ENSAYO / Por: Alonzo Cueva Rojas

El periodismo local se abraza con el corazón y el territorio. En las horas más oscuras, cuando la geografía ruge y la incertidumbre acecha, toda la red de periodistas, reporteros y comunicadores de Zamora Chinchipe se une en un solo tejido de valentía. Ellos se convierten en el primer frente de respuesta y en la voz que narra la historia en el mismo instante en que se quiebra la tierra.

La devastación de Cantzama y Santa Isabel nos recordó la crudeza de la naturaleza, pero también la fidelidad de la prensa local a la temporalidad oportuna. Mientras el peligro acechaba a la medianoche, los reporteros acudieron al epicentro del desastre. Su inmediatez al transmitir en tiempo real se convirtió en el único faro para advertir los cierres viales y guiar los rescates.

Esta entrega cobró el precio más alto en el altar del deber, otorgándonos verdaderos mártires. Con profundo dolor, la provincia atestiguó el fallecimiento de Víctor Hugo Arias Herrera, quien perdió la vida mientras ayudaba a proteger a las familias afectadas. Asimismo, vivimos con el corazón en un hilo ante el trágico diagnóstico de Marjorie Ortiz Tacuri, una talentosa comunicadora de 24 años que aún permanece desaparecida tras ser arrastrada por la corriente.

Su ausencia nos deja una pena profunda. A Marjorie tuve el agrado de tratarla de cerca; compartimos hace poco un viaje inolvidable durante una visita a los emprendedores piscícolas en la parroquia Tutupali. Fue un trayecto lindo, lleno de risas y complicidad. Aún la veo nítidamente al pie de la imponente cascada Santa Cleotilde, disparando su flash con entusiasmo, atrapando la magia del entorno. Recordar ese destello de luz hace que hoy su silencio en el fango duela el doble. Nos falta su sonrisa, su cámara y su vida.

El valor supremo de esta cobertura radica en la transparencia y objetividad de cada comunicador de la provincia. Frente a las narrativas imprecisas construidas desde escritorios lejanos, fueron los periodistas locales quienes, pisando la zona cero, defendieron los hechos reales. Con rigor y decencia, dieron el micrófono a los damnificados para aclarar la verdadera naturaleza de la catástrofe.

Hoy nos identificamos con este sentir valiente y herido del periodismo zamorano chinchipense. A quienes arriesgan su integridad bajo la lluvia, a quienes honran el legado de Víctor Hugo, a quienes mantienen viva la esperanza por Marjorie, y a cada periodista local que hace de la verdad su bandera cotidiana: nuestro respeto y gratitud eterna. Su labor nos une, su transparencia nos defiende y su sacrificio nunca será olvidado.

En el marco de las operaciones permanentes de control territorial y de combate a las economías ilícitas, las Fuerzas Armadas del Ecuador interceptaron una camioneta que transportaba 28.000 dólares en efectivo, cuya procedencia no pudo ser justificada por la persona que lo movilizaba.

El procedimiento se desarrolló en el sector La Chacra, cantón Zamora, durante una operación de Control de Armas, Municiones y Explosivos (CAMEX) realizada por personal militar. Como parte de los protocolos de seguridad, los uniformados detuvieron la marcha del vehículo y realizaron una inspección, en la que encontraron la considerable suma de dinero.

De acuerdo con la información oficial, el portador del efectivo no presentó documentación que acreditara el origen lícito de los recursos, por lo que tanto el dinero como las demás evidencias fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el inicio de las investigaciones y la aplicación de los procedimientos legales correspondientes.

Este tipo de intervenciones forman parte de la estrategia institucional orientada a fortalecer el control territorial y reducir las actividades vinculadas a economías ilícitas, especialmente en provincias fronterizas como Zamora Chinchipe, donde la ubicación geográfica demanda una vigilancia permanente para prevenir delitos relacionados con el crimen organizado, el tráfico ilegal y otras actividades que afectan la seguridad pública.

Las Fuerzas Armadas reiteraron que continuarán ejecutando operaciones militares en diferentes sectores del país con el propósito de reforzar la seguridad ciudadana, apoyar a las instituciones del Estado en el cumplimiento de la ley y contribuir a la protección del orden público mediante acciones coordinadas de control y prevención.

Durante una nueva edición del programa La Tertulia, el abogado y jurista Ricardo Molina desarrolló una amplia exposición sobre la responsabilidad penal del subordinado dentro de la empresa y la importancia de los flujos de información, destacando la necesidad de replantear los criterios tradicionales con los que se atribuye responsabilidad penal en las estructuras empresariales modernas.

Al inicio de su intervención, Molina explicó que su interés académico se centra en el estudio permanente del derecho y en la generación de espacios de debate jurídico que permitan fortalecer la formación profesional de las nuevas generaciones de abogados. En ese contexto, abordó uno de los temas más complejos del derecho penal empresarial: la determinación de la responsabilidad penal dentro de organizaciones con estructuras corporativas complejas.

El jurista señaló que uno de los errores más frecuentes consiste en atribuir automáticamente la responsabilidad penal al gerente general o representante legal cuando se conoce de un hecho ilícito dentro de una empresa. Según explicó, este criterio desconoce la realidad organizacional de las compañías actuales, caracterizadas por la existencia de múltiples niveles jerárquicos, delegación de funciones y especialización técnica.

Molina sostuvo que la responsabilidad penal debe individualizarse conforme al hecho propio de cada persona y no únicamente por el cargo que ocupa dentro de la organización. En ese sentido, enfatizó que la imputación debe fundamentarse en criterios de imputación objetiva y subjetiva, considerando la posición de garante, la creación o incremento del riesgo jurídicamente desaprobado, las competencias específicas de cada trabajador y la estructura organizativa de la empresa.

Durante su análisis, explicó que el artículo 49, numeral 9, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) reconoce la denominada posición de garante, principio mediante el cual cada integrante de la empresa responde por las actuaciones que le corresponden dentro de sus funciones. Bajo esta perspectiva, afirmó que el representante legal no asume automáticamente el cien por ciento de la responsabilidad, ya que esta también recae sobre quienes ejercen funciones técnicas, administrativas o especializadas mediante procesos de delegación.

Asimismo, destacó que la delegación de funciones constituye una necesidad propia de las empresas modernas, debido a la imposibilidad material de que un solo directivo supervise todas las actividades operativas. No obstante, aclaró que quien delega mantiene un deber residual de supervisión, mientras que el delegado conserva la obligación de rechazar o denunciar cualquier instrucción manifiestamente ilícita.

Uno de los aspectos centrales de la conferencia fue la importancia de los flujos de información dentro de las organizaciones. Molina afirmó que una empresa solo puede prevenir riesgos penales cuando cuenta con canales de comunicación ágiles, efectivos y oportunos entre los distintos niveles jerárquicos. A su criterio, las estructuras excesivamente rígidas favorecen la pérdida de información relevante, dificultan la prevención de delitos y aumentan la exposición de la organización a responsabilidades penales.

El especialista también abordó los llamados sesgos organizacionales, particularmente los sesgos de conformidad y obediencia. Explicó que estos fenómenos provocan que los trabajadores normalicen prácticas irregulares o atribuyan toda responsabilidad a los superiores jerárquicos, debilitando la cultura de cumplimiento y dificultando la identificación del verdadero responsable de una conducta ilícita.
Como ejemplo práctico, hizo referencia a los delitos ambientales, indicando que, en casos de vertidos ilegales de sustancias químicas, la responsabilidad no necesariamente corresponde al gerente general, sino al profesional técnico que tenía el conocimiento especializado, la capacidad de control y la obligación funcional de prevenir el riesgo.

En la parte final de su exposición, Ricardo Molina comparó dos modelos de organización empresarial: el modelo Top-Down, que concentra la responsabilidad en los niveles superiores, y el modelo Bottom-Up, que propone analizar las conductas desde los niveles operativos hacia la alta dirección. Según manifestó, este último permite una individualización más precisa de la responsabilidad penal y fortalece los sistemas de prevención dentro de las organizaciones.

Finalmente, el jurista concluyó que el derecho penal empresarial moderno exige comprender la complejidad de las estructuras corporativas, privilegiando el análisis de las funciones, competencias, conocimientos técnicos y deberes específicos de cada integrante de la empresa, antes de atribuir responsabilidades penales únicamente por razones jerárquicas.