El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, denunció, le martes 8 de julio de 2025, una grave crisis institucional en el sistema judicial del país. La entidad, que tiene al pleno con autoridades prorrogadas, está al borde de que se declare en emergencia judicial.

En una entrevista con Radio Democracia, Godoy detalló que desde que asumió el cargo han sido destituidos 100 servidores judiciales a escala nacional, incluidos 53 jueces, 11 fiscales y otros funcionarios como secretarios, citadores, técnicos de ventanilla y directores provinciales.

“En cada entrevista que tengo el número crece”, expresó Godoy. Precisó que 40 de los destituidos están relacionados con casos de alta connotación nacional: 10 en el caso Purga, 10 en Metástasis, tres en Plaga, uno vinculado tanto a Plaga como a Metástasis, y seis por el caso de lavado de activos ligado a Daniel Salcedo. “Algunos están enjuiciados, otros han ido a la cárcel”, añadió.

Godoy también advirtió sobre las condiciones precarias en las que opera actualmente la Función Judicial. Informó que hay un déficit de 754 jueces en todas las materias e instancias, lo que ha generado una fuerte sobrecarga procesal.

Esto se traduce en retrasos en los trámites, acumulación de causas y un mayor margen de error en los fallos judiciales. A esta situación se suma el deterioro de la infraestructura judicial y un déficit presupuestario de USD 205 millones.

Frente a este panorama, el titular de la Judicatura planteó la necesidad de declarar en emergencia al sistema judicial, para así habilitar mecanismos excepcionales que permitan atender los problemas estructurales de forma urgente.

Las declaraciones de Godoy se dan en un contexto de tensión institucional. Las últimas semanas, el ministro del Interior, John Reimberg, ha criticado el accionar de ciertos jueces y pidió a la Judicatura asumir con firmeza los procesos disciplinarios.

Incluso mantuvo una reunión con las principales autoridades del Consejo de la Judicatura, en medio de la presión pública por la liberación de personas vinculadas al crimen organizado.

Judicatura sin quórum
Para el martes 8 de julio, estaba prevista una sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura para tratar cinco expedientes disciplinarios. Sin embargo, la reunión no se realizó por falta de quórum.

Solo asistieron Mario Godoy y la vocal Yolanda Yupangui. La tercera vocal, Solanda Goyes, presentó un certificado médico que le impide asistir durante varios días.

La Judicatura actualmente funciona con tres de sus cinco vocales, todos en funciones prorrogadas, lo que ha complicado la toma de decisiones. Fuente: Primicias

Hacer frente al rápido crecimiento de la minería ilegal en Ecuador es la tarea más ardua que tiene hoy la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), que por —ahora cuenta— con 164 funcionarios y un presupuesto de USD 5,7 millones para 2025.

Pero la realidad de la Agencia está por cambiar porque desde el 31 de julio de 2025 esta pequeña entidad pasará a cobrar la tasa de fiscalización minera que el Gobierno de Daniel Noboa impuso a todas las empresas que tienen concesiones en exploración y en explotación.

Con esto, la Arcom pasará a tener un presupuesto de alrededor de USD 200 millones al año desde 2026. Recursos que, según el director de la entidad, Patricio Bonilla, son necesarios para mejorar las capacidades de Arcom para hacer frente al azote de la minería ilegal.

Entre agosto y diciembre de 2025 el presupuesto de Arcom todavía no llegará a USD 200 millones porque las empresas mineras tendrán que pagar solo el proporcional de la tasa.

Pero uno de los primeros pasos será aumentar el número de funcionarios. Para agosto de 2025, Bonilla dijo que serán, al menos, 190 empleados en la Agencia. Además, el plan contempla la creación de más oficinas técnicas y direcciones distritales.

En la rendición de cuentas de Arcom, el pasado 4 de julio de 2025, Bonilla dijo que la agencia cerró 2024 con seis direcciones distritales y dos oficinas técnicas, pero para 2025 la meta es tener 11 direcciones distritales y siete oficinas técnicas.

Eso sin contar con que la entidad contempla equiparse con camionetas blindadas, equipos de seguridad para sus funcionarios, drones y espectrómetros de alta tecnología, aunque todavía no se conoce cuánto de los USD 200 millones irá a estos equipos.

Cámara de Minería cuestiona poca transparencia sobre el uso del millonario ingreso que dejará la tasa minera
Por ahora, de su presupuesto de USD 5,7 millones previsto para 2025 (en el que todavía no se incluye el cobro de la tasa de fiscalización minera), unos USD 4,3 millones son para pagos de sueldos de los funcionarios. Solo USD 156.610,31 están previstos para lo que se conoce «propiedad, planta y equipo».

¿Qué escenario enfrenta Arcom con la minería ilegal?
La Arcom asume el reto de manejar un millonario presupuesto para que las cifras de campamentos de minería ilegal, que destrozan sobre todo la Amazonía, se reduzcan. Pero ¿cómo está hasta ahora el escenario?

Bonilla dijo que la entidad ha identificado 387 puntos de minería ilegal en 16 provincias de las 24 que tiene Ecuador.

Según la Agencia, el problema es que los enfrentamientos entre Grupos Armados Organizados y los militares de Fuerzas Armadas que participan en operativos son cada vez más numerosos.

Además, el reporte menciona que «las comunidades que ven en la minería ilegal una fuente de réditos económicos de primera mano dan un soporte logístico a esta actividad minera y apoyo inmediato en contra de la fuerza pública en los operativos de control».

De los 387 puntos de minería ilegal, 40 puntos ubicados en nueve provincias son identificados como «muy peligrosos», por presencia de Grupos Armados Organizados.

El reporte de Arcom detalla que Imbabura, Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana, Napo, Azuay, El Oro, Morona Santiago y Zamora Chinchipe  «presentan los sectores más álgidos de minería ilegal».

Entre los puntos rojos están zonas que ya fueron intervenidas por la Policía y las Fuerzas Armadas en el pasado, por ejemplo, en Imbabura está La Merced de Buenos Aires.

En esta zona, el pasado 3 de julio de 2025, de hecho, murió un militar del Ejército durante un operativo en un campamento de minería ilegal.

Y en Napo están zonas en las que activistas y pobladores han denunciado por años que existe minería ilegal, como Río Punino, Río Jatunyacu, Arosemena Tola.

Precisamente en la zona de Punino, en Napo el pasado 9 de junio de 2025 11 militares del Ejército fueron asesinados durante un operativo contra la minería ilegal.

Durante la rendición de cuentas, Bonilla dijo que en Napo el problema no se limita a terceros que invaden zonas concesionadas a empresas para extraer material de forma ilegal. Hay incluso problemas con empresas que tienen concesiones autorizadas.

Bonilla dijo que 15 concesiones mineras en Napo, adjudicadas a empresas formales, fueron denunciadas por la ciudadanía por «incumplimientos a la ley», aunque no precisó de qué tipo.

De esas denuncias, Bonilla dijo que después de las inspecciones, Arcom encontró que en 11 de las áreas denunciadas hubo infracciones que ameritaban la suspensión de las concesiones y en cuatro, infracciones que implicaron que las concesiones caduquen.

En este cuadro está el resto de puntos críticos de minería ilegal identificados por Arcom:

La Agencia ha identificado como los problemas más graves de la minería ilegal otros delitos conexos como: asociación ilícita, tenencia y porte de armas y explosivos, tráfico de influencias, delitos contra la administración pública, defraudación tributaria, extorsión, trata de personas, trabajo infantil, explotación laboral, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

En este contexto, Bonilla informó que desde el 26 de julio hasta diciembre de 2024, la Agencia realizó 30 operativos contra la minería ilegal. El reporte no detalla operativos del año completo porque hasta abril de 2024 solo existía la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos no Renovables (Arcernnr).

Pero el 9 de mayo de 2024, el presidente Daniel Noboa decidió separar en tres agencias a esta entidad, con lo que la Arcom comenzó a ser una entidad separada.

Estos son los resultados de los operativos:

Ser atendido en un hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) sigue siendo un calvario para gran parte de sus siete millones de afiliados.

Datos de la entidad revelan que un paciente espera hasta 102 días para recibir atención médica con un especialista en consulta externa. Este problema golpea, sobre todo, a pacientes derivados del IESS que buscan atención en un hospital de tercer nivel, propiedad de un prestador externo.

Sin embargo, este problema no se evidencia únicamente en los hospitales privados. También se repite en los hospitales administrados por el IESS, aunque en menor medida, pues la demora para una cita con especialista llega a 63 días.

Mientras que en los hospitales de segundo nivel, los pacientes deben esperar 35 días en las casas de salud del IESS y 19 días en los hospitales externos.

La preocupación para las autoridades del IESS pasa porque la espera por una cita en los hospitales de tercer nivel aumentó en enero de 2025, respecto a 2024. Durante ese año, las citas médicas demoraban 61 días en los hospitales que están bajo su administración y 34 en los privados. Esto quiere decir que el tiempo de espera en los hospitales privados se ha triplicado en solo un año.

En el otro lado están los hospitales de primer nivel, donde la espera es mucho menor: en los prestadores externos llega a 19 días y a ocho en los del IESS. Pese a esto, también se registra un leve incremento frente a 2024 cuando los afiliados esperaron seis días por una cita en los hospitales del IESS y 17 en los privados.

Maribel A. sufrió la rotura de su pierna derecha a inicios de 2025. Cuenta que, si bien recibió atención en el día que sufrió el accidente, las consultas siguientes han sido un dolor de cabeza.

«La demora por una cita es increíble. La espera es larga y no hay otra opción que esperar o buscar dinero para ir a un médico privado, dejando de utilizar ese dinero en necesidades familiares», se queja.

El aumento del tiempo de espera llega luego de que anteriores administraciones del IESS decidieron reducir las derivaciones a los prestadores externos, con el objetivo de reducir la deuda que mantiene la entidad.

Por el momento, el resultado de esta medida se traduce en que los pacientes que requieren atención deben esperar casi tres meses para ver un médico.

Especialidades con más espera
La espera por conseguir una intervención quirúrgica o una cita con algunos especialistas es otro viacrucis para los afiliados.

La última información de la entidad detalla que un paciente puede acceder a un trasplante de hígado luego de 120 días de espera, siendo una de las cirugías más solicitadas. En segundo lugar está la especialidad de coloproctologia, con 76 días espera y reumatología, con 74 días.

Otras especialidades en las que los pacientes deben esperar varios días son neonatología, con 69 días; oftalmología, con 66 días; y hematología, con 65.

Contrato para agilizar las citas médicas
El IESS tiene previsto firmar un nuevo contrato con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) para agilizar el agendamiento de citas médicas. El objetivo es que los afiliados también puedan tomar una cita a través de canales como WhatsApp, Facebook y Chatbots, y no solamente en la página web o en el call center.

El problema, hasta el momento, es que estas herramientas no han logrado consolidarse como una alternativa a los canales tradicionales. Entre noviembre de 2024  y junio de 2025, apenas se agendaron 47 citas por WhatsApp y 184 por Facebook en los 102 hospitales del IESS.

Para la entidad, este contrato es importante, pues «permitirá realizar una distribución ordenada y homogénea de citas médicas de manera eficaz y eficiente, evitando que los asegurados realicen largas filas de espera y con una atención más oportuna».

Para este contrato, el IESS destinará USD 6,9 millones, cuya vigencia será de un año a partir de la firma, que se prevé sea a finales de julio de 2025. Fuente: Primicias