Un 77 % de los dineros supuestamente recibidos como coimas por la contratación de la empresa china Sinohydro para construir el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair se habría repartido entre los integrantes del círculo familiar y empresarial de Conto Patiño Martínez, uno de los 21 procesados en la causa penal que investiga el supuesto delito de cohecho.

Según las investigaciones de la Fiscalía General, que se expusieron en los tres primeros días de la audiencia del juicio del caso Sinohydro, Patiño, sus hijos y sus abogados Eduardo Carmigniani Valencia y Carlos Almeida Almeida recibieron en total $ 58,8 millones de los $ 76 millones que se habrían pagado como sobornos y que representarían -a su vez- el 4 % del valor del contrato, que ascendió a más de $ 1.970 millones.

En tanto que el exmandatario Lenín Moreno y su familia habrían recibido un poco más de un millón de dólares, esto es, el 1,3 % de los dineros.

La audiencia de juicio se reinstalará este lunes, 18 de mayo del 2026, desde las 08:30. Así lo dispuso el Tribunal de Juzgamiento, integrado por Manuel Cabrera (ponente), Daniella Camacho y Julio César Inga.

En los primeros días de la diligencia, el fiscal general Carlos Leonardo Alarcón se comprometió a demostrar 27 puntos relacionados con la participación de los acusados en el esquema de sobornos que habría operado entre el 2008 y el 2018, cuya finalidad fue favorecer a la empresa en la adjudicación del contrato de ingeniería, provisionamiento de equipos y materiales, la construcción de las obras civiles, el montaje, pruebas y la puesta en marcha del proyecto ya citado.

La mayoría de esos puntos tiene relación con el rol de Conto Patiño, sus familiares y hasta sus abogados.

Pagos por ‘consultorías’

El fiscal Alarcón contó que Conto Patiño y su yerno Xavier Macías Carmigniani, amigos de Moreno, actuaron como representantes comerciales privados de la empresa Sinohydro ante la empresa pública Coca Codo Sinclair para la adjudicación del proyecto hidroeléctrico. El contrato se suscribió en 2009.

Según el fiscal, a su actividad original de comercialización de equipos de transporte le sumaron las actividades de “representación, asesoría y consultoría para empresas que constituyen y realizan obras de campo de la infraestructura del país”. Esto con el fin de “acondicionar la fachada empresarial a usarse” para recibir el soborno.

Ese mismo año, a través del gerente general, Conto Patiño, Recorsa C. A. abrió en Panamá una cuenta corriente en la sucursal de un banco local al cual le informó que los fondos que recibiría provendrían del 4 % por servicios de consultoría del contrato de Coca Codo Sinclair; y aparte tenía otra más en otra institución nacional.

Luego, meses más tarde, otra empresa del grupo, Gittelgen S. constituida en 2008 con domicilio en Panamá, resolvió reformar su denominación a Recorsa S. A. (sociedad anónima) y otorgar un poder general a favor de Patiño.

En 2017, Recorsa S. A. Panamá abrió una cuenta en ese país e informó que se utilizaría para el manejo operativo del contrato con consultor de la compañía Sinohydro en Ecuador.

La teoría de la Fiscalía indica que, del 2010 al 2018, “las empresas Recorsa, compañía anónima, Ecuador, y Recorsa, sociedad anónima, Panamá, actuaron como estructuras receptoras y canalizadoras de dineros indebidos provenientes de la empresa cohechadora Sinohydro, beneficiando a los procesados a través de terceras personas y compañías que facilitaron la circulación de dichos fondos”.

El rol de los abogados

Según el expediente, en esa línea, los abogados Carmigniani y Almeida habrían prestado sus servicios para supuestamente dar apariencia legal a las transacciones, y así facilitar la circulación y protección del dinero dentro de la red investigada.

En el auto de llamamiento a juicio del juez Olavo Hernández se detalla que Carmigniani habría recibido, al menos, $ 4,5 millones procedentes de los supuestos sobornos. O sea, cuatro veces más que el expresidente Moreno.

Y Almeida, quien además fue asesor de Moreno en la Vicepresidencia, habría obtenido $ 2′925.000.

En total, Recorsa de Ecuador habría recibido $ 75,6 millones en el banco de Panamá; y Recorsa de Panamá, $ 585.0000, “configurándose una estructura en que la compañía domiciliada en Panamá operaba como entidad instrumental, lo que resulta particularmente relevante al advertirse que, pese a tratarse de un contrato de obra pública ejecutado en el Ecuador, se abrieron y utilizaron cuentas en el extranjero para la recepción de dichos fondos, evidenciando un mecanismo orientado a ocultar y canalizar pagos indebidos fuera del control nacional”.

Alarcón indicó que el grupo familiar y empresarial de Patiño “cooperaron en la recepción de sobornos por medio de sus cuentas personales y empresariales, por un valor de $ 58,8 millones”.

A continuación un desglose de los montos de los sobornos que habría recibido cada grupo.

El grupo de Conto Patiño, su familia y sus abogados

El grupo de Lenín Moreno y su familia

Grupo de ‘los amigos de Coca Codo’

Fuente: Expediente de la Fiscalía/EL UNIVERSO

(I) Fuente: El Universo

Las cajas de ahorro y comunales tienen prohibido captar dinero de terceros y otorgar créditos o captar dinero fuera de su círculo de socios, pero algunas continúan ofreciendo estos servicios, pese a que lo tienen prohibido.

Las cajas de ahorro son estructuras financiera básicas en las que grupos pequeños de personas forman un fondo común para ahorrar y prestarse dinero mutuamente, pueden ser vecinos, familiares, compañeros de trabajo o miembros de una comunidad.

Por esta razón, las cajas de ahorro no pueden captar nuevos socios ni promocionar créditos fuera de su círculo de miembros.

Sin embargo, en una simple búsqueda en redes sociales se observan publicaciones de supuestas cajas de ahorro que ofrecen préstamos de hasta USD 120.000, con plazos de hasta 15 años y «tasas de interés bajas».

Pocas se han regularizado
Esa restricción se ratificó mediante la Regulación JPRF-F-2025-0154 de la Junta de Política y Regulación Financiera (JPRF), emitida el 20 de mayo de 2025. Además, la norma dispuso que las cajas comunales y de ahorro registradas en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria deben regularizarse y obtener autorización para operar. Antes, solo debían registrarse, sin cumplir requisitos adicionales.

Pero, un año después de eso, solo 36 entidades han cumplido los requisitos para operar de manera formal. El plazo para cumplir con esta obligación vence en noviembre de 2026.

Es un número menor si se considera que, antes de la entrada en vigencia de la regulación de la JPRF, existían 572 cajas comunales y de ahorro registradas y en funcionamiento, según un listado elaborado en febrero de 2025 por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS).

Sin embargo, se estima que hay al menos 1.600 de estas entidades operando en el país, según señaló Valeria Llerena, directora ejecutiva de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD).

Es decir, hay más cajas comunales y de ahorro que cooperativas de ahorro y crédito, que son 394.

Nuevos requisitos para operar
El objetivo de la resolución, según la Junta, era redefinir las reglas para estas organizaciones para fortalecer su supervisión, prevenir riesgos financieros y mejorar la transparencia.

Según la nueva normativa, las cajas comunales y de ahorro deben constituirse como personas jurídicas ante la SEPS, demostrar que sus socios mantienen un vínculo común verificable y presentar estatutos, reglamentos internos y políticas de prevención de lavado de activos.

Además, tendrán que contar con al menos 10 socios fundadores y obtener autorización oficial para realizar actividades financieras.

La normativa también limita sus operaciones: solo podrán captar depósitos de sus socios, otorgar créditos exclusivamente a sus miembros y mantener activos máximos de hasta USD 400.000.

Durante el actual proceso de regularización, pueden participar solo las organizaciones que se encontraban en funcionamiento hasta mayo de 2025.

Para hacerlo, deben demostrar actividades recurrentes durante al menos los seis meses previos a la entrada en vigor de la norma.

El proceso busca ordenar el sector antes de permitir nuevas constituciones, evitando que operen entidades fuera del marco legal actualizado.

Mayor supervisión y sanciones
La idea de la resolución es que la SEPS cree un catastro público de cajas autorizadas e imponga sanciones por incumplimientos.

La normativa también aclara que los depósitos en estas cajas no estarán protegidos por la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados (Cosede), que cubre a clientes de bancos, cooperativas y mutualistas.

Esta disposición no representa un cambio, sino que mantiene lo establecido previamente en la normativa vigente.

Un cambio para fortalecer al sector
El proceso de regularización representa uno de los cambios regulatorios más relevantes para este segmento en los últimos años.

Sin embargo, Margarita Hernández, exsuperintendenta Economía Popular y Solidaria, advierte que supervisar directamente a las cajas de ahorro es complejo, porque fueron creadas para grupos pequeños con vínculos comunes, como compañeros de trabajo o padres de familia, y no para operar como intermediarios financieros tradicionales, es decir, como bancos o cooperativas.

Según explica, aplicar controles similares a los de cooperativas o bancos puede resultar «absurdo y costoso».

Esto, debido a la gran cantidad de estas estructuras en el país, muchas de carácter temporal o con fines específicos. «Esto podría generar una falsa sensación de control sin reducir realmente los riesgos de fraude o mal uso», dice.

Además, podría desmotivar la creación de estas opciones financieras que alientan el ahorro en grupos pequeños y cerrados de personas, pues ahora se exige personería jurídica.

Estas estructuras existen desde hace décadas en Ecuador y su objetivo es fomentar inclusión financiera local, sin captar dinero del público ni funcionar como bancos o cooperativas tradicionales, explicó Hernández. Fuente: Primicias