Noticias Zamora
Preocupación en la Parroquia Guadalupe por Contaminación de Quebrada con Barbasco
La Vicepresidenta de la parroquia Guadalupe, Ingeniera Rita Japón, expresó su profunda preocupación ante un incidente ocurrido recientemente en el cual una quebrada, fuente de agua potable para varias comunidades, fue envenenada con barbasco. Este hecho, que tuvo lugar el pasado domingo a las 14h00, marca la primera vez que se contamina una fuente de agua que es vital para el consumo de numerosas familias en la zona.
La Vicepresidenta Japón señaló que es urgente que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y se realice una investigación exhaustiva para identificar a los responsables de este hecho que ha generado alarma en la comunidad. Hizo un llamado a las instituciones gubernamentales a aplicar la ley con severidad para sancionar a los autores de este atentado contra la salud y el bienestar de los habitantes de la parroquia.
En su intervención, Japón también manifestó su inconformidad con la falta de respuesta oportuna por parte de la Policía Nacional, quienes, tras ser contactados, tardaron entre una hora y una hora y media en llegar al lugar, cuando el incidente ya había pasado. Reiteró su petición al gobernador para que se mejore el servicio policial en la zona, solicitando que un oficial permanezca permanentemente en las oficinas de la Policía Nacional de la parroquia para atender de manera más eficaz este tipo de emergencias.
Una moradora del sector también confirmó la gravedad de los hechos, explicando que tras ser alertada por la administradora del agua sobre la situación, acudió al lugar y verificó la presencia de peces muertos en la quebrada. Junto con la policía, realizaron un recorrido para verificar los daños y constataron la muerte de peces debido a la contaminación. La administradora del agua decidió suspender el suministro de agua para evitar mayores afectaciones a los usuarios. Al día siguiente, el servicio fue restablecido.
Luis Erráez, presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Parroquial Guadalupe, expresó su preocupación por la falta de controles medioambientales que, en el pasado, se implementaban para evitar este tipo de prácticas. Recordó que el río Cantzama, una fuente de agua limpia y un atractivo turístico importante, también ha sido víctima de contaminación con barbasco en ocasiones anteriores. Instó a las autoridades de medio ambiente a reforzar los controles, socializar con las comunidades y prohibir de manera efectiva la pesca con métodos contaminantes, subrayando los graves riesgos que esto representa para la salud pública.
El GAD parroquial y los líderes comunitarios piden una rápida intervención de las autoridades competentes para evitar que este tipo de actos se repitan, y solicitan capacitaciones y reglamentos claros que permitan controlar y prevenir la contaminación de fuentes de agua esenciales para la comunidad.
Conclusión: El llamado a las autoridades es claro: se requiere una respuesta firme para proteger el medio ambiente y las fuentes de agua que abastecen a diversas comunidades de la parroquia Guadalupe. La seguridad y el bienestar de los habitantes dependen de la preservación de estos recursos naturales.
Noticias Zamora
Habilitan la vía en el sector La Florida en la vía Zumbi-Paquisha, tras varios días de trabajo
Un trabajo coordinado entre operadores de maquinaria, trabajadores e instituciones públicas y privadas permitió avanzar en la limpieza y retiro de material en el sector La Florida, logrando restablecer la movilidad en esta zona.
Desde las 17:00 de este martes 21 de julio, el paso vehicular fue habilitado de manera controlada, permitiendo recuperar la conectividad para los usuarios de esta vía.
Las autoridades exhortan a conducir con precaución debido a las lluvias constantes y posibles riesgos en la carretera. Se recomienda evitar desplazamientos innecesarios durante condiciones climáticas adversas y mantenerse atentos a los comunicados oficiales.
Noticias Zamora
CNE conforma Junta Electoral de Zamora Chinchipe para comicios 2027
CNE designa integrantes de la Junta Provincial Electoral de Zamora Chinchipe para las Elecciones Seccionales y del CPCCS 2027
El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante resolución adoptada por unanimidad, designó a las y los integrantes de las Juntas Provinciales Electorales que estarán a cargo de la organización, administración y vigilancia de las actividades correspondientes a las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027.
Estas instancias electorales cumplen un rol fundamental dentro del sistema democrático ecuatoriano, al ser responsables de garantizar el adecuado desarrollo de los procesos electorales en cada jurisdicción provincial, bajo principios de transparencia, imparcialidad, legalidad y participación ciudadana.
Para la provincia de Zamora Chinchipe, el CNE designó como integrantes de la Junta Provincial Electoral a:
- Diego Israel Aldean Jaramillo
- Ligia Zoraida Punina Chela
- Efrén Joselito Ruiz Valdivieso
- Mariana del Rocío Seminario Ramón
- Galo Patricio Mena Pérez
Los nuevos integrantes tendrán la responsabilidad de acompañar las diferentes fases del proceso electoral, entre ellas la planificación, coordinación y cumplimiento de las disposiciones establecidas por el organismo electoral nacional, garantizando que las próximas elecciones se desarrollen con apego a la normativa vigente.
La conformación de las Juntas Provinciales Electorales constituye un paso previo dentro de la preparación institucional hacia los comicios de 2027, en los que la ciudadanía ecuatoriana elegirá autoridades seccionales y participará en la renovación de representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Nacionales
Fiscalía investiga un caso con indicios de responsabilidad penal en un GAD de Zamora Chinchipe
Fiscalía reporta 60 informes con indicios de responsabilidad penal en GAD; Asamblea pide transparentar las investigaciones.
La Fiscalía General del Estado informó ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional que actualmente investiga 60 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) relacionados con diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país, en procesos que incluyen presuntos delitos contra la administración pública y el patrimonio estatal.
Durante su comparecencia, el coordinador general de Asesoría Jurídica de la Fiscalía General del Estado, Alberto Carrión, detalló la distribución provincial de los informes. Según explicó, Guayas concentra el mayor número con 19 casos, seguido de Santo Domingo de los Tsáchilas con 8, Tungurahua con 6, Cotopaxi y Morona Santiago con 4 cada una, Pastaza con 3, Azuay, Chimborazo y Pichincha con 2 casos cada una; mientras que Cañar, Imbabura, Loja, Manabí, Napo, Orellana, Sucumbíos y Zamora Chinchipe registran un informe cada una.
Carrión precisó que los principales delitos investigados corresponden a peculado, que representa la mayor parte de los casos, además de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, falsificación de firmas y falsificación de instrumentos públicos.
El funcionario señaló que estos informes llegan a la Fiscalía para el desarrollo de las investigaciones penales correspondientes y aclaró que la institución maneja la información oficial relacionada con los IRP que han sido remitidos por los organismos competentes. Asimismo, indicó que desconoce las cifras que actualmente maneja la Contraloría General del Estado respecto a estos procesos, por lo que insistió en que la información proporcionada por la Fiscalía corresponde exclusivamente a los expedientes que constan en esa institución.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango, manifestó que durante una comparecencia anterior la Contraloría General del Estado presentó una cifra superior de indicios de responsabilidad penal, situación que, a su criterio, evidencia la necesidad de contrastar la información entre ambas instituciones.
La legisladora señaló que los indicios de responsabilidad penal son un asunto de alta relevancia porque reflejan la posible existencia de perjuicios económicos para el Estado y, por tanto, requieren ser investigados por las autoridades competentes. No obstante, aclaró que la existencia de un IRP no implica automáticamente una sentencia condenatoria, sino el inicio de un proceso de investigación que deberá desarrollarse conforme al debido proceso y a la legislación vigente.
Farinango enfatizó que el objetivo de la fiscalización legislativa no está dirigido contra personas o instituciones específicas, sino a garantizar la correcta utilización de los recursos públicos y fortalecer la transparencia en la gestión estatal. En ese contexto, sostuvo que corresponde a la Asamblea Nacional verificar que las investigaciones avancen de manera oportuna y que la ciudadanía tenga acceso a información clara sobre el seguimiento de estos casos.
La comparecencia se desarrolló en el marco del trabajo de fiscalización que realiza la Comisión de Régimen Económico, con el propósito de conocer el estado de las investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en la administración de recursos públicos por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del país.
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