Nacionales
Oro sucio: compañías exportadoras de Ecuador en la mira de las autoridades
Ecuador presenta graves inconsistencias entre su producción aurífera oficial de origen conocido y sus exportaciones. En años recientes, la minería ilegal se ha expandido a la provincia amazónica del Napo, donde las fronteras de las actividades legales con las ilegales se hacen borrosas. Un proceso judicial que involucra a un exdirector de la Agencia de Regulación y Control de Energía ha dejado al descubierto la complicidad de las autoridades con estas actividades ilícitas. Esta investigación –que forma parte de la serie “Las rutas del oro sucio», coordinada por la Red Transfronteriza de OjoPúblico– revela también cómo el crimen organizado se apodera de varias zonas de este país.
Este reportaje se realizó con la Red Investigativa Transfronteriza Ojo Público, de la cual es parte Vistazo.
Desde los Andes ecuatorianos, en el mítico Parque Nacional Llanganates, donde una leyenda cuenta que se escondió el tesoro del inca Atahualpa, nacen los afluentes que formarán el río Napo, al oeste de la Amazonía ecuatoriana. Las comunidades que viven alrededor del río subsisten sobre todo por la agricultura, aunque algunos indígenas y colonos han extraído durante años oro de manera artesanal. Pero todo cambió drásticamente en los últimos años: decenas de maquinarias y dragas ilegales tomaron la cuenca.
“Nosotros hemos cuidado el río, los mineros ilegales han llegado a destruir”, nos dice Elsa Cerda, lideresa de la comunidad Serena, del pueblo indígena kichwa. La comunidad se encuentra a orillas del Jatunyaku (que significa Río Grande), que es afluente del Napo y está a seis horas de Quito. En esta zona, existen 150 concesiones mineras, pero varias de ellas han sido tomadas por la minería ilegal.
El tipo de minería en el Napo usa grandes excavadoras oruga para remover toneladas de tierra y extraer oro ilegal a gran escala. Esta actividad se extiende sobre todo en los cantones de Tena y Carlos Julio Arosemena, alrededor del río Napo y afluentes, donde habitan mayoritariamente pueblos indígenas Kichwa y Shuar, y colonos.
La devastación que se registra en esta cuenca se repite también en otras zonas, como en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en la provincia del Azuay, donde el narcotráfico controla la extracción. El oro extraído ilegalmente financia actividades criminales y se vende en joyerías ante la débil fiscalización de las cadenas de suministro y las severas inconsistencias en la información oficial sobre el oro exportado.
El informe de la OEA sobre oro ilegal menciona que, además, en los últimos años los grupos de mineros ilegales han afianzado sus nexos con la delincuencia organizada, y con una presencia creciente de mineros provenientes de Brasil, Venezuela y Perú.
Una investigación realizada durante siete meses por la Red Transfronteriza de OjoPúblico y Vistazo –como parte de la serie Las rutas del oro sucio en cinco países amazónicos y en la que participaron 18 periodistas– revela las severas inconsistencias en los datos de producción de oro en Ecuador. El reportaje expone que la brecha entre lo que se declaró oficialmente producir y lo que finalmente exportó, entre 2014 y 2023, fue de 20,52 toneladas. Esa es la cantidad de oro que llegó a mercados internacionales sin que tuviera un origen conocido.
La investigación identifica que en la mayoría de los casos el oro extraído ilegalmente de la Amazonía y otras zonas prohibidas es transportado a plantas de beneficio —donde se refina el mineral— ubicados en las provincias El Oro y Azuay. El mineral es finalmente lavado e incorporado al sistema con papeles de concesiones.
Los intermediarios falsifican facturas de supuestos mineros artesanales para justificar el origen del oro ilegal, confirma un informe del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de la Organización de los Estados Americanos.
Luis Bonilla, exdirector de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables —entidad que fiscaliza el oro en Ecuador— admitió que una de las limitaciones para evitar el blanqueo del minero oro es que los operadores “llevan el material mineralizado (rocas y lodo) a estas plantas y ahí no se puede determinar cuánto de ese material en bruto se convierte en oro”.
Entre 2014 y 2016 más del 80% del oro exportado de Ecuador tenía como destino Estados Unidos. Precisamente, en 2016, la Fiscalía de este país inició investigaciones por anomalías en la cadena de compra de dos empresas que concentraban la mitad de la exportación: Spartan y Clearprocess. En ese momento, el Fiscal General informó que siete personas, entre las que se encontraban accionistas de ambas compañías, estaban con prisión preventiva.
Luego del 2015 las exportaciones de oro desde Ecuador cayeron, y en 2019 comenzaron a aumentar. Estados Unidos dejó de ser el principal comprador. Emiratos Árabes y la India pasaron a ser nuevos destinos.
La inconsistencia de las cifras del gobierno
El análisis realizado por la Red Transfronteriza de OjoPúblico y Vistazo a una base de datos de exportaciones de oro de cinco países amazónicos, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil ––construida con información de las Aduanas– revela serias inconsistencias en la información oficial sobre producción de oro en Ecuador.
Las diferentes fuentes de información manejan datos disimiles sobre producción. El Banco Central del Ecuador señala, por ejemplo, que en 2022 se exportaron 17,7 toneladas; y la cifra que otorga la Agencia de Regulación de Energía establece 14,99 toneladas. Sin embargo, esta investigación periodística halló que se exportaron 19 toneladas.
El mismo Banco Central menciona, sobre sus datos presentados entre 2019 y 2021, que en ese tiempo solo pudo hacer estimados y no cifras más precisas de la producción de oro debido a que la Agencia de Regulación atravesaba “una situación crítica de personal limitado” para el control de las minas y plantas de procesamiento.
El exministro de Energía, Xavier Vera, dijo hace dos años que la minería ilegal en Ecuador movía entre USD 800 y USD 1.000 millones cada año. Ese año, el país exportó 19 toneladas de oro.
Al ser consultado sobre estas cifras, el director de la Agencia de Regulación en temas mineros del gobierno anterior, Luis Bonilla, reconoció el año pasado que su entidad no tenía estimados del alcance real de la producción de oro ilegal, pero habló de la preocupación sobre la diferencia entre la producción declarada y la cantidad de lo exportado.
Sobre las diferencias entre el oro declarado y el producido, Luis Bonilla dijo para esta investigación –cuando aún ocupaba el cargo– que su entidad había “prendido las alertas” sobre al menos tres compañías exportadoras que en 2023 incrementaron inusualmente sus envíos y que tenían como destino Emiratos Árabes y la India.
No precisó a qué empresas se refería, pero sí confirmó a OjoPúblico y Vistazo que se ha solicitado y enviado información a las entidades de control para las respectivas investigaciones. Lo que sí detalló es que se trata de empresas que de un año a otro incrementaron exponencialmente sus exportaciones e, incluso, mencionó que una de ellas “no exportó nada en años anteriores, y apareció en 2023 como uno de los principales”.
El análisis realizado por Vistazo a una base de datos de exportaciones de oro de cinco países amazónicos ––construida por OjoPúblico con información de las Aduanas– revela que en el top diez de las empresas y personas naturales que más exportaron oro en 2023 se encuentran grandes y pequeñas empresas, así como algunas personas.
El 30% del oro exportado el año pasado correspondió a la canadiense Aurelian, que está a cargo del primer proyecto aurífero a gran escala en Ecuador: Fruta del Norte. En su caso sus envíos del mineral van a Suiza y son auditados por la Agencia de Regulación. Esta gran minera ha ocupado los primeros lugares de exportación en los últimos años.
Pero el 2023 han surgido nuevos actores, entre ellos las compañías Rockgolden, Rocadora, David Bermeo, Orocomin Francisco Proaño, Winston Orellana, Martha Castro, Exycominsur y Manuel Quituisaca.
Oro ilegal, crimen organizado y narcotráfico
En medio de una crisis de seguridad interna, en los últimos años la minería ilegal de oro en Ecuador se extendió a toda la cuenca del Napo. El río Jatunyaku, conocido por su caudal favorable para hacer rafting, se ha llenado de charcos de agua contaminadas con combustible, aceite y otros químicos que usan las enormes retroexcavadoras en las orillas.
En la confluencia de los ríos Jatunyaku y Anzu, que forman el río Napo, se encuentra la zona del Yutzupino, otro enclave de la minería ilegal desde finales de 2021. La extracción ilegal ha alcanzado ahora la provincia de Orellana, en la zona de Punino.
Las imágenes del sobrevuelo de un dron realizadas para esta investigación confirman la catástrofe. Un funcionario judicial –que solicitó proteger su identidad por seguridad– confirmó que los mineros ilegales han logrado ingresar al área protegida del Parque Nacional Llanganates.
En este territorio, como sucede con el sur de Ecuador, las fuentes judiciales y policiales de la zona confirman que detrás del negocio ilegal del oro está también el crimen organizado vinculado al narcotráfico, debido a la facilidad del oro para el lavado de activos.
Las versiones coinciden en que Los Lobos –una de las bandas criminales más violentas y vinculadas al narco– brinda seguridad y provee de armas a los mineros ilegales de la cuenca del Napo. Esta banda opera otras 20 minas al sur del país, en el cantón Camilo Ponce Enríquez.
Los vínculos de esta actividad con el narcotráfico quedaron expuestos al revelarse los detalles del caso Metástasis. Esta investigación de la Fiscalía de Ecuador reveló los nexos del narcotraficante Leandro Norero con jueces, políticos, policías, militares y empresarios de este país.
En una de las conversaciones que forman parte del expediente fiscal –y a las que OjoPúblico y Vistazo tuvieron acceso– se muestra cómo Norero pretendía lavar más de 40 lingotes de oro que se hallaron en su poder durante la intervención policial. Norero era financista de la banda criminal Los Lobos.
“Le envío el contrato de la persona que está dispuesta a suicidarse por usted y hacerse cargo de ese oro”, le advierte su abogado en uno de los chats, en alusión a que con los papeles formales de la explotación de ese empresario minero se iba a blanquear el oro ilegal. “Tiene registros de haber extraído durante los últimos seis años, 24 toneladas de material bruto que contiene fragmentos de oro”, se lee en el chat.
En un Consejo de Seguridad realizado en la provincia de Napo, liderado por la gobernadora, Carmen Masabanda, y con la participación de representantes de la Policía, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía y otras instituciones, se analizó el impacto del estado de excepción impuesto en la zona para enfrentar la minería ilegal.
En ese encuentro, el delegado de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (entidad que fiscaliza el tema minero), reconoció que el fracaso de los operativos sigue siendo lo que él llamo la fuga de información al momento de intervenir campamentos ilegales.
Precisamente, un proceso judicial involucra a Andrés Bernardo Vergara Espinosa, exdirector de Control, Seguimiento y Fiscalización Técnica e Intervención a la Minería Ilegal de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos No Renovables. En 2022, la Fiscalía, como parte de un operativo contra la minería ilegal, en el río Napo detuvo a seis implicados, entre ellos a Vergara Espinosa, que fue sentenciado a 16 meses de prisión por delincuencia organizada, aunque la causa está en apelación. Según el expediente, revisado por Vistazo y OjoPúblico.
Según la documentación a la que tuvimos acceso, Vergara alertaba a los mineros ilegales sobre los operativos que realizaban con la Policía y Fuerzas Armadas, con el objetivo de que resguarden u oculten las retroexcavadoras. De acuerdo a las interceptaciones telefónicas, los mineros ilegales llamaban al exfuncionario con el alias de El duro. Incluso los involucrados habían constituido una empresa con el fin obtener concesiones y contratos mineros.
Napo es la cuarta provincia de Ecuador que presenta más denuncias por minería ilegal, después de Imbabura, El Oro y Zamora Chinchipe. De las más de 2.000 denuncias que se han realizado entre 2023 y, lo que va del año, 206 se concentran en Napo, según información de Fiscalía, a la que accedimos para esta investigación.
En Ecuador el único proceso judicial por exportaciones ilegales de oro fue el caso Clearprocess – Spartan, de 2016. En ese momento, la Fiscalía informó que una parte de las exportaciones de estas dos empresas hacia los Estados Unidos fueron fraudulentas. Cuatro personas fueron sentenciadas a cuatro años de prisión por delito de lavado de activos, pero la decisión judicial fue apelada y luego los declararon inocentes. La Fiscalía recibió asistencia penal de EE.UU.
El coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), Renato Rivera, señala que la minería ilegal “tiene la capacidad de controlar el territorio, adquiere plantas, taladros de precisión y retroexcavadoras para llevar a cabo sus actividades”. Y para asegurar que todo esto funcione hacen alianzas con actores políticos, funcionarios públicos, organizaciones criminales locales e internacionales. Fuente: Vistazo
El más reciente Ranking de Presidentes de Latinoamérica, elaborado por CB Global Data entre el 2 y el 7 de junio de 2026, ubica al mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, en la posición 11 de 18 jefes de Estado evaluados en la región.
Noboa registra un crecimiento en su aprobación
Según la medición, Noboa alcanza una imagen positiva de 41,7%, frente al 39,4% registrado en mayo.
El incremento representa una mejora de 2,3 puntos porcentuales en un mes. Sin embargo, la imagen negativa continúa siendo mayoritaria y se sitúa en 55,4%. Un 2,9% de los encuestados respondió que no sabe o no contestó.
Así queda Ecuador en el ranking regional
Los seis presidentes con mejor imagen en América Latina son:
- Nayib Bukele (El Salvador): 69,1%
- Claudia Sheinbaum (México): 65,5%
- Laura Fernández (Costa Rica): 56,1%
- Luis Abinader (República Dominicana): 54,8%
- Santiago Peña (Paraguay): 48,3%
- Lula da Silva (Brasil): 47,6%
Daniel Noboa aparece en la mitad baja de la tabla, por encima de mandatarios como Yamandú Orsi (Uruguay), Javier Milei (Argentina), Gustavo Petro (Colombia) y José Raúl Mulino (Panamá).
Los mejores y peores evaluados
El estudio señala que Nayib Bukele continúa liderando el ranking con una aprobación de 69,1%, mientras que Claudia Sheinbaum se mantiene en segundo lugar con 65,5%.
En el extremo opuesto aparecen:
- José María Balcázar (Perú): 18,2%
- Delcy Rodríguez (Venezuela): 29,5%
- Bernardo Arévalo (Guatemala): 33,1%
¿Cómo se realizó la medición?
En Ecuador, la encuesta se aplicó entre el 2 y el 7 de junio de 2026 sobre una muestra de 2.232 personas mayores de 18 años. El margen de error reportado es de ±2,1% y el nivel de confianza alcanza el 95%.
A nivel regional, el estudio reunió 40.517 entrevistas en 18 países de América Latina mediante metodología CB CAWI Research.
Nacionales
CNE abre proceso de acreditación de auditores para las Elecciones Seccionales y del CPCCS 2027
El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la convocatoria oficial para la acreditación de auditores de las organizaciones políticas que participarán en las actividades de control y seguimiento del proceso electoral correspondiente a las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027.
La medida forma parte de las acciones orientadas a fortalecer los mecanismos de transparencia, vigilancia y control electoral, permitiendo que las organizaciones políticas acrediten delegados especializados para observar y verificar las distintas etapas contempladas dentro de las auditorías electorales.
De acuerdo con la convocatoria aprobada por el organismo electoral, las organizaciones interesadas deberán presentar el formulario de inscripción debidamente suscrito por su representante legal y por el delegado designado para cumplir funciones de auditoría. Además, deberán adjuntar la documentación que respalde la experiencia requerida y cumplir con los demás requisitos establecidos en la normativa electoral vigente.
El Consejo Nacional Electoral informó que la recepción de documentos se realizará hasta el 12 de junio de 2026. Los expedientes podrán ser entregados en la Secretaría General del CNE, en las delegaciones provinciales electorales y en las oficinas consulares del Ecuador en el exterior, con el propósito de facilitar la participación de organizaciones políticas tanto dentro como fuera del país.
Una vez concluida la etapa de inscripción y calificación, el organismo electoral desarrollará un taller de inducción dirigido a los delegados acreditados, actividad que forma parte del cronograma previsto para el proceso de auditoría electoral y que busca proporcionar los conocimientos técnicos y normativos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.
La acreditación de auditores constituye un mecanismo fundamental dentro del sistema electoral ecuatoriano, ya que permite a las organizaciones políticas ejercer control sobre procedimientos técnicos y operativos vinculados al desarrollo de los comicios, contribuyendo así a garantizar la transparencia, legalidad y confianza ciudadana en el proceso electoral de 2027.
Con esta convocatoria, el CNE avanza en la planificación anticipada de las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, promoviendo la participación activa de los actores políticos en las distintas fases de control electoral.
Nacionales
Organizaciones sociales anuncian solicitud de revocatoria del mandato contra el presidente Daniel Noboa
Diversas organizaciones sociales, sindicales, indígenas, ambientalistas y políticas anunciaron que este martes 9 de junio presentarán ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) la solicitud formal para iniciar el proceso de revocatoria del mandato del presidente de la República, Daniel Noboa, y de la vicepresidenta María José Pinto.
El anuncio fue realizado por Nelson Erazo, durante una entrevista concedida a Diario El Amazónico. Según indicó, la iniciativa surge por lo que calificó como un incumplimiento de las principales ofertas de campaña del actual Gobierno y por el agravamiento de problemas relacionados con seguridad, empleo, salud y costo de vida.
Erazo señaló que la propuesta cuenta con el respaldo de organizaciones como Frente Popular, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Ecuarunari, el Frente Unitario de Trabajadores, la Unión Nacional de Educadores, la Unión General de Trabajadores del Ecuador, la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino, además de colectivos ambientalistas, ecologistas, organizaciones barriales y sectores populares.
Entre los argumentos expuestos para sustentar la revocatoria, Erazo mencionó el incremento de la violencia en el país, la pérdida de más de 168.000 empleos en menos de un año, las dificultades de acceso a servicios de salud, el aumento del costo de la canasta familiar y la situación laboral de miles de trabajadores ecuatorianos.
Asimismo, cuestionó las políticas económicas impulsadas por el Ejecutivo, especialmente las relacionadas con el sistema de bandas para los combustibles, y advirtió sobre posibles incrementos en el costo de vida durante los próximos meses.
Respecto al proceso, informó que el pedido será presentado ante el Consejo Nacional Electoral a partir de las 16:00 en la ciudad de Quito. Paralelamente, se prevé la realización de plantones, concentraciones y actos de respaldo en distintas provincias del país frente a las delegaciones provinciales del organismo electoral.
El dirigente sostuvo que, una vez presentada la solicitud, las organizaciones impulsoras buscarán obtener los formularios necesarios para iniciar la recolección de firmas exigidas por la Constitución y la ley para activar el mecanismo de revocatoria del mandato.
Durante la entrevista también expresó cuestionamientos hacia la gestión del CNE y de su presidenta, Diana Atamaint, señalando presuntas limitaciones a la participación de organizaciones sociales y políticas.
Finalmente, Erazo hizo un llamado a la unidad de los sectores sociales y populares para respaldar el proceso y participar en las movilizaciones convocadas para este 9 de junio, calificando la jornada como un hecho de relevancia nacional dentro del marco de los mecanismos democráticos contemplados en la Constitución ecuatoriana.
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