Nacionales
Plazo de 48 horas para que Guillermo Lasso ejecute los pedidos concluye y movimiento indígena alistaría su llegada a Quito para extremar acciones del paro
Las estructuras del movimiento indígena estarían preparándose para su arribo a la ciudad de Quito para radicalizar el paro nacional en exigencia de que el presidente de la República, Guillermo Lasso, cumpla una propuesta de diez demandas en materia económica y social.
Las tres organizaciones indígenas que impulsan el paro nacional, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), dieron el pasado viernes un plazo de 48 horas al presidente Guillermo Lasso para que cumpla su pliego de diez demandas.
Ese plazo se cumpliría este lunes, por lo que amenazaron con trasladar a la capital las manifestaciones territoriales que se han sucedido en los últimos siete días con bloqueos de carreteras en varias provincias.
Con ello, las bases estarían alistando su llegada. Por ejemplo, la Federación de los Pueblos Kichwas de la Sierra Norte, filial de la Ecuarunari, que a su vez es parte de la Conaie, resolvió realizar la movilización a Quito desde este domingo, 19 de junio, a las 14:00.
Señalaron que el objeto es exigir el cumplimiento de las diez demandas al Gobierno y de no existir respuesta se debe “solicitar la destitución (de Guillermo Lasso) por incumplimiento del mandato”, cita el documento de su resolución.
De igual forma, el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), como parte de su planificación, decidió concentrar a su delegación desde este lunes, a las 10:00, en el sector de Cutuglagua, zona ubicada en el sur de Quito.
La Fenocin prepara la logística para recibir a sus huestes, para lo que abrió como punto de recepción de alimentos y medicinas, colchones, ropa, alcohol, su sede ubicada en las calles Carrión y Versalles.
Se estima que las delegaciones de los tres movimientos sociales se concentren en el parque El Arbolito, en el centro norte de la capital, y sea la Casa de la Cultura Ecuatoriana el punto de encuentro para la socialización de las acciones de hecho.
Justamente, este inmueble fue allanado la mañana de este 19 de junio por miembros de la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado, al recibir una denuncia anónima de que un grupo de 30 personas, presuntamente de nacionalidad venezolana y ecuatoriana, habrían almacenado material bélico como explosivos y armas artesanales que pretendían ser usados en las protestas.
La Fiscalía informó en horas de la tarde que luego de esta diligencia “no se incautaron indicios ni se registraron detenidos”.
En un video que circula en redes sociales, de una reunión entre el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, y otros dirigentes, este les informa que la Casa de la Cultura los recibirá y garantizará el audio para la proclamación de las consignas.
En tanto, a lo largo de los siete días del paro nacional las protestas se han mantenido en las carreteras.
Se han reportado decenas de plantones, marchas y bloqueos viales en unas 22 provincias; pero en Cotopaxi, Pichincha, Imbabura, Chimborazo y la Amazonía las manifestaciones tuvieron más fuerza.
En Cotopaxi, provincia de la que es oriundo Leonidas Iza, los propietarios de negocios han cerrado sus puertas por temor a ser agredidos, pues grupos de líderes comunitarios los amedrentaban con palos para que se unan a la paralización.
Su capital, Latacunga, es el centro de coordinación de acciones de Iza, quien se traslada a las comunidades indígenas para propagar el mensaje de los diez puntos de la agenda que exigen sean cumplidos por Lasso.
En Chimborazo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Chimborazo (Comich) protagonizó fuertes manifestaciones en los exteriores de la Gobernación para rechazar la agresión policial.
Se cerraron negocios y con una caravana de camiones y motocicletas manifestantes recorrían las calles del cantón Guano rechazando la gestión del jefe de Estado.
En Ibarra (Imbabura), también los manifestantes caminaban por las avenidas, mientras que los negocios cerraban para evitar afectaciones.
En Pichincha se han producido marchas diarias por gremios de estudiantes, trabajadores y maestros que terminaron en enfrentamientos con la Policía Nacional. En tanto, en los ingresos por el sector sur y norte se mantienen bloqueos de vías parciales.
En la Amazonía, las acciones se coordinan desde Pastaza en donde está el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Confeniae), filial de la Conaie, Marlon Vargas, quien este domingo invitó a los ciudadanos a “luchar con convicción”.
En un mensaje público invitó a la ciudadanía a mantener las medidas de hecho y les adelantó que, en una reunión con los dirigentes, analizarían su participación en las protestas en Quito y la habilitación de un corredor humanitario.
“¡Si el Gobierno no da resultados a nuestras propuestas, que se preparen porque vamos a batallar largamente! Vamos a resistir, nosotros no nos hacemos problema porque tenemos comida, agua, petróleo… Y si hay que caminar, caminaremos a Quito”, expresó a los protestantes concentrados en Puyo (Pastaza).
La organización no gubernamental Amazon Front Lines informó que desde que se inició el paro nacional, se han registrado 37 vulneraciones de derechos humanos, 52 detenciones y 43 personas heridas.
Por su parte, la noche del sábado, los presidentes de la Conaie, Leonidas Iza; de la Fenocin, Gary Espinoza, y Samuel Lema, de la Feine, se pronunciaron sobre el decreto ejecutivo 456 que suscribió el presidente de la República el 18 de junio, disponiendo siete medidas económicas para el sector indígena y agricultor.
Leonidas Iza resaltó que gracias a su “lucha” el Ejecutivo ha tomado acciones, que “por más mínimos que sean los resultados son muy importantes porque son fruto de la lucha, porque en un año no tuvimos resultados”.
Insistió en que se debe atender su agenda de diez puntos para “paliar la pobreza. (…) En el momento que dijimos diez puntos, son diez puntos”, añadió el dirigente.
El principal de estos temas es la reducción de los precios de la gasolina extra a $ 2,10 y el diésel a $ 1,50, pues “es importante para poder garantizar el resto de las economías, necesitamos los precios de sustentación”.
Sobre el subsidio del 50 % al fertilizante urea para el sector agricultor, dijo que la “producción nacional no se hace solo con la urea, por lo que no resuelve el problema”.
Exigen que se firmen decretos ejecutivos en los que se garantice que no se van a privatizar empresas públicas para que Lasso “honre su palabra” y que no haya minería en áreas protegidas, en zonas de recarga hídrica y territorios indígenas. “Debe garantizar la consulta previa, con una decisión firme”, enfatizó Iza.
Estas demandas se articulan con la decisión de Lasso de disponer mediante decreto que el Ministerio de Educación duplique el presupuesto para la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y Etnoeducación.
Al Ministerio de Agricultura y Ganadería mandó a que implemente un subsidio del 50 % en el precio de la urea para pequeños y medianos productores a partir del 1 de julio de 2022.
Al Ministerio de Inclusión Económica y Social que ejecute el incremento del bono de desarrollo humano a $ 55.
Al BanEcuador que instrumentalice la reducción de las tasas de interés del 10 % al 5 % para los créditos vigentes por montos de hasta $ 3.000 y la condonación de todos los créditos vencidos al 31 de mayo de 2022 por valores de hasta $ 3.000.
Asimismo, que abra líneas de créditos con un monto de $ 100 millones para los pequeños y medianos productores. Estos créditos deben ser por hasta $ 20.000 al 5 % de interés anual y hasta diez años plazo.
Se ordenó al BanEcuador que se requiera a la Junta de Política y Regulación Financiera el establecimiento de una tasa de interés máxima para créditos de interés social pertenecientes al segmento de microcréditos al 5 % anual y hasta diez años plazo.
En el decreto se dispone al Ministerio de Economía y Finanzas que entregue los recursos correspondientes que requieran los ministerios a cargo de cumplir estos mandatos presidenciales. (I)
El Universo
Nacionales
Mundial 2026: Él es Udi Neco, el que se roba las cámaras en los partidos de Turquía
Udi Neco es uno de los hinchas más nombrados en el Mundial 2026. Es seguidor de Turquía y resalta en los graderíos gracias a su rostro pintado de negro y una barba blanca muy extensa.
Su verdadero nombre es Necdet Olcerman. Es hincha del Besiktas y empezó a hacerse conocido en la barra de ese equipo. Después trasladó su pasión al seleccionado nacional.
Él ya es un personaje muy conocido en Turquía, pero durante el Mundial se volvió viral. En los ‘fan fest’ es uno de los más fotografiados.
En su país trabajo como gendarme y joyero. Pocas veces se lo ha visto sin interpretar a su personaje.
Turquía y Paraguay se enfrentarán este viernes, 19 de junio de 2026, desde las 22:00. El que pierda empezará a despedirse del Mundial.
Nacionales
Peculado, falsificación o minería ilegal: los procesos penales contra alcaldes y prefectos de Ecuador
Alrededor de la mitad de los alcaldes y prefectos del país ha estado inmerso en procesos penales, muchos de ellos archivados. Tres alcaldes están detenidos y un cuarto tiene un auto de llamamiento de juicio.
Presuntos delitos que van desde el robo o la estafa hasta asociación ilícita o el peculado pasando por el incumplimiento de decisión de autoridad competente, conforman el grueso de 264 procesos penales que atañen a 118 alcaldes y prefectos, más de la mitad de las autoridades subnacionales del Ecuador.
De estos procesos, 217 son archivos de la investigación previa por pedido de la Fiscalía. Además, hay dos archivados por prescripción y dos archivados por principio de oportunidad. En total son 221 procesos archivados sin formulación de cargos, es decir la mayoría.
Veinte de las 245 autoridades al frente de alcaldías y prefecturas, alrededor de un ocho por ciento, han sido procesadas por más de un delito, en algunos casos antes de que asumieran su cargo. Estas son las cifras que arroja el sistema público de consulta de procesos judiciales electrónicos del Consejo Nacional de la Judicatura, llamado e-Satje.
Spondylyus Info Lab presenta esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa, elaborada gracias a una beca de producción periodística del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Para difundir esta información, se han unido 37 medios de comunicación.
Autoridades acumulan varios procesos
Entre los casos que no han sido archivados y que no se relacionan con cuestiones administrativas, esta alianza periodística encontró 28 procesos penales que atañen a 20 autoridades subnacionales. La que ha enfrentado más procesos es la alcaldesa de Carlos Julio Arosemena Tola, Ligia Caiza, que ganó esa dignidad en 2023 por la alianza Partido Sociedad Patriótica, Avanza y CREO con el movimiento local Antisuyo Ushito (3-8-21-61). Este cantón, junto con Tena, concentra la mayoría de concesiones mineras de la provincia de Napo.
La ingeniera ambiental registra cuatro causas: tres son por presunta asociación ilícita ligada al tráfico de combustible y otro por presunta minería ilegal. En los tres primeros, Ligia Caiza fue declarada inocente en primera instancia y la sentencia ya se encuentra ejecutoriada, mientras que en el cuarto, la Fiscalía no formuló cargos en su contra.
Este caso comenzó con un operativo de la Policía Nacional para desarticular una presunta banda de tráfico de combustibles usados para minería ilegal. Para la Fiscalía, Caiza y su esposo, Jofre Coronel (quien tiene a su nombre una concesión minera artesanal), habrían sido los líderes de esta organización. La investigación se abrió el 31 de marzo de 2023, mes y medio antes de que Ligia Caiza fuese posesionada como alcaldesa, y la sentencia se dictó en enero de 2026.


Después de Caiza, el alcalde de Guayaquil enfrenta tres procesos. Aquiles Álvarez, que llegó por la alianza RETO-RC y dirige la ciudad más poblada del país, fue llamado a juicio en el caso Triple A, por el presunto delito de comercialización ilegal de combustibles en la frontera sur, un proceso iniciado en julio del 2024 y que involucra a 16 personas y seis empresas.
Según la Fiscalía, las empresas habrían desviado el diésel subsidiado vendiéndolo a precio de mercado, lo que habría provocado un perjuicio al Estado de USD 100 millones. Luego, la Fiscalía abrió la investigación conocida como Goleada, ahora en etapa de instrucción fiscal, por el presunto delito de lavado de activos, derivado del caso inicial.
Cuando fue detenido en su casa en Samborondón, el 10 de febrero pasado, Álvarez no portaba el grillete, por lo que ahora es investigado por el presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Empresario y dirigente deportivo, Álvarez ha mantenido relación con una treintena de compañías y el análisis de su patrimonio demostró cambios inusuales así como la no inclusión de todos sus bienes. Entre 2023 y 2024 tuvo un retroceso en su patrimonio de USD 1,8 millones. Al inicio de su gestión había declarado USD 7.730.592 y en 2024 USD 5.870.330. Para 2025 lo aumentó a USD 7.431.403. Ahora lo reemplaza su coidearia Tatiana Coronel al frente de la Alcaldía de Guayaquil.


Otro caso es el del prefecto de Sucumbíos, Yofre Poma Martín, que llegó a ese cargo por la RC en 2023. El proceso en su contra se originó por las violentas protestas de octubre de 2019. En aquel entonces, siendo asambleísta, participó en la toma de la estación de bombeo del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano, obligando a suspender las operaciones petroleras. Fue sentenciado como cómplice de paralización de servicios públicos a un año y cuatro meses de prisión y permaneció recluido varios meses hasta beneficiarse de la suspensión condicional de la pena en 2020. Dos años después, en 2022, la Asamblea Nacional le otorgó la amnistía.
Poma ha sido gobernador, alcalde, asambleísta y, ahora, Prefecto. Cuando era alcalde de Lago Agrio, entre 2009 y 2014, también fue enjuiciado por el presunto delito de peculado por la venta de un terreno municipal. Fue sobreseído por la falta de elementos probatorios.

Las autoridades que más procesos archivados tienen son los de La Libertad, Francisco Tamariz Guerrero (electo por CD-AVANZA-DSI-Unete), por presuntos delitos de intimidación y tráfico de influencias; la alcaldesa de San Fernando, María Aurelia Sarmiento, por presunto delito de daño a bien ajeno, y el prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda, por los presuntos delitos de concusión y falsificación de documentos.

Existen otras autoridades con un solo proceso y cuyos casos han sido de mayor connotación pública: los alcaldes de Pujilí, José Arroyo Cabrera; el de Riobamba, John Vinueza Salinas; de Aguarico, Juan Carlos Orellana, y el de Esmeraldas, Vicko Villacís Tenorio.
Arroyo Cabrera cumple prisión preventiva dentro del caso Ornato Municipal por presunto peculado. La Fiscalía lo acusa de presuntamente haber ideado y dirigido un esquema de simulación contractual relacionado con compra de plantas y la construcción de un parque, cuyo monto total supera los USD 300 mil. Arroyo incluso ha impulsado una querella por calumnia en contra del vicealcalde y actual reemplazo, Raúl Arroyo Zambrano. Ambos fueron electos por la alianza RC-ID-PSE.
El alcalde de Riobamba, John Vinueza, y dos concejales fueron llamados a juicio en abril pasado porque habrían conformado una estructura para cometer delitos, como tráfico de influencias y cohecho relacionado con la asignaciones irregulares de 255 cupos de taxis, entre otros. Electo por la alianza Vecinos en Acción, conformada por Centro Democrático y RETO, Vinueza fue asambleísta antes de llegar a la Alcaldía.

Hace pocas semanas, el alcalde reelecto de Aguarico, Juan Carlos Orellana Ganchozo, fue sentenciado en primera instancia por registrar un título falso de abogado por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Él se acogió al silencio, pero su defensa anunció que apelará. Orellana, que ganó su reelección por la alianza Pachakutik-CREO, también ha registrado saltos patrimoniales importantes desde 2019 que ocupa ese cargo. En 2019 registró un patrimonio de USD 6.000 y para 2025, en la declaración periódica de su segundo mandato, el valor subió a USD 199.320. Es decir, un incremento del 3.222%.

Finalmente, el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís Tenorio, que llegó a ese cargo por la Unión por la Revolución Ciudadana, fue detenido la madrugada del 3 de junio señalado por presunto lavado de activos. El abogado y empresario ha pedido quedarse en la cárcel de Latacunga para preparar su defensa. La Fiscalía indicó que el caso llamado Blindaje nació a partir de un reporte de operaciones inusuales e injustificadas emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Procesos archivados
Con respecto a los 221 procesos que fueron archivados sin formulación de cargos, 44 tuvieron un origen administrativo por incumplimiento de decisión de autoridad competente y retención ilegal de aportaciones al IESS. Este incumplimiento por parte de los alcaldes generalmente está relacionado con órdenes de pago a contratistas o trabajadores, y a veces provienen de administraciones anteriores.
Por el delito de incumplimiento de decisión de autoridad competente, el caso más conocido es contra la alcaldesa de Manta, Marciana Valdiviezo, por el pago de USD 3,6 millones al Consorcio Tránsito Segura (CTS) de Manta, integrado por las empresas Telconet y Transcorp Ecuador S.A. Por este contrato, el Tribunal Contencioso Electoral descalificó a Jan Topic, quien no pudo inscribir su candidatura para las elecciones presidenciales del año 2025. El Consorcio fue contratado para el manejo de los ingresos por multas de tránsito, pero provocó críticas porque recibía más de la mitad de lo recaudado. El proceso no está archivado.
Posibles razones
Esta cantidad de procesos que en su mayoría resultan archivados le plantea dos hipótesis al politólogo de la Universidad San Francisco de Quito, Pablo Medina: “O existe un abuso del sistema judicial o existe una manipulación del sistema judicial. Por un lado se puede haber naturalizado el demandar a un alcalde, a un prefecto, sin los argumentos de peso necesarios, y por otro, habría que analizar las causas del por qué la Fiscalía se abstiene de proseguir”.
Medina hace una comparación con el sistema anglosajón, en el que muchos casos se resuelven porque los jueces consideran que no hay lugar a la demanda y no se continúa el proceso; e incluso a veces el demandante tiene que cubrir con los costos procesales. “¿Cuánto dinero habrá perdido el Estado por todo ese trabajo de investigación de la Fiscalía pero que no llegó a una acusación?, se preguntó.
Nacionales
Jóvenes en Acción: se abren 150.000 nuevos cupos para chicos en Ecuador ¿Cómo inscribirse?
El Gobierno de Ecuador anunció una nueva fase del programa Jóvenes en Acción, una iniciativa dirigida a jóvenes en situación de vulnerabilidad que ampliará significativamente su cobertura a nivel nacional.
Con esta expansión, el número de beneficiarios pasará de 80.000 a 150.000 jóvenes, según informó el Ministerio de Desarrollo Humano. El objetivo es fortalecer las oportunidades de inclusión social, capacitación y acceso a herramientas que faciliten la inserción laboral y el desarrollo personal de este segmento de la población.
Las inscripciones están habilitadas desde las 19:00 de este 16 de junio a través de la plataforma oficial del programa.
El presidente Daniel Noboa se pronunció acerca del tema y mostró que su gobierno tiene un compromiso con los jóvenes ecuatorianos. «Hemos entregado becas, impulsado capacitaciones internacionales, creado pasantías pagadas y ampliado los cupos de educación superior en institutos públicos».
También reafirmó que «abrimos 150.000 nuevos cupos de Jóvenes en Acción, que iniciarán el 1 de julio y durará tres meses. Esta es una inversión de USD 180 millones en nuestros jóvenes, para que se capaciten e inicien actividades laborales.
Finalmente, el Primer Mandatario señaló que las inscripciones están abiertas.
¿Quiénes pueden postular?
La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 18 y 29 años que se encuentren en condición de pobreza o pobreza extrema.
Entre los requisitos establecidos se encuentran no recibir transferencias monetarias periódicas administradas por el Ministerio de Desarrollo Humano, no registrar aportaciones vigentes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) o al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL), además de contar con una cuenta bancaria personal para recibir los pagos.
Transferencias de hasta USD 1.200
Los jóvenes seleccionados recibirán tres transferencias de USD 400 cada una, distribuidas durante tres meses, lo que representa un total de USD 1.200 por beneficiario.
Sin embargo, los desembolsos estarán condicionados al cumplimiento de actividades relacionadas con capacitación, fortalecimiento de habilidades, participación comunitaria, empleabilidad y desarrollo de competencias para la vida.
Estas acciones serán coordinadas con varias instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Educación, el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
Los pagos serán realizados por el Ministerio de Desarrollo Humano, una vez que se verifique el cumplimiento de las actividades asignadas a cada participante.
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