Noticias Zamora
Prefectura habría contratado personal en la recta final de su administración

En la administración del prefecto de la provincia de Zamora Chinchipe, Cléver Jiménez, se habría incluido en la institución a 134 personas con contrato indefinido, pero a pocos días de fenecer la administración 2019-2023; la finalidad del personal es laborar en la maquinaria que adquirió el gobierno provincial.
A través de una entrevista en un medio de comunicación de la provincia, Víctor Hidalgo, jurista y quien es parte del equipo de transición de la administración de Karla Reátegui, prefecta electa, dio a conocer información concerniente a este proceso entre las autoridades saliente y entrante.
Hidalgo se integró a este procedimiento en los primeros días del mes de marzo; quien asistió a dos reuniones mantenidas en el consejo provincial, donde solicitaron la emisión de información de forma oportuna para ser sometida a revisión tanto por el equipo de transición, como también del grupo de directores de la nueva administración 2023-2027.
Es así que, por la cantidad de información, debía ser digitalizada, en la ultima reunión mantenida, se estableció que la documentación debía ser entregado hasta el 14 de abril del presente año, porque Karla Reátegui y Cléver Jiménez debían reunirse el 24 de abril, como un acto protocolario para cerrar el proceso de transición, pero no se les habría entregado ningún tipo de información, dijo Hidalgo.
“Esperábamos la información como un acto de buena fe, sin embargo, el prefecto Cléver Jiménez de última hora, procede a contratar a 134 trabajadores, bajo la modalidad de contratos indefinidos a través del Código de Trabajo”, aseveró el jurista.
Dice que el contrato a las 134 personas, significa un egreso del gasto corriente de USD 1’014.671.50 al año. El personal fue requerido por parte de la Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Maquinaria, con base al plan de mantenimiento vial rural se habría adquirido la maquinaria con un préstamo del Banco de Desarrollo del Estado.
Además, asegura que la maquinaria ha sido comprada en los años 2021 y 2022, la misma que se encuentra fuera de operaciones por falta de combustible, que significaría que no se ha planificado este proceso.
El COOTAD establece que el 30% de los ingresos de la institución deben ser destinados al gasto corriente y el 70% para inversión. Asegura que se utilizan partidas de inversión para gasto corriente, mismas que han servido para asignar los recursos para las personas contratadas. Además, sería un periodo prorrogado y que el presupuesto vigente es el del año 2022, situación que al finalizar la administración no se debe dar.
Existe un informe sobre un examen especial a los gastos de gestión y procesos de contratación por adquisición de bienes, insumos y servicios para solventar la emergencia declarada por el Covid 19 y las fases preparatorias precontractual, contractual y de ejecución del proceso relacionado a la construcción del puente vehicular sobre el río Yacuambi, sector Cambana con vigencia del 1 de mayo de 2016 al 31 de diciembre del 2020.
Entre las recomendaciones del examen de Contraloría, consta que el prefecto debía evitar realizar traspasos presupuestarios, en el último semestre del periodo para el cual fue elegido, salvo los dispuestos por la ley, a fin de evitar que la entidad asuma compromisos que no constan en el plan operativo anual aprobado por las instancias de participación ciudadana y el órgano legislativo.
Legalmente el jurista asegura que hay instancias para revertir los contratos, pero, se los debe revisar caso por caso. Esta situación, corto, mediano y largo plazo generaría amplios inconvenientes para la institución.
Una de las acciones que debe hacer la prefecta actual es pedir que la Contraloría General del Estado realice un examen especial desde la Contraloría. Con el traspaso de créditos a la partida de combustible con la finalidad de cubrir los recursos de las personas contratadas, se le rebajaría la cantidad de USD 233.000 al monto total.
Noticias Zamora
Detección de presunto transporte ilegal de material aurífero en Zamora Chinchipe

El Bloque de Seguridad del Estado ecuatoriano, a través de un operativo conjunto entre las Fuerzas Armadas del Ecuador (FFAAE) y la Policía Nacional (PoliciaEcuador), logró identificar un presunto caso de transporte ilegal de material aurífero en la parroquia Cumbaratza, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe.
Durante la operación, se detectó a dos ciudadanos que trasladaban una maleta negra con material mineralizado, presuntamente oro, cuyo valor estimado asciende a los 150.000 dólares. Los involucrados no portaban la documentación legal correspondiente para justificar el origen y destino del cargamento.
De manera preliminar, se presume que una avioneta habría aterrizado en la pista de Cumbaratza con la intención de recoger el material, motivo por el cual se han intensificado las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar posibles redes delictivas vinculadas al tráfico de recursos estratégicos.
El procedimiento técnico fue ejecutado por el personal de la Unidad de Control Militar (UCM) y la Unidad de Investigación de Delitos Mineros (UNIDCAM), quienes actuaron conforme a los protocolos establecidos. Asimismo, se notificó oportunamente al ECU 911 y al fiscal de turno, garantizando así la actuación conforme al marco legal.
El Estado ecuatoriano reitera su compromiso con la protección de los recursos naturales y estratégicos de la Nación, y continuará fortaleciendo las acciones de control y vigilancia en todo el territorio nacional.
Noticias Zamora
Marihuana, dinero y balanza digital: Policía desmantela presunto punto de microtráfico en Zamora Ch.

La lucha frontal contra el microtráfico de drogas en la provincia de Zamora Chinchipe arroja un nuevo resultado contundente. En un operativo desarrollado con precisión y respuesta inmediata, la Policía Nacional del Ecuador, a través de la subzona Zamora Chinchipe – distrito Yantzaza, logró la aprehensión en flagrancia de un ciudadano implicado en el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.
El procedimiento se llevó a cabo en el barrio El Porvenir, en la intersección de las calles Adelaida Marcillo y Zamora, luego de que un ciudadano anónimo alertara sobre la presencia de un sujeto en actitud sospechosa. De manera inmediata, el personal policial en patrullaje preventivo actuó con profesionalismo y rigor táctico.
Durante el registro corporal y la inspección de una mochila, se halló una sustancia vegetal verdosa, presumiblemente marihuana, lo que motivó la aprehensión inmediata del ciudadano identificado como:
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Joel T., ecuatoriano, de 26 años de edad.
Entre los indicios incautados constan:
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548 gramos de marihuana, equivalentes a aproximadamente 1.096 dosis.
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1 balanza digital presuntamente utilizada para la dosificación.
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Dinero en efectivo, cuya procedencia es materia de investigación.
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1 teléfono móvil, que podría contener información clave sobre la red de distribución.
La intervención fue notificada al fiscal de turno, quien dispuso las diligencias correspondientes conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente, en aras de garantizar el debido proceso y la correcta judicialización del caso.
Este nuevo golpe al microtráfico no solo representa un logro operativo, sino también un paso firme en la construcción de barrios seguros y libres de violencia. La Policía Nacional del Ecuador reafirma su compromiso inquebrantable de continuar ejecutando acciones estratégicas que permitan neutralizar a quienes atentan contra la salud pública y la paz ciudadana.
Noticias Zamora
Gobernadora verifica daños ambientales tras protesta ciudadana en Yantzaza

En respuesta a las crecientes denuncias sobre los efectos socioambientales de la minería ilegal en el cantón Yantzaza, este 1 de mayo se llevó a cabo una nueva jornada de verificación en territorio, con la participación activa de moradores, autoridades locales y representantes del Comité en Defensa del Río Zamora.
La visita técnica al sector La Floresta y su zona de influencia fue encabezada por la gobernadora de la provincia, Ivonne Panchi, quien acudió al sitio cumpliendo con el compromiso asumido en la mesa de diálogo celebrada el pasado 30 de abril, tras una manifestación pacífica que recorrió desde el parque central de Yantzaza hasta Piedra Liza.
Durante el recorrido, el abogado Hernán Camacho, vocero de la comunidad, expresó: “Constatamos que algunas máquinas han cesado su operación, sin embargo, persisten motores activos en algunos pozos, lo que indica una posible intención de reanudar labores una vez que disminuya la presión ciudadana”. Ante ello, la gobernadora anunció la implementación de patrullajes permanentes para impedir la reactivación de actividades extractivas no autorizadas.
El Comité en Defensa de las Riberas del Río Zamora, conformado por representantes de los barrios La Floresta, Gran Colombia, La Florida, Los Achos y Playa de la Florida, también expuso la crítica situación que atraviesan sus territorios, donde la erosión provocada por el desvío del río amenaza con socavar infraestructura clave, incluida una unidad educativa del sector.
Uno de los puntos clave planteados fue la necesidad urgente de ejecutar un enrocamiento en la zona afectada. “El río se nos viene encima.
Este daño ambiental no solo impacta el ecosistema, sino que pone en riesgo a la población”, enfatizó uno de los dirigentes barriales.
La presencia de la Policía Nacional fue destacada, aunque los líderes comunitarios solicitaron también la intervención de las Fuerzas Armadas. “Los mineros ilegales muestran mayor respeto hacia los militares. Su presencia disuasiva sería clave para evitar nuevos intentos de ocupación del territorio”, indicaron.
Finalmente, la comunidad reiteró su voluntad de mantenerse vigilante, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos alcanzados: la paralización total de la minería en el Cantón Yantzaza y la intervención estatal para mitigar los efectos del daño ambiental. “La lucha por el respeto a la naturaleza y por la vida de quienes habitamos estas zonas apenas comienza”, concluyó Camacho.
Este hecho refleja el ejercicio activo de una ciudadanía organizada que exige respuestas efectivas del Estado frente a actividades que vulneran los derechos colectivos y atentan contra la sostenibilidad de los territorios de esta provincia.
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