En atención a recientes publicaciones emitidas por medios de comunicación nacionales y locales, la Asambleísta por Zamora Chinchipe, Esperanza del Cisne Rogel, emitió en sus redes sociales una aclaración formal sobre su participación en las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional, en respuesta a la inclusión de su nombre en la lista de legisladores que serían sancionados por inasistencias o atrasos injustificados.

La controversia surgió a raíz de un anuncio realizado por el presidente del Legislativo, Niels Olsen, el pasado 30 de mayo, en el que se informó sobre la aplicación de sanciones económicas a partir del 1 de junio para quienes registren faltas o atrasos. El medio de comunicación Diario El Amazónico, al igual que medios nacionales publicaron un listado de 27 legisladores que serían objeto de dicha medida, entre ellos la legisladora Rogel, perteneciente al bloque Acción Democrática Nacional (ADN).

Ante esta información, la Asambleísta solicitó formalmente al área correspondiente la verificación oficial de sus asistencias. En respuesta al requerimiento, el Memorando AN.SG.2025-2611.M, emitido por el Secretario General de la Asamblea Nacional, Mgtr. Giovanny Francisco Bravo Rodríguez, presenta el informe técnico validado por el asesor John Ramos, responsable de los registros legislativos.

Según el informe oficial, tras una revisión detallada del Sistema de Registro de Ausencias y Faltas, se confirma que la Asambleísta Esperanza Rogel ha cumplido con su asistencia a las sesiones del Pleno durante el período comprendido entre el 14 de mayo y el 6 de junio de 2025, tanto en modalidad presencial como virtual, según lo establece el protocolo legislativo vigente.

La documentación firmada electrónicamente respalda su correcta participación parlamentaria, desvirtuando de manera formal las aseveraciones de inasistencia.

Esta aclaración se difunde en aras de la transparencia institucional. Pues la controversia se da en documentos donde fueron públicos sobre el registro de asistencias en dos sesiones y reflejan que en las sesiones del 007 y 008 consta como ausente. Este medio de comunicación aclara que la noticia se difundió basado en estos documentos y tomando de medios nacionales, el mismo que hubo confusión.

Aquí los documentos completos.

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La tranquilidad nocturna de la parroquia Guadalupe se vio desgarrada la noche del 4 de junio, cuando un grito rasgó el silencio y un hombre cayó herido al pie del parque central, víctima de una violenta riña que terminó en sangre. Lo que parecía una disputa pasajera escaló en segundos hasta convertirse en un intento de homicidio que mantuvo en vilo a toda una comunidad.

Eran las 23h15 cuando el ECU 911 recibió la alerta desesperada: un ciudadano yacía en el suelo, ensangrentado, tras haber sido atacado con un arma blanca. En cuestión de minutos, los servidores policiales del circuito Guadalupe activaron un operativo de búsqueda que no dio tregua.

Como salidos de las sombras, los uniformados siguieron el rastro del agresor hasta las puertas del cantón Yacuambi, donde lo interceptaron y redujeron, devolviendo así un respiro de justicia a la comunidad. El detenido, un joven de 27 años, fue entregado a la autoridad competente para enfrentar el peso de la ley.

Mientras tanto, la víctima, un hombre de 43 años, lucha por su vida en el hospital Julius Doefhner de Zamora, con un pronóstico aún reservado. Cada hora cuenta, cada latido es una esperanza, y toda una familia aguarda con el alma en vilo el milagro de su recuperación.

Este hecho, dramático y crudo, nos recuerda que la violencia puede emerger en cualquier rincón, pero también que hay guardianes listos para enfrentarla con valor. La Policía Nacional del Ecuador, con sus botas firmes y principios intactos, ha demostrado una vez más que la seguridad ciudadana no es una promesa: es una acción concreta, decidida, urgente.

“Actuamos sin dudar. No permitiremos que la violencia se apodere de nuestros barrios. La ley está viva, y nosotros somos su brazo”, expresó un oficial interviniente, mientras las luces de la patrulla aún iluminaban la escena del crimen.

La paciencia se agota y la indignación crece. Diecinueve guardias de seguridad, hombres y mujeres trabajadores de la provincia de Zamora Chinchipe, levantan su voz frente a una situación que consideran un atropello a su dignidad laboral. Denuncian que la empresa ARMILET, anteriormente contratada para brindar seguridad a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), les adeuda entre tres y cinco meses de sueldo, poniendo en jaque la economía de familias enteras.

Según los testimonios recogidos de manera anónima —por temor a represalias—, cinco de los trabajadores se vieron obligados a renunciar tras meses de incumplimientos. Otros catorce aún siguen laborando bajo la sombra de la incertidumbre y el silencio cómplice de la empresa, esperando que se les reconozca lo que por ley y justicia les corresponde.

“No me importa que no me paguen la liquidación, pero que me paguen mi sueldo. Esa es la realidad”, expresó con pesar uno de los trabajadores afectados, quien asegura que ARMILET le adeuda alrededor de 2.000 dólares.

Además del retraso salarial, los denunciantes relatan haber enfrentado maltrato laboral, explotación mediante turnos extras no reconocidos, y una total ausencia de canales de diálogo con los supervisores regionales. Intentaron dialogar con el coordinador regional en Loja, pero afirman que sus reclamos fueron ignorados.

El hecho cobra una gravedad aún mayor al conocerse que ARMILET podría volver a ofrecer servicios de seguridad a entidades públicas como CNT, sin haber cumplido con sus obligaciones anteriores. “Nos preocupa que se premie a empresas que incumplen y maltratan a sus trabajadores. No es justo, ni legal, ni moral”, enfatizó uno de los afectados.

Frente a este escándalo, los trabajadores demandan de forma categórica:

El pago inmediato de los salarios pendientes.

La intervención firme y urgente del Ministerio de Trabajo y otras autoridades de control.

La prohibición de contratos públicos con empresas que han vulnerado los derechos laborales.

Este caso no solo revela una crisis de carácter local, sino que también expone las grietas del sistema nacional de control y regulación de contratistas privados, especialmente aquellos que operan en instituciones públicas. En un país que proclama justicia y derechos, no puede permitirse que los guardianes del orden y la seguridad vivan en condiciones de abuso y precariedad.

La deuda no es solo económica: es moral, es institucional y es profundamente humana.

Este medio de comunicación buscó dialogar con delegados del CNT en esta provincia, pero un guardia de seguridad dijo que luego de las 16:30 no atienden a los clientes. Nos trasladamos al edificio donde funciona la planta administrativa tampoco se pudo obtener la entrevista, pese a haber intentado comunicarse la guardia de seguridad internamente por el call center de la institución.