Nacionales
Oro sucio: compañías exportadoras de Ecuador en la mira de las autoridades
Ecuador presenta graves inconsistencias entre su producción aurífera oficial de origen conocido y sus exportaciones. En años recientes, la minería ilegal se ha expandido a la provincia amazónica del Napo, donde las fronteras de las actividades legales con las ilegales se hacen borrosas. Un proceso judicial que involucra a un exdirector de la Agencia de Regulación y Control de Energía ha dejado al descubierto la complicidad de las autoridades con estas actividades ilícitas. Esta investigación –que forma parte de la serie “Las rutas del oro sucio», coordinada por la Red Transfronteriza de OjoPúblico– revela también cómo el crimen organizado se apodera de varias zonas de este país.
Este reportaje se realizó con la Red Investigativa Transfronteriza Ojo Público, de la cual es parte Vistazo.
Desde los Andes ecuatorianos, en el mítico Parque Nacional Llanganates, donde una leyenda cuenta que se escondió el tesoro del inca Atahualpa, nacen los afluentes que formarán el río Napo, al oeste de la Amazonía ecuatoriana. Las comunidades que viven alrededor del río subsisten sobre todo por la agricultura, aunque algunos indígenas y colonos han extraído durante años oro de manera artesanal. Pero todo cambió drásticamente en los últimos años: decenas de maquinarias y dragas ilegales tomaron la cuenca.
“Nosotros hemos cuidado el río, los mineros ilegales han llegado a destruir”, nos dice Elsa Cerda, lideresa de la comunidad Serena, del pueblo indígena kichwa. La comunidad se encuentra a orillas del Jatunyaku (que significa Río Grande), que es afluente del Napo y está a seis horas de Quito. En esta zona, existen 150 concesiones mineras, pero varias de ellas han sido tomadas por la minería ilegal.
El tipo de minería en el Napo usa grandes excavadoras oruga para remover toneladas de tierra y extraer oro ilegal a gran escala. Esta actividad se extiende sobre todo en los cantones de Tena y Carlos Julio Arosemena, alrededor del río Napo y afluentes, donde habitan mayoritariamente pueblos indígenas Kichwa y Shuar, y colonos.
La devastación que se registra en esta cuenca se repite también en otras zonas, como en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en la provincia del Azuay, donde el narcotráfico controla la extracción. El oro extraído ilegalmente financia actividades criminales y se vende en joyerías ante la débil fiscalización de las cadenas de suministro y las severas inconsistencias en la información oficial sobre el oro exportado.
El informe de la OEA sobre oro ilegal menciona que, además, en los últimos años los grupos de mineros ilegales han afianzado sus nexos con la delincuencia organizada, y con una presencia creciente de mineros provenientes de Brasil, Venezuela y Perú.
Una investigación realizada durante siete meses por la Red Transfronteriza de OjoPúblico y Vistazo –como parte de la serie Las rutas del oro sucio en cinco países amazónicos y en la que participaron 18 periodistas– revela las severas inconsistencias en los datos de producción de oro en Ecuador. El reportaje expone que la brecha entre lo que se declaró oficialmente producir y lo que finalmente exportó, entre 2014 y 2023, fue de 20,52 toneladas. Esa es la cantidad de oro que llegó a mercados internacionales sin que tuviera un origen conocido.
La investigación identifica que en la mayoría de los casos el oro extraído ilegalmente de la Amazonía y otras zonas prohibidas es transportado a plantas de beneficio —donde se refina el mineral— ubicados en las provincias El Oro y Azuay. El mineral es finalmente lavado e incorporado al sistema con papeles de concesiones.
Los intermediarios falsifican facturas de supuestos mineros artesanales para justificar el origen del oro ilegal, confirma un informe del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de la Organización de los Estados Americanos.
Luis Bonilla, exdirector de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables —entidad que fiscaliza el oro en Ecuador— admitió que una de las limitaciones para evitar el blanqueo del minero oro es que los operadores “llevan el material mineralizado (rocas y lodo) a estas plantas y ahí no se puede determinar cuánto de ese material en bruto se convierte en oro”.
Entre 2014 y 2016 más del 80% del oro exportado de Ecuador tenía como destino Estados Unidos. Precisamente, en 2016, la Fiscalía de este país inició investigaciones por anomalías en la cadena de compra de dos empresas que concentraban la mitad de la exportación: Spartan y Clearprocess. En ese momento, el Fiscal General informó que siete personas, entre las que se encontraban accionistas de ambas compañías, estaban con prisión preventiva.
Luego del 2015 las exportaciones de oro desde Ecuador cayeron, y en 2019 comenzaron a aumentar. Estados Unidos dejó de ser el principal comprador. Emiratos Árabes y la India pasaron a ser nuevos destinos.
La inconsistencia de las cifras del gobierno
El análisis realizado por la Red Transfronteriza de OjoPúblico y Vistazo a una base de datos de exportaciones de oro de cinco países amazónicos, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil ––construida con información de las Aduanas– revela serias inconsistencias en la información oficial sobre producción de oro en Ecuador.
Las diferentes fuentes de información manejan datos disimiles sobre producción. El Banco Central del Ecuador señala, por ejemplo, que en 2022 se exportaron 17,7 toneladas; y la cifra que otorga la Agencia de Regulación de Energía establece 14,99 toneladas. Sin embargo, esta investigación periodística halló que se exportaron 19 toneladas.
El mismo Banco Central menciona, sobre sus datos presentados entre 2019 y 2021, que en ese tiempo solo pudo hacer estimados y no cifras más precisas de la producción de oro debido a que la Agencia de Regulación atravesaba “una situación crítica de personal limitado” para el control de las minas y plantas de procesamiento.
El exministro de Energía, Xavier Vera, dijo hace dos años que la minería ilegal en Ecuador movía entre USD 800 y USD 1.000 millones cada año. Ese año, el país exportó 19 toneladas de oro.
Al ser consultado sobre estas cifras, el director de la Agencia de Regulación en temas mineros del gobierno anterior, Luis Bonilla, reconoció el año pasado que su entidad no tenía estimados del alcance real de la producción de oro ilegal, pero habló de la preocupación sobre la diferencia entre la producción declarada y la cantidad de lo exportado.
Sobre las diferencias entre el oro declarado y el producido, Luis Bonilla dijo para esta investigación –cuando aún ocupaba el cargo– que su entidad había “prendido las alertas” sobre al menos tres compañías exportadoras que en 2023 incrementaron inusualmente sus envíos y que tenían como destino Emiratos Árabes y la India.
No precisó a qué empresas se refería, pero sí confirmó a OjoPúblico y Vistazo que se ha solicitado y enviado información a las entidades de control para las respectivas investigaciones. Lo que sí detalló es que se trata de empresas que de un año a otro incrementaron exponencialmente sus exportaciones e, incluso, mencionó que una de ellas “no exportó nada en años anteriores, y apareció en 2023 como uno de los principales”.
El análisis realizado por Vistazo a una base de datos de exportaciones de oro de cinco países amazónicos ––construida por OjoPúblico con información de las Aduanas– revela que en el top diez de las empresas y personas naturales que más exportaron oro en 2023 se encuentran grandes y pequeñas empresas, así como algunas personas.
El 30% del oro exportado el año pasado correspondió a la canadiense Aurelian, que está a cargo del primer proyecto aurífero a gran escala en Ecuador: Fruta del Norte. En su caso sus envíos del mineral van a Suiza y son auditados por la Agencia de Regulación. Esta gran minera ha ocupado los primeros lugares de exportación en los últimos años.
Pero el 2023 han surgido nuevos actores, entre ellos las compañías Rockgolden, Rocadora, David Bermeo, Orocomin Francisco Proaño, Winston Orellana, Martha Castro, Exycominsur y Manuel Quituisaca.
Oro ilegal, crimen organizado y narcotráfico
En medio de una crisis de seguridad interna, en los últimos años la minería ilegal de oro en Ecuador se extendió a toda la cuenca del Napo. El río Jatunyaku, conocido por su caudal favorable para hacer rafting, se ha llenado de charcos de agua contaminadas con combustible, aceite y otros químicos que usan las enormes retroexcavadoras en las orillas.
En la confluencia de los ríos Jatunyaku y Anzu, que forman el río Napo, se encuentra la zona del Yutzupino, otro enclave de la minería ilegal desde finales de 2021. La extracción ilegal ha alcanzado ahora la provincia de Orellana, en la zona de Punino.
Las imágenes del sobrevuelo de un dron realizadas para esta investigación confirman la catástrofe. Un funcionario judicial –que solicitó proteger su identidad por seguridad– confirmó que los mineros ilegales han logrado ingresar al área protegida del Parque Nacional Llanganates.
En este territorio, como sucede con el sur de Ecuador, las fuentes judiciales y policiales de la zona confirman que detrás del negocio ilegal del oro está también el crimen organizado vinculado al narcotráfico, debido a la facilidad del oro para el lavado de activos.
Las versiones coinciden en que Los Lobos –una de las bandas criminales más violentas y vinculadas al narco– brinda seguridad y provee de armas a los mineros ilegales de la cuenca del Napo. Esta banda opera otras 20 minas al sur del país, en el cantón Camilo Ponce Enríquez.
Los vínculos de esta actividad con el narcotráfico quedaron expuestos al revelarse los detalles del caso Metástasis. Esta investigación de la Fiscalía de Ecuador reveló los nexos del narcotraficante Leandro Norero con jueces, políticos, policías, militares y empresarios de este país.
En una de las conversaciones que forman parte del expediente fiscal –y a las que OjoPúblico y Vistazo tuvieron acceso– se muestra cómo Norero pretendía lavar más de 40 lingotes de oro que se hallaron en su poder durante la intervención policial. Norero era financista de la banda criminal Los Lobos.
“Le envío el contrato de la persona que está dispuesta a suicidarse por usted y hacerse cargo de ese oro”, le advierte su abogado en uno de los chats, en alusión a que con los papeles formales de la explotación de ese empresario minero se iba a blanquear el oro ilegal. “Tiene registros de haber extraído durante los últimos seis años, 24 toneladas de material bruto que contiene fragmentos de oro”, se lee en el chat.
En un Consejo de Seguridad realizado en la provincia de Napo, liderado por la gobernadora, Carmen Masabanda, y con la participación de representantes de la Policía, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía y otras instituciones, se analizó el impacto del estado de excepción impuesto en la zona para enfrentar la minería ilegal.
En ese encuentro, el delegado de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (entidad que fiscaliza el tema minero), reconoció que el fracaso de los operativos sigue siendo lo que él llamo la fuga de información al momento de intervenir campamentos ilegales.
Precisamente, un proceso judicial involucra a Andrés Bernardo Vergara Espinosa, exdirector de Control, Seguimiento y Fiscalización Técnica e Intervención a la Minería Ilegal de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos No Renovables. En 2022, la Fiscalía, como parte de un operativo contra la minería ilegal, en el río Napo detuvo a seis implicados, entre ellos a Vergara Espinosa, que fue sentenciado a 16 meses de prisión por delincuencia organizada, aunque la causa está en apelación. Según el expediente, revisado por Vistazo y OjoPúblico.
Según la documentación a la que tuvimos acceso, Vergara alertaba a los mineros ilegales sobre los operativos que realizaban con la Policía y Fuerzas Armadas, con el objetivo de que resguarden u oculten las retroexcavadoras. De acuerdo a las interceptaciones telefónicas, los mineros ilegales llamaban al exfuncionario con el alias de El duro. Incluso los involucrados habían constituido una empresa con el fin obtener concesiones y contratos mineros.
Napo es la cuarta provincia de Ecuador que presenta más denuncias por minería ilegal, después de Imbabura, El Oro y Zamora Chinchipe. De las más de 2.000 denuncias que se han realizado entre 2023 y, lo que va del año, 206 se concentran en Napo, según información de Fiscalía, a la que accedimos para esta investigación.
En Ecuador el único proceso judicial por exportaciones ilegales de oro fue el caso Clearprocess – Spartan, de 2016. En ese momento, la Fiscalía informó que una parte de las exportaciones de estas dos empresas hacia los Estados Unidos fueron fraudulentas. Cuatro personas fueron sentenciadas a cuatro años de prisión por delito de lavado de activos, pero la decisión judicial fue apelada y luego los declararon inocentes. La Fiscalía recibió asistencia penal de EE.UU.
El coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), Renato Rivera, señala que la minería ilegal “tiene la capacidad de controlar el territorio, adquiere plantas, taladros de precisión y retroexcavadoras para llevar a cabo sus actividades”. Y para asegurar que todo esto funcione hacen alianzas con actores políticos, funcionarios públicos, organizaciones criminales locales e internacionales. Fuente: Vistazo
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó este viernes que los homicidios bajaron un 14 % durante el primer trimestre de 2026, en comparación con el mismo período de 2025, que fue el año más violento de la historia del país andino.
En una cadena nacional, el mandatario atribuyó parte de esta reducción a los aranceles impuestos a las importaciones colombianas que están en vigencia desde el 1 de febrero y que inicialmente fueron del 30 %, pero que desde el 1 de mayo subirán al 100 %, ya que «las provincias fronterizas también han bajado en violencia».
La guerra comercial fue iniciada por Noboa, ante una supuesta falta de acciones del Gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.
Pero también señaló que la reducción se debía al estado de excepción que ha estado vigente desde que comenzó el año y al toque de queda que decretó durante 15 días en marzo para combatir a los grupos criminales, lo que, dijo, permitió «actuar a las fuerzas del orden y capturar cabecillas» de bandas delictivas.
Ecuador se encuentra desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» declarado por el presidente Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, que fueron denominadas como «terroristas» y a las que se le atribuye la escalada de violencia que vive el país andino en los últimos años.
Pese a esa declaración, Ecuador cerró 2025 como el año más violento, al contabilizar un récord de 9.252 homicidios. EFE
Nacionales
Coca Codo Sinclair: El Estado recibe la obra pese a las 17.600 fisuras y advertencias de Contraloría
El Ministerio de Energía confirmó que el Gobierno de Daniel Noboa recibirá este viernes 17 de abril de 2026, la central Coca Codo Sinclair, la mayor hidroeléctrica del país, construida por la empresa china Sinohydro, pese a las miles de fisuras en equipos claves.
¿Pero por qué, tras diez años desde su inauguración, es polémica la recepción de esta obra ejecutada por la empresa china Sinohydro? Esto es todo lo que debe saber:
1 Una obra no aceptada durante 10 años
Coca Codo Sinclair fue contratada durante el gobierno de Rafael Correa, con una inversión de alrededor de USD 2.763 millones.
Pese a que la hidroeléctrica se inauguró en noviembre de 2016, nunca se recibió formalmente por los problemas detectados en los distribuidores, que tenían miles de fisuras.
Un informe de la Contraloría General del Estado, de 2018, fue clave, pues advirtió que las fisuras constituían un riesgo serio que, de seguir apareciendo, podrían provocar una inundación en la casa de máquinas, inutilizar la central y poner en riesgo a unos 70 trabajadores.
De ahí que la Contraloría estableció que «en tanto no se cumplan las estipulaciones contractuales, (el Estado ndr) se abstendrá de aceptar la recepción definitiva del proyecto».
«En caso de que, luego de la campaña de reparación de los distribuidores propuesta por la contratista, estos no cumplan las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato se deberán reemplazar los distribuidores que presentan indicaciones y fisuras», dijo Contraloría.
Y añadió que esto implicaría «remover el hormigón, previo a lo cual se deberá desmontar los demás elementos electromecánicos que conforman la casa de máquinas”.
2 Miles de fisuras en los distribuidores
Los distribuidores son los equipos en los que se han formado miles de fisuras, incluso antes de que la central entre en operación, según el informe de la Contraloría.
Se trata de equipos clave que operan bajo alta presión, ya que reciben el agua que cae de una altura de 600 metros y la dirigen hacia las turbinas para generar electricidad.
Según un informe de la Contraloría, había más de de 7.600 fisuras en los distribuidores de Coca Codo. Y, de hecho, en un informe presentado por Celec a la Asamblea en 2022 ya se registraban 17.661 fisuras.
Además, el informe de Contraloría también advirtió que las fisuras en los distribuidores comprometen la seguridad de la casa de máquinas de la central, valorada en USD 1.011 millones.
Entre 2015 y 2022, hubo cinco campañas de reparación en los distribuidores, pero las fisuras siguieron apareciendo, incluso en aquellas partes donde ya habían sido soldadas.
3 Celec presentó un arbitraje
Por esos defectos, Celec presentó el 17 de mayo de 2021 un arbitraje a Sinohydro en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
Celec exigía una indemnización inicial de USD 580 millones a Sinohydro.
Sin embargo, en 2022 comenzaron acercamientos con el gobierno del entonces presidente Guillermo Lasso y PowerChina, matriz de Sinohydro, para buscar una salida.
Fernando Santos Alvite, exministro de Energía de Lasso, dijo que incluso se firmó un memorando de entendimiento y hubo reuniones de trabajo.
Durante los diálogos se llegó a hablar de la entrega de una especie de bono o derecho por parte del gobierno chino como compensación económica, dijo Santos.
Exfuncionarios de Celec que participaron de las mesas de trabajo comentaron a PRIMICIAS que Ecuador llegó incluso a proponer que la empresa asiática pague un bono de USD 1.500 millones.
En contraparte, según Santos, la empresa solicitó dos temas espinosos para el Estado ecuatoriano: que desista del arbitraje internacional y que acepte formalmente la obra.
Pero en mayo de 2023, Lasso decretó la muerte cruzada y llamó a elecciones presidenciales anticipadas, con lo que los diálogos se enfriaron.
4 Un viaje a China lo cambió todo
Tras un viaje oficial del presidente Daniel Noboa a China, en junio de 2025, el Gobierno finalmente llegó a un acuerdo para que la obra de Coca Codo Sinclair sea aceptada por el Estado.
El plazo que se fijó fue hasta el 17 de abril de 2026.
La ministra de Energía había adelantado en febrero de 2026, que la empresa compensará a Ecuador con un pago de USD 200 millones en efectivo y el otorgamiento de un crédito para Ecuador por otros USD 200 millones bajo la modalidad de «crédito de proveedor».
Bajo es figura, normalmente, las empresas chinas desarrollan proyectos y aportan el financiamiento, que luego debe ser pagado por el Estado.
En ese viaje, el Gobierno también se comprometió a dar de baja el arbitraje internacional, algo que se concretó en diciembre de 2025.
Eso dio paso a un laudo por mutuo acuerdo notificado a las partes el 3 de abril de 2026. Con esto, Celec renunció «irrevocablemente a todas y cada una de las reclamaciones, demandas y/o alegaciones existentes y futuras, conocidas o desconocidas al momento de entrar en el Acuerdo de Transacción de Arbitraje, que surjan de o en relación con el contrato».
5 PowerChina recibirá USD 46 millones al año
En ese viaje a China, el Gobierno de Noboa también se comprometió a entregar la operación y mantenimiento de la central a la casa matriz de Sinohydro, PowerChina.
PRIMICIAS conoció que el Gobierno acordó firmar un contrato que preveía pagos anuales a PowerChina durante 25 años por esos servicios.
La ministra de Energía, Inés Manzano, reconoció que en un inicio se planteó pagar USD 60 millones al año. Eso equivalía a entregar USD 1.500 millones a la empresa en los 25 años, lo que equivale al 54% de lo que costó la obra.
Sin embargo, Manzano explicó que tras las reuniones técnicas se acordó pagar USD 46 millones al año.
Si el contrato se firma por 25 años, esto representaría USD 1.150 millones para el Estado.
La cifra resulta llamativa, dice el especialista en el sector eléctrico, Ricardo Buitrón. Esto, debido a que, según un informe de la consultora italiana Electroconsult, de 2009, el mantenimiento y operación anual de la central es de unos USD 18 millones al año.
Según lo acordado en ese viaje a China, el contrato con PowerChina se deberá firmar en un plazo máximo de un mes luego de que Celec reciba definitivamente la obra; esto es, en mayo de 2026.
6¿Qué pasará con las fisuras?
Todavía no queda claro qué hará PowerChina para solucionar el grave problema de las miles de fisuras.
Según el contrato firmado en el gobierno de Correa, Sinohydro debía cumplir una serie de cláusulas para acceder a la recepción definitiva de la obra. De las nueve cláusulas mencionadas, la compañía china había cumplido cuatro.
Una de las cláusulas no cumplidas es una relacionada con los distribuidores de Coca Codo Sinclair.
En el oficio del 6 de abril de 2026 enviado a Celec para pedir la recepción definitiva de la obra, Sinohydro detalla textualmente que los temas pendientes sobre los distribuidores, «se van a transferir en el contrato de administración, operación y mantenimiento con PowerChina».
Pero en dicho oficio solo se detalla de manera general que, con el nuevo contrato de operación y mantenimiento que se firmará con PowerChina, esta «tiene que atender los defectos e ítems pendientes, si los hubiere».
Y añade: «incluyendo la elaboración de estudios que la empresa china considere necesarios y sean aprobados por Celec, además de reparación, resolución y/o reemplazo a su costo».
Así, surge la duda de si queda abierta la posibilidad de que PowerChina decida si repara o reemplaza los distribuidores, pese a que la disposición de la Contraloría es que se cambien los equipos con fallas antes de su entrega.
Manzano dijo el pasado 13 de abril de 2026 que el acuerdo con PowerChina establece «la obligación de reparar todo lo que se debe de reparar, cambiar los distribuidores… Hay una garantía específicamente para los distribuidores, esa garantía se mantiene», dijo.
Nacionales
Así habría sido el salto final de alias ‘Frenillo’, quien alquilaba departamentos con identidades falsas
Jeremy Joel Zambrano González, alias ‘Frenillo’, fue encontrado en un lujoso departamento en Puerto Santa Ana en Guayaquil. Sin embargo, el líder de la banda criminal Mafia 18 prefirió lanzarse del noveno piso del edificio para evitar la captura, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.
El hecho ocurrió en medio del operativo Apolo 15, con el que las autoridades buscaban desarticular a múltiples bandas criminales, sobre todo del sur de la ciudad. Sin embargo, la Policía fue alertada sobre la presencia de un objetivo de alto valor en un edificio del centro-norte del Puerto Principal.
Alrededor de las 03:00 de este jueves, 16 de abril, unos cinco policías de las fuerzas especiales irrumpieron en el noveno piso de la torre dos del edificio Riverfront de Puerto Santa Ana.
Mientras tanto, el líder criminal, de 27 años, habría corrido para luego lanzarse por la ventana. “Se botó, se botó”, gritaron los policías, según se escucha en el video.
‘Frenillo’ cayó de cabeza sobre la jardinera lateral del edificio, según se observa en fotos difundidas en redes sociales.
IDENTIDADES FALSAS Y ALQUILER AIRBNB
En el departamento, de alta plusvalía, se encontraron dos armas de fuego, municiones, droga y dinero en efectivo.
Además, en el momento del operativo, estaba una joven de 19 años, identificada como Liz A., quien quedó detenida por el presunto delito de porte y tenencia de armas.
Posteriormente, fue trasladada a una unidad judicial alrededor de las 06:40. Ella comentó que alias ‘Frenillo’ no utilizó ninguna arma para repeler a los policías y que simplemente saltó por la ventana sin mirar atrás.
Tras levantar todas las evidencias, la Policía también ha determinado que el cabecilla criminal y su acompañante utilizaban identidades falsas para alquilar departamentos en la plataforma Airbnb.
“Esta señorita tenía una identidad falsa, igual que alias ‘Frenillo’, quien poseía dos cédulas de identidad para tratar de evadir los controles policiales”, aseguró el mayor Andrés Castañeda en rueda de prensa.
Agregó que se cambiaban de pisos y departamentos constantemente para no levantar sospechas.
¿QUIÉN ERA ALIAS ‘FRENILLO’?
Era el décimo noveno más buscado del país por asesinato y cabecilla de la banda ‘Mafia 18’. De hecho, su progenitor era otro delincuente fallecido, denominado ‘Godo Samir’, socio del narco Leandro Norero, quien también está muerto.
‘Frenillo’ empezó su vida delictiva desde los 17 años. En la página de la Función Judicial hay registros de varias investigaciones en su contra por robo, secuestro, tenencia y porte de armas.
Su primer crimen lo perpetró en el 2015, cuando hurtó la billetera y el celular de un hombre en el sector de La Floresta en Guayaquil. En aquella época, aún era menor de edad.
Desde ahí su historial delictivo empezó a crecer, entre detenciones y liberaciones. De hecho, fue beneficiario de varias resoluciones judiciales favorables.
“En 2024 no se había presentado a las medidas sustitutivas que le dieron en ese entonces por el delito de tenencia de armas, luego fue involucrado en otros delitos como asesinatos, por eso se lo estaba buscando”, comentó el comandante general de la Policía, Pablo Dávila. Fuente: Vistazo
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