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¿Qué sucede en Palo Quemado? Comisión denuncia represión y pide salida de las fuerzas del orden
Desde el pasado 19 de marzo se han reportado enfrentamientos debido a la socialización que se hacía en la comunidad para una consulta ambiental del proyecto minero La Plata, de propiedad de la empresa canadiense Ático Mining.
Ante la tensión que se había generado, un juez suspendió provisionalmente la consulta como medida cautelar, dentro del proceso de acción de protección interpuesta por el alcalde del cantón Sigchos.
Con esa decisión se esperaba la salida de los militares y policías, pero CEDHU denuncia que la represión se ha intensificado los últimos días. El martes 26 de marzo, por ejemplo, la organización recibió llamadas de auxilio de mujeres campesinas que denunciaron emboscadas.
Así mismo, circularon imágenes de personas heridas aparentemente con disparos de balas de goma. Uno de ellos habría sido un ciudadano llamado Mesías Robayo, quien fue impactado en el rostro por perdigones, según la CEDHU. La víctima permanece con pronóstico reservado.
Por su parte, la Gobernación de Cotopaxi indicó que las fuerzas del orden no han utilizado armamento letal, ni perdigones, “únicamente material disuasivo (gas lacrimógeno)”. Agregó que “el grupo organizado que pretendía romper con el orden público utiliza artefactos explosivos improvisados, como tubos con voladores y armas cortopunzantes”.
¿ESTIGMATIZACIÓN?
Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se pronunció sobre los hechos de violencia en Palo Quemado. En un video informó que un grupo equipado “con armas altamente peligrosas” ha herido a varios miembros de la fuerza pública y destruido propiedad privada.
El funcionario recordó que un “acto terrorista es aquel que tiene como objetivo causar la muerte o lesiones físicas contra cualquier persona o cuando el propósito, por su naturaleza, es intimidar a una población”.
Esto ha sido tomado por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) como estigmatización y criminalización a quienes se oponen a proyectos mineros.
En Quito también se han realizado plantones para rechazar la minería en Palo Quemado. Organizaciones sociales se unieron en los exteriores de la Embajada de Canadá, por la procedencia de la empresa que tiene a cargo el proyecto La Plata.
Mientras que el pasado miércoles hubo protestas en el Ministerio de Ambiente, donde se reportaron altercados entre policías y ciudadanos. CEDHU denunció que los uniformados “lanzaron gas pimienta en la cara a personas que se encontraban en el plantón, varias de ellas mujeres, y a periodistas que realizaban cobertura”.
“Estos hechos dan cuenta del uso excesivo de la fuerza y de la política para reprimir la protesta pública y coartar la libertad de expresión”, manifestó la entidad que defiende los Derechos Humanos.
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PEDIDOS AL GOBIERNO
CEDHU hizo un llamado a respetar los estándares internacionales de derechos humanos, que establecen normas de protección para personas defensoras y defensores.
Además, exigen la salida de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de las parroquias de Palo Quemado y Las Pampas, “pues su presencia no tiene justificación dada la medida cautelar dispuesta por el juez, además de generar actos de violencia que ponen en riesgo la vida e integridad de los habitantes”.
También solicitan que la Defensoría del Pueblo abra un expediente que visibilice la represión.
Por su parte, el Ministerio de Gobierno denunció un ataque a una tubería la madrugada del pasado miércoles, lo que provocó la rotura de la estructura por donde se transporta el líquido vital hacia Palo Quemado, dejando a cientos de moradores del sector sin acceso a agua.
La institución manifiesta que “actores ajenos a la zona buscan sembrar el caos e inestabilidad, generando enfrentamientos entre la comunidad y las fuerzas del orden”.
Hasta ayer había nueve ciudadanos y 37 uniformados heridos, así como vehículos incinerados y varios daños a la propiedad privada.
Fuente: vistazo
Una nueva acción policial se desplegó en Esmeraldas, una de las provincias más afectadas por el crimen organizado. El martes, 4 de noviembre de 2025, agentes de la Brigada Anticriminal de la Policía Nacional ejecutaron la Operación ‘Fénix 0333’, en el sector de Valle Hermoso, logrando detener a presuntos integrantes de la organización delictiva ‘Los Lobos’.
El operativo: armas, capturas y menores involucrados
Durante las labores de investigación, la Policía ubicó a un grupo de personas que estaría vinculado a delitos como robo, sicariato, extorsión y tráfico de drogas.
En el operativo se registraron los siguientes resultados:
- Cuatro detenidos, entre ellos un objetivo de intermedio valor identificado como Darío Xavier E. (37 años), con antecedentes por tenencia de armas y destrucción de bienes.
- Otros capturados: Erick Javier C. (18), E. M. M. (16) y C. A. V. (17 años).
- Dos adolescentes fueron aislados por su presunta participación.
Indicios incautados por la Policía
El operativo dejó bajo custodia policial los siguientes elementos vinculados a actividades delictivas:
- Cuatro armas de fuego.
- 42 cartuchos sin percutir.
- Tres cargadores.
- Dos teléfonos móviles.
- Tres motocicletas recuperadas y 1 motocicleta retenida.
- Sustancias sujetas a fiscalización.
Todos estos elementos, junto a los detenidos, fueron puestos a órdenes de la Fiscalía y autoridades judiciales.
Contexto: “Los Lobos”, una banda en expansión
“Los Lobos” es una de las organizaciones delictivas más activas del país, con presencia en Guayas, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas. Se les vincula con asesinatos por encargo, extorsiones, tráfico de armas y drogas, así como disputas violentas con bandas rivales como “Los Choneros”.
La captura de uno de sus objetivos intermedios en Esmeraldas representa un nuevo intento del Estado por debilitar sus finanzas y estructuras operativas en zonas rurales estratégicas como Valle Hermoso. Fuente: El Telégrafo
El presidente Daniel Noboa firmó este 5 de noviembre de 2025 el Decreto Ejecutivo 202, que declara un nuevo estado de excepción en cinco provincias y tres cantones del país. La medida se da tras los recientes asesinatos y ataques vinculados a estructuras criminales.
¿Dónde rige el estado de excepción?
La medida tendrá vigencia de 60 días en las siguientes jurisdicciones:
- Provincias: Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro.
- Cantones: La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar).
Según el Ejecutivo, estas zonas concentran la mayor actividad de organizaciones criminales que operan con violencia, extorsión, sicariato y tráfico ilegal.
Derechos suspendidos y qué significa para la población
El decreto establece la suspensión parcial de derechos constitucionales para facilitar operaciones policiales y militares:
- Inviolabilidad de domicilio: la Policía y Fuerzas Armadas podrán realizar allanamientos, inspecciones y requisas sin orden judicial previa, con el fin de capturar a integrantes de grupos armados o incautar armas y drogas.
- Inviolabilidad de correspondencia y comunicaciones: se autoriza el control, análisis e interceptación de mensajes, cartas o comunicaciones físicas y electrónicas vinculadas a delitos.
Hechos que motivaron la medida
El Gobierno justifica el estado de excepción con hechos violentos registrados en los últimos días, entre ellos:
- El asesinato de un hombre en una gasolinera de Salinas (Santa Elena), el 28 de octubre.
- El crimen de Fernando Álvarez, administrador de un portal digital en Salitre, Guayas.
Ambos casos, sumados a homicidios, atentados, extorsión y disputas entre bandas, fueron catalogados como señales de “grave conmoción interna”.
¿Qué sigue ahora?
Con esta medida, las fuerzas de seguridad están autorizadas a mantener presencia militar en calles, carreteras, puertos, barrios costeros y zonas fronterizas. El objetivo declarado es desarticular campamentos, detener a cabecillas y frenar la expansión de economías ilegales, especialmente narcotráfico y extorsión.
El decreto deberá llegar a la Corte Constitucional, que evaluará su legalidad mientras la medida sigue vigente. Fuente: El Telégrafo
El Bloque de Seguridad informó que continúan las operaciones en contra de la minería ilegal. Esta vez, el blanco fue La Chonta, en Pucará, en Azuay, donde el Ejército destruyó con artillería pesada campamentos, bocaminas y procesadoras asociadas a redes delictivas. Según fuentes de Defensa, el golpe apunta a cortar la economía que financia a grupos como ‘Los Choneros’.
El operativo
- Militares desplegados: 1.500 efectivos
- Lugar: Sector La Chonta, cantón Pucará, Azuay
- Superficie destruida: 12 hectáreas con explosivos y bombardeos aéreos
- Objetivos destruidos: campamentos, bocaminas, centros de acopio, procesadoras de material aurífero
- Evacuación previa: habitantes de la zona fueron retirados antes del ataque
¿Qué había en la zona?
Informes militares señalan que el sector funcionaba como un centro logístico y financiero de mafias mineras, vinculadas a:
- ‘Los Choneros’, quienes utilizaban la zona para contrabando de armas, microtráfico y extorsión.
- Grupos dedicados al transporte de oro extraído ilegalmente hacia mercados en El Oro y Guayaquil.
- Sistemas de extracción artesanal con maquinaria pesada, dragas, motobombas y generadores diésel sin registro.
El ataque incluyó:
- Fuego directo de artillería pesada y demolición con explosivos.
- Neutralización de 12 hectáreas usadas como ruta de abastecimiento y almacenamiento de combustible, mercurio y armas.
- Uso de drones y helicópteros para identificar blancos antes del bombardeo. Fuente: El Telégrafo
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