Nacionales
Oro sucio: compañías exportadoras de Ecuador en la mira de las autoridades
Ecuador presenta graves inconsistencias entre su producción aurífera oficial de origen conocido y sus exportaciones. En años recientes, la minería ilegal se ha expandido a la provincia amazónica del Napo, donde las fronteras de las actividades legales con las ilegales se hacen borrosas. Un proceso judicial que involucra a un exdirector de la Agencia de Regulación y Control de Energía ha dejado al descubierto la complicidad de las autoridades con estas actividades ilícitas. Esta investigación –que forma parte de la serie “Las rutas del oro sucio», coordinada por la Red Transfronteriza de OjoPúblico– revela también cómo el crimen organizado se apodera de varias zonas de este país.
Este reportaje se realizó con la Red Investigativa Transfronteriza Ojo Público, de la cual es parte Vistazo.
Desde los Andes ecuatorianos, en el mítico Parque Nacional Llanganates, donde una leyenda cuenta que se escondió el tesoro del inca Atahualpa, nacen los afluentes que formarán el río Napo, al oeste de la Amazonía ecuatoriana. Las comunidades que viven alrededor del río subsisten sobre todo por la agricultura, aunque algunos indígenas y colonos han extraído durante años oro de manera artesanal. Pero todo cambió drásticamente en los últimos años: decenas de maquinarias y dragas ilegales tomaron la cuenca.
“Nosotros hemos cuidado el río, los mineros ilegales han llegado a destruir”, nos dice Elsa Cerda, lideresa de la comunidad Serena, del pueblo indígena kichwa. La comunidad se encuentra a orillas del Jatunyaku (que significa Río Grande), que es afluente del Napo y está a seis horas de Quito. En esta zona, existen 150 concesiones mineras, pero varias de ellas han sido tomadas por la minería ilegal.
El tipo de minería en el Napo usa grandes excavadoras oruga para remover toneladas de tierra y extraer oro ilegal a gran escala. Esta actividad se extiende sobre todo en los cantones de Tena y Carlos Julio Arosemena, alrededor del río Napo y afluentes, donde habitan mayoritariamente pueblos indígenas Kichwa y Shuar, y colonos.
La devastación que se registra en esta cuenca se repite también en otras zonas, como en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en la provincia del Azuay, donde el narcotráfico controla la extracción. El oro extraído ilegalmente financia actividades criminales y se vende en joyerías ante la débil fiscalización de las cadenas de suministro y las severas inconsistencias en la información oficial sobre el oro exportado.
El informe de la OEA sobre oro ilegal menciona que, además, en los últimos años los grupos de mineros ilegales han afianzado sus nexos con la delincuencia organizada, y con una presencia creciente de mineros provenientes de Brasil, Venezuela y Perú.
Una investigación realizada durante siete meses por la Red Transfronteriza de OjoPúblico y Vistazo –como parte de la serie Las rutas del oro sucio en cinco países amazónicos y en la que participaron 18 periodistas– revela las severas inconsistencias en los datos de producción de oro en Ecuador. El reportaje expone que la brecha entre lo que se declaró oficialmente producir y lo que finalmente exportó, entre 2014 y 2023, fue de 20,52 toneladas. Esa es la cantidad de oro que llegó a mercados internacionales sin que tuviera un origen conocido.
La investigación identifica que en la mayoría de los casos el oro extraído ilegalmente de la Amazonía y otras zonas prohibidas es transportado a plantas de beneficio —donde se refina el mineral— ubicados en las provincias El Oro y Azuay. El mineral es finalmente lavado e incorporado al sistema con papeles de concesiones.
Los intermediarios falsifican facturas de supuestos mineros artesanales para justificar el origen del oro ilegal, confirma un informe del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de la Organización de los Estados Americanos.
Luis Bonilla, exdirector de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables —entidad que fiscaliza el oro en Ecuador— admitió que una de las limitaciones para evitar el blanqueo del minero oro es que los operadores “llevan el material mineralizado (rocas y lodo) a estas plantas y ahí no se puede determinar cuánto de ese material en bruto se convierte en oro”.
Entre 2014 y 2016 más del 80% del oro exportado de Ecuador tenía como destino Estados Unidos. Precisamente, en 2016, la Fiscalía de este país inició investigaciones por anomalías en la cadena de compra de dos empresas que concentraban la mitad de la exportación: Spartan y Clearprocess. En ese momento, el Fiscal General informó que siete personas, entre las que se encontraban accionistas de ambas compañías, estaban con prisión preventiva.
Luego del 2015 las exportaciones de oro desde Ecuador cayeron, y en 2019 comenzaron a aumentar. Estados Unidos dejó de ser el principal comprador. Emiratos Árabes y la India pasaron a ser nuevos destinos.
La inconsistencia de las cifras del gobierno
El análisis realizado por la Red Transfronteriza de OjoPúblico y Vistazo a una base de datos de exportaciones de oro de cinco países amazónicos, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil ––construida con información de las Aduanas– revela serias inconsistencias en la información oficial sobre producción de oro en Ecuador.
Las diferentes fuentes de información manejan datos disimiles sobre producción. El Banco Central del Ecuador señala, por ejemplo, que en 2022 se exportaron 17,7 toneladas; y la cifra que otorga la Agencia de Regulación de Energía establece 14,99 toneladas. Sin embargo, esta investigación periodística halló que se exportaron 19 toneladas.
El mismo Banco Central menciona, sobre sus datos presentados entre 2019 y 2021, que en ese tiempo solo pudo hacer estimados y no cifras más precisas de la producción de oro debido a que la Agencia de Regulación atravesaba “una situación crítica de personal limitado” para el control de las minas y plantas de procesamiento.
El exministro de Energía, Xavier Vera, dijo hace dos años que la minería ilegal en Ecuador movía entre USD 800 y USD 1.000 millones cada año. Ese año, el país exportó 19 toneladas de oro.
Al ser consultado sobre estas cifras, el director de la Agencia de Regulación en temas mineros del gobierno anterior, Luis Bonilla, reconoció el año pasado que su entidad no tenía estimados del alcance real de la producción de oro ilegal, pero habló de la preocupación sobre la diferencia entre la producción declarada y la cantidad de lo exportado.
Sobre las diferencias entre el oro declarado y el producido, Luis Bonilla dijo para esta investigación –cuando aún ocupaba el cargo– que su entidad había “prendido las alertas” sobre al menos tres compañías exportadoras que en 2023 incrementaron inusualmente sus envíos y que tenían como destino Emiratos Árabes y la India.
No precisó a qué empresas se refería, pero sí confirmó a OjoPúblico y Vistazo que se ha solicitado y enviado información a las entidades de control para las respectivas investigaciones. Lo que sí detalló es que se trata de empresas que de un año a otro incrementaron exponencialmente sus exportaciones e, incluso, mencionó que una de ellas “no exportó nada en años anteriores, y apareció en 2023 como uno de los principales”.
El análisis realizado por Vistazo a una base de datos de exportaciones de oro de cinco países amazónicos ––construida por OjoPúblico con información de las Aduanas– revela que en el top diez de las empresas y personas naturales que más exportaron oro en 2023 se encuentran grandes y pequeñas empresas, así como algunas personas.
El 30% del oro exportado el año pasado correspondió a la canadiense Aurelian, que está a cargo del primer proyecto aurífero a gran escala en Ecuador: Fruta del Norte. En su caso sus envíos del mineral van a Suiza y son auditados por la Agencia de Regulación. Esta gran minera ha ocupado los primeros lugares de exportación en los últimos años.
Pero el 2023 han surgido nuevos actores, entre ellos las compañías Rockgolden, Rocadora, David Bermeo, Orocomin Francisco Proaño, Winston Orellana, Martha Castro, Exycominsur y Manuel Quituisaca.
Oro ilegal, crimen organizado y narcotráfico
En medio de una crisis de seguridad interna, en los últimos años la minería ilegal de oro en Ecuador se extendió a toda la cuenca del Napo. El río Jatunyaku, conocido por su caudal favorable para hacer rafting, se ha llenado de charcos de agua contaminadas con combustible, aceite y otros químicos que usan las enormes retroexcavadoras en las orillas.
En la confluencia de los ríos Jatunyaku y Anzu, que forman el río Napo, se encuentra la zona del Yutzupino, otro enclave de la minería ilegal desde finales de 2021. La extracción ilegal ha alcanzado ahora la provincia de Orellana, en la zona de Punino.
Las imágenes del sobrevuelo de un dron realizadas para esta investigación confirman la catástrofe. Un funcionario judicial –que solicitó proteger su identidad por seguridad– confirmó que los mineros ilegales han logrado ingresar al área protegida del Parque Nacional Llanganates.
En este territorio, como sucede con el sur de Ecuador, las fuentes judiciales y policiales de la zona confirman que detrás del negocio ilegal del oro está también el crimen organizado vinculado al narcotráfico, debido a la facilidad del oro para el lavado de activos.
Las versiones coinciden en que Los Lobos –una de las bandas criminales más violentas y vinculadas al narco– brinda seguridad y provee de armas a los mineros ilegales de la cuenca del Napo. Esta banda opera otras 20 minas al sur del país, en el cantón Camilo Ponce Enríquez.
Los vínculos de esta actividad con el narcotráfico quedaron expuestos al revelarse los detalles del caso Metástasis. Esta investigación de la Fiscalía de Ecuador reveló los nexos del narcotraficante Leandro Norero con jueces, políticos, policías, militares y empresarios de este país.
En una de las conversaciones que forman parte del expediente fiscal –y a las que OjoPúblico y Vistazo tuvieron acceso– se muestra cómo Norero pretendía lavar más de 40 lingotes de oro que se hallaron en su poder durante la intervención policial. Norero era financista de la banda criminal Los Lobos.
“Le envío el contrato de la persona que está dispuesta a suicidarse por usted y hacerse cargo de ese oro”, le advierte su abogado en uno de los chats, en alusión a que con los papeles formales de la explotación de ese empresario minero se iba a blanquear el oro ilegal. “Tiene registros de haber extraído durante los últimos seis años, 24 toneladas de material bruto que contiene fragmentos de oro”, se lee en el chat.
En un Consejo de Seguridad realizado en la provincia de Napo, liderado por la gobernadora, Carmen Masabanda, y con la participación de representantes de la Policía, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía y otras instituciones, se analizó el impacto del estado de excepción impuesto en la zona para enfrentar la minería ilegal.
En ese encuentro, el delegado de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (entidad que fiscaliza el tema minero), reconoció que el fracaso de los operativos sigue siendo lo que él llamo la fuga de información al momento de intervenir campamentos ilegales.
Precisamente, un proceso judicial involucra a Andrés Bernardo Vergara Espinosa, exdirector de Control, Seguimiento y Fiscalización Técnica e Intervención a la Minería Ilegal de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos No Renovables. En 2022, la Fiscalía, como parte de un operativo contra la minería ilegal, en el río Napo detuvo a seis implicados, entre ellos a Vergara Espinosa, que fue sentenciado a 16 meses de prisión por delincuencia organizada, aunque la causa está en apelación. Según el expediente, revisado por Vistazo y OjoPúblico.
Según la documentación a la que tuvimos acceso, Vergara alertaba a los mineros ilegales sobre los operativos que realizaban con la Policía y Fuerzas Armadas, con el objetivo de que resguarden u oculten las retroexcavadoras. De acuerdo a las interceptaciones telefónicas, los mineros ilegales llamaban al exfuncionario con el alias de El duro. Incluso los involucrados habían constituido una empresa con el fin obtener concesiones y contratos mineros.
Napo es la cuarta provincia de Ecuador que presenta más denuncias por minería ilegal, después de Imbabura, El Oro y Zamora Chinchipe. De las más de 2.000 denuncias que se han realizado entre 2023 y, lo que va del año, 206 se concentran en Napo, según información de Fiscalía, a la que accedimos para esta investigación.
En Ecuador el único proceso judicial por exportaciones ilegales de oro fue el caso Clearprocess – Spartan, de 2016. En ese momento, la Fiscalía informó que una parte de las exportaciones de estas dos empresas hacia los Estados Unidos fueron fraudulentas. Cuatro personas fueron sentenciadas a cuatro años de prisión por delito de lavado de activos, pero la decisión judicial fue apelada y luego los declararon inocentes. La Fiscalía recibió asistencia penal de EE.UU.
El coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), Renato Rivera, señala que la minería ilegal “tiene la capacidad de controlar el territorio, adquiere plantas, taladros de precisión y retroexcavadoras para llevar a cabo sus actividades”. Y para asegurar que todo esto funcione hacen alianzas con actores políticos, funcionarios públicos, organizaciones criminales locales e internacionales. Fuente: Vistazo
La Policía Nacional halló ocho cabezas humanas dentro de dos sacos de yute durante un patrullaje preventivo en el recinto Villanueva, zona rural del cantón Naranjal, en la provincia del Guayas. El hallazgo se produjo la madrugada del sábado, luego de que uniformados acudieran al sector tras recibir una alerta ciudadana sobre el presunto robo de un camión.
Según el informe policial, cerca de la una de la madrugada los agentes verificaban la zona cuando, antes de llegar a la vía Panamericana, observaron a un costado del camino dos bultos blancos de yute. En el interior se encontraban las cabezas de ocho hombres. En el lugar también se hallaron panfletos con la leyenda “Prohibido robar”. Los restos fueron trasladados a la morgue de Naranjal para los procedimientos legales correspondientes.
El comandante Marcelo Castillo, jefe de la Subzona Guayas de la Policía, informó que el sitio en el que se encontraron los sacos no sería la escena primaria del crimen, por lo que las víctimas habrían sido asesinadas en otro lugar.
Las investigaciones preliminares determinaron que tres de los hombres residían en Manta, cuatro en Portoviejo y uno más en la provincia de Guayas.
Ecuador atraviesa desde 2024 un estado de conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa para enfrentar a las bandas criminales. No obstante, 2025 cerró como el año más violento registrado en el país, con alrededor de 9.300 homicidios, según cifras oficiales del Ministerio del Interior.
Nacionales
Fiscalización recomienda juicio político contra Mario Godoy por presunta ‘inoperancia’ al frente de la Judicatura
Un informe preliminar de la Comisión de Fiscalización plantea recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional el inicio de un juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, por presunta «manifiesta inoperancia».
El documento, que se filtró antes de su votación oficial, se sustenta en el numeral 3 del artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y deberá ser analizado y debatido por los integrantes de la mesa legislativa antes de ser remitido al Pleno para su resolución.
Godoy se encuentra en el centro de la polémica desde que el juez anticorrupción Carlos Serrano denunciara presuntas presiones dentro de la institución para favorecer al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, investigado por lavado de activos dentro del caso denominado ‘Euro 2024’.
El documento será conocido oficialmente la noche de este viernes 13 de febrero de 2026, cuando la comisión legislativa se reúna para debatir su contenido y someterlo a votación entre sus miembros. En caso de aprobarse la recomendación, el proceso avanzará al Pleno del Legislativo, donde se definirá si se enjuicia políticamente al presidente de la Judicatura.
Correísmo impulsa juicio político contra Mario Godoy
Los solicitantes del juicio político por presunto incumplimiento de funciones, que impulsan los correístas Viviana Veloz, Raúl Chávez, Liliana Durán, Franklin Samaniego y Xavier Lasso Mendoza, sostienen que Godoy incumplió los numerales 1 y 3 del art. 168 de la Constitución, relacionados con la independencia interna y externa de los órganos de la Función Judicial.
Argumentan que Godoy fue pasivo ante las presiones indebidas ejercidas por sus subordinados directos, como el director provincial de Pichincha, Henry Gaibor, quien habría intervenido coercitivamente sobre el juez Carlos Serrano para influir en el desarrollo del caso “Euro 2024”, sugiriendo argumentos favorables a la defensa del procesado Jezdimir Srdan.
Tras la filtración del informe, la legisladora Viviana Veloz reaccionó en redes sociales señalando que la recomendación respondería a la presión ciudadana y a la existencia de pruebas que, según afirmó, vincularían a Godoy con supuestos intentos de protección a narcotraficantes. En su pronunciamiento también cuestionó al oficialismo y aseguró que la independencia judicial continúa en riesgo.
La asambleísta agregó que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social estaría avanzando en mecanismos para designar un eventual reemplazo en la Judicatura, lo que —según sostuvo— permitiría mantener el control político del organismo, señalando directamente al presidente Daniel Noboa. Fuente: Vistazo
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La Tertulia Jurídica analizó el rol del derecho penal frente a los desafíos de la sociedad contemporánea
En una nueva emisión del programa La Tertulia Jurídica, se contó con la destacada participación del doctor Ernesto Yerobi, abogado penalista ecuatoriano, quien desarrolló el tema “Derecho penal y sociedad: evolución dogmática frente a los desafíos de la modernidad”, un análisis profundo sobre la función del derecho penal en el contexto social actual.
Durante su intervención, Yerobi se presentó ante la audiencia como abogado riobambeño, especializado en derecho penal general y derecho penal económico y de la empresa, con amplia experiencia tanto en el libre ejercicio profesional como en el ámbito académico, participando activamente en la cátedra universitaria, programas de formación continua, espacios de difusión jurídica y medios de radiodifusión y plataformas digitales.
El jurista destacó que el derecho penal es una de las ramas más sensibles del ordenamiento jurídico, cuya correcta aplicación resulta fundamental para garantizar la convivencia social y el respeto de los derechos ciudadanos. En ese marco, enfatizó que no toda conducta socialmente reprochable constituye un delito, aclarando que, desde la dogmática penal, el delito debe configurarse como una conducta típica, antijurídica, culpable y punible.
Como parte de su exposición académica, Yerobi explicó de manera didáctica las categorías dogmáticas del delito, abordando la conducta —tanto en su modalidad de acción como de omisión—, la tipicidad objetiva y subjetiva, la antijuridicidad y la culpabilidad, resaltando la importancia de comprender estos elementos para evitar interpretaciones erróneas que generen alarma social y una percepción distorsionada de inseguridad.
Asimismo, analizó conceptos clave como el juicio de tipicidad, el rol del verbo rector dentro de los tipos penales, y la necesidad de que toda conducta sancionada se encuentre expresamente prevista en la norma penal, en respeto al principio de legalidad. En este contexto, subrayó que la ausencia de tipificación impide la atribución de responsabilidad penal.
Yerobi también abordó las causas de justificación, como la legítima defensa, el estado de necesidad y el cumplimiento de órdenes de autoridad competente, destacando que estas figuras se rigen por criterios estrictos de proporcionalidad, racionalidad y ausencia de provocación, elementos esenciales dentro de un Estado constitucional de derechos.
En un análisis histórico-dogmático, el expositor recorrió las principales corrientes del pensamiento penal: el causalismo, el finalismo, el funcionalismo y el garantismo penal, explicando su evolución y aplicación práctica. Señaló que el funcionalismo normativista, especialmente en el ámbito del derecho penal económico, responde de mejor manera a las complejas dinámicas sociales actuales, al centrarse en los roles, el riesgo permitido y la imputación objetiva, más allá de la mera ejecución material del delito.
Finalmente, Yerobi reflexionó sobre la crisis del sistema judicial ecuatoriano, la fragilidad de la independencia judicial y el impacto de estas problemáticas en la confianza ciudadana, enfatizando la responsabilidad ética de los abogados y la necesidad de una aplicación técnica, razonada y humana del derecho penal.
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