El pasado miércoles, en el programa La Tertulia Jurídica, se contó con la destacada participación del doctor Víctor Herrero Escrich, experto internacional en justicia juvenil y políticas públicas, quien abordó el tema “Justicia Juvenil Restaurativa y su aplicación en los sistemas internacionales de protección de derechos humanos”, en una ponencia transmitida a través de plataformas digitales, redes sociales y Zoom.

Durante su intervención, el doctor Herrero Escrich compartió una amplia trayectoria profesional desarrollada principalmente en España y América Latina. Nacido en España y con 68 años de experiencia de vida, ha estado vinculado durante décadas al ámbito de la ejecución penal, las medidas alternativas a la privación de libertad y los servicios sociales, desempeñándose como jefe del Servicio de Gestión Penal y Medidas Alternativas del Ministerio del Interior y Justicia de España, así como director general de Asuntos Sociales. Desde el año 2011 reside en América Latina, donde ha liderado proyectos de justicia juvenil restaurativa en distintos países del continente.

En su exposición, el experto enfatizó que la justicia juvenil restaurativa no debe confundirse con impunidad, despenalización ni abolicionismo penal, ni tampoco con una justicia “blanda” o limitada a delitos menores. Por el contrario, explicó que se trata de una forma distinta de interpretar y aplicar las normas existentes, con un enfoque serio, riguroso y profundamente vinculado a los derechos humanos.
El doctor Herrero señaló que este modelo pone en el centro la responsabilidad del adolescente que ha cometido un delito, no solo desde una dimensión penal, sino también desde un proceso educativo y de toma de conciencia del daño causado. A ello se suma un rol protagónico de las víctimas, quienes dejan de ser actores secundarios del proceso penal para convertirse en sujetos de reparación integral, evitando su revictimización y garantizando su participación conforme a sus intereses y voluntades.

Asimismo, destacó el papel fundamental de la comunidad, entendida como un conjunto de instituciones y actores concretos —familia, sistema educativo, sistema de salud, gobiernos locales, asociaciones sociales y líderes comunitarios— que deben asumir una corresponsabilidad activa en los procesos de reintegración social de los adolescentes. Según explicó, la exclusión histórica de estos jóvenes por parte del tejido social ha sido uno de los factores que favorece su captación por estructuras delictivas.

En relación con el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, el experto subrayó que la justicia juvenil restaurativa se articula directamente con los principios de protección integral de la niñez y adolescencia, garantizando que los adolescentes en conflicto con la ley no pierdan sus derechos fundamentales, aun cuando deban asumir responsabilidades por sus actos. En este contexto, citó experiencias comparadas, como el caso de Colombia, donde junto al proceso penal se activa un proceso paralelo de restitución de derechos vulnerados.

Durante el diálogo con los panelistas Boris Pazmiño y otros participantes, se abordaron también las limitaciones estructurales y operativas de los sistemas de justicia en América Latina, particularmente en lo referente a la falta de protocolos claros, recursos institucionales y mecanismos efectivos para aplicar medidas alternativas a la privación de libertad. El doctor Herrero advirtió que el uso indiscriminado del internamiento juvenil, lejos de resolver la delincuencia, incrementa los riesgos de violencia, reincidencia y vinculación con el crimen organizado.

Finalmente, el experto hizo un llamado a fortalecer la pedagogía social, el rol de los medios de comunicación y la responsabilidad del Estado en la correcta aplicación de las leyes vigentes, recordando que las normas de justicia juvenil restaurativa ya existen, pero su impacto depende del “cómo” se ejecutan. Enfatizó que las políticas de mano duran y el endurecimiento de penas no han demostrado eficacia, y que solo un enfoque restaurativo, integral y basado en derechos humanos puede ofrecer respuestas sostenibles frente a la problemática de la delincuencia juvenil.

Más préstamos, más movimiento económico. El 2025 cerró con números al alza para la banca pública ecuatoriana, que incrementó la entrega de créditos y fortaleció su desempeño financiero, con impacto directo en pequeños y medianos productores, emprendedores y sectores productivos.

Diciembre marcó el pico del crédito público

Durante 2025, las entidades financieras del Estado registraron operaciones crediticias por USD 3.120 millones. El mayor impulso llegó en diciembre, cuando se colocaron USD 653,1 millones, frente a los USD 476,5 millones de diciembre de 2024.

El incremento del 37 % interanual convirtió a ese mes en el de mayor dinamismo crediticio del año, reflejando una mayor demanda de financiamiento y una política de colocación más activa.

Más crédito para producción y consumo

El aumento de los préstamos permitió inyectar liquidez a la economía, favoreciendo actividades productivas, consumo interno y generación de empleo. El crédito público se concentró, principalmente, en sectores estratégicos y en actores que históricamente enfrentan mayores barreras de acceso al sistema financiero.

BanEcuador mejora su desempeño

Los resultados a diciembre de 2025 también evidencian una gestión más eficiente y responsable en la banca pública. Destaca la recuperación financiera de BanEcuador B.P., entidad que enfoca su cartera en pequeños y medianos productores, agricultores y emprendedores.

Este mejor desempeño se reflejó en el incremento de utilidades frente a años anteriores, consolidando a BanEcuador como uno de los pilares del crédito productivo estatal.

Banca pública con números en verde

Los balances del cierre de 2025 muestran entidades más sólidas, con mejor manejo de cartera y mayor capacidad para seguir financiando proyectos productivos, en un contexto de reactivación económica y mayor demanda de crédito.

Un ambiente de incertidumbre se vive en la comunidad de ecuatorianos migrantes, en Estados Unidos, por las redadas que realiza, de forma permanente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE por sus siglas en inglés). Desde 2019 hasta el 26 de enero del presente año, 57 616 connacionales han sido deportados desde ese país -según datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo (DPEE)- que sigue de cerca cómo vienen desarrollándose los trámites (ver tabla de abajo).

Los años que registraron la mayor cantidad de deportados fueron 2023 y 2024 con 18 449 y 13 681 casos, respectivamente. El caso que generó mayor conmoción fue la detención de Adrián Alexander Conejo Arias y su hijo, Liam, de cinco años. Los internaron en el centro de detención de inmigrantes de Dilley, en Texas, mientras se resolvía el procedimiento de inmigración abierto.