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PSC, PK e ID no ven causales para que Ejecutivo invoque la muerte cruzada

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En la Asamblea Nacional, la mayoría opositora cree que el presidente Guillermo Lasso no tiene argumentos para sustentar alguna de las tres causales para decretar la muerte cruzada.

Representantes de la Izquierda Democrática (ID), Pachakutik (PK) y Partido Social Cristiano (PSC) consideran que, si bien Lasso puede decretar la disolución del Legislativo, no hay sustentos para su decreto.

El correísmo no solo impulsa el juicio político en contra del Primer Mandatario también pide que el Ejecutivo active ese mecanismo. Para la asambleísta de esta tienda política, Viviana Veloz, la única causal que podría invocar sería la de grave conmoción interna.

Las causales a las que puede recurrir 

El artículo 148 de la Constitución establece tres causales para que el Ejecutivo decrete a disolución de la Asamblea (Muerte Cruzada):

  • La Asamblea se arrogue funciones que no le competan constitucionalmente
  • Legislativo obstruya la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. 
  • Grave crisis política y conmoción interna.

De las tres, solamente la primera requiere de un dictamen previo de la Corte Constitucional (CC). El resto solo depende del Presidente. Sin embargo, como lo plantea la constitucionalista Pamela Aguirre, es necesario que justifique y motive de forma adecuada por qué se configura cualquiera de las dos causas que no requiere pronunciamiento de la CC.

Por ejemplo, la misma asambleísta Veloz (UNES) dice que las muertes violentas debido a los niveles de inseguridad que vive el país es razón suficiente para argumentar la conmoción interna.

Sin embargo, Aguirre explica que ya hay pronunciamientos de la CC sobre qué se considera grave conmoción interna y, tras los decretos de estado de excepción emitidos por el Gobierno por ejemplo, se ha establecido que la inseguridad no lo es.

Los asambleístas Mario Ruiz, coordinador del bloque de PK y Ramiro Narváez, de la ID, coinciden en que no hay argumentos para justificar la causal del bloqueo al cumplimiento del Plan de Desarrollo.

Ambos recuerdan que han existido leyes de iniciativa del Ejecutivo que han sido aprobadas en la Asamblea. Una de las últimas, por ejemplo, fue la Ley de Transformación Digital.

Hay que recordar que el Ejecutivo no ha enviado sus reformas laborales, ofrecidas desde el inicio de su gestión. Sin embargo, eso no puede interpretarse como un bloqueo ya que, hasta el momento, el proyecto no ha llegado al Legislativo.

Pero, para el experto en Derecho y analista político, Esteban Ron, esta sería la causal a la que podría recurrir el Ejecutivo. Dice que el Plan Creando Oportunidades tiene ejes, entre ellos, trabajopaz (seguridad) y educación.

Según Ron, por ejemplo, se puede interpretar como un bloqueo el que la Asamblea no haya dado paso a cambios legales que hubiesen permitido un régimen paralelo para generar trabajo. En cuanto a seguridad, podría argumentar las demoras en el tratamiento de leyes sobre este tema.

En este escenario, legisladoras como Nathalie Viteri, del PSC, consideran que no hay causales para emitir el respectivo decreto. El martes pasado en Ecuavisa, la Asambleísta dijo que la Muerte Cruzada no le conviene a ninguna de las partes.

Su declaración no es cosa menor. Ella apuntó un hecho clave: en caso de ir a elecciones nuevamente, con la crisis política y de seguridad, es poco probable que los actuales asambleístas y Gobierno se reelijan.

¿Qué podría pasar tras el decreto? 

El asambleísta Mario Ruiz anticipa que, en caso de que Lasso decrete la muerte cruzada, acudirán a la CC para que se pronuncie sobre esa decisión.

La experta Pamela Aguirre dice que es posible que se realice un control constitucional. Para eso se requeriría de una demanda de acción pública de inconstitucionalidad de actos administrativos con efectos generales.

Ese recurso les permitiría a quienes la presenten, que sea directamente la CC la que resuelva. Esto porque también se podría presentar una acción e protección. Sin embargo, eso debe pasar por al menos dos instancias previas, antes de llegar a la Corte ConstitucionalFuente: El Comercio

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Denuncian supuesta compra de insulina con sobreprecio en Municipio de Guayaquil

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La adquisición para dotar de insulina a las casas de salud manejadas por el Municipio de Guayaquil generó un nuevo roce con el Gobierno Nacional, luego de que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) denunciara sobre presuntas irregularidades en el contrato.

Según el Sercop, la Alcaldía pretendería importar un millón de dosis de insulina a un precio mayor de lo que se vende en Ecuador. El costo que habría establecido por la compra el Municipio era de $12 por unidad, cuando en adquisiciones de otros procesos se pagaron precios por el medicamento entre USD 7,12 y 7,49.

Además, la entidad añadió que el Municipio tiene un incumplimiento normativo, al no contar con permiso previo emitido por la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa), para la importación de fármacos.

El Sercop apuntó que la verificación se realizó en cumplimiento de sus funciones, para cuidar la adquisición de bienes y servicios en beneficio de la ciudadanía.

De hecho, la institución recomendó al Municipio guayaquileño realizar el proceso de adquisición con farmacéuticas locales que cuentan con el producto, a un precio inferior al ofertado en el contrato establecido.

Julio José Neira, secretario de Integridad Pública y director encargado del Sercop, aclaró que un 2,66% de los procesos contratados por la Alcaldía, que equivalen a 47 contratos, fueron suspendidos por detectarse alguna irregularidad, incluido el de la adquisición de incluido. El valor todos estos procesos era de USD 9,7 millones.

«Se les acabó el relato de la compra de insulina por el sobreprecio…», apuntó Neira, este viernes 28 de noviembre.

Cruce de declaraciones entre Alvarez y Neira

La suspensión de los procesos generó una serie de insultos en redes sociales proferidos por el alcalde Aquiles Alvarez hacia Neira, quien a su vez le recordó que se encuentra procesado y llamado a juicio por presunta comercialización irregular de combustible.

«El proceso de insulina se suspendió porque el alcalde procesado pretendía importar insulina evadiendo la norma: ni siquiera pidieron registro sanitario, básico para asegurar calidad y proteger a los pacientes», recalcó Neira.

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Extienden la declaratoria de emergencia en el IESS por desabastecimiento de medicinas

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El director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Francisco Abad, dispuso la ampliación «de forma excepcional» por un mes más de la declaratoria de emergencia de la entidad.

Según informó la entidad en un comunicado difundido este jueves, la decisión se adoptó por criterios técnicos que, a su juicio, justifican la ampliación de la medida para garantizar que procesos contractuales puedan concretarse.

Al declarar el estado de emergencia el pasado 26 de septiembre, frente a una crisis de desabasteicmiento de medicinas e insumos médicos en centros de salud a escala nacional, el IESS asignó un presupuesto de USD 96 millones para compras públicas.

Medicamentos no entregados

En ese marco, un informe técnico presentado este lunes advirtió también que, pese a que el IESS ha suscrito varios contratos para adquirir medicamentos y bienes estratégicos, una parte de estos productos aún no ha sido entregada.

El documento señala que diversas circunstancias de índole técnica y operativa han impedido que la institución cuente con el abastecimiento completo previsto.

El mismo informe sostiene que, de no concretarse las entregas pendientes, el IESS enfrentaría un desabastecimiento inmediato de medicamentos de alta especialidad, lo que pondría en riesgo la continuidad terapéutica de miles de pacientes y acentuaría aún más la crisis actual.

También advierte que podrían incrementarse las complicaciones severas, las hospitalizaciones y los índices de mortalidad.

Ante ello, Abad emitió una resolución en la que ordena a los administradores de los contratos suscritos durante la emergencia mantener un seguimiento permanente de cada proceso.

La disposición incluye verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los proveedores y completar todas las gestiones necesarias hasta el cierre definitivo de los contratos.

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Más de un millón de ecuatorianos tienen una mala calificación crediticia, según análisis de red financiera

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En Ecuador, 1 060 000 personas, en promedio, tienen un score crediticio (calificación crediticia) menor a 300 puntos, 247 mil más de las que había en el 2019, según un informe de la Red de Instituciones Financieras para el Desarrollo.

Se trata de usuarios que registran pagos pendientes, atrasos frecuentes y moras prolongadas para cancelar sus deudas, es decir, que son perfiles con poca probabilidad de pago.

En términos prácticos, las instituciones financieras o centrales de crédito pueden negarles solicitudes de préstamos, pedir más documentos, garantías u otorgar financiamiento en condiciones menos favorables como intereses más altos.

Con este escenario, las compras pequeñas, como celulares, electrodomésticos e incluso ropa a plazos, inciden en la construcción del historial crediticio.

David Castellanos, analista de Equifax, que es una agencia de informes crediticios, relata que si una persona hace pagos que se difieren a plazos, eso permite ir construyendo un tema de un hábitos.

«Si se cumple igual el pago, obviamente, la persona va a tener una propensión de mejor hábito de pago como tal, pero también si hay retrasos, esto va a incidir ensu calificación o en su salud financiera», comentó.

Al mejorar el puntaje del score crediticio con compras pequeñas a crédito, los usuarios en general y específicamente aquellos que están excluidos del sistema financiero, podrían acceder nuevamente a él.

«Tendríamos que esperar por lo menos unos tres o seis meses hasta que esta persona vaya cumpliendo estos temas de pago. Ese comportamiento se toma dentro del historial crediticio. Mientras los otros pagos se van cumpliendo, va generando que esta persona paulatinamente vaya alcanzando un mejor score«, señaló Castellanos.

El score crediticio se puede revisar en las aplicaciones de bancos.Ees un servicio gratuito, que permite al cliente conocer su nivel de endeudamiento, si tiene un balance entre lo que gana y lo que gasta; y si tiene pagos pendientes en instituciones financieras, en locales comerciales o entidades de servicios.

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