Caso Confourtable. Con ese nombre bautizó Fiscalía a una investigación por presunto cohecho abierta en 2024 en contra de dos juezas de la Corte Nacional de Justicia, Enma Tapia y Katerine Muñoz, por haber emitido un veredicto que permitió el cambio de carcél de Wilman Terán, sentenciado por delincuencia organizada en el caso Metástasis.

Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, se encontraba recluido en la Cárcel 4 de Quito, pero fue llevado hasta La Roca, entonces la de máxima seguridad en Ecuador, por decisión del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).

El caso tuvo el nombre de Confourtable, que hace referencia a la confortabilidad que recibiría Terán, porque se ordenó que tenga acceso a internet, salidas al patio, revisiones médicas, entre otros beneficios penitenciarios.

Y enfatizó que más bien el SNAI no empleó una defensa adecuada y no pudo sostener cuál era el motivo para trasladar a alias Diablo a La Roca, por lo que, en sus palabras, no les quedaba más opción que devolver a Terán a Quito.

El caso Confourtable está cerca de cumplir dos años, pero no se ha conocido ningún avance o tentativa para formular cargos.

La tarde del miércoles 29 de julio de 2026, Fiscalía informó que, en el marco de una investigación previa por presunto cohecho, “ejecutó varios allanamientos a inmuebles ubicados al norte de Quito, con el objetivo de recabar indicios”.

La diligencia se realizó en contra de tres jueces de la Corte Nacional de Justicia: Milton Velásquez, Patricio Secaira e Iván Larco. Ellos fueron los magistrados que integraron un Tribunal para resolver un recurso de casación en una controversia entre el Ministerio de Educación y la empresa china Railway.

Ambas partes tenían un contrato firmado en el gobierno de Rafael Correa para que la empresa china construya escuelas de milenio. Pero en 2018, el Ministerio de Educación decidió de forma unilateral terminar con el contrato.

Educación y la Procuraduría General del Estado apelaron esa decisión y el caso subió a conocimiento de la Corte Nacional de Justicia, donde debía resolverse el recurso de casación, instancia donde solo se puede analizar la aplicación del derecho, mas no las pruebas que se ventilaron en instancias previas.

El Tribunal de casación tuvo como juez ponente a Milton Rodríguez. Completaron el tribunal Patricio Secaira e Iván Larco. Por unanimidad, el 14 de diciembre de 2023, los jueces aceptaron parcialmente el recurso de casación pretendido por el Ministerio de Educación, dejando el pago no en USD 67 millones, sino en USD 59 millones.

Juez Velásquez recibe apoyo

El propio juez Milton Velásquez reveló en un comunicado que Fiscalía le abrió una investigación por ese fallo en 2024, y le causó “extrañeza” que un allanamiento se realice dos años después, en julio de 2026, sobre todo porque aseguró que siempre ha colaborado con las autoridades. Resaltó que no participa ni ha participado en alguna trama de corrupción e invitó al público en general a revisar su sentencia.

El juez Milton Velásquez recibió el respaldo de abogados y letrados que lo han conocido, destacando su profesionalismo y trayectoria sin tacha.

La abogada Antonella Gil puso en discusión si el allanamiento nuevamente va en detrimento de la independencia judicial. “¿Los allanamientos pueden generar cuestionamientos? Sí. Pero entonces, entre las preguntas que deberían hacerse, están: ¿a qué presiones podrían no estar cediendo los jueces? (…) De los doctores Milton Velásquez, Patricio Secaira e Iván Larco he tenido la oportunidad de aprender al compartir en espacios académicos. Toda mi solidaridad y apoyo. Confío en su trabajo porque lo conozco y porque en el ejercicio diario de mi profesión, leo sus sentencias”.

“Inaudito lo que ocurre en el país. Mi solidaridad con usted, doctor Velásquez. Ojalá se aclare lo antes posible este asunto y los operadores de la justicia penal, se centren -de una buena vez- en los que deben”, comentó la abogada y docente María Paulina Araujo.

“No es época para ‘poner las manos en el fuego’ por alguien, pero Milton Velásquez es de aquellas personas en las que puede confiar en su honestidad, espero que se aclare pronto todo esto”, comentó el jurista Farith Simon.

¿Por qué se investiga a los tres jueces?

El motivo de la investigación quedó claro: la sentencia de Milton Velásquez y compañía supuestamente perjudicó al Estado ecuatoriano al ordenar el pago de USD 59 millones a la empresa china. Al hablar de cohecho, se presume que habría un soborno de por medio.

Fiscalía agregó en julio 2026 que la noticia del delito tiene como antecedente el testimonio anticipado de Michael Hernández, exdirector de la Escuela de la Función Judicial del Consejo de la Judicatura, sentenciado en 2024 en el caso Plaga.

Para tener una pena de cárcel menor (ya la cumplió en 2025), Hernández dio un testimonio anticipado en el que salpicó a varios jueces de estar inmiscuidos en casos de corrupción, entre ellos Iván Saquicela y Felipe Córdova, quienes desestimaron las acusaciones.

Hernández también contó que por versiones de terceros conoció que supuestamente hubo conversaciones con Velásquez para que convoque a la audiencia de casación.

En todo este contexto, el ministro del Interior, Jhon Reimberg, lanzó una advertencia a los jueces: “O se enderezan y se corrigen, o van a terminar presos”.

El presidente Daniel Noboa anunció que en agosto habrá una leve reducción en los precios de los combustibles, tras la baja registrada en julio.

El Mandatario explicó que los precios de las gasolinas no reflejan de forma inmediata las variaciones del petróleo en el mercado internacional, sino que tardan en ajustarse.

«Los combustibles no tienen la misma volatilidad que el precio del petróleo. En julio recibimos el golpe más fuerte, luego bajó y después ha ido subiendo, pero todavía está por debajo de ese nivel (de julio). Por eso se da este cambio», señaló.

Noboa agregó que la reducción busca mejorar la competitividad de sectores como el productivo y el transporte. «Vamos a darle competitividad a productores y transportistas», afirmó. Fuente: Primicias

En desarrollo…

El presidente nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), José Villavicencio, expresó su rechazo al incremento del 25 % en las tarifas del transporte público, cuya aplicación está prevista desde el 1 de agosto, al considerar que la medida profundizará el deterioro del poder adquisitivo de la población y afectará principalmente a los sectores de menores ingresos.

Durante una entrevista en Diario El Amazónico, el dirigente sindical sostuvo que el ajuste tarifario representa «un nuevo golpe al bolsillo de los ecuatorianos», especialmente para el 60 % de la población económicamente activa que, según indicó, no cuenta con un empleo estable y subsiste en condiciones de informalidad o con ingresos inferiores a USD 200 mensuales.

Villavicencio señaló que el incremento de los pasajes se suma al aumento de los precios de los combustibles y de los productos de primera necesidad, factores que, a su criterio, han reducido progresivamente la capacidad de compra de las familias ecuatorianas.

Como ejemplo, explicó que un pasaje de USD 5 pasaría a costar USD 6,25, mientras que uno de USD 10 ascendería a USD 12,50, lo que representa un incremento significativo para quienes utilizan diariamente el transporte público.

Cuestiona que el ajuste no esté acompañado de mejoras en el servicio
El dirigente manifestó que antes de aprobar un incremento tarifario debieron evaluarse las condiciones reales del servicio de transporte.

En ese contexto, cuestionó si el aumento garantizará mejores condiciones de seguridad, calidad y atención para los usuarios.

Como ejemplo, relató que una delegación internacional proveniente de Perú, que asistía a un evento organizado por la UGTE y decidió viajar por vía terrestre por razones económicas, fue víctima de un asalto en el sector de Huaquillas, provincia de El Oro, junto con otros pasajeros de la unidad de transporte.

Según Villavicencio, estos hechos reflejan que el incremento tarifario no está acompañado de mejoras efectivas en la seguridad ni en la calidad del servicio.

Críticas a la política económica del Gobierno
Durante la entrevista, el presidente de la UGTE realizó una evaluación crítica de la política económica del Gobierno Nacional.

Afirmó que varias de las promesas realizadas durante la campaña presidencial —como la reducción del precio de los combustibles, la generación de empleo y el mantenimiento del IVA— no se concretaron y que, por el contrario, se han aplicado medidas que, según su criterio, incrementan el costo de vida de la población.

Asimismo, sostuvo que el país continúa enfrentando problemas relacionados con el desempleo, el acceso a la salud, la educación y la seguridad ciudadana, aspectos que, dijo, no muestran mejoras pese a las decisiones económicas adoptadas.

Poder adquisitivo continúa deteriorándose
Villavicencio aseguró que el salario básico unificado de USD 482 resulta insuficiente frente al costo de la canasta básica familiar, que, según indicó, oscila entre USD 830 y USD 860, dependiendo de la ciudad.

En ese sentido, afirmó que el incremento de precios registrado en los últimos años ha provocado una pérdida constante del poder adquisitivo de los trabajadores, situación agravada por el congelamiento salarial en el sector público durante más de una década.

El dirigente planteó la necesidad de impulsar una política integral orientada a la generación de empleo, el incremento general de salarios y el fortalecimiento de la producción nacional como mecanismos para dinamizar la economía y mejorar las condiciones de vida de la población.

UGTE anuncia reuniones y una convención nacional
Respecto a las acciones que adoptará la organización frente al incremento de las tarifas, Villavicencio informó que la UGTE mantendrá reuniones durante los próximos días en Quito, Guayaquil y Cuenca, con el propósito de coordinar una convención unitaria junto a organizaciones sindicales, movimientos indígenas, representantes del Seguro Social Campesino, docentes y otros sectores sociales.

Indicó que dicho encuentro está previsto para el mes de agosto y tendrá como finalidad analizar la situación económica del país y definir las acciones que emprenderán las organizaciones participantes dentro del marco de sus derechos constitucionales.

Finalmente, reiteró que la UGTE continuará impulsando propuestas orientadas a la defensa del empleo, el fortalecimiento de los servicios públicos y la protección del poder adquisitivo de los trabajadores, en medio del debate nacional generado por el incremento de las tarifas del transporte público.