Nacionales
Penitenciaría del Litoral: lo que se sabe sobre la explosión de carros que dejó un guía penitenciario muerto
Un atentado terrorista se registró en los exteriores de la Penitenciaría del Litoral, al norte de Guayaquil, la madrugada de este jueves 13 de marzo. El estallido dejó un guía penitenciario fallecido, causó graves daños en vehículos y viviendas aledañas.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) confirmó la detonación de un artefacto explosivo que afectó la infraestructura del Centro de Privación de Libertad (CPL) Guayas N.°1.
Como consecuencia de este hecho, un servidor del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria (CSVP) falleció.
«Exhortamos a la ciudadanía y medios de comunicación a mantenerse informados por los canales oficiales, donde se brindarán actualizaciones conforme avancen las investigaciones», enfatizó el ente gubernamental.
En tanto que la empresa municipal Segura EP detalló que, «como resultado de este lamentable suceso», se reportaron dos personas heridas (un policía y un transeúnte), quienes fueron atendidas y trasladadas a un centro de salud. Adicionalmente, se registró el fallecimiento de un guía penitenciario, quien fue alcanzado por esquirlas.
Ante esta emergencia, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil acudió en primera respuesta para controlar la situación, constatando la afectación de seis vehículos, de los cuales dos se incendiaron en su totalidad, además de daños materiales en varias viviendas aledañas.
De su lado, la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) brindó su colaboración en el control del tráfico en el sector.
De manera preliminar se conoció que dos coches bomba explotaron alrededor de la 01:30 en las afueras de la Penitenciaría.
El atentado también provocó cortes de energía en sectores del norte de Guayaquil y en zonas de Daule como La Aurora. Entre las áreas afectadas están Bastión Popular, Mucho Lote 1 y 2, La Romareda, La Rioja, El Fortín, Balerio Estacio, Mayaycu, Cordillera del Cóndor 2 y parte de la avenida Narcisa de Jesús.
Las unidades de Criminalística y otras divisiones policiales acudieron al sitio para recoger indicios y analizar la escena del crimen. Mientras tanto, los vehículos destruidos fueron retirados de la zona.
La Penitenciaría del Litoral es la cárcel más grande del complejo carcelario de Guayaquil, donde se encuentran recluidos alrededor de 12.000 internos.
Desde enero de 2024, las Fuerzas Armadas han mantenido el control de los centros penitenciarios tras la declaración de «conflicto armado interno» por parte del presidente Daniel Noboa, en un intento por contener la violencia de las bandas criminales.
Desde 2021, más de 500 presos han sido asesinados dentro de las cárceles del país en enfrentamientos entre grupos delictivos. La violencia se ha trasladado a las calles, lo que llevó a Ecuador a registrar la tasa de homicidios más alta de Latinoamérica en 2023, con 46,1 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Fuente: Vistazo
Nacionales
Mercedes Caicedo: «Pedimos perdón por no responder a la ciudadanía con una justicia ágil»
Mercedes Caicedo tiene 135 días frente al Consejo de la Judicatura. La ventana de la oficina de Presidencia, en un piso alto del edificio, deja ver las columnas de humo tras el incendio que consumió parte del cerro Itchimbía, en el oriente de Quito. En la Judicatura hay otro incendio. El pleno decidió reestructurar la unidad especializada de jueces anticorrupción y crimen organizado, e integrarla con otro cuerpo de juzgadores penales que trabaja en la capital.
En entrevista con Vistazo, la funcionaria con 16 años de trayectoria en la función judicial, explicó que la reestructuración forma parte de un plan integral para reorganizar el sistema. La lógica es ésta: hay jueces con poca carga laboral, mientras otros tienen saturación de cargas.
Según el informe técnico, la unidad anticorrupción con 19 jueces acumulaba 480 causas activas. En tanto, la unidad de Iñaquito a la que se fusiona tiene 31 juzgadores, que mantienen en total cinco mil causas acumuladas.
En lugar de tener 19 jueces penales la justicia gana un grupo adicional de 31, para sumarse a la administración de justicia, explica, al reconocer que está consciente de que el cambio generó todo tipo de ‘suspicacias’. Esto, porque el Consejo de la Judicatura vivió una crisis sistemática, que le restó legitimidad frente al país y a la sociedad.
La herencia nefasta del caso Metástasis se vive en la justicia
El legado de un presidente de la Judicatura que decía ‘venir de las estrellas’ y que chateaba con operadores y abogados del narcolavador Leandro Norero deja secuelas. Wilman Terán fue sentenciado como parte de la estructura del caso Metástasis.
En cambio, otro presidente de la Judicatura, Mario Godoy, fue señalado por presuntas presiones en contra del juez anticorrupción Carlos Serrano.
“Cargo una cruz que no es mía”, dice Caicedo, quien fue jueza penal. En tal función fue ponente en el tribunal que conoció el caso Metástasis.
Por esta falta de respuesta frente a los delitos la sociedad no tiene confianza en el sistema de justicia.
“Pedimos perdón por no dar respuestas que exigen los ciudadanos”, afirma la presidenta. Y explica que el pleno de la Judicatura se declaró en emergencia para resolver los temas pendientes, entre ellos, la depuración.
Los 1.700 jueces serán evaluados
Hay diez años de abandono en el sector, explica Caicedo, mientras adelanta que la evaluación de 1.700 jueces ya está en marcha.
Esta vez, el proceso incorporará ‘pruebas de confianza’, exigidas por la actual legislación. Se trata de mecanismos para detectar si los evaluados están diciendo falsedades.
CONEXIA reunió en Ambato a 20 representantes del sector empresarial para conocer sus necesidades y abrir nuevas posibilidades de relacionamiento entre universidad y empresa.
La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), en alianza con Fundación Ninari, reunió en Ambato a 20 representantes del sector empresarial en una nueva edición de CONEXIA, Encuentro Universidad–Empresa, un espacio de acercamiento orientado a fortalecer la relación con el sector productivo, presentar capacidades de investigación, innovación y transferencia de conocimiento, y abrir nuevas posibilidades de colaboración.
Durante la jornada participaron representantes de empresas vinculadas al ecosistema productivo de Tungurahua, entre ellas Muebles León, Andesfood, Bioalimentar y Laboratorio Génesis, además de otros actores del sector empresarial.
El encuentro buscó abrir un primer espacio de diálogo con las empresas para conocer de cerca sus necesidades y los desafíos que enfrentan en su actividad. Durante la jornada se conversó sobre aspectos relacionados con productos, procesos, métodos y servicios.
Para Ruth Bolaños Núñez, directora ejecutiva de Fundación Ninari, generar este tipo de espacios resulta especialmente relevante en una provincia caracterizada por su dinamismo empresarial.
“Tungurahua cuenta con alrededor de 54,5 mil empresas activas y ocupa el tercer lugar nacional en densidad empresarial, con 935,8 empresas por cada 10.000 habitantes. Estas cifras reflejan la fortaleza de su tejido productivo y, al mismo tiempo, la importancia de generar espacios que permitan escuchar a las empresas, conocer sus retos y conectar a los distintos actores del ecosistema para identificar nuevas oportunidades de crecimiento e innovación”, señaló.
La provincia mantiene, además, una estructura productiva diversa. Entre sus principales vocaciones se encuentran el cuero y calzado, el sector textil y de confección, la metalmecánica y carrocerías, el agro y la agroindustria, el comercio y la logística, la madera y artesanía, así como el turismo y la gastronomía.
Para Marco David Jadam Guerrero, gerente general de Laboratorio Génesis, este tipo de encuentros permite acercar los procesos de innovación a la realidad de las pequeñas empresas. “Estos acercamientos nos permiten a pequeñas empresas vincular un poco más el proceso de innovación hacia nuestra realidad productiva”, señaló.
Como parte de CONEXIA, los asistentes participaron también en un showroom tecnológico, donde pudieron conocer algunas de las capacidades de la UTPL y dialogar directamente con el equipo del Parque Científico y Tecnológico. El propósito fue identificar puntos de conexión entre las necesidades de las organizaciones y las capacidades de conocimiento y tecnología disponibles en la Universidad, con miras a futuras iniciativas de investigación aplicada, innovación o transferencia tecnológica.
La UTPL continúa fortaleciendo su estrategia de acercamiento al sector productivo, basada en conocer sus necesidades y construir progresivamente oportunidades de trabajo conjunto.
La oportuna intervención de la Unidad de Contingencia Penitenciaria, en coordinación con Inteligencia Policial, permitió la aprehensión de una ciudadana que presuntamente intentaba ingresar sustancias sujetas a fiscalización al Centro de Privación de Libertad (CPL) Morona Santiago N.° 1, durante el horario de visitas.
El procedimiento se activó tras una alerta de inteligencia y durante los controles establecidos en el filtro de ingreso al centro penitenciario. Ante la alerta, los servidores policiales aplicaron los protocolos correspondientes y trasladaron a la ciudadana al Hospital General de Macas para una valoración médica.
Durante el procedimiento médico, la ciudadana expulsó un paquete que, según la información policial, mantenía oculto en su organismo. Tras la verificación correspondiente, se determinó que el paquete contenía presuntas sustancias sujetas a fiscalización.
La persona aprehendida fue identificada como Lliana M. M. M., de 31 años, de nacionalidad ecuatoriana, quien, de acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional, no registra antecedentes.
Indicios encontrados
• 140 dosis de marihuana.
• 1 terminal móvil.
La Policía Nacional señaló que mantiene de manera permanente los controles y filtros de seguridad en los centros de privación de libertad, con el propósito de prevenir el ingreso de sustancias prohibidas, objetos no autorizados y otros elementos que puedan afectar la seguridad y el orden dentro de estos establecimientos.
La ciudadana quedó a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las diligencias correspondientes, conforme al procedimiento establecido en la normativa vigente. La responsabilidad penal deberá determinarse mediante las instancias judiciales correspondientes.
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