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Opinión

¿Qué hacer para designar jueces independientes?

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Santiago Basabe / Politólogo, investigador de FLACSO Ecuador, analista político y Director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política (Aecip).

No hay respuestas únicas. Desde algunos sectores, casi de forma dogmática, se señala que la intervención de las legislaturas afecta negativamente a la designación de jueces autónomos y que allí está el germen del problema.

Sin embargo, la evidencia empírica demuestra que dicha aseveración es solo parcialmente cierta. Uruguay, por ejemplo, recurre a la Asamblea General para conformar su corte suprema y la independencia judicial de ese país suele ser de las más altas del mundo. Algo similar ocurre en Costa Rica. La Asamblea Legislativa tiene un papel clave en la designación de la máxima instancia de justicia y, a la par, la evaluación de la autonomía judicial del país de la “pura vida” sigue presentando resultados favorables.

Si bien se podría argumentar que se trata de dos casos excepcionales, el solo hecho que estén presentes permite matizar la influencia de los procedimientos normativos señalando que las reglas importan, pero no se puede depender solamente de ellas para mejorar los rendimientos de las instituciones democráticas.

Otro elemento fundamental para tomar en cuenta cuando se trata de seleccionar jueces que no vayan al vaivén de la correlación de fuerzas políticas tiene que ver con su formación profesional.

Aunque no hay suficiente evidencia empírica disponible, existen fuertes indicios que correlacionan a jueces con mayores conocimientos y menores niveles de dependencia. Dicho en otras palabras, cuando los jueces designados presentan un mayor bagaje de destrezas para el ejercicio de la judicatura, las probabilidades de que sean sumisos y dóciles ante influencias externas, tenderían a decrecer. En sentido contrario, si los jueces carecen de una capacitación suficiente para los cargos, las probabilidades de que sean manipulados, en general por quiénes los promueven, serían mayores.

Quién llega a ser juez sin tener los méritos, sabe bien su situación. En público podrá decir cualquier cosa, pero internamente conoce que, si de su propia formación profesional dependería, jamás habría llegado a tal cargo.

Cuando se trata de jueces de las más altas cortes, este razonamiento se vuelve más notorio. Como es natural, en este escenario el juez tiene que “pagar el favor” a quien lo apoyó para la designación. Esa retribución no es necesariamente económica, sino que puede ser también en términos de fidelidad. Dicha fidelidad consiste en tomar las decisiones judiciales que al actor político le interesen. Una orden de prisión preventiva, una sentencia en determinada dirección, una acción de protección. Para retribuir el cargo entregado, el juez siempre estará dispuesto.

De su lado, los políticos intentan afianzar la fidelidad del juez incapaz ofreciéndole, más allá de la judicatura, la suficiente impunidad en casos de corrupción judicial que se pudieran generar en aquellos procesos judiciales en los que no tienen intereses específicos. Bajo esa lógica de intercambios funcionó, por ejemplo, la Corte Constitucional que estuvo en funciones hasta 2018. En lo que el poder político le interesaba, ahí estaban para cumplir. En lo que al poder político le era indiferente, jueces y asesores estaban en la libertad de poner tarifas. Muchas fortunas se hicieron de esa forma y ninguna de ellas ha sido perseguida judicialmente.

Todo lo señalado no quiere decir que cuando un juez es designado en base a su formación profesional, se eliminan las posibilidades de que se torne recadero del poder político. Evidentemente que no. Simplemente se señala que en esos casos el juez, conocedor de sus capacidades, teme menos dejar el cargo ante presiones de orden político pues tiene las destrezas para ubicarse en otros espacios laborales. La seguridad que da el sentirse competente es lo que marcaría prioritariamente este tipo de comportamiento.

Lo problemático de este rompecabezas es que los candidatos a jueces con buena formación profesional son escasos. Esto no sucede porque no existan abogados con dichas características sino porque, en general, se encuentran en el libre ejercicio profesional y no tienen mayores incentivos para orientarse hacia la función pública. Conseguir personas que dejen de lado ingresos económicos mayores a un sueldo fijo mensual y que además acepten asumir una carga de trabajo muy superior a la que tienen en sus despachos privados, no es sencillo. Simple y llanamente, es un problema de mercado laboral.

Esta dificultad ahonda la idea de que, si bien es importante establecer reglas claras para la selección y designación de jueces, no es suficiente.

Noticias Zamora

OPINIÓN | El silencio del Olimpo militar: La caída del Bi-Tri a Segunda Categoría

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Por: Alonzo Cueva Rojas
“Yo no tengo la culpa

de tener la sangre roja

y el corazón a la izquierda”.

Desde Zamora Chinchipe,

con el orgullo intacto

del Bi-Tricampeón.

La consumación del descenso del Club Deportivo El Nacional a la Segunda Categoría no es un simple resultado estadístico; es una puñalada directa a nuestra historia. Ver al único e irrepetible Bi-Tricampeón del país desterrado del fútbol profesional genera un dolor profundo que sacude los cimientos del balompié nacional. Como hincha que, a la distancia, desde Zamora Chinchipe, ha celebrado en las buenas y ha llorado en las malas, siento el colapso de un símbolo de identidad patria.

Para dimensionar este luto, es obligatorio hacer memoria. Esta leyenda nació el 6 de febrero de 1963 como la Selección del Ejército, por iniciativa del Capitán Hugo Enderica Torres. Luego compitió en torneos provinciales bajo el nombre de Club Mariscal Sucre, vistiendo de azul y amarillo, hasta que el 1 de junio de 1964 se refundó oficialmente como Club Deportivo El Nacional. Desde su génesis, adoptó un principio inquebrantable: jugar única y exclusivamente con futbolistas ecuatorianos. Así nació la esencia de los «Puros Criollos», demostrando al continente que la verdadera grandeza no necesitaba mirar fuera de sus fronteras.

Lejos de ser una limitación, esa política fraguó una época dorada. «La Gloria del Fútbol» cosechó 13 Campeonatos Nacionales y 2 Copas Ecuador, siendo el único club del país en lograr dos tricampeonatos consecutivos (1976-1978 y 1982-1984). Además, su cantera alimentó a la Selección con leyendas como Fabián Paz y Miño (goleador histórico), José Villafuerte, Ermen Benítez, Carlos Ron, y astros modernos como Antonio Valencia, Christian «Chucho» Benítez y Segundo Castillo.

Hoy, esos ecos de gloria se ahogan en la impotencia. El gigante tocó fondo, pero El Nacional no murió en la cancha por falta de garra; lo asfixió la desidia dirigencial. Esta catástrofe es el reflejo de años de directivas inoperantes y pésimas administraciones que arrastraron al club a una deuda cercana a los 12 millones de dólares. Las restas de puntos por escritorio y la quiebra económica desmantelaron el alma del equipo, sentenciando este desplome definitivo hacia el amateurismo.

La Segunda Categoría será un purgatorio inhóspito, pero también la oportunidad de una reestructuración total que expulse a quienes nos hicieron daño. El Nacional debe volver, porque un fútbol ecuatoriano sin los «Puros Criollos» en la élite es un fútbol incompleto. La historia no se borra con deudas, y la gloria acumulada en nuestro escudo exige un retorno digno de su estirpe. A pesar de la tormenta, la garganta no se apaga. Hoy más que nunca, sacamos el pecho y gritamos nuestra arenga eterna: ¡Y dale, y dale, y dale el Nacional! El ¡Nacho de mi vida! volverá a rugir con la fuerza de su historia.

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Noticias Zamora

La victoria de la dignidad docente: Lecciones de lucha y conciencia de clase

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Por: Alonzo Cueva Rojas.

Lic. en Ciencias de la Educación.

Profesor. de Segunda Enseñanza y Profesor.

de Educación Infantil (UTPL)

La reciente Sentencia 120-26-IN/26, emitida por el Pleno de la Corte Constitucional, constituye un hito histórico para los trabajadores de la educación en el Ecuador. Al declarar la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2 y 5 del Acuerdo Ministerial MINEDEC-2026-00045-A, el máximo organismo de control ratificó de forma definitiva que los sábados no son días laborables para el magisterio. Más allá de ser un logro técnico, este fallo representa el triunfo de la dignidad frente a la arbitrariedad, y una demostración contundente de la vigencia de la lucha y la conciencia clasista de la Unión Nacional de Educadores (UNE).

Durante meses, el MINEDEC y el Gobierno Central pretendieron normalizar la precarización bajo el pretexto de la recuperación del tiempo o la optimización institucional. La imposición de trabajar los fines de semana no solo vulneró el derecho constitucional al descanso, al desarrollo familiar y a la desconexión digital, sino que desnudó la conducta patronal, autoritaria y deshumanizante de las autoridades de turno. Con este fallido acuerdo, el Estado pretendió modificar la jornada laboral por una vía administrativa ilegal, demostrando que para el poder político el docente es visto como un recurso sobre explotable y no como el pilar fundamental del sistema social.

Sin embargo, la respuesta del magisterio organizado no se hizo esperar. La UNE, manteniéndose fiel a su tradición combativa, demostró que los derechos no se mendigan, sino que se conquistan y se defienden en las calles y en los tribunales. Esta victoria es el resultado directo de una profunda conciencia de clase: los profesores del sector público se reconocieron a sí mismos como trabajadores explotados por un Estado empleador negligente y, mediante la unidad, decidieron frenar el abuso patronal de raíz.

El trasfondo de este atropello devela una realidad alarmante: el Gobierno carece de toda autoridad política y moral para endosar al magisterio las falencias del sistema educativo. Mientras la Constitución ordena taxativamente destinar al menos el 6% del PIB a la educación, el Estado apenas programa presupuestos marginales, generando una brecha ilegal que asfixia a las aulas. Un régimen que incumple su propia Carta Magna no puede exigir «sacrificios» a quienes sostienen la educación pública con sus propios recursos.

La crisis actual de la educación fiscal es el retrato vivo del abandono: un agresivo congelamiento de salarios que pisotea los procesos de escalafón, precarización laboral institucionalizada y una infraestructura en soletas, con escuelas abandonadas y desmanteladas. Esta debacle no es accidental; responde a un colapso planificado por un Gobierno que prefiere priorizar de forma sumisa el recetario de austeridad fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI) en lugar de invertir en el desarrollo y la vida de los hijos del pueblo.

La lección que deja este episodio es clara para todo el movimiento obrero ecuatoriano: la organización colectiva sigue siendo la única herramienta eficaz contra la arremetida neoliberal y flexibilizadora. El magisterio nacional ha vuelto a dar una cátedra de dignidad y firmeza, recordando al país entero que cuando la base se moviliza con conciencia y dirección clara, hasta los decretos más dictatoriales del poder terminan doblegándose ante la fuerza de la justicia laboral.

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Moverse hoy para no pagar mañana las consecuencias de la inactividad: el desafío de un Ecuador saludable

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El sobrepeso y la obesidad ya no son solamente un problema de salud individual. Se han convertido en un desafío para toda la sociedad ecuatoriana. Detrás de cada cifra hay una persona, una familia, una historia y, muchas veces, años de sufrimiento que pudieron haberse evitado.

Dos de cada tres ecuatorianos viven con sobrepeso u obesidad (64% de la población). Este problema es mayor entre las mujeres llegando a un 67%, pero también alcanzan a la niñez, 35 de cada 100 personas tienen sobrepeso. Mientras las cifras continúan creciendo, también crece el impacto sobre nuestras finanzas, ya que al país le cuesta más de 2250 millones de dólares al año atender estas enfermedades y se proyecta que para el 2030 el costo para el estado subiría al 3% del PIB, que equivale aproximadamente a 4.146 millones de dólares.

Pero hay algo que debemos comprender con absoluta claridad: prevenir siempre será mejor que lamentar; y promover la actividad física siempre será mejor que pagar las consecuencias de la inactividad.

Millones de dólares que hoy deben destinarse a atender enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad podrían utilizarse para construir escuelas, mejorar hospitales, crear espacios deportivos, fortalecer la educación, atender otras necesidades sociales y ofrecer mejores oportunidades para nuestras familias.

Por eso, hablar de actividad física no es hablar simplemente de hacer ejercicio. Es hablar de vida.

Caminar, correr, bailar, nadar, montar bicicleta, practicar un deporte, jugar con nuestros hijos, salir al parque, participar en actividades recreativas o simplemente dedicar unos minutos cada día a mover nuestro cuerpo son decisiones que pueden cambiar nuestro futuro. Porque cuando una madre sale a caminar, no solamente está cuidando su salud: está enseñando a sus hijos que cuidarse también es una forma de amarse.

Cuando un padre practica deporte con sus hijos, no solamente está haciendo ejercicio: está construyendo recuerdos, fortaleciendo vínculos y sembrando hábitos que pueden acompañarlos durante toda la vida. Cuando nuestros niños juegan, corren y disfrutan de actividades recreativas, no solamente están gastando energía: están creciendo, aprendiendo, socializando y desarrollando una relación saludable con su propio cuerpo.

Y cuando una comunidad abre sus parques, canchas y espacios públicos para que personas de todas las edades puedan realizar actividad física, no solamente está promoviendo deporte: está construyendo una comunidad más saludable, más unida y más feliz. La actividad física también tiene un enorme valor emocional y mental. Nos ayuda a liberar tensiones, combatir el sedentarismo, mejorar nuestro estado de ánimo, fortalecer nuestra autoestima y recuperar algo que muchas veces perdemos en medio de las preocupaciones cotidianas: las ganas de vivir plenamente.

Por eso, este no puede ser un llamado dirigido únicamente a las personas que tienen sobrepeso u obesidad. Es un llamado para todos. Es un llamado a las familias. Es un llamado a las escuelas y universidades. Es un llamado a las empresas públicas y privadas. Es un llamado a los municipios, prefecturas y gobiernos parroquiales. Es un llamado a la Asamblea Nacional y a todas las autoridades responsables de diseñar políticas públicas. Y, sobre todo, es un llamado a cada ciudadano.

Necesitamos pasar de las palabras a la acción. La Asamblea Nacional debe impulsar políticas y leyes que permitan que la prevención y el tratamiento del sobrepeso y la obesidad sean una responsabilidad efectiva de las instituciones del Estado.

Las empresas públicas y privadas deben promover programas que permitan a sus trabajadores incorporar la actividad física a su vida cotidiana.

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados deben recuperar y multiplicar los espacios públicos, deportivos y recreativos, y desarrollar programas de masificación deportiva para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Pero ninguna política pública tendrá todo su potencial si nosotros, los ciudadanos, no asumimos nuestra propia responsabilidad. No podemos esperar a enfermarnos para comenzar a cuidarnos. No podemos esperar una advertencia médica para empezar a caminar. No podemos esperar que nuestros hijos tengan problemas de salud para enseñarles a jugar y practicar deporte.

Cada día tenemos una oportunidad para decidir. Podemos quedarnos quietos o podemos movernos. Podemos esperar a que aparezca la enfermedad o podemos trabajar desde hoy para prevenirla.

Podemos seguir gastando cada vez más recursos públicos en atender las consecuencias o podemos invertir con inteligencia en prevención, educación, deporte, recreación y estilos de vida saludables. El verdadero ahorro para el Ecuador no está solamente en gastar menos en hospitales. Está en tener menos personas enfermas que necesiten llegar a ellos.

Cada dólar invertido en prevención, actividad física y hábitos saludables puede significar más salud, más bienestar y una mejor calidad de vida para nuestras familias. Pero no olvidemos lo más importante: una vida saludable no se mide en dólares. Se mide en años compartidos con nuestros hijos; en abrazos; en momentos; en sueños cumplidos; en la posibilidad de llegar a la vejez con autonomía y dignidad.

Por eso, hoy necesitamos construir una nueva cultura. Una cultura donde caminar sea parte de nuestra rutina. Donde jugar con nuestros hijos sea una prioridad. Donde el deporte no sea visto únicamente como competencia, sino como una herramienta de salud. Donde los parques estén llenos de personas y no de maleza. Donde nuestras ciudades estén diseñadas para que podamos caminar, correr, pedalear y recrearnos. Y donde el Estado comprenda que promover ciudadanos activos y saludables no es un gasto: es una inversión en el futuro del Ecuador.

El cambio comienza hoy. Con una caminata. Con un partido. Con un baile. Con un paseo en bicicleta. Con una familia que decide salir del sedentarismo. Con una comunidad que se une para hacer ejercicio. Con una empresa que promueve la actividad física. Con una autoridad que entiende que prevenir es gobernar con responsabilidad.

Cada ciudadano que asume esta responsabilidad está ayudando a construir un Ecuador más saludable. Tenemos un cuerpo que cuidar, una mente que fortalecer, una familia que disfrutar y un país que necesita ciudadanos saludables.

Hagamos del movimiento un hábito. Hagamos del deporte una cultura. Hagamos de la recreación un derecho. Hagamos de la prevención una prioridad. Y hagamos de la salud una responsabilidad de todos.

¡Muévete por ti, muévete por tu familia y muévete por el Ecuador

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