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PSC, PK e ID no ven causales para que Ejecutivo invoque la muerte cruzada

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En la Asamblea Nacional, la mayoría opositora cree que el presidente Guillermo Lasso no tiene argumentos para sustentar alguna de las tres causales para decretar la muerte cruzada.

Representantes de la Izquierda Democrática (ID), Pachakutik (PK) y Partido Social Cristiano (PSC) consideran que, si bien Lasso puede decretar la disolución del Legislativo, no hay sustentos para su decreto.

El correísmo no solo impulsa el juicio político en contra del Primer Mandatario también pide que el Ejecutivo active ese mecanismo. Para la asambleísta de esta tienda política, Viviana Veloz, la única causal que podría invocar sería la de grave conmoción interna.

Las causales a las que puede recurrir 

El artículo 148 de la Constitución establece tres causales para que el Ejecutivo decrete a disolución de la Asamblea (Muerte Cruzada):

  • La Asamblea se arrogue funciones que no le competan constitucionalmente
  • Legislativo obstruya la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. 
  • Grave crisis política y conmoción interna.

De las tres, solamente la primera requiere de un dictamen previo de la Corte Constitucional (CC). El resto solo depende del Presidente. Sin embargo, como lo plantea la constitucionalista Pamela Aguirre, es necesario que justifique y motive de forma adecuada por qué se configura cualquiera de las dos causas que no requiere pronunciamiento de la CC.

Por ejemplo, la misma asambleísta Veloz (UNES) dice que las muertes violentas debido a los niveles de inseguridad que vive el país es razón suficiente para argumentar la conmoción interna.

Sin embargo, Aguirre explica que ya hay pronunciamientos de la CC sobre qué se considera grave conmoción interna y, tras los decretos de estado de excepción emitidos por el Gobierno por ejemplo, se ha establecido que la inseguridad no lo es.

Los asambleístas Mario Ruiz, coordinador del bloque de PK y Ramiro Narváez, de la ID, coinciden en que no hay argumentos para justificar la causal del bloqueo al cumplimiento del Plan de Desarrollo.

Ambos recuerdan que han existido leyes de iniciativa del Ejecutivo que han sido aprobadas en la Asamblea. Una de las últimas, por ejemplo, fue la Ley de Transformación Digital.

Hay que recordar que el Ejecutivo no ha enviado sus reformas laborales, ofrecidas desde el inicio de su gestión. Sin embargo, eso no puede interpretarse como un bloqueo ya que, hasta el momento, el proyecto no ha llegado al Legislativo.

Pero, para el experto en Derecho y analista político, Esteban Ron, esta sería la causal a la que podría recurrir el Ejecutivo. Dice que el Plan Creando Oportunidades tiene ejes, entre ellos, trabajopaz (seguridad) y educación.

Según Ron, por ejemplo, se puede interpretar como un bloqueo el que la Asamblea no haya dado paso a cambios legales que hubiesen permitido un régimen paralelo para generar trabajo. En cuanto a seguridad, podría argumentar las demoras en el tratamiento de leyes sobre este tema.

En este escenario, legisladoras como Nathalie Viteri, del PSC, consideran que no hay causales para emitir el respectivo decreto. El martes pasado en Ecuavisa, la Asambleísta dijo que la Muerte Cruzada no le conviene a ninguna de las partes.

Su declaración no es cosa menor. Ella apuntó un hecho clave: en caso de ir a elecciones nuevamente, con la crisis política y de seguridad, es poco probable que los actuales asambleístas y Gobierno se reelijan.

¿Qué podría pasar tras el decreto? 

El asambleísta Mario Ruiz anticipa que, en caso de que Lasso decrete la muerte cruzada, acudirán a la CC para que se pronuncie sobre esa decisión.

La experta Pamela Aguirre dice que es posible que se realice un control constitucional. Para eso se requeriría de una demanda de acción pública de inconstitucionalidad de actos administrativos con efectos generales.

Ese recurso les permitiría a quienes la presenten, que sea directamente la CC la que resuelva. Esto porque también se podría presentar una acción e protección. Sin embargo, eso debe pasar por al menos dos instancias previas, antes de llegar a la Corte ConstitucionalFuente: El Comercio

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Fiscalización recomienda juicio político contra Mario Godoy por presunta ‘inoperancia’ al frente de la Judicatura

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Un informe preliminar de la Comisión de Fiscalización plantea recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional el inicio de un juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, por presunta «manifiesta inoperancia».

El documento, que se filtró antes de su votación oficial, se sustenta en el numeral 3 del artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y deberá ser analizado y debatido por los integrantes de la mesa legislativa antes de ser remitido al Pleno para su resolución.

Godoy se encuentra en el centro de la polémica desde que el juez anticorrupción Carlos Serrano denunciara presuntas presiones dentro de la institución para favorecer al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, investigado por lavado de activos dentro del caso denominado ‘Euro 2024’.

El magistrado también alertó sobre la supuesta falta de garantías para proteger su vida tras las amenazas que habría recibido por su actuación en este proceso judicial.

El documento será conocido oficialmente la noche de este viernes 13 de febrero de 2026, cuando la comisión legislativa se reúna para debatir su contenido y someterlo a votación entre sus miembros. En caso de aprobarse la recomendación, el proceso avanzará al Pleno del Legislativo, donde se definirá si se enjuicia políticamente al presidente de la Judicatura.

Correísmo impulsa juicio político contra Mario Godoy

Los solicitantes del juicio político por presunto incumplimiento de funciones, que impulsan los correístas Viviana Veloz, Raúl Chávez, Liliana Durán, Franklin Samaniego y Xavier Lasso Mendoza, sostienen que Godoy incumplió los numerales 1 y 3 del art. 168 de la Constitución, relacionados con la independencia interna y externa de los órganos de la Función Judicial.

Argumentan que Godoy fue pasivo ante las presiones indebidas ejercidas por sus subordinados directos, como el director provincial de Pichincha, Henry Gaibor, quien habría intervenido coercitivamente sobre el juez Carlos Serrano para influir en el desarrollo del caso “Euro 2024”, sugiriendo argumentos favorables a la defensa del procesado Jezdimir Srdan.

Tras la filtración del informe, la legisladora Viviana Veloz reaccionó en redes sociales señalando que la recomendación respondería a la presión ciudadana y a la existencia de pruebas que, según afirmó, vincularían a Godoy con supuestos intentos de protección a narcotraficantes. En su pronunciamiento también cuestionó al oficialismo y aseguró que la independencia judicial continúa en riesgo.

La asambleísta agregó que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social estaría avanzando en mecanismos para designar un eventual reemplazo en la Judicatura, lo que —según sostuvo— permitiría mantener el control político del organismo, señalando directamente al presidente Daniel Noboa. Fuente: Vistazo

$!Tuit de Viviana Veloz tras la filtración del informe.
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La Tertulia Jurídica analizó el rol del derecho penal frente a los desafíos de la sociedad contemporánea

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En una nueva emisión del programa La Tertulia Jurídica, se contó con la destacada participación del doctor Ernesto Yerobi, abogado penalista ecuatoriano, quien desarrolló el tema “Derecho penal y sociedad: evolución dogmática frente a los desafíos de la modernidad”, un análisis profundo sobre la función del derecho penal en el contexto social actual.

Durante su intervención, Yerobi se presentó ante la audiencia como abogado riobambeño, especializado en derecho penal general y derecho penal económico y de la empresa, con amplia experiencia tanto en el libre ejercicio profesional como en el ámbito académico, participando activamente en la cátedra universitaria, programas de formación continua, espacios de difusión jurídica y medios de radiodifusión y plataformas digitales.

El jurista destacó que el derecho penal es una de las ramas más sensibles del ordenamiento jurídico, cuya correcta aplicación resulta fundamental para garantizar la convivencia social y el respeto de los derechos ciudadanos. En ese marco, enfatizó que no toda conducta socialmente reprochable constituye un delito, aclarando que, desde la dogmática penal, el delito debe configurarse como una conducta típica, antijurídica, culpable y punible.

Como parte de su exposición académica, Yerobi explicó de manera didáctica las categorías dogmáticas del delito, abordando la conducta —tanto en su modalidad de acción como de omisión—, la tipicidad objetiva y subjetiva, la antijuridicidad y la culpabilidad, resaltando la importancia de comprender estos elementos para evitar interpretaciones erróneas que generen alarma social y una percepción distorsionada de inseguridad.

Asimismo, analizó conceptos clave como el juicio de tipicidad, el rol del verbo rector dentro de los tipos penales, y la necesidad de que toda conducta sancionada se encuentre expresamente prevista en la norma penal, en respeto al principio de legalidad. En este contexto, subrayó que la ausencia de tipificación impide la atribución de responsabilidad penal.

Yerobi también abordó las causas de justificación, como la legítima defensa, el estado de necesidad y el cumplimiento de órdenes de autoridad competente, destacando que estas figuras se rigen por criterios estrictos de proporcionalidad, racionalidad y ausencia de provocación, elementos esenciales dentro de un Estado constitucional de derechos.

En un análisis histórico-dogmático, el expositor recorrió las principales corrientes del pensamiento penal: el causalismo, el finalismo, el funcionalismo y el garantismo penal, explicando su evolución y aplicación práctica. Señaló que el funcionalismo normativista, especialmente en el ámbito del derecho penal económico, responde de mejor manera a las complejas dinámicas sociales actuales, al centrarse en los roles, el riesgo permitido y la imputación objetiva, más allá de la mera ejecución material del delito.

Finalmente, Yerobi reflexionó sobre la crisis del sistema judicial ecuatoriano, la fragilidad de la independencia judicial y el impacto de estas problemáticas en la confianza ciudadana, enfatizando la responsabilidad ética de los abogados y la necesidad de una aplicación técnica, razonada y humana del derecho penal.

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Confirman la venta de diario El Universo

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El diario El Universo, uno de los medios de comunicación impresos de Ecuador, cambia de manos. La mañana del jueves 12 de febrero de 2026, la familia Pérez anunció la venta de su participación accionaria en el rotativo.

En un comunicado difundido en redes sociales, la familia fundadora se despidió de su audiencia y confirmó que Carlos y César Pérez Barriga y Nicolás Pérez Lapentti vendieron sus acciones a un grupo de inversionistas encabezado por Yves Maia Pardini, empresario radicado en Florida, Estados Unidos.

¿Quiénes son los nuevos dueños de El Universo?

El grupo inversionista que adquirió las acciones está liderado por Yves Maia Pardini, emprendedor con trayectoria en servicios corporativos y financieros. También forma parte del consorcio Integra Capital, vinculada al empresario argentino José Luis Manzano.

Según el comunicado oficial, el objetivo de esta adquisición es fortalecer el liderazgo periodístico del medio y abrir una nueva etapa estratégica. El grupo empresarial cuenta en su portafolio con medios de comunicación en Argentina como América TVEl Cronista y Telefé, entre otros.

Nueva administración y enfoque empresarial

Como parte de la transición, se informó que Ignacio Giménez, exgerente de Diario El Comercio de Perú, asumirá la conducción de la nueva operación de El Universo. Su designación apunta a consolidar la modernización y expansión del medio en un entorno digital cada vez más competitivo.

La transacción se produce en un contexto de transformación global de la industria de medios, marcada por la digitalización, la migración de audiencias a plataformas digitales y la necesidad de nuevos modelos de sostenibilidad financiera.

Un cambio que impacta al ecosistema mediático ecuatoriano

Con este cambio de propiedad, el medio inicia una nueva etapa bajo capital internacional, mientras el sector observa cómo se redefine el mapa de los medios tradicionales en Ecuador.

La transición abre interrogantes sobre la línea editorial, la independencia periodística y la estrategia digital del rotativo.

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