridad a su entrega gratuita a instituciones públicas, incluso si ya se había iniciado un proceso de subasta.

Hay tres posibles destinos para estos productos, según la tributarista Yael Fierro:

Entregarlas gratuitamente a entidades públicas que puedan aprovecharlas.
Si eso no es posible, se deben venderlas en subasta y transferir los recursos a la Cuenta Única del Tesoro.
Y, si están deterioradas o ya no tienen valor comercial, destruirlas conforme a la normativa ambiental.
La norma anterior priorizaba mantener las mercancías almacenadas hasta que terminaran todos los trámites.

Con la reforma, se espera que el Estado reduzca los costos de almacenamiento y que esos bienes pierdan valor, agregó la experta.

Los cambios se aplicarán en un plazo de hasta tres meses: dos meses para la emisión del Reglamento y un mes más para que la Aduana ajuste sus procesos. Fuente: Primicias

Un distanciamiento familiar es el origen de una confesión alrededor del caso Progen. Wade Manning se convirtió en el testigo estrella de Celec en la demanda planteada en contra de la empresa estadounidense y sus directivos en Florida.

El 24 de julio de 2026, Wade Manning rindió una deposición bajo juramento, a cuya transcripción tuvo acceso PRIMICIAS. Ahí declaró que en los últimos meses ha tenido un alejamiento con su hermano John Manning, CEO de Progen y quien encabezó las negociaciones con Celec en 2024 para la venta de generadores eléctricos por más de USD 110 millones.

La pelea de los Manning se originó en diciembre de 2025, cuando ya había sido presentada la demanda en Estados Unidos y en Ecuador se investigaba un peculado detrás de los fallidos contratos. Progen había dejado de pagar el sueldo de USD 13.000 mensuales a Wade Manning, lo que lo llevó a renunciar en marzo de 2026.

Además, en su relato, Wade Manning dijo que una vez que se había confirmado su declaración en la demanda de Celec contra Progen, en junio de 2026, recibió una transferencia de USD 43.000 de Progen sin ninguna explicación ni aviso. Y que todavía le deben USD 65.000.

Los documentos y generadores viejos
La primera confesión de Wade Manning fue que, para ganar los contratos en Ecuador, Progen falsificó de manera sistemática los certificados que garantizaban la experiencia requerida de la empresa para proveer los generadores y otros documentos.

Por ejemplo, Progen había presentado un certificado que lo avalaba como fabricante experto global en materia energética, cuando nunca había participado en un proyecto de esa magnitud. El mismo Wade Manning admitió que no tenía formación académica en mecánica o energía.

Además, la empresa estadounidense presentó múltiples referencias internacionales de su supuesta participación en proyectos previos. Cuando en realidad solo había instalado tres generadores en Texas, por lo que también hubo una demanda; y cuatro en África, que generaron quejas formales.

Finalmente, Progen certificó que los equipos que iba a entregar a Ecuador eran nuevos y tenían cero horas de uso. Pero, la verdad es que los generadores habían sido comprados bajo la modalidad conocida como «as-is».

Esto significa que los generadores fueron adquiridos como bienes usados, en el estado físico y técnico exacto en el que se encontraban en ese momento, y en el lugar donde estaban ubicados (en Houston, Texas), sin que el vendedor asumiera ninguna obligación de repararlos, limpiarlos o completarlos.

Equipos fraudulentos
Según el relato de Wade Manning, para entregar los generadores a Ecuador, Progen adquirió 21 unidades EMD modelo 20-710 usadas en Houston a través de Apollo Electric. El valor de la transacción fue de USD 8,9 millones.

La deposición señala que los números de serie de estos motores identificaban años de fabricación antiguos, invalidando cualquier pretensión de ser equipos nuevos. Para falsear esa realidad, según Wade Manning, Progen retiró las placas originales de los fabricantes.

Entonces, contrataron a la empresa InterFab para limpiar y pintar los generadores. Además, colocaron nuevas placas con la marca Progen y números de series manipulados para fingir la fabricación propia.

Además, Manning admitió que los equipos eran inútiles para el propósito contractual que buscaba Celec, ya que no eran aptos para Heavy Fuel Oil (HFO) y jamás fueron sometidos a pruebas de rendimiento adecuadas.

Una casa de lujo
En su relato, Wade Manning también relató un viaje de su hermano John, CEO de Progen, a Ecuador. Lo acompañaron. Andrew Williamson, director de operaciones de la compañía y el único procesado por peculado a nivel local.

También viajaron Garrett Williamson, hijastro de Andrew, y Scott Crampton, vicepresidente de Ingeniería Eléctrica de Progen.

El declarante dijo que no tiene más detalles de ese viaje y que tampoco tiene conocimiento directo de supuestos pagos de sobornos relacionados con funcionarios en Ecuador.

Lo que sí relató es que luego de que volvieron de ese viaje y una vez que Celec desembolsó el dinero de los generadores a Progen, Andrew Williamson compró en diciembre de 2025 una residencia en Canterwood Drive, Mulberry, por USD 2,85 millones pagados en efectivo.

Wade Manning admitió que se sorprendió de que Williamson tuviera tanto dinero en efectivo. Y que al preguntarle a su hermano John cómo Williamson había obtenido esa suma, John le dio la excusa de que el dinero provenía de la «jubilación de la junta escolar» de la exesposa de Williamson (con quien Williamson sigue viviendo a pesar de estar divorciados legalmente).

Tras la deposición de Wade Manning, el caso civil por fraude, conspiración y RICO en Florida sigue en la fase de descubrimiento, en la que se fijó como límite el 1 de febrero de 2027. Además, se ha programado el juicio por jurado para el 2 de agosto de 2027. Fuente: Primicias